sábado, 16 de febrero de 2019

¡Solidaridad con el levantamiento revolucionario del pueblo haitiano!

Coincidiendo con el aniversario de la caída del dictador Duvalier y los dos años del inicio del gobierno del empresario Jovenel Moïse, del partido derechista PHTK, a partir del 7 de febrero se ha desatado una masiva rebelión popular en Haití. Coreando consignas contra la corrupción en el manejo del fondo de Petrocaribe, exigiendo la caída del gobierno y reivindicando el derecho a vivir dignamente, cientos de miles han llenado las calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y las principales ciudades del país.

Dando muestras de una gran combatividad, los manifestantes no han retrocedido ante la represión del régimen, que ha cobrado más de 15 víctimas fatales y cientos de heridos. Por el contrario, la violencia del gobierno ha vertido más combustible a las llamas revolucionarias.

Desde hace una semana hay en los hechos una huelga general, con los bancos, escuelas, gasolineras y casi todo el comercio cerrados. Un gran número de manifestantes ha apedreado la residencia presidencial, en varios lugares han puesto en fuga a los cuerpos represivos e incluso ha habido una fuga de decenas de detenidos en una cárcel en las afueras de Puerto Príncipe.

La reciente declaratoria de urgencia económica por parte del gobierno claramente no convenció a casi nadie de que exista la menor intención de enfrentar la creciente inflación, que se aproxima al 20% anualizado, parar la devaluación que ha llevado la tasa de cambio a más de 85 gourdes por dólar, ni hacer justicia ante los escándalos de corrupción. Recientemente se reveló la implicación directa de una empresa del presidente en la corrupción de Petrocaribe. La crisis política, que aqueja al gobierno desde su elección fraudulenta en 2017, se agravó en enero cuando el parlamento no aprobó el presupuesto de 1650 millones de dólares.

El primer estallido que abrió esta nueva situación política fue el de las jornadas de julio del año pasado, en las que el pueblo derrotó el intento del gobierno de aplicar un aumento despiadado de los combustibles, logrando además la renuncia del primer ministro. El gran movimiento por el esclarecimiento del destino de los dineros del fondo de Petrocaribe y por llevar a la justicia a los corruptos, ha jugado un papel muy importante en el ascenso de las luchas, a partir de agosto del año pasado, especialmente en las grandes movilizaciones de octubre y noviembre.

El desfalco al fondo de Petrocaribe se estima en alrededor de dos mil millones de dólares, un monto mayor al presupuesto anual del Estado haitiano. Senadores y diputados opositores también aparecen señalados en los informes parlamentarios sobre la corrupción de Petrocaribe, por lo cual gran parte del movimiento que lucha contra el gobierno no tiene ninguna confianza en el parlamento de mayoría opositora ni en sus partidos. El gobierno venezolano, a través de su embajador en Haití y voceros de la petrolera estatal PDVSA, ha defendido la gestión de los recursos por parte del gobierno haitiano, demostrando su complicidad y probable involucramiento en la corrupción. Lamentablemente el programa de Petrocaribe, cuya implementación se logró superando las maniobras y obstáculos interpuestos por el gobierno de EEUU, terminó siendo una fuente de corrupción desmedida y escasamente benefició al pueblo haitiano.

Los esfuerzos del imperialismo por sostener al gobierno y propiciar acuerdos con la oposición han fracasado. El repudio popular se extiende, en consecuencia, también a la injerencia del Core Group, instancia multilateral que incluye a representantes de la misión de ocupación militar-policial de la ONU, la Minujusth, así como de la OEA y de los gobiernos de Alemania, Brasil, Canadá, Estado español y EEUU. El Core Group emitió una declaración injerencista criticando a las protestas populares y elogiando el "profesionalismo" de los cuerpos policiales haitianos, precisamente mientras llevaban a cabo asesinatos y violaciones a los DDHH en las calles.

Apoyamos las exigencias centrales de la declaración del Reagrupamiento para la Acción Revolucionaria en Haití (RARA), partido socialista haitiano que participa en el proceso de lucha y exige la renuncia incondicional de Jovenel Moïse y el gabinete encabezado por el primer ministro Jean H. Ceant, el castigo a los corruptos de Petrocaribe, y la disolución del grupo policial de operaciones especiales BOID, responsable de muchos de los crímenes represivos de la última semana, mientras que repudia la injerencia del Core Group.

¡Abajo el gobierno corrupto de Jovenel Moïse y el PHTK! ¡Viva la rebelión haitiana! ¡Fuera la Minujusth! ¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares, que deje de pagar la deuda externa y recupere los recursos robados para ponerlos al servicio de las necesidades del pueblo!

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

15 de febrero de 2019



viernes, 1 de febrero de 2019

Venezuela: ¡Ninguna legitimidad a las amenazas del Gobierno de Sánchez!

Pedro Sánchez encabezaba el ultimátum de la Unión Europea para que el Gobierno Maduro convocara elecciones en 8 días o reconocería el Gobierno autoproclamado de Guaidó, siguiendo los pasos de Trump y los países del bloque de Lima. Rechazamos la intervención del imperialismo, de los gobiernos de Trump y la Unión Europea que quieren dictar y controlar la salida política a la extrema situación que vive Venezuela. El Gobierno del estado español, que participó directamente en el fracasado golpe de estado de 2002, no tiene ninguna legitimidad para dictar el futuro a Venezuela.

Combatimos el Gobierno de hambre y represión de Maduro, que lejos de avanzar hacia ningún socialismo, ha hundido en la miseria el pueblo venezolano y amordazada la protesta. Rechazamos que la salida al corrupto gobierno de Maduro sea el autoproclamado de Guaidó, títere del imperialismo.

La salida a la situación en favor de la clase obrera y el pueblo, por la que luchan nuestros compañeros y compañeras del Partido Socialismo y Libertad (PSL) no puede venir más que de la movilización obrera y popular, de la construcción de una alternativa de los y las trabajadoras, apoyada en el movimiento sindical emergente, en la recién constituida Intersectorial Sindical, en los sectores en lucha como docentes, y los sectores que vienen rompiendo por la izquierda con el chavismo. Por un gobierno de los y las trabajadoras.


30 de enero de 2019

Lucha Internacionalista


jueves, 24 de enero de 2019

Venezuela: No avalamos el intervencionismo de Trump, Macri y Bolsonaro. Ni reconocemos el autogobierno proyanky de Guaidó. Pero no le damos ningún apoyo político al hambreador gobierno cívico-militar de Maduro



No avalamos el intervencionismo de Trump, Macri y Bolsonaro. Ni reconocemos el autogobierno proyanky de Guaidó. Pero no le damos ningún apoyo político al hambreador gobierno cívico-militar de Maduro

Como socialistas internacionalistas somos categóricos en rechazar el intervencionismo político del imperialismo en Venezuela, por via del ultra reaccionario de Trump, que reconoce al autodeclarado presidente Juan Guaidó. Como así también rechazamos el mismo reconocimiento de los gobiernos capitalistas de Bolsonaro, Macri, Piñera y otros.

