viernes, 29 de diciembre de 2017

CGT lamenta el derrumbe de la iglesia de Ruesta tras años de trámites administrativos para lograr su rehabilitación


La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) otorgó la cesión de Ruesta (Zaragoza) a la Confederación General del Trabajo (CGT) a finales de 1992
CGT realiza un llamamiento a las administraciones con responsabilidad en el lugar y propone la creación de una “Mesa de Ruesta” con el objetivo de poner en valor y conservar el patrimonio histórico-cultural de este municipio
La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de un comunicado, ha  mostrado su pesar tras conocerse el derrumbe de la bóveda del atrio de la iglesia del pueblo de Ruesta. Parte del techo de este inmueble se ha venido abajo el pasado 27 de diciembre, impidiendo la entrada al edificio e incrementando la amenaza de derrumbe por otras partes del mismo.
La CGT, que durante los últimos meses lleva colaborando con el consistorio de Urriés y la Dirección General del Patrimonio del Gobierno de Aragón en la redacción de un plan urbanístico y un “Plan de actuación para la recuperación de Ruesta” en el contexto de revitalización del Camino de Santiago aragonés, manifiesta que en los últimos años ha intentado establecer comunicación con la CHE, propietaria de Ruesta, con el objetivo de reiniciar las labores de rehabilitación, sin éxito. En este sentido, la CGT también lleva tiempo solicitando la reposición de un nuevo cámping al quedar el anterior bajo la cota de inundación del embalse de Yesa.
A pesar de que inicialmente el coste de las tareas de conservación de inmuebles de Ruesta se compartían con la CHE y el gobierno aragonés, posteriormente se inició una etapa de “bloqueo” por inacción de la actividad rehabilitadora que, posiblemente, estuvo motivada por los desencuentros entre la organización anarcosindicalista y las mismas administraciones a causa de la denuncia del recrecimiento del embalse de Yesa.
CGT recuerda que los bienes culturales que permanecen en Ruesta  poseen un alto valor histórico y artístico, estando ligados al Camino de Santiago, y su lamentable pérdida está suponiendo sin duda un fracaso importante en su conservación.

CGT no quiere  dejar pasar la oportunidad de proponer la creación urgente de una “Mesa de Ruesta”, en la que participen más administraciones con responsabilidad en el lugar, con el objetivo de coordinar acciones que logren gestionar adecuadamente el conjunto de bienes que permanecen en Ruesta.

#dosjotas : Todos los proyectos de 2017 ya en la web.

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#ArteYAnarquia #londres : #ACAB, #London, octobre 2017

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#ECOLOGIA #ECOLOGISTASENACCION:Peces y mariscos lanzan su carta de deseos para estas fiestas




Ecologistas en Acción, un año más, se declara portavoz navideña de nuestros recursos pesqueros y lanza la siguiente pregunta: ¿cuál sería la lista de deseos de nuestros peces y mariscos para estas fechas?
Llegan las fiestas navideñas y muchas familias deciden consumir productos de mar para acompañar esos esperados y emotivos reencuentros. Pero, según la organización ecologista, este consumo promueve, en muchos casos, un derroche innecesario de recursos que, a su vez, favorece la sobrepesca y la degradación medioambiental de nuestros mares y costas.
Además, el consumo excesivo no es el único problema. La procedencia del producto, el modo de extracción del mismo o el estado de sus poblaciones también marcan las líneas clave que toda persona debe conocer para poder ejercer un consumo sostenible y responsable con el medio.
Ante tanta oferta, a veces se hace complicado tener un criterio razonable a la hora de elegir nuestro menú. Por este motivo, Ecologistas en Acción recomienda a consumidoras y consumidores que tengan interés en celebrar ’comilonas sostenibles’, el uso de su guía “Sin mala espinaVentana nueva” y lanza la siguiente lista de deseos:
“Queridos Consumidores Majos, este año nuestros peces se han portado muy bien. Ahora nos toca a nosotros:
  • Ante todo, comprad sólo las raciones que necesitéis e intentad reducir el consumo de pescado.
  • Exigid siempre un etiquetado correcto y completo donde aparezca, al menos:
    • Denominación comercial y nombre científico.
    • Método de producción.
    • Zona de captura / País y masa de agua / País de producción.
    • Artes de pesca.
    • Descongelado (si es el caso).
    • Fecha de duración mínima y fecha de caducidad.
    • Alérgenos.
  • Seleccionad bien la especie:
    • Eliminad de vuestra dieta las especies sometidas a sobreexplotación pesquera. Consultad “Sin mala espinaVentana nueva”.
    • Innovad: las especies menos conocidas tienen igual o mejor calidad.
    • Evitad el mercurio: los grandes carnívoros de vida larga (como el pez espada o los atunes, entre otros) acumulan metales pesados en su grasa.
  • Seleccionad bien el ejemplar:
    • Escoged siempre individuos maduros. Dejad que se reproduzcan, al menos, una vez.
    • No consumáis ejemplares que se encuentren en su época de reproducción.
  • Elegid productos extraídos por una pesca respetuosa con el medio. Las embarcaciones de pesca artesanal son las de menor consumo energético y las que utilizan los artes y aparejos de mayor selectividad de captura y menor impacto sobre el ecosistema.
  • La procedencia también es vital. El consumo de productos locales disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera provocadas por el transporte desde lugares lejanos, mejora la economía de la zona, favoreciendo el desarrollo sostenible del sector local, defiende la persistencia del patrimonio cultural pesquero y favorece el consumo de productos de temporada y más frescos.
  • No consumáis:
    • Salmón transgénico o procedente de Chile o Canadá (donde son especies introducidas). Exigid, en todo caso, la certificación de salmón ecológico para reducir el impacto ambiental de su cría.
    • Langostino patiblanco (Litopenaeus vanameii). Su producción en áreas costeras tropicales supone uno de los mayores impactos ambientales de la acuicultura.

