El pasado 15 de mayo el Gobierno andaluz aprobó un recorte presupuestario de 2.500 millones de €, cumpliendo así con las imposiciones de los mercados financieros y sus vasallos de Bruselas y de Madrid. El monto principal de ese recorte cae sobre las espaldas de los empleados y empleadas públicos a los que se les rebaja el sueldo, se les aumenta la semana laboral y se les erosiona sus condiciones laborales. Asimismo, el ‘recortazo’ también aplica el real decreto 14/2012, conocido como el decreto de recortes de educación, que ha motivado la huelga general de educación del 22 de mayo y que supone, entre otras cosas, una subida de las tasa universitarias. Además, se aplica el copago sanitario para jubilados y pensionistas (tendrán que pagar el 10% en los medicamentos) y para trabajadores-as en activo (pasan a pagar del 40 al 50% de los medicamentos), y deja fuera del derecho a la asistencia sanitaria a inmigrantes no regularizados y a las personas mayores de 26 años en situació...