No son ellos los llamados a hablar de “democracia” y “derechos humanos”. Los gobiernos de los Estados Unidos desde siempre han avalado todo tipo de intervención militar y política contra los pueblos del mundo. Tampoco pueden hablar de derechos “sociales” gobiernos como los de Bolsonaro, Macri o Piñera que ajustan y explotan a sus pueblos de la mano del FMI y las multinacionales. Por eso tampoco reconocemos el autoproclamado “gobierno” de Guaidó, que es un politico venezolano representante de la vieja política patronal y pro yanqui de Venezuela.

Dicho todo esto, también decimos que esto no significa darle ningún aval y apoyo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Menos reconocemos que sea un gobierno “socialista” y de “izquierda”. Es Maduro y su falso “socialismo del Siglo XXI” el responsable del hambre que vive el pueblo venezolano. Como también es responsable por la gran confusión que ha creado en el pueblo trabajador venezolano y del mundo entero. Ha sido su política patronal hambreadora y represiva la que ha llevado a que miles y miles de venezolanos caigan en la confusión de creer que políticos de derecha y proyanquis los pueden sacar de esa grave crisis social y humanitaria.

Maduro anunció la ruptura de relaciones con los EE.UU. e hizo un nuevo discurso “antiimperialista”. Pero no ha tomado ni toma ninguna medida con las multinacionales del petróleo a los que están asociado con PDVSA, como la norteamericana Chevron o la Total, Shell, Repsol o Lukoil. Tampoco deja de pagar la deuda externa ni rompe con la banca extranjera y con otras multinacionales mineras. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, unidos a las FFAA Bolivarianas, constituyen un gobierno capitalista cívico-militar que ha llevado el salario a 6 dólares y provocado una catástrofe social y millones de refugiados. Gobiernan pactando con las multinacionales (empresas mixtas en petróleo y minería) y a favor de los grandes empresarios nacionales y de la llamada “boliburguesía” militar y civil. Esta es la verdad que nadie que se diga de izquierda puede seguir negando. Por eso en el 2018 lo que crecieron fueron las huelgas de trabajadores de la salud, de la educación, del cemento, petroleros y empleados públicos reclamando por un salario digno y por comida.

Pero no por eso podemos avalar ninguna intervención ni injerencia imperialista en Venezuela. Ni ningún intento de golpe militar. Sabemos que el imperialismo y los sectores de la derecha proyanqui venezolana quiere aprovechar el odio popular que ha generado el régimen de Maduro para buscar de volver al poder y para ser ellos los que primen en los negocios capitalistas. Con el autoproclamado “gobierno” de Guaidó buscan dividir a las fuerzas armadas que hoy mayoritariamente apoyan al régimen de Maduro, ya que gran parte de su alta oficialidad participa de los negociados.

Nuestro partido hermano de Venezuela, el PSL, ha señalado claro un camino independiente y de clase: “Debemos decir que no es cierto que el 23 de enero se abrirá un cambio político a favor de los trabajadores y el pueblo. No podemos crearnos falsas expectativas (…)  La única manera de derrotar el paquetazo de ajuste del gobierno, y lograr una salida a la crisis al servicio de los trabajadores es con la movilización y la lucha obrera y popular. No es con negociaciones a espaldas del pueblo trabajador ni con la injerencia del imperialismo y sus gobiernos aliados de la región, que se resolverá la tragedia económica y social que padece el pueblo venezolano. Una intervención yanqui no traería nada bueno para el pueblo, y condenamos a quienes irresponsablemente la invocan.(…) solo con la movilización unitaria, autónoma e independiente de las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo, que marque distancia de los partidos representados en la AN (Asamblea Nacional) y en el Gran Polo Patriótico-Psuv, podremos derrotar al gobierno y su paquetazo de ajuste antiobrero y antipopular. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas organizadas y movilizadas en las calles del país” (declaración del PSL, sección UIT-CI,  19/1/2019 www.laclase.info)

Desde la UIT-CI seguimos apoyando la movilización obrera y popular independiente del pueblo venezolano para lograr una salida obrera y popular a la crisis que, con otro gobierno de los de abajo, imponga medidas de emergencia para lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios, jubilaciones. Como también luchamos por las plenas libertades democráticas, para protestar, hacer huelgas y sin presos políticos y sindicales.

En ese marco reiteramos llamado a no reconocer al autogobierno de Guaidó y a repudiar toda injerencia imperialista como cualquier intento golpista en Venezuela.


23 de enero de 2019

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)




sábado, 12 de enero de 2019

Rechazamos la injerencia de la derecha continental y al gobierno antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro

En la capital peruana, el pasado 4 de enero, los cancilleres de trece Estados de América Latina organizados en el llamado Grupo de Lima firmaron y emitieron una declaración injerencista por órdenes del gobierno norteamericano, donde asumieron la potestad política para calificar la legitimidad del gobierno venezolano y liderar un cambio gubernamental en Venezuela. Luego, el 10 de enero, diecinueve Estados del continente aprobaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución intervencionista para declarar como ilegítimo al nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

En ese marco, la mayoría de la oposición patronal desde la Asamblea Nacional declaró que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se encuentra usurpando el cargo de Presidente de la República, y por eso le han pedido que renuncie y conceda una transición gubernamental. Pero, además, han solicitado la intervención de los militares en el conflicto institucional, porque supuestamente son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes.

Las dos medidas diplomáticas injerencistas ejecutadas por Estados Unidos y los gobiernos proimperialistas de la región, y las acciones de la oposición patronal en la Asamblea Nacional, son parte de las presiones extranjeras y locales para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro mediante una transición negociada y ordenada. Esa transición tendría como objetivo la constitución de un denominado gobierno de unidad nacional, en el que participen grupos disidentes del chavismo, sectores empresariales, y los partidos patronales de la MUD/Frente Amplio, que evite la movilización obrera y popular autónoma, y que incluya la impunidad penal de los crímenes cometidos por militares y civiles en medio de la restricción a las libertades democráticas, permita el resguardo de los recursos económicos obtenidos en actos de corrupción por altos burócratas oficialistas y empresarios, y continúe aplicando un paquete de medidas económicas que beneficie al capital transnacional y local en detrimento de las condiciones de vida del pueblo trabajador venezolano.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos categóricamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero igualmente repudiamos la injerencia de Estados Unidos y los gobiernos patronales y proimperialistas de la región en los asuntos internos de Venezuela, y denunciamos que la oposición patronal desde la Asamblea Nacional tiene como único propósito crear las condiciones políticas necesarias para el inicio de una nueva negociación con el gobierno de Nicolás Maduro.
El PSL considera que solo las luchas unitarias, organizadas y con independencia de clase del pueblo trabajador garantizarán la derrota del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, el cual, a través de fraudes electorales como el efectuado el 20 de mayo de 2018 y la represión permanente, se mantiene en Miraflores aplicando un paquete antiobrero y capitalista, que favorece abiertamente a los intereses de las empresas transnacionales y la burguesía local.

Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario de Caracas, quienes, con su movilización masiva y unitaria, dividieron a sectores del chavismo que se sumaron a la lucha contra la directiva corrupta del hospital, por la recuperación de los recursos que se robaron y por salarios igual a la canasta básica.

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores continuemos la lucha iniciada el año pasado por salarios dignos indexados mensualmente, en defensa de las contrataciones colectivas, y contra las tablas salariales impuestas por el gobierno en el sector público. Que cada vez más sectores se sumen a la lucha, como ya hacen los docentes en todos los estados del país, y que la movilización de las trabajadoras y trabajadores empalme con la lucha que en las comunidades comienzan a desarrollar los sectores populares por comida y servicios públicos, masificando y generalizando la protesta en la calle contra el gobierno y su paquete de ajuste antiobrero y antipopular.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-cura, desde la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y otras instancias unitarias en las distintas regiones, seguirán promoviendo la movilización obrera y popular para conquistar un Plan Económico Popular que parta de lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos, y que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios, jubilaciones, vivienda, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, y para el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras, insumos y apoyo técnico a los campesinos pobres, siempre teniendo como perspectiva la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora.

¡No a la injerencia imperialista de Estados Unidos y sus aliados en América Latina!

¡Derrotemos al gobierno de Nicolás Maduro con la movilización obrera y popular!

¡Ni derecha oficialista ni derecha opositora es el pueblo trabajador quien debe gobernar!

11 de enero de 2019

Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI


miércoles, 26 de diciembre de 2018

De Salvini a Bolsonaro y Vox. ¿Qué hay detrás de la ultraderecha?


El triunfo del capitán Jaïr Bolsonaro en las elecciones de Brasil es el último proyecto ultrareaccionario que llega al poder con un programa xenófobo, machista, autoritario y neoliberal. La lista es cada vez más larga: Donald Trump en los Estados Unidos, Matteo Salvini en Italia, Recep Tayip Erdogan en Turquía, Víktor Orban en Hungría, Rodrigo Duterte en Filipinas, Heinz- Christian Strache en la vicepre- sidencia de Austria.... En otros países la ultraderecha no ha llegado a tocar poder, pero tiene suficiente peso para marcar la agenda política: el UKIP en el Reino Unido, el Frente Nacional en Francia (11 millones de votos en la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado) o Alternativa por Alemania (92 diputados en el Bundestag). Los ritmos y las características del avance de la ultraderecha dependen de la situación de la lucha de clases en cada país, pero es evidente que más allá de las particularidades nacionales hay una dinámica global que tenemos que saber analizar y comprender.

Un capitalismo en crisis

El auge de la ultraderecha hoy se explica en primer lugar por otra dinámica global: la crisis sistémica del capitalismo. Diez años después del estallido de la crisis de 2008, la clase trabajadora y los sectores populares sólo han visto hundirse sus condiciones de vida. Y desde los gobiernos, los grandes partidos –socialdemócratas o conservadores- han respondido con privatizaciones al servicio del capital financiero, recortes de los servicios públicos y de la protección social, y con más represión.

El problema no es nuevo, es un sistema agotado en el sentido que sólo puede crecer en base a una gran destrucción, y que lo hace con la rapiña de los recursos del planeta, al dictado de los intereses del capital financiero. Lenin ya definía la fase actual como una época de «guerras y revoluciones», y justamente esto es lo que estamos viendo, también con el consecuente desplazamiento forzado de poblaciones que la ultraderecha convierte en argumento para atizar el miedo al inmigrante.
Esta crisis ha dejado al descubierto los límites de la democracia burguesa y sus instituciones, que a los ojos de todo el mundo no gobiernan para la mayoría sino en defensa de los intereses del capital financiero. Se mire por donde se mire, desde los rescates de la banca, hasta las políticas de austeridad para salvar el sacrosanto pago de la deuda de los estados, hasta la privatización de la sanidad, los gobiernos –socialdemócratas y conservadores- gobiernan para los bancos. Son ellos quienes dictan las políticas y no por casualidad sino porque todo el sistema económico, hoy, depende de ellos, por encima de otros componentes del capital.
Esto también trae emparejado el problema de la corrupción, que no es sino que la otra cara de este capitalismo podrido. Esto ha supuesto una inmensa deslegitimación de las instituciones de la democracia burguesa: en estos años se ha visto claro como de nada servía el principio «de una persona un voto», ni los grandes partidos tradicionales, ni siquiera los grandes aparatos sindicales. Crece el rechazo a los grandes partidos y las instituciones a través de las cuales se han aplicado las políticas neoliberales y que han servido para vehicular la corrupción.

Todo este malestar de abajo no encuentra respuesta en una «nueva izquierda», que se empantana con políticas imposibles de moderación que tratan de paliar la situación evitando una ruptura para no enfrentarse con los capitalistas y las instituciones del estado. La extrema derecha aprovecha el hecho que no hay una alternativa de la izquierda a la desesperación obrera y popular, para denunciar demagógicamente a banqueros y políticos, a la burocracia de la UE, a alentar el miedo con la xenofobia y haciendo renacer el gran nacionalismo opresor... Un discurso amplificado por las redes sociales, con mensajes simples y rápidos, en un momento en que los viejos medios de comunicación están tan desacreditados como los partidos y las instituciones porque, en manos de los bancos, también han tapado las vergüenzas del sistema.
El capital financiero y los gobiernos abren la puerta

Con todas las condiciones a favor, los proyectos de ultraderecha necesitan aún otra cosa para salir de la marginalidad: el dinero de sectores del capital financiero que se preparan esta carta por si un día no tienen bastante con los aparatos de control tradicional. Es cuando defienden la necesidad de un liderazgo fuerte ante el caos, la corrupción, la inseguridad, la depauperación de las clases medianas y la crisis institucional. Es el que en la teoría marxista se denomina bonapartización: un endurecimiento del estado, y el recorte de libertades democráticas -derechos de reunión, manifestación, expresión, organización- para aplicar los planes de choque que tienen que venir.
Y no tenemos que olvidar que son los mismos gobiernos (tanto socialdemócratas como de derecha) los que aceleran esta deriva reaccionaria con sus políticas. Las leyes de extranjería, las medidas de excepción justificadas en el antiterrorismo, la exaltación de la unidad nacional, las privatizaciones, los recortes.... normalizan un discurso y una lógica política que después la ultraderecha sólo tiene que llevar hasta las últimas consecuencias, dentro de un marco que se ha creado desde los partidos tradicionales.