#ESPAÑA #ECOLOGISTASENACCION : La importancia de la actividad ecologista. Un balance de 2017



  • Ecologistas en Acción hace balance de su trabajo durante los últimos doce meses.
  • A pesar de que se avanza hacia una difícil situación ecológica y social, el activismo ecologista ha conseguido victorias que permiten avanzar en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.
Es cierto que las grandes tendencias y los indicadores señalan que avanzamos de manera muy rápida hacia una difícil situación ecológica y social. La suma de varios fenómenos sobre los que el ecologismo viene alertando desde hace décadas son causa de este panorama: el cambio climático, la extinción de especies, la contaminación química o el agotamiento de recursos.
Pero no es menos verdad que el trabajo continuo de grupos como Ecologistas en Acción está permitiendo ganar tiempo para reaccionar ante estas graves amenazas, retrasando dinámicas muy negativas. Además, con el activismo ecologista se consiguen victorias que permiten ganar protagonismo a alternativas más justas y sostenibles a nuestro modelo socioeconómico.
Por este motivo, Ecologistas en Acción hace su tradicional repaso anual al trabajo realizado en 2017. Se trata de un repaso sobre algunos de los hitos que definen el trabajo del ecologismo social durante los últimos doces meses. En palabras de Paco Segura, coordinador de la organización ecologista, estos ejemplos son "semillas que aportan esperanza y abren las posibilidades de un cambio más potente".
En lo relativo al ámbito de la energía, tras una larga lucha, en 2017 se ha logrado que no se renueve el permiso a nuestra central nuclear más obsoleta, GaroñaVentana nueva. Por otro lado, aunque el cambio climático es ya una realidad, todo el trabajo realizadoVentana nueva por organizaciones como Ecologistas en Acción hace que haya aumentado muchísimo la conciencia de la población sobre la urgencia de actuar, un paso previo imprescindible para que se asuman medidas más ambiciosas. También se ha alertado sobre los riesgos del gasVentana nueva, que aunque se intenta vestir de limpio, sigue siendo un combustible fósil muy problemático.
En materia de conservación de la naturaleza se ha realizado una enorme labor, que ha dado sus frutos. Mediante el trabajo con ganaderas y ganaderos, Ecologistas en Acción ha demostrado cómo es posible y factible la convivencia de la ganadería extensiva y del loboVentana nueva. Por otro lado, las continuas denuncias de la organización sobre la usurpación de los caminos públicos y vías pecuarias llevó a algunos propietarios de fincas en Cádiz a tender una trampa a uno de sus activistas, Juan Clavero, introduciendo droga en su coche. Finalmente, la verdad se ha abierto camino y mientras que ClaveroVentana nueva ha sido exculpado, los responsables de esta burda trama se sientan en el banquillo, al tiempo que han trascendido más que nunca el robo de los caminos públicos que realizan estos terratenientes.
Tras el grave incendio que sufrió el Espacio Natural de DoñanaVentana nueva, Ecologistas en Acción ha participado y sigue participando de manea activa y voluntaria para corregir sus impactos. De igual modo, la organización continúa denunciando las extracciones ilegales que sufre su acuífero y está trabajando para que no se convierta en almacén subterráneo de gas. La buena noticia: ya se ha conseguido la rectificación de la Junta de Andalucía y el total amparo de los defensores del pueblo andaluz y español.
Si hablamos del mar, el velero de Ecologistas en Acción, Diosa MaatVentana nueva, ha sido protagonista. Después de su profunda reparación y renovación (en buena medida financiada por crowdfunding) ha vuelto a surcar los mares realizando actividades de divulgación y de sensibilización. También se ha trabajado en acciones directas de limpieza de costasVentana nueva y la concienciación sobre el grave problema que suponen los plásticos en el medio marino. Asimismo este 2017 se ha dedicado mucho esfuerzo a una campaña educativa sobre los cetáceosVentana nueva.
Por otro lado, la campaña ’Al suelo lo que es del sueloVentana nueva’ ha incidido para que se implante una gestión mucho más razonable de la materia orgánica de nuestras basuras, mediante separación selectiva y compostaje de calidad. También en 2017 se ha conseguido que el Tribunal Supremo anulara la autorización para incinerar residuos en la cementera de Morata de TajuñaVentana nueva, lo que redundará positivamente en la salud de las personas que viven en los pueblos limítrofes.
Durante 2017 también se han conseguido éxitos notables en lo referente a sustancias químicas. La campaña sobre el glifosatoVentana nueva ha conseguido que no se prorrogue más que por 5 años su utilización, y también se han editado diversos materialesVentana nueva que permitirán que las personas se protejan de las sustancias que alteran nuestro comportamiento hormonal. Ecologistas en Acción lleva años denunciando los problemas del mercurio en el medio ambiente, pero por fin en mayo el Parlamento Europeo Mercurio ratificó el Convenio de MinamataVentana nueva.
En el ámbito del transporte, durante este año que ahora concluye Ecologistas en Acción ha sido determinante para relanzar la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y SostenibleVentana nueva. También se han editado materiales técnicos y divulgativosVentana nueva para lograr un transporte más ecológico a través de los planes de movilidad sostenible. Sin olvidar un exhaustivo análisis sobre los efectos negativos de los coches diéselVentana nueva para nuestra salud y para el clima.

