#ESPAÑA #CGT : Empleo contrata a Tragsa para gestionar incidencias en la tramitación de las bajas laborales

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• La falta de personal atasca 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente en Madrid y obliga a la Seguridad Social a repartirlos entre sus oficinas del resto de España
• El Tribunal de Cuentas reprochó en 2015 al ministerio que contratara a Tragsa para desbloquear el Fogasa, por su alto precio y por dejar en manos de una empresa externa “funciones reguladas por el derecho administrativo

La Seguridad Social ha perdido 4.249 empleados desde 2009. La plantilla de la Tesorería General (TGSS) se ha reducido en un 17,2% desde 2011. La del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un 16%. Bien por jubilaciones bien por traslados. De hecho, se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración. Sólo 10 de los 11.090 trabajadores de la TGSS tienen menos de 29 años. El 83% de ellos supera los 50. En el INSS el panorama es similar: según las previsiones del propio organismo, el número de sus funcionarios se recortará en un 31,6% hasta 2020, cuando sólo tendrá 8.329 empleados públicos de carrera. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año. En la Tesorería, 426.

De forma que, como denuncian insistentemente los sindicatos, hay decenas de oficinas gestionadas por sólo uno, dos o tres trabajadores. Y se han cerrado un buen número de ellas en Madrid, Huelva, Valladolid, Valencia…, clausuras “enmascaradas como reorganizaciones”, sostiene UGT. CCOO denuncia que el 16% de los puestos de trabajo se encuentran sin cubrir. Según CSI-F, desde 2012 la Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días.

Pero el problema no se limita a la atención al público. Alcanza a la tramitación de los expedientes de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y pensiones de jubilación, viudedad y orfandad en la Dirección Provincial de Madrid. Según las fuentes consultadas por infoLibre, unos 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente se encuentran atascados allí. La primera medida para intentar aliviar el bloqueo fue incentivar a los funcionarios de otras provincias –Valladolid, Zaragoza– con el abono de seis euros por expediente tramitado. El sindicato CGT, que ha denunciado los pagos, asegura que incluso se ha “presionado” al personal para que aceptara ese trabajo extra.

Como no ha sido suficiente, este mismo mes la Dirección Provincial de Madrid ha activado un plan de apoyo, junto con la Subdirección General de Prestaciones, para “distribuir el trámite de los expedientes de Incapacidad Permanente de Madrid con dictamen de propuesta EVI [Equipo de Valoración de Incapacidades] entre todas las direcciones provinciales”. En un correo electrónico del subdirector general, César Luis Gómez Garcillán, al que ha tenido acceso este periódico, el funcionario admite “la pendencia acumulada en el trámite y resolución de los expedientes de Incapacidad Permanente”, que atribuye a “un notable incremento” de estos procedimientos en Madrid en los últimos cuatro años y a la “pronunciada disminución de la plantilla efectiva”.

A partir del 2 de enero, explica el subdirector general, los expedientes se asignarán de manera “automática”, uno por cada tramitador, para que “la carga de trabajo” se distribuya “de forma gradual”, sin “colapsar ninguna provincia”. En toda España, repartidos por las diferentes direcciones provinciales, trabajan más de 400 tramitadores, detalla el correo.

El precedente del Fogasa

Además, el INSS ha firmado una encomienda de gestión con la empresa pública Tragsatec para que preste “atención telefónica y apoyo” en el seguimiento de los partes de Incapacidad Temporal y tramite las incidencias que surgen en las prestaciones ligadas a esas bajas laborales. La Tesorería General también ha suscrito otra para que le dé apoyo en la gestión del Sistema de Liquidación Directa de Cuotas. Son encargos para los dos próximos años: el primero por importe de 800,496 euros y el segundo, de 3,18 millones de euros.

Tragsatec es la filial de la empresa pública Tragsa. Ambas son entes instrumentales, “medios propios” de los que se sirve la Administración para realizar trabajos por lo general urgentes. Empleo ya recurrió a Tragsatec en septiembre de 2013 para desatascar los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un departamento especialmente lastrado por la falta de personal y cuya carga de trabajo se multiplicó en plena crisis por el aumento de las insolvencias empresariales. Entonces la encomienda a Tragsatec fue motivo de polémica por el acceso que los trabajadores contratados por la empresa pública tuvieron a datos confidenciales, pero también por los posibles problemas de seguridad: los expedientes fueron trasladados en furgonetas de Correos desde las delegaciones provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid. Además, para el trabajo con el Fogasa, la empresa contrató de forma temporal a 80 personas mientras negociaba un Expediente de Regulación de Trabajo (ERE) para 1.636 empleados.

Las denuncias por el atasco en el Fogasa llegaron a los juzgados y al Defensor de Pueblo. Y finalmente un informe del Tribunal de Cuentas dictaminó en 2015 que el personal de Tragsatec no sólo realizó “tareas de apoyo, instrumentales y de carácter accesorio” –como recogía la letra del contrato con Empleo–, sino que también “instruyó” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos. El tribunal advirtió incluso de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Las consecuencias podrían haber sido gravosas: cada resolución da lugar a una prestación económica, puesto que el Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas.

Además, el Tribunal de Cuentas reprochaba a Empleo que el contrato había supuesto un perjuicio para los fondos públicos: su coste multiplicó por 12 el del mismo trabajo realizado por los funcionarios del Fogasa. Según el informe, Tragsatec cobró por cada expediente 21,78 euros, mientras que al Fogasa tramitarlo con sus propios funcionarios sólo le suponía 1,85 euros.

El órgano fiscalizador también echaba en cara al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de haber provisto a este organismo público de más funcionarios, hubiera encomendado “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.