¿Volvemos al fascismo?

Todas nos referimos coloquialmente a la ultraderecha como fascista, porque queremos aislarla y dejar claro nuestro rechazo. ¿Pero realmente estamos hablando de un regreso al fascismo como el de los años 20 y 30? Es un debate abierto dentro de la izquierda y es importante precisar los conceptos, porque no podremos ganar si no sabemos a qué nos enfrentamos. El fascismo es una forma particular de autoritarismo que no se distingue por su brutalidad (hay dictaduras militares igualmente sanguinarias y represoras) sino porque es un régimen de combate al que la burguesía recurre cuando se ve acorralada por una amenaza revolucionaria. Y tiene básicamente dos características que lo distinguen: su capacidad de movilización de las masas pequeñoburguesas y el hecho de que impone un método de guerra civil contra las organizaciones de la clase trabajadora. Es lo que Trotsky definió como «la extirpación de todos los elementos de la democracia proletaria dentro de la sociedad burguesa». No es la opción preferente de la burguesía, precisamente porque esta necesidad permanente de movilización lo con vierte en un régimen de choque que no puede perdurar muchos años: el fascismo es un movimiento con cierta autonomía al cual las burguesías recurrieron mientras no podían reconducir la situación a formas de dominación más estables de tipo dictatorial.

No creemos que el fascismo esté a la orden del día, sino que vamos a regímenes cada vez más duros, de tipo bonapartista, y por eso preferimos hablar de extrema derecha o de fascistización del discurso político.

La radiografía europea

Desde hace unos veinte años la ultraderecha en Europa vive un auge electoral sin precedentes desde los años 30. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en 2014, la extrema derecha se impuso en el Reino Unido (con el UKIP), Dinamarca (el Partido del Pueblo Danés) y Francia (Frente Nacional). En 2016 el Partido de la Libertad de Austria estuvo a punto de ganar las presidenciales y después de las legislativas de 2017 entró al gobierno junto con la derecha. En septiembre del mismo año, Alternativa por Alemania colocó 92 diputados en el Bundestag. En Francia Marine Le Pen perdió las presidenciales ante Macron, pero con 11 millones de votos en la segunda vuelta, el doble que su padre en 2002. La lista de los que tocan ya poder se completa con Matteo Salvini, ministro de Interior y hombre fuerte de Italia, y Víctor Orbán, que ganó las elecciones de abril en Hungría.

Más allá de las particularidades de cada país, todos ellos comparten elementos clave de su discurso: la crítica a unas élites corruptas, traidoras y parásitas; la denuncia a estructuras de la democracia burguesa; el gran nacionalismo, o un discurso étnico o identitario; el fundamentalismo religioso (se habla mucho del radicalismo islámico pero menos del ultracatólico como el Tea Party, del apoyo de la iglesia evangélica a Bolsonaro, o del sionismo de los ultraortodoxos en el gobierno israelí); la glorificación del pueblo como un todo homogéneo, borrando las diferencias de clase; la construcción del enemigo exterior (ya sea el inmigrante, el musulmán, el judío). En muchos casos también hay machismo, homofobia, exaltación de la familia tradicional y rechazo al derecho al aborto. Todo ello envuelto tras un gran líder salvador.

La particularidad española

En el estado español todavía no tenemos grupos de ultraderecha con un impacto electoral tan significativo. Lo que hemos visto es un giro ultra del PP y de Ciudadanos, sobre todo en cuanto a la cuestión catalana y a la inmigración. Esta excepción española se explica por la impunidad con que se cerró la transición al régimen del 78. Nunca hubo una ruptura con el franquismo, que nació como un movimiento fascista (con la Falange como instrumento de movilización de masas) y que se consolidó en el poder como una dictadura burocrática-militar bonapartista. La monarquía fue la línea de continuidad que preservó el aparato del estado y Alianza Popular (y después el PP) la línea de continuidad política para blanquear el Movimiento. A diferencia de otros estados europeos, a excepción de pequeños grupos (Democracia Nacional, España 2000, Falange...), la ultraderecha no se organiza por fuera sino como un ala del PP. No ha sido hasta ahora, con la crisis y el inicio del proceso de descomposición del PP, que surge VOX. Su mitin con miles de asistentes en Vista Alegre (Madrid) es toda una señal de alarma.

Combatirla en la calle y en los barrios

Hay un sector de la izquierda que nos dice que ante el giro hacia la extrema derecha lo que tenemos que hacer es aferrarnos a las instituciones burguesas. Esta explicación confunde los términos históricos y la secuencia causa-efecto. El giro hacia la extrema derecha surge porque estas instituciones burguesas han sido el instrumento para el empobrecimiento y la represión. La polarización social que impone la crisis y el rechazo popular a gobiernos e instituciones son la base de su intento de canalizar el odio popular fuera de estas instituciones. Es por eso que defenderlas, con el argumento de que lo que viene es peor sería un error. Otra cosa es la defensa de todas y cada una de las libertades democráticas: aquí es donde hace falta un frente común y unidad de acción. Pero para hacer frente a la ultraderecha hay que levantar otro camino por la ruptura popular con unas instituciones caducas.

El otro debate tiene que ver con quien situamos como enemigo: ¿son fundamentalmente los grupos fascistas? Es lo que nos planteamos por ejemplo cada 12 de Octubre en Barcelona donde cada año convocan su concentración. Pero mientras unos centenares de neonazis se manifiestan allá, hace años que PP, Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana y otras plataformas arrastran miles de personas en movilizaciones por la Hispanidad en el centro de la ciudad. Pensamos que son los estados y las políticas de los gobiernos quienes allanan el camino para la irrupción de la extrema derecha y finalmente del fascismo. La ley de extranjería y las expulsiones en caliente, sentencias como la de la Manada o el discurso contra Catalunya del PP, Ciutadans y el PSOE generan el espacio sobre el cual la ultraderecha se construye, y sólo tiene que presentarse como el que de verdad está dispuesto a aplicar la misma política hasta el final. Por eso, la tarea central hoy es luchar contra estas políticas y los gobiernos de turno responsables, por el derecho de autodeterminación y el resto de libertades democráticas, contra la monarquía, por los plenos derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Parando estas políticas paramos a la ultraderecha.