El intenso trabajo que se ha realizado a lo largo de 2017 sobre calidad del aireVentana nueva está propiciando que cada vez más ciudades y territorios aborden planes de restricción al coche y de mejora de la calidad del aire. Estos cambios están teniendo un impacto positivo en la salud de la ciudadanía, aunque aún quede mucho trabajo por hacer. Asimismo, gracias a las denuncias de la organización ecologista se pone en evidencia a los municipios que no tienen planes de actuaciónVentana nueva contra la contaminación del aire a corto plazo.
En lo relativo al consumoVentana nueva, las propuestas alternativas de Ecologistas en Acción van calando y ya se contraponen en buena medida a los mensajes a favor del consumo desaforado, tan propios de nuestro sistema económico. También se ha hecho una importante divulgación con la campaña ’¿Consumimos felicidad?Ventana nueva’ para trasmitir de forma directa y gráfica algo que es una constante en todas las grandes tradiciones filosóficas: que la felicidad no proviene de la acumulación abusiva de artefactos materiales, sino que, una vez satisfechas las necesidades básicas, está determinada por cuestiones inmateriales como el afecto, la aceptación o la amistad.
Hace décadas, Ecologistas en Acción fue uno de los grupos que más alertó de las nefastas consecuencias ambientales, sociales y económicas de la anterior burbuja urbanística, predicciones que se cumplieron de manera casi literal. Ahora, ante el inicio del resurgimiento de dinámicas similares, la actuación de las personas activistas de la organización ha permitido bastantes éxitos, casi siempre con la intermediación de los juzgados. Entre otros, la protección del Edificio EspañaVentana nueva, en Madrid, la paralización del Plan Urbanístico de ToledoVentana nueva -muy negativo para el medio ambiente y la ciudadanía- o la condena a varios altos cargos de la Región de Murcia por el caso Zerrichera, lo que, según Paco Segura, "supone una auténtica vacuna ante el nuevo ciclo de especulación que se avecina". También durante 2017 en Murcia, un paraíso de la especulación y la corrupción, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la organización ecologista al anular el Parque Temático ParamountVentana nueva, que se había diseñado reduciendo la extensión de los espacios naturales protegidos sobre los que se pretendía implantar.
A lo largo de 2017 se ha puesto en marcha la Red Agroecología en AcciónVentana nueva para favorecer la coordinación de los proyectos agroecológicos en todo el Estado español. Por otro lado, se ha desarrollado una intensa campaña para conseguir una preservación de nuestros suelosVentana nueva, imprescindibles para la sostenibilidad y el mantenimiento de la vida.
En el marco de la movilización internacional contra los tratados comerciales, se ha profundizado el trabajo conjunto para avanzar hacia la definición y propuesta de marcos de comercio internacional mas justos. Un ejemplo ha sido la campaña para el Tratado Vinculante de empresas Transnacionales y DD HHVentana nueva.
Es innegable que estamos ante una situación ambiental complicada. Por eso, Ecologistas en Acción no ha dejado de plantear alternativas viables para dar una salida a los grandes retos civilizatorios que tenemos por delante. Uno de estos hitos ha sido la publicación del informe ’Caminar sobre el abismo de los límitesVentana nueva’.
Del mismo modo, el ecofeminismo es una línea prioritaria de la organización, y eso ha hecho que se realizara un intenso trabajo para difundir sus contenidos. Las jornadas ecofeministasVentana nueva desarrolladas en junio supusieron todo un empujón a esta dinámica. Y dentro de unas semanas estarán disponibles varios materiales elaborados a lo largo del año, como el ’Patriarcalitest’, una herramienta colectiva para diagnosticar el funcionamiento grupal en temas de género.
La educación es imprescindible para el cambio social que se necesita hacia una mayor justicia social y ambiental. Por eso la organización ecologista ha seguido trabajando intensamente en este aspecto, poniendo en funcionamiento una red de profesoradoVentana nueva, o, ahora que se habla tanto de la ConstituciónVentana nueva, haciendo un análisis comparativo de los contenidos que debe tener una constitución que sirva para alcanzar un mundo justo y sostenible.
El trabajo en temas relativos al agua cierran el repaso anual. Ecologistas en Acción ha seguido afianzando la protección de nuestros mejores tramos de ríos mediante su declaración como Reservas Naturales FluvialesVentana nueva, y así se ha conseguido que se superen los 3.000 kilómetros de ríos protegidosVentana nueva. También durante 2017 se ha consolidado la renaturalización del río ManzanaresVentana nueva a su paso por Madrid, un proyecto diseñado por Ecologistas en Acción y que viene poniendo en práctica el Gobierno municipal. Finalmente, se ha ganado una importante victoria para el mantenimiento de un tramo del río Gállego con la sentencia que supuso la anulación del embalse de BiscarruésVentana nueva.
Estas y otras lineas de trabajo que no están recogidas en este repaso han sido centrales en la agenda ecologista y en el camino hacia modelos más justos y sostenibles. "En definitiva, ha sido un año intenso, lleno de importantes o modestos –pero relevantes– éxitos ecologistas, que muestra a las claras, que sin la constante labor de tantas personas activistas como las que componen Ecologistas en Acción nuestra tierra sería un lugar mucho más inhóspito e injusto para vivir. Ha sido un buen año pero tenemos un 2018 con mucho por hacer" ha concluido Paco Segura.