Gestionar incidencias y verificar datos

Pues bien, pese a todos estos reparos, Empleo ha vuelto a recurrir a Tragsatec para suplir la falta de personal. Aunque en este caso sólo contratará a ocho personas hasta 2019, que prestarán sus servicios en las dependencias de la Seguridad Social, a diferencia de lo ocurrido con el Fogasa.

Su tarea consistirá en “identificar” a 150 grupos empresariales, las mayores empresas españolas, y comunicarse con ellas para “gestionar las incidencias” que se produzcan en el reconocimiento de las prestaciones por baja laboral en sus plantillas y que puedan afectar al nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones implantado desde 2015.

También deberán prestar atención telefónica a las reclamaciones por esas mismas bajas ante los servicios públicos de salud y las mutuas, para detectar de forma “temprana cualquier incidencia”. Según consta en la encomienda con Tragsatec, publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno, los empleados de esta empresa deberán atender 450 llamadas mensuales sobre incidencias relacionadas con el Sistema de Liquidación Directa.

Finalmente, tendrán que dar “apoyo a las labores de verificación” de los datos comunicados por las empresas, los servicios públicos de salud y las mutuas que “dificulten” la presentación de la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Así, deberán acreditar los procesos de Incapacidad Temporal –es decir, que hay datos médicos que avalen la baja laboral–, identificar los periodos de pago, comprobar las recaídas –la acumulación de bajas– o, por ejemplo, si una Incapacidad Temporal se convierte en Incapacidad Permanente. En resumen, deben subsanar errores para que la liquidación de cuotas sea correcta. La encomienda prevé que Tragsatec gestione telemáticamente unas 550 incidencias de este tipo al mes.

Hasta ahora, estas incidencias en las Incapacidades Temporales las resolvían los funcionarios del INSS tras recibirlas en el Buzón Acredita y el Buzón Subsidios –dos buzones de correo electrónico–. Los empleados públicos contrastan los datos cuando se produce una  recaída, se pide una prórroga o hay un dato erróneo en la base reguladora...–. Tienen de plazo 48 horas para resolverlas, aunque se suelen contestar en un día, según las fuentes internas consultadas por infoLibre.

“No hay atasco, sólo un decalaje al comunicar datos”

Un portavoz del Ministerio de Empleo niega que exista un atasco de expedientes en Madrid, y sitúa el problema en el hecho de que en la capital se concentren las grandes empresas españolas. “Siempre existe un decalaje en la comunicación de los datos de los trabajadores que hacen estas empresas”, explica. Tragsatec añade, hará un trabajo de “apoyo en la gestión de esos datos”, pero “no tramitará expedientes”. “El objetivo es que se reduzca el número de incidencias y se mejore el sistema de liquidación directa”, resume el ministerio. Según destaca, se trata de un mero procedimiento administrativo, no de evaluación, y Tragsatec no tendrá acceso a datos confidenciales.

En efecto, la encomienda deja claro que la labor de la empresa no implicará “la manipulación de bases de datos corporativas o la toma de decisiones finales que afecten al reconocimiento, mantenimiento o extinción de derechos de prestaciones económicas a corto plazo”. Lo que no significa que los empleados de Tragsatec no tengan acceso a datos personales. La misma encomienda obliga a la empresa pública a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos en los casos en que “resulte necesario” para prestar el servicio trabajar  con ficheros del INSS. Así, por ejemplo, se la obliga a “adoptar, implantar y cumplir” medidas de seguridad técnicas y organizativas “de nivel medio” para garantizar la seguridad e integridad de esos datos. Además, Tragsatec está autorizada a subcontratar con otras empresas hasta el 50% de los trabajos que le ha encargado Empleo, por lo que deberá obligar a su vez a éstas a cumplir con esos estándares de seguridad al acceder a datos personales de trabajadores.

Además las fuentes internas consultadas por este periódico confirman que para resolver las incidencias en las bajas laborales el tramitador trabaja con  una pantalla en la que aparecen los datos personales del trabajador, desde su dirección, número de teléfono o fecha de nacimiento hasta el diagnóstico médico.

Once contratos por 9,16 millones de euros

Este año la Tesorería General de la Seguridad Social también ha repetido con Tragsatec la encomienda que firmó en 2015 para que le prestara “asistencia técnica de apoyo” a la implantación del Sistema de Liquidación Directa de cuotas. Entonces le pagó 3,71 millones de euros por el trabajo de 11 personas durante dos años. En la encomienda la TGSS reconoce que acude a Tragsatec porque necesita contar “con unos recursos materiales y humanos especializados de los que actualmente no dispone” el departamento. A partir de ahora seguirá dos años más cumpliendo la misma tarea por 3,18 millones.

Además, Empleo ha recurrido a Tragsatec para que le ayude a gestionar las inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil –317.275 euros– durante los próximos cuatro meses, después de haber hecho lo mismo en 2015 por importe de 1,03 millones de euros. Tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno como en la web de Tragsa sólo aparecen publicadas las encomiendas firmadas este año 2017. El pasado mes de enero también suscribió otro encargo con Empleo, por importe de casi un millón de euros, para realizar el seguimiento del Programa de Empleo Juvenil hasta 2019. En total, esas cuatro encomiendas suman 5,29 millones de euros. Si se les añaden los siete encargos para que personal de Tragsatec inspeccione este año los cursos de formación de la plantilla del Instituto Social de la Marina (ISM), la cifra se eleva hasta los 9,16 millones de euros.

La falta de convocatorias de empleo público en los años de recorte del gasto se ha dado por terminada con la oferta publicada el pasado mes de julio. De las 20.280 plazas anunciadas para este año y 2018, 564 corresponderán a la Seguridad Social, a las que hay que sumar otras 470 de promoción interna. No obstante, según los cálculos de CCOO, sin cubrir hay en la Seguridad Social 4.751 puestos de trabajo.