Y esto sólo se puede hacer planteando políticas que den respuestas reales a los problemas de la gente y necesariamente tienen que ser de ruptura: porque no se pueden satisfacer las necesidades sociales mientras se continúe pagando la deuda de los bancos, no se puede acabar el paro sin recortar el tiempo de trabajo sin reducción de sueldo, no se puede salir de la crisis sin nacionalizar la banca y no se puede resolver el problema de la corrupción y de los derechos de los pueblos sin romper con el régimen del 78.

Queda todavía un cuarto problema en la acción transformadora y es a quien nos dirigimos y dónde trabajamos. La mayoría de la izquierda ha abandonado el trabajo en las fábricas, en los barrios obreros, que muchos dan por perdidos ante la oleada naranja. ¡No! Sin ir a la base, a trabajar cada día codo con codo buscando respuestas de fondos a los problemas reales no se puede combatir una ultraderecha que, si nadie la para, se traga nuestra gente.

Cristina Mas




sábado, 22 de diciembre de 2018

Un plan de lucha y un giro a la izquierda para parar la represión y hacer posible la República catalana


Los bramidos de la derecha, del PP, de Ciudadanos y de Vox no pueden hacer “buena y amable” la cara de Sánchez y de su gobierno, que garantiza la represión e impide el derecho de autodeterminación de Cataluña. Y es por eso, por la fecha escogida, porque hay presos/as exiliados/adas, porque hay centenares de perseguidos y porque empiezan los juicios por el 1 de octubre... que el Consejo de Ministros se reúna a Barcelona, acompañado del despliegue de 1.300 policías y guardias civiles, es una provocación y hace del todo imprescindible la respuesta con la movilización como se ha dado esta mañana.

Ayer Pedro Sánchez y QuimTorra escenificaban un gesto “por el diálogo”. ¿Pero qué diálogo con los y las presas y asegurando por activa y por pasiva que el gobierno del PSOE no reconocerá el derecho de autodeterminación? Solo faltaron Ada Colau - que da cobertura a Sánchez - y la Patronal de Fomento, haciendo de anfitriones. Una foto que intenta borrar el octubre del año pasado.

La famosa división de poderes que esgrimen para dejar manos libres a los tribunales y justificar que el Gobierno “no puede hacer nada”, es tan falsa como lo explicaba el tweet de Cosidó, portavoz del senado del PP. La burguesía asegura bajo tres claves su poder de clase - que está muy ligado, no sea que en ocasiones pueda fallar una de las patas. Y hoy la realidad es que el poder judicial es quien quiere vengar la humillación que el pueblo catalán impuso al Estado el 1 y el 3 de octubre. No solo porque las imágenes de la represión recorrieron el mundo, sino porque además todo el aparato del estado y un costoso dispositivo fueron incapaces de impedir el referéndum. Y esto no lo perdonan y están dispuestos a imponer sanciones y sentencias ejemplares. El Estado no afloja, esta es la realidad a la cual tenemos que hacer frente.

Pero este estado monárquico feroz no puede esconder que está herido. El poder judicial que dictará sentencias ejemplares por los dirigentes catalanes, es el mismo que rectificaba en una acción sin precedentes los impuestos de las hipotecas en beneficio de los bancos, el mismo que unos meses atrás era señalado, por la actual ministra de Justicia, de aprovechar viajes oficiales al extranjero para abusar de menores, el mismo poder que dicta resoluciones escandalosas como las de la Mandada o de Altsasua. No es solo la justicia la que pierde toda credibilidad, lo son las otras instituciones, incluida la Corona. Y crecen los referéndums populares para cuestionar la Monarquía, como los de las universidades y los barrios de Madrid.

Pero tampoco nos engañamos con lo que pasa en la dirección del movimiento por la República catalana. La parálisis de Puigdemont/Torra y de ERC es más que notable. Pueden vender humo de la construcción virtual republicana, pero la realidad autonómica del Gobierno surgido de las elecciones de hace un año, es incuestionable. La misma formalización de la reunión de ayer con Sánchez es un nuevo intento de esta normalización. Pero el pueblo no afloja, y como lo hicimos el mismo 1 de octubre y el 3, la determinación desborda la política de las direcciones de PdCAT y ERC. Parar la represión, liberar los y las presas, avanzar más allá exige urgentemente construir una nueva referencia política y un plan de lucha para hacer efectiva la ruptura.
Y desde Lucha Internacionalista (dentro del acuerdo CUP-CC) afirmamos que esta nueva referencia y el plan de lucha necesitan un giro a la izquierda del proceso hacia la República catalana:

1) Una defensa sin fisuras de la libertad de todos y todas las encausadas. No puede haber ninguna condena: hay que preparar un nuevo octubre. Hay que organizar una nueva huelga general. Los y las presas están en Cataluña y hay que exigir que, en un acto de soberanía, sean liberados y liberadas.

2) Un giro a la izquierda porque república tiene que significar una solución a los graves problemas que tiene el pueblo trabajador catalán: desahucios, salarios y pensiones que caen, deficiencias graves en sanidad y enseñanza públicos... Los beneficios patronales ya han remontado la crisis: nuestras condiciones de trabajo y nuestros servicios públicos, no. Por eso hay que exigir al Gobierno desde la movilización respondida a las demandas sociales. Solo con este componente social, sectores de la clase obrera verán un futuro en la república catalana.

3) Hay que coordinar una campaña con el País Valenciano y las Islas, con el pueblo vasco, con el resto de pueblos del Estado español contra la Monarquía, contra el régimen del 78, por una ruptura con el franquismo que nos negaron en la transición.


21 de diciembre de 2018

Lucha Internacionalista

domingo, 16 de diciembre de 2018

Bolivia: paro nacional contra la reelección de Evo Morales


El gobierno de Evo Morales en 2016 perdió un referéndum para modificar la Constitución y permitir su cuarta reelección. Tuvo 51,4% de votos válidos en contra y 48,6% a favor. Pese a eso, en 2017 forzó una sentencia del Tribunal Constitucional y hace pocos días el Tribunal Electoral autorizó la reelección por cuarta vez de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Ambos tribunales son casi totalmente dependientes del gobierno del MAS, que fue quien nombró a sus integrantes. Además un año antes de las elecciones nacionales (diciembre 2019) hizo una ley que establece elecciones "primarias" con requisitos totalmente anti-democráticos, ya que impiden en los hechos que se presenten partidos de izquierda o de los trabajadores.