jueves, 28 de diciembre de 2017

#forografía #muros : 1067 sin nada

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#ESPAÑA #USO : La protección laboral durante el embarazo, una necesidad social



La protección laboral de las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia es un derecho consagrado por nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución consagra, entre otros derechos, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, lo que ineludiblemente incluye también el de velar por estas en supuestos de especial vulnerabilidad, tales como los de embarazo o lactancia ante condiciones de trabajo peligrosas.
En desarrollo del mandato constitucional, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, dedica un precepto completo (Artículo 26) destinado a la “Protección de la maternidad” en el que se plasman cuestiones esenciales en esta materia tales como:
• La obligación del empresario de realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras, la cual ha de tener en cuenta, entre otros factores, las características del trabajo que puedan incidir negativamente en ellas en las situaciones de embarazo o parto reciente.
• La necesidad de adaptar el puesto si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto la existencia de riesgos sobre el embarazo o la lactancia.
• La necesidad de cambiar de puesto si existiendo dichos riesgos no es posible adaptar el puesto.
• La necesidad de suspender el contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia si existiendo dichos riesgos no es posible ni adaptar el puesto ni cambiar de puesto cuando este no se pueda adaptar.
De forma adicional, el Real Decreto 298/2009 contempla aspectos diversos que aparecen en las Directivas comunitarias en relación a la protección del embarazo y la lactancia en el trabajo y facilita la realización de la evaluación de riesgos incluyendo dos Anexos específicos con agentes, procedimientos y condiciones peligrosas a considerar en ésta.
Hoy en día con frecuencia se ponen de manifiesto situaciones de desprotección en los supuestos de embarazo o lactancia, y según la jurisprudencia los posibles daños respectivos ocasionados a las trabajadoras y/o a su descendencia están relacionados con conductas de acción u omisión. Un ejemplo de ello es un caso sucedido hace unos meses en Málaga, en el cual a una trabajadora que ejercía como odontóloga le fue denegada por el INSS la solicitud que realizó de causar baja laboral por embarazo de riesgo. En este caso concreto, la trabajadora ejercía como médico especialista en odontología del Centro de Salud de Ronda, presentando su puesto de trabajo, entre otros, riesgos por exposición a agentes químicos y biológicos.El Área de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención del Servicio Andaluz de Salud, tras realizarla el examen de salud especial previsto para las situaciones de embarazo emitió certificación en la que declaraba a la trabajadora como “especialmente sensible” y “no apta temporal” hasta recibir el alta de la baja maternal. Finalmente el INSS denegó a la trabajadora la solicitud de baja laboral por riesgo durante el embarazo, encontrándose ésta embarazada de 18 semanas.
Teniendo en cuenta el marco legislativo laboral antes citado queda claro que la protección del embarazo y la lactancia son un objetivo prioritario a salvaguardar por el Estado pero hechos como el del ejemplo descrito constituyen un buen indicador de alerta de los fallos que actualmente existen en nuestro sistema de protección social. Estos fallos pueden guardar relación con incumplimientos empresariales en materia preventiva y en ocasiones con la propia actuación llevada a cabo por los profesionales sanitarios en aplicación de la legislación establecida en materia de Incapacidad Temporal.
En lo que concierne a las denegaciones de solicitudes de baja laboral en embarazos de riesgo, teniendo en cuenta los múltiples casos sobrevenidos parecidos al descrito, cabe plantear la necesidad de revisar por el legislador el actual contenido de la legislación por Incapacidad Temporal y buscar mejoras en la misma atendiendo al historial de situaciones de desprotección generadas en los últimos años plasmadas a través de sentencias judiciales firmes.
Desde un enfoque global solo siendo conscientes de los avances realizados a lo largo de los años por el Estado de Derecho en el ámbito de protección laboral durante el embarazo y lactancia y de las deficiencias a resolver en esta materia estaremos en condiciones de preservar socialmente la seguridad y salud de estas trabajadoras y de su descendencia.

