Las
organizaciones firmantes de este manifiesto formamos parte de la
CUP-Crida Constituent y, a pesar de tener opiniones diversas sobre
diferentes cuestiones, hemos creído conveniente hacer público un
posicionamiento común sobre la investidura y las negociaciones con
Junts pel Sí
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Pensamos que investir a Artur Mas como presidente cuestionaría la continuidad de la CUP-CC como fuerza rupturista y anticapitalista y la convertiría en una Esquerra Republicana bis, renunciando a la posibilidad de arraigar en la clase trabajadora y hacerse portavoz de sus reivindicaciones.
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Del mismo modo, para hacer realidad la República Catalana hace falta que el pueblo trabajador (la mayoría social) la identifique con una perspectiva real de cambios sustanciales en sus condiciones de vida, algo imposible sin cuestionar el dominio de los banqueros y grandes empresarios. Esto excluye ningún apoyo de investidura a Artur Mas.
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Artur Mas, por boca de Francesc Homs, ha dejado claras cuáles son las “líneas rojas” de Convergència y Junts pel Sí para un pacto de gobernabilidad. La primera es la investidura del propio Mas, el político “business friendly” que simboliza los recortes, las privatizaciones, la corrupción y la represión de las luchas sociales. La segunda es el “compromiso inequívoco” con la Unión Europea, es decir, la sumisión a los dictados de la Troika y al pago de la deuda. La tercera es la llamada “seguridad jurídica”, que implica evitar la ruptura con la legislación española y, más concretamente, la preservación de los intereses patronales protegidos por esta legislación. La cuarta es la busca de la independencia a través de una vía “negociada” con el Estado, rechazando cualquier ruptura unilateral, es decir, dejando la puerta abierta al pacto fiscal o a otra salida sin ruptura. Y la quinta es un compromiso de estabilidad parlamentaria del gobierno Mas que, como ya han avanzado en las negociaciones pasa porque la CUP-CC vote a favor sus presupuestos
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Las alegaciones presentadas al Tribunal Constitucional por la Mesa del Parlament en relación a la suspensión de la resolución inicial del Parlament, retratan a Junts pel Sí de cuerpo entero. El punto sustancial de la resolución era justamente no reconocer al Tribunal Constitucional como órgano competente en los asuntos que afectan a la soberanía catalana. Pero la Mesa del Parlament (JxS) solicitó después a este mismo tribunal “deslegitimado y sin competencia” que retirara la suspensión porque la resolución sólo era “una voluntad, aspiración o deseo”, “una simple instrucción indicativa”, “sin fuerza legal”. Si ante la primera embestida del Estado, la reacción de Junts pel Sí es tan cobarde, no cuesta mucho imaginar cómo reaccionaría si el gobierno español interviniera la Generalitat, empezando por los Mossos d’Esquadra.
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Ceder a las presiones de Junts pel Sí en nombre de no hacer “descarrilar” el proceso independentista es una falacia. Hay bastante evidencias de que si Artur Mas no quiere dejar de ser presidente de ninguna forma no es (o no sólo es) por una cuestión de ego personal sino para continuar teniendo la palanca de freno que ha ido utilizando a lo largo del proceso, priorizando siempre el mantenimiento de su poder y los privilegios de la clase a la cual representa por encima de la propia independencia. El poder de convocar o no elecciones es la herramienta para dictar los tempos del proceso y un arma para chantajear en las manos de Artur Mas.
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Las 20 medidas del llamado “plan de choque” presentado por Junts pel Sí son en realidad una burla a las necesidades más básicas de la población trabajadora. De todas ellas sólo tres serían actualmente aplicables y, de estas, dos son ya una obligación legal del Gobierno. Siete más dependen de la aprobación de los próximos presupuestos, sujetas a las restricciones de Madrid y Bruselas. Y 10 medidas más tendrán que esperar… a lograr la independencia. La reforma laboral se seguirá aplicando y ni siquiera será erradicada de los convenios colectivos dependientes de la Generalitat. Por otro lado, ni aunque firmen acuerdos de garantía de cumplimiento en un papel esto garantizará que cumplirán a la hora de los hechos las medidas acordadas. Y aunque las cumplieran, el pago de la deuda seguirá siendo prioritario y, por lo tanto, las medidas sociales pactadas se tendrían que llevar a cabo con las migajas que queden y con las limitaciones que nos puedan imponer el Estado y la Troika mientras no haya una ruptura real con el uno y con la otra. Ya conocemos la situación de Grecia donde Syriza también quería hacer un plan de choque…
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No podemos acabar convirtiéndonos en coautores de un plan de choque cosmético y menos todavía si esto incluye, como pretende JxS, condicionamientos posteriores en la política de la CUP-CC cómo, por ejemplo, votar a favor de los próximos presupuestos que volverán a ser de miseria para muchísimas personas. Pensamos que hay que seguir defendiendo el “Programa plebiscitario” que debatimos y aprobamos todas y todos juntos en asamblea y, por lo tanto, que hay que seguir luchando por la “ruptura nacional, social y democrática”. En este sentido, nuestra política en el ámbito institucional tiene que servir para movilizar y no al contrario, por lo tanto:
No
a la investidura de Artur Mas!
No
a la firma de un plan de choque de gestión de las migajas ni de
ningún acuerdo que nos ate de pies y manos!
Diciembre
de 2015,
Corrent
Roig http://www.correntroig.org
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