En repudio a esta sentencia violatoria del referéndum de 2016 y a la ley de partidos, el 6 de diciembre se cumplió un paro nacional convocado por los Comités Cívicos y por algunas federaciones de maestros, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras organizaciones. La dirección burocrática de la Central Obrera Boliviana, que apoya a Evo Morales, se opuso al paro. Este tuvo un cumplimiento bastante importante, pero irregular, ya que no se hizo efectivo en gran parte de los sectores productivos, aunque sí hubo bloqueos que paralizaron el transporte en las ciudades y manifestaciones de decenas de miles de personas.

Según las encuestas, el 75% de la población se opone a la reelección. Y sólo la falta de alternativas populares frena que esto crezca aún más. El principal oponente electoral a Evo Morales es el ex presidente (2003 a 2005) Carlos Mesa, aquel que en su momento había caído producto de la rebelión popular.

La cuestión de fondo, como sucede con otros gobiernos llamados del "socialismo del siglo XXI" (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), es que no se ha resuelto ninguno de los principales problemas del pueblo trabajador. La insurrección popular de 2003 contra el gobierno de Sánchez de Losada exigía la llamada "agenda de octubre", cuyo punto principal era la nacionalización y expulsión de las multinacionales del gas y que con ese excedente económico se crearan fuentes de trabajo. Hoy las transnacionales siguen dueñas del gas y de los minerales. Y también de las grandes extensiones de tierras destinadas a la agroindustria. Continúan la desocupación, la precarización laboral y la miseria en el campo, que obligan a migraciones masivas. Aunque hubo algunas mejoras en estos años, fue gracias a los altos precios de minerales y gas. Pero ahora bajaron y la economía capitalista exige un ajuste económico antipopular que el gobierno comenzó a aplicar gradualmente. Esto generó la ruptura de gran parte de los trabajadores con el gobierno de Evo Morales.

Está planteada una situación que hace posible incluso un fraude electoral masivo del gobierno para lograr ganar las elecciones (como Maduro en Venezuela) y una agudización de la crisis política con levantamientos populares.

Miguel Lamas







domingo, 9 de diciembre de 2018

¡Todos juntos por el paro general para echar a Macron!


En el editorial del Internacionalista 180 afirmábamos: "¡Reaccionarios y represivos, este régimen y este gobierno son ilegítimos! La política de la administración Macron-Philippe-Collomb no tiene nada de original. En efecto, el programa electoral de Macron no era ni más ni menos que la recuperación del 'pliego de reivindicaciones' de la burguesía, de los capitalistas.

¿Qué tendría de 'innovador' querer aplicar el programa que fue impuesto a los trabajadores, a los jóvenes y a los pueblos oprimidos de Europa a través de tratados dictados por los capitalistas? Nada. Hemos visto el resultado de la elección presidencial del año pasado: 24% de votantes, 18% de los inscriptos en el padrón votaron por Macron en primera vuelta. Tal es el voto de adhesión a su política a la cual se unieron sectores que habían votado a Fillon en primera vuelta. Todo eso no hace al 50% de los votantes, todavía menos inscritos a la segunda vuelta.

Es necesario recordar por qué este gobierno es ilegítimo. Lo es porque extrae su legitimidad de una estafa política: los que votaron a Macron, no por adhesión sino contra Le Pen, se encontraron en la tarde de la segunda vuelta contabilizados entre los apoyos a Macron. 'Las cosas repetidas agradan' dice el refrán latino, ¿luego de 2002 con Chirac, 2017 con Macron? ¡Tanto en 2002 como en 2017, cuando llamamos a votar en blanco en segunda vuelta, tuvimos razón!

Por otro lado, los porcentajes de voto en blanco entre los obreros y la juventud demostraron que la lección del 2002 fue comprendida por los principales interesados, aquellos que tienen más para perder con la aplicación de proyectos capitalistas para toda Europa y para cada país".

¿De dónde viene el movimiento de los chalecos amarillos?

Hoy vemos que entre los chalecos amarillos muchos de ellos votaron en blanco o en contra de Le Pen. La cuestión de la legitimidad del gobierno planteada por el voto en blanco obrero y activo – habida cuenta de la cantidad de paros – vino a agravar la crisis institucional y de los partidos pilares de la Quinta República, haciéndolos implosionar uno por uno.

De este modo, desde la entrada en funciones del primer gobierno de Philippe, ocho ministros dejaron sus cargos, ya sea renunciando o viéndose empujados a la salida: Richard Ferrand, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb et Françoise Nyssen.

Los chalecos amarillos percibieron el aspecto altamente antidemocrático y minoritario de este régimen y este gobierno, y no dudan en hablar de la dictadura de Macron, en particular como consecuencia de la represión de la que han sido víctimas.

Es entonces la población en su conjunto la que cuestiona hoy la política antidemocrática del garrote del gobierno de Macron-Philippe-Castaner. La exigencia de renuncia de Macron y Castaner es también una expresión de esto.

Esta explosión de cólera legítima de los jóvenes y los trabajadores surge – entre otras cosas – contra el encarecimiento de la vida, la suba de impuestos sobre el gasoil, y se generaliza alrededor de la cuestión de la defensa de los servicios públicos (en particular de los transportes) y del poder adquisitivo.

Surge en contrapunto a la política de colaboración de clase de las burocracias sindicales y políticas, que se niegan a organizar y llamar a la huelga general para parar y echar a Macron.

De este modo, no es por nada que cuando los chalecos amarillos se ponen en movimiento, es la burocracia sindical una de las más hostiles y desconfiadas – y la que grita conspiración y manipulación de la extrema derecha.

La inercia de las burocracias sindicales y políticas que practican la colaboración de clase con Macron paramantener la paz social, preparó el camino a tales explosiones de bronca que pueden muy rápido, en este contexto de crisis, transformarse en rebelión popular. La simpatía y el apoyo de que gozan los chalecos amarillos están allí para demostrarlo.

En La Réunion [isla del archipiélago ubicado al este de Madagascar, con estatus de departamento de ultramar de Francia- NdT] la situación toma un giro más radical, los chalecos amarillos allí denuncian la suba de los precios de los combustibles y el encarecimiento de los costos de vida. El 19 de noviembre la isla estuvo totalmente paralizada. Una treintena de barricadas se pusieron en pie. Las escuelas, administraciones, comercios y estaciones de servicio cerraron. Los accesos estratégicos y económicos de la isla fueron bloqueados por los chalecos amarillos.