#ESPAÑA #USO : Joaquín Pérez, nuevo secretario general de USO



El 11 Congreso Confederal de USO ha elegido a Joaquín Pérez como nuevo secretario general con el 99% de los votos. Se produce así un relevo generacional en la Secretaría General del tercer sindicato en España con un elevado respaldo de la organización.
La nueva ejecutiva del sindicato, con Pérez a la cabeza, está integrada por David Díaz, al frente de la Secretaría de Organización y Atención a la Afiliación; Sara García, en la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral; José María González, en la Secretaría de Economía y Digitalización; Dulce María Moreno, al frente de la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad; Laura Estévez, en la Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales, y Javier de Vicente, en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible.
Los 300 delegados que se han dado cita en Santander han elegido a los miembros de la Comisión de Garantías Confederal, presidido por José Carlos Garcés, y con Carmen Cabello y Nuria Vizcay como vicepresidenta y secretaria de actas respectivamente. La Comisión de Transparencia Económica contará con Julio Salazar como presidente; Juan Antonio González como vicepresidente, y Lucia Nieto como secretaria de actas.
En su primer discurso como secretario general, Joaquín Pérez ha destacado que los próximos años “van a requerir un sindicalismo adaptable, con respuestas diversas, novedosas y creativas, porque el mundo ha cambiado y va a seguir haciéndolo, y con él han de adaptarse nuestras estrategias, planes de trabajo y herramientas. Nuevos tiempos que van a exigir nuevos escenarios jurídicos y marcos normativos, y que nos van a hacer conjugar la necesidad de seguir teniendo al sindicato muy pegado al centro de trabajo con otras maneras de atender nuevas realidades laborales”, porque el sindicato no puede dejar sin respuesta a los trabajadores que desempeñan esos nuevos empleos, que están más expuestos a la precariedad.
En línea con dos de las resoluciones especiales aprobadas por el 11 Congreso, Pérez ha hecho referencia a la necesidad de democratizar el marco legislativo sindical y de la regeneración sindical, porque “ha llegado el momento. No tiene ninguna justificación la actual discriminación existente para la promoción de elecciones sindicales, ni el actual sistema arbitral derivado de la reforma del año 1994. Porque las reglas de juego tienen que ser iguales para todos”.
Aprobadas 8 Resoluciones Especiales
Durante la jornada de hoy, el 11 Congreso Condeferal ha aprobado un total de 8 resoluciones especiales, que se centran -además de la democratización y regeneración del marco sindical- en la recuperación de los salarios; la contratación pública socialmente responsable; en la participación de la juventud y las personas jubiladas y pensionistas en la organización; una mejor acción sindical en las empresas multinacionales y por una transición justa ante la digitalización y la disrupción tecnológica.
USO refuerza con la aprobación de estas resoluciones especiales su lucha contra la devaluación salarial de carácter estructural que ha traído la crisis económica, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores y para combatir el aumento de trabajadores pobres que tienen trabajo pero salarios indignos.
Con la resolución “Por una contratación pública socialmente responsable”, USO formaliza su lucha para trasponer en España las directivas comunitarias en materia de contratación pública para que se contemple la política de una mejor relación calidad/precio con la inclusión de criterios sociales a la hora de valorar las adjudicaciones a empresas, y para que las Administraciones tengan en cuenta criterios sociales en las adjudicaciones públicas y no solo el criterio del precio. Esta resolución incluye también la exigencia de cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales por parte de las empresas que contraten con la Administración.
La integración y participación de la juventud y de las personas jubiladas y pensionistas centran dos de las resoluciones especiales aprobadas hoy, con las que se reforzará e integrará a estos dos colectivos en las diferentes estructuras y órganos del sindicato para garantizar el futuro del proyecto sindical de USO. Juventud supone el 10% de afiliación en el sindicato, porcentaje tres veces superior al de los grandes sindicatos.

#ESPAÑA #CGT : Empleo contrata a Tragsa para gestionar incidencias en la tramitación de las bajas laborales

Informa




https://www.infolibre.es/MODULOS/global/publico/interfaces/web/infolibre/img/logo_infolibre_sticky.png

  • La falta de personal atasca 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente en Madrid y obliga a la Seguridad Social a repartirlos entre sus oficinas del resto de España
  • El Tribunal de Cuentas reprochó en 2015 al ministerio que contratara a Tragsa para desbloquear el Fogasa, por su alto precio y por dejar en manos de una empresa externa “funciones reguladas por el derecho administrativo
La Seguridad Social ha perdido 4.249 empleados desde 2009. La plantilla de la Tesorería General (TGSS) se ha reducido en un 17,2% desde 2011. La del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un 16%. Bien por jubilaciones bien por traslados. De hecho, se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración. Sólo 10 de los 11.090 trabajadores de la TGSS tienen menos de 29 años. El 83% de ellos supera los 50. En el INSS el panorama es similar: según las previsiones del propio organismo, el número de sus funcionarios se recortará en un 31,6% hasta 2020, cuando sólo tendrá 8.329 empleados públicos de carrera. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año. En la Tesorería, 426.

De forma que, como denuncian insistentemente los sindicatos, hay decenas de oficinas gestionadas por sólo uno, dos o tres trabajadores. Y se han cerrado un buen número de ellas en Madrid, Huelva, Valladolid, Valencia…, clausuras “enmascaradas como reorganizaciones”, sostiene UGT. CCOO denuncia que el 16% de los puestos de trabajo se encuentran sin cubrir. Según CSI-F, desde 2012 la Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días.


Pero el problema no se limita a la atención al público. Alcanza a la tramitación de los expedientes de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y pensiones de jubilación, viudedad y orfandad en la Dirección Provincial de Madrid. Según las fuentes consultadas por infoLibre, unos 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente se encuentran atascados allí. La primera medida para intentar aliviar el bloqueo fue incentivar a los funcionarios de otras provincias –Valladolid, Zaragoza– con el abono de seis euros por expediente tramitado. El sindicato CGT, que ha denunciado los pagos, asegura que incluso se ha “presionado” al personal para que aceptara ese trabajo extra.


Como no ha sido suficiente, este mismo mes la Dirección Provincial de Madrid ha activado un plan de apoyo, junto con la Subdirección General de Prestaciones, para “distribuir el trámite de los expedientes de Incapacidad Permanente de Madrid con dictamen de propuesta EVI [Equipo de Valoración de Incapacidades] entre todas las direcciones provinciales”. En un correo electrónico del subdirector general, César Luis Gómez Garcillán, al que ha tenido acceso este periódico, el funcionario admite “la pendencia acumulada en el trámite y resolución de los expedientes de Incapacidad Permanente”, que atribuye a “un notable incremento” de estos procedimientos en Madrid en los últimos cuatro años y a la “pronunciada disminución de la plantilla efectiva”.