Al cuarto día de bloqueos en la isla, el martes 20 de noviembre, el prefecto de La Réunion [representante del Estado Francés en el departamento -NdT], Amaury de Saint-Quentin, ordena el establecimiento de un toque de queda de 21 a 6 horas en catorce municipios de la isla hasta el viernes.
Evidentemente, una organización obrera digna de ese nombre no puede quedar indiferente y no procurar dar las perspectivas de clase a esta verdadera rebelión popular. Sin lugar a dudas, la situación en la isla tuvo un impacto determinante en la radicalización del movimiento en Francia, abriendo perspectivas de unión con el movimiento sindical.

Esto es lo que explica que desde muy temprano las llamadas del movimiento sindical a hacer unión con los chalecos amarillos se hayan multiplicado. FO-Transporte se distingue llamando a reunir el movimiento el 27; pero... no a la huelga.

¡Sí a la independencia de clase!

En la editorial del Internacionalista 180 planteábamos la cuestión: "¿De dónde saca entonces este gobierno su legitimidad? ¿De los dirigentes de las sociedades financieras de la City de Londres que cantan sus alabanzas y se aprestan a instalarse en París para no tener que sufrir las consecuencias delvoto de los trabajadores británicos? ¿Los dirigentes de la Unión Europea, los patrones del CAC 40 [índice bursátil francés – NdT] (...)".

No se puede comprender y combatir la política de división de las burocracias sindicales y políticas en Francia, sin comprender y combatir la unión europea capitalista y sus instituciones.

Una política de independencia de clase exige entonces romper con todas las instituciones europeas, en primer lugarcon la Confederación Europea de los Sindicatos (CES), a la cual adhieren la CGT y FO [Fuerza Obrera -NdT], y que participa activamente en la elaboración y la aplicación de la política de destrucción de todos los derechos de los trabajadores y la privatización de todos los servicios públicos.

Desde una perspectiva colaboracionista, el 11 de julio, el conjunto de las organizaciones representativas de los asalariados y el empresariado se reunieron a puertas cerradas en los locales del Consejo Económico Social y Medioambiental. Lo que denunciamos en nuestro comunicado: ¡Sí a la independencia de clase! ¡No a la convergencia de sindicatos, empresariado y gobierno!

Nosotros afirmábamos: "de esta manera, en lugar de trabajar para movilizar y construir el paro general, en lugar de construir la relación de fuerza contra el gobierno y el empresariado para doblegarlos; las direcciones confederales de las organizaciones sindicales se alían a la patronal para reclamar su participación en la creación de contra-reformas para supuestamente modernizar el país.
Debilitado, minoritario, rechazado masivamente por los trabajadores y los jóvenes, el gobierno de Macron-Philippe-Pénicaud-Collomb pretende continuar con su política de destrucción-privatización de los servicios públicos y las conquistas sociales. Y ahora puede contar con la colaboración de las direcciones sindicales confederales".

¡No a la suba de los impuestos y el precio del combustible, no al aumento de los costos de vida!

Los chalecos amarillos ponen al descubierto la crisis del gobierno, de las instituciones; así como el callejón sin salida donde nos lleva la política de colaboración de clase de las direcciones sindicales burocráticas. Lo que explica el silencio ensordecedor de estas últimas, y su negativa a organizar la unión del movimiento obrero organizado con los chalecos amarillos.

El gobierno, debilitado por la lucha de clases y la resistencia de los trabajadores y los jóvenes, particularmente desde la ley de trabajo, no se sostiene más que gracias a la inercia de las direcciones sindicales que rechazan organizar la unificación de las luchas y el paro.

Es por eso que debemos recordar, denunciar y exigir permanentemente que las direcciones sindicales burocráticas rompan con su política colaboracionista de clase (con la CES, el gobierno y la patronal) y que organicen el paro.

La retirada del gobierno acorralado, que viene de anunciar una moratoria de seis meses a la suba de impuestos y los precios del gas y de la electricidad, abre la vía para la profundización y la generalización del enfrentamiento con el gobierno, y pone a las direcciones sindicales frente a su responsabilidad. ¡Ellas deben organizar el paro general para detener y echar a Macron!

Nosotros pensamos también que la cuestión de la re-nacionalización, sin indemnización ni reembolso, de todos los servicios públicos, está en agenda. Es lo que implica posicionarse claramente por la derogación de todos los acuerdos europeos capitalistas.

De la misma manera, exigir el aumento general de los salarios y del salario mínimo a la altura de las necesidades sociales, impone posicionarse claramente contra el dogma del "3% de déficit público" y por la anulación de la deuda ilegítima.

Editorial del periódico El Internacionalista Nº 181, MCI/UIT-CI

04/12/ 2018




domingo, 2 de diciembre de 2018

Solidaridad con la rebelión popular de los "chalecos amarillos" de Francia


"Arde París", ha sido el titular de diferentes medios periodísticos. Reflejando así las consecuencias de la manifestación popular de los llamados "chalecos amarillos" del sábado 1 de diciembre en la capital de Francia. Miles en las calles de París y de todo el país enfrentaron y desbordaron la represión policial del gobierno conservador de Macron.

Hubo centenares de detenidos y cerca de cien heridos. Fue el punto más alto de una protesta que se inició días atrás contra el intento del gobierno de Macron de aumentar el combustible, que pasaría de 0,80 a 1,30 euros, lo cual llevaría a un aumento general de precios. Durante toda la semana se mantuvieron barricadas en los peajes, bloqueos a depósitos de combustible.

Los rebeldes, sin dirección ni organización sindical o política reconocida, se identifican con chalecos amarillos, que son de uso obligatorio en las rutas francesas. La mayoría de ellos son sectores populares de los pueblos y las ciudades que utilizan sus autos y motos para ir a trabajar.
Este aumento del combustible es parte del ajuste capitalista que viene aplicando Macron. Los trabajadores y el pueblo de Francia han sufrido un deterioro de sus condiciones de vida. Los aumentos no sólo se encuentran en el sector energético, sino también en la canasta básica dónde por ejemplo, legumbres, mantecas y papas hay aumentado entre el 9 y 11,2%. Antes Macron buscó una reforma laboral contra los ferroviarios y trabajadores públicos.

Esta rebelión popular se dio justo cuando se reunía en Buenos Aires, Argentina, el G20 con la presencia de los Trump. Mekel, Macron, May, Erdogan, Xi Jimping, Putin, Macri o Temer. Son el imperialismo, el FMI y sus gobiernos capitalistas que en nombre de las multinacionales y el capital financiero pactan nuevos ajustes contra la clase trabajadora y los pueblos del mundo.
La rebelión de los "chalecos amarillos" es parte de la misma lucha que llevan adelante los pueblos del mundo contra el FMI, la deuda externa o el ataque al salario y las jubilaciones. Por eso los socialistas revolucionarios de la UIT-CI nos solidarizamos con esta lucha por derrotar este aumento de combustible.