A partir del 2 de enero, explica el subdirector general, los expedientes se asignarán de manera “automática”, uno por cada tramitador, para que “la carga de trabajo” se distribuya “de forma gradual”, sin “colapsar ninguna provincia”. En toda España, repartidos por las diferentes direcciones provinciales, trabajan más de 400 tramitadores, detalla el correo.

El precedente del Fogasa

Además, el INSS ha firmado una encomienda de gestión con la empresa pública Tragsatec para que preste “atención telefónica y apoyo” en el seguimiento de los partes de Incapacidad Temporal y tramite las incidencias que surgen en las prestaciones ligadas a esas bajas laborales. La Tesorería General también ha suscrito otra para que le dé apoyo en la gestión del Sistema de Liquidación Directa de Cuotas. Son encargos para los dos próximos años: el primero por importe de 800,496 euros y el segundo, de 3,18 millones de euros.

Tragsatec es la filial de la empresa pública Tragsa. Ambas son entes instrumentales, “medios propios” de los que se sirve la Administración para realizar trabajos por lo general urgentes. Empleo ya recurrió a Tragsatec en septiembre de 2013 para desatascar los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un departamento especialmente lastrado por la falta de personal y cuya carga de trabajo se multiplicó en plena crisis por el aumento de las insolvencias empresariales. Entonces la encomienda a Tragsatec fue motivo de polémica por el acceso que los trabajadores contratados por la empresa pública tuvieron a datos confidenciales, pero también por los posibles problemas de seguridad: los expedientes fueron trasladados en furgonetas de Correos desde las delegaciones provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid. Además, para el trabajo con el Fogasa, la empresa contrató de forma temporal a 80 personas mientras negociaba un Expediente de Regulación de Trabajo (ERE) para 1.636 empleados.

Las denuncias por el atasco en el Fogasa llegaron a los juzgados y al Defensor de Pueblo. Y finalmente un informe del Tribunal de Cuentas dictaminó en 2015 que el personal de Tragsatec no sólo realizó “tareas de apoyo, instrumentales y de carácter accesorio” –como recogía la letra del contrato con Empleo–, sino que también “instruyó” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos. El tribunal advirtió incluso de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Las consecuencias podrían haber sido gravosas: cada resolución da lugar a una prestación económica, puesto que el Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas.

Además, el Tribunal de Cuentas reprochaba a Empleo que el contrato había supuesto un perjuicio para los fondos públicos: su coste multiplicó por 12 el del mismo trabajo realizado por los funcionarios del Fogasa. Según el informe, Tragsatec cobró por cada expediente 21,78 euros, mientras que al Fogasa tramitarlo con sus propios funcionarios sólo le suponía 1,85 euros.

El órgano fiscalizador también echaba en cara al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de haber provisto a este organismo público de más funcionarios, hubiera encomendado “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.

Gestionar incidencias y verificar datos

Pues bien, pese a todos estos reparos, Empleo ha vuelto a recurrir a Tragsatec para suplir la falta de personal. Aunque en este caso sólo contratará a ocho personas hasta 2019, que prestarán sus servicios en las dependencias de la Seguridad Social, a diferencia de lo ocurrido con el Fogasa.

Su tarea consistirá en “identificar” a 150 grupos empresariales, las mayores empresas españolas, y comunicarse con ellas para “gestionar las incidencias” que se produzcan en el reconocimiento de las prestaciones por baja laboral en sus plantillas y que puedan afectar al nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones implantado desde 2015.

También deberán prestar atención telefónica a las reclamaciones por esas mismas bajas ante los servicios públicos de salud y las mutuas, para detectar de forma “temprana cualquier incidencia”. Según consta en la encomienda con Tragsatec, publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno, los empleados de esta empresa deberán atender 450 llamadas mensuales sobre incidencias relacionadas con el Sistema de Liquidación Directa.

Finalmente, tendrán que dar “apoyo a las labores de verificación” de los datos comunicados por las empresas, los servicios públicos de salud y las mutuas que “dificulten” la presentación de la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Así, deberán acreditar los procesos de Incapacidad Temporal –es decir, que hay datos médicos que avalen la baja laboral–, identificar los periodos de pago, comprobar las recaídas –la acumulación de bajas– o, por ejemplo, si una Incapacidad Temporal se convierte en Incapacidad Permanente. En resumen, deben subsanar errores para que la liquidación de cuotas sea correcta. La encomienda prevé que Tragsatec gestione telemáticamente unas 550 incidencias de este tipo al mes.

Hasta ahora, estas incidencias en las Incapacidades Temporales las resolvían los funcionarios del INSS tras recibirlas en el Buzón Acredita y el Buzón Subsidios –dos buzones de correo electrónico–. Los empleados públicos contrastan los datos cuando se produce una  recaída, se pide una prórroga o hay un dato erróneo en la base reguladora...–. Tienen de plazo 48 horas para resolverlas, aunque se suelen contestar en un día, según las fuentes internas consultadas por infoLibre.

“No hay atasco, sólo un decalaje al comunicar datos”

Un portavoz del Ministerio de Empleo niega que exista un atasco de expedientes en Madrid, y sitúa el problema en el hecho de que en la capital se concentren las grandes empresas españolas. “Siempre existe un decalaje en la comunicación de los datos de los trabajadores que hacen estas empresas”, explica. Tragsatec añade, hará un trabajo de “apoyo en la gestión de esos datos”, pero “no tramitará expedientes”. “El objetivo es que se reduzca el número de incidencias y se mejore el sistema de liquidación directa”, resume el ministerio. Según destaca, se trata de un mero procedimiento administrativo, no de evaluación, y Tragsatec no tendrá acceso a datos confidenciales.

En efecto, la encomienda deja claro que la labor de la empresa no implicará “la manipulación de bases de datos corporativas o la toma de decisiones finales que afecten al reconocimiento, mantenimiento o extinción de derechos de prestaciones económicas a corto plazo”. Lo que no significa que los empleados de Tragsatec no tengan acceso a datos personales. La misma encomienda obliga a la empresa pública a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos en los casos en que “resulte necesario” para prestar el servicio trabajar  con ficheros del INSS. Así, por ejemplo, se la obliga a “adoptar, implantar y cumplir” medidas de seguridad técnicas y organizativas “de nivel medio” para garantizar la seguridad e integridad de esos datos. Además, Tragsatec está autorizada a subcontratar con otras empresas hasta el 50% de los trabajos que le ha encargado Empleo, por lo que deberá obligar a su vez a éstas a cumplir con esos estándares de seguridad al acceder a datos personales de trabajadores.

Además las fuentes internas consultadas por este periódico confirman que para resolver las incidencias en las bajas laborales el tramitador trabaja con  una pantalla en la que aparecen los datos personales del trabajador, desde su dirección, número de teléfono o fecha de nacimiento hasta el diagnóstico médico.

Once contratos por 9,16 millones de euros

Este año la Tesorería General de la Seguridad Social también ha repetido con Tragsatec la encomienda que firmó en 2015 para que le prestara “asistencia técnica de apoyo” a la implantación del Sistema de Liquidación Directa de cuotas. Entonces le pagó 3,71 millones de euros por el trabajo de 11 personas durante dos años. En la encomienda la TGSS reconoce que acude a Tragsatec porque necesita contar “con unos recursos materiales y humanos especializados de los que actualmente no dispone” el departamento. A partir de ahora seguirá dos años más cumpliendo la misma tarea por 3,18 millones.

Además, Empleo ha recurrido a Tragsatec para que le ayude a gestionar las inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil –317.275 euros– durante los próximos cuatro meses, después de haber hecho lo mismo en 2015 por importe de 1,03 millones de euros. Tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno como en la web de Tragsa sólo aparecen publicadas las encomiendas firmadas este año 2017. El pasado mes de enero también suscribió otro encargo con Empleo, por importe de casi un millón de euros, para realizar el seguimiento del Programa de Empleo Juvenil hasta 2019. En total, esas cuatro encomiendas suman 5,29 millones de euros. Si se les añaden los siete encargos para que personal de Tragsatec inspeccione este año los cursos de formación de la plantilla del Instituto Social de la Marina (ISM), la cifra se eleva hasta los 9,16 millones de euros.

La falta de convocatorias de empleo público en los años de recorte del gasto se ha dado por terminada con la oferta publicada el pasado mes de julio. De las 20.280 plazas anunciadas para este año y 2018, 564 corresponderán a la Seguridad Social, a las que hay que sumar otras 470 de promoción interna. No obstante, según los cálculos de CCOO, sin cubrir hay en la Seguridad Social 4.751 puestos de trabajo.