Los manifestantes también expresó el odio al gobierno capitalista de Macron y muchos reclamaron "Macron dimisión". La gravedad del ajuste como de la represión hacen necesario que los "chalecos amarillos" se unan a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud francesa para exigir a las centrales sindicales que se convoque a una huelga general contra el ajuste y el gobierno de Macron.

Llamamos a la más amplia solidaridad internacional en apoyo a la movilización popular de Francia contra el aumento del combustible, por la libertad de los manifestantes y contra la represión.

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

1° de diciembre de 2018



miércoles, 28 de noviembre de 2018

¿A dónde va Brasil?

 Brasil es, luego de Venezuela, el punto más alto de la crisis política y social en América Latina. El impactante triunfo electoral del ultraderechista de Bolsonaro es la expresión de esa crisis y del fracaso de la izquierda reformista latinoamericana. En particular de Lula, Dilma y el PT, que tuvieron más de 15 años de gobierno con ajuste y corrupción. El triunfo de Bolsonaro abre todo tipo de incógnitas y debates sobre el porqué del avance de la ultraderecha. ¿Porque millones, incluido trabajadores y sectores populares, le dieron el voto? ¿Brasil va hacia una dictadura o hacia un nuevo fascismo?

El debate está centrado en porque triunfa alguien como Bolsonaro una figura de ultra derecha, neofacista, con un equipo rodeado de ex militares que reivindican la dictadura de 1964.  Bolsonaro triunfa no solo porque tiene un voto tradicional de sectores de derecha de clase alta y media alta sino que gana con un amplio apoyo de sectores de la clase trabajadora y de pobres de las favelas urbanas. Bolsonaro saca 57.800.000 de votos y Haddad del PT 47.000.000. Fueron 10 millones de votos de diferencia.

El voto a Bolsonaro expresó, aunque en forma totalmente equivocada, el odio y la ruptura de millones de trabajadores con e Lula y el PT. El rechazo a decenas de años de gobierno del PT contra el pueblo trabajador y en beneficio de las multinacionales, el capital financiero y de los grandes propietarios de tierras. A su vez, también expresó el descreimiento y la ruptura con todos los partidos tradicionales burgueses. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido histórico de la burguesía, pos dictadura, y aliado del PT (Temer fue vicepresidente de Dilma) saco el 2% de los votos en la primer vuelta. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el partido del ex presidente  Fernando Henrique Cardozo, sacó el 4,5%. O sea que quedaron pulverizados.  A su vez en primer vuelta el PT, si bien llega a la segunda vuelta tuvo golpes claros. Dilma intentó salir senadora quedó en cuarto lugar y no entró al Senado.

Bolsonaro ganó en la mayoría de los estados, en especial en los grandes estados industriales y más politizados. Ganó los estados de San Pablo, Mina Gerais, Rio Grande do Sur y Rio de Janeiro con un promedio del 65% de los votos. Ganó en el cordón industrial del ABC de San Pablo, base obrera histórica de Lula y el PT. El PT ganó en los estados más pobres y menos habitados del noreste.

 Este retroceso político en las masas es responsabilidad de la política del PT de gobernar con la burguesía

El voto de millones de trabajadores a Bolsonaro expresa un claro retroceso político e ideológico. Esto ha abierto un debate en la vanguardia mundial sobre cual es causa de este giro electoral.

Los dirigentes del PT y la izquierda latinoamericana, que en estos años dieron el apoyo a los gobiernos seudoprogresistas de Chávez-Maduro, de los Kirchner, de Evo Morales o de Daniel Ortega, atribuyen esta derrota a una supuesta “onda conservadora” de las masas. Que en el caso de Brasil se habría iniciado con las jornadas de junio del 2013 cuando millones salieron a reclamar por un tarifazo en el transporte y el aumento del costo de vida. Esto ocurrió bajo el gobierno de Dilma-Temer-PT. Entonces el PT calificó a esta protesta como “incentivada” por la “derecha” y que abrió el camino al supuesto “golpe de 2016”. Cuando en realidad la rebelión popular del 2013 fue una genuina protesta de masas contra el gobierno ajustador de Dilma. El PT hambreaba al pueblo y lanzaba tarifazos mientras hacía faraónicos estadios de futbol para el mundial en pactos corruptos con Odebrecht . Por el odio popular a Dilma el parlamento burgués hizo la maniobra de sacar a Dilma. No hubo ningún “golpe”. Pero la crisis política y social no se detuvo. Temer llegó a tener el 2% de popularidad y hubo una huelga general en 2017. De este repudio de las masas surge el fenómeno Bolsonaro.

Con estos argumentos el PT y la izquierda reformista latinoamericana quieren eludir su responsabilidad en el surgimiento de Bolsonaro y pretenden echarle la culpa a la gente “que se hace conservadora”.  Cuando ha sido el fracaso de los falsos modelos “nacionales y populares” o del llamado “socialismo del siglo XXI” de Chávez-Maduro, los que llevan a esta confusión en el voto de millones de trabajadores y sectores populares. Gobiernos que no rompen con las multinacionales y el capital financiero y ajustan al pueblo. Bolsonaro solo se explica por el odio y el rechazo popular que provocaron los gobiernos del PT. Las masas no se hacen “conservadoras” o de “derecha” sino que por su rechazo a los partidos del sistema capitalista, sean liberales o de la falsa izquierda, equivocadamente, buscan castigar con su voto y caen en trampas electorales de la ultra derecha populista. Algo similar está pasando con el voto a Salvini en Italia o a Le Pen en Francia. Desde ya no podemos minimizar este voto equivocado y peligroso. Pero, en el caso de Brasil, no creemos que sea un voto consolidado y estable a la ultraderecha. Las cosas son más contradictorias. Los trabajadores que votaron a Bolsonaro tienen la expectativa de que se termine con la corrupción, con la inseguridad  y que mejore su nivel de vida. Nada de eso va a ocurrir. ¿Qué va a pasar cuando se acaben esas expectativas? Lo primero a tomar en cuenta es que en Brasil la clase obrera no está derrotada. El pueblo como castigó al PT puede terminar castigando en las calles a Bolsonaro.

¿Se va hacia un régimen dictatorial o neofascista?

Bolsonaro es un político de ultraderecha o neofascista. Pero otra cosa es definir que , desde el 1° de enero de 2019, cuando asuma el gobierno ultrareaccionario de Bolsonaro, habrá un régimen nuevo, dictatorial o neofascista.  Bolsonaro quiere acabar con la crisis política y social imponiendo un plan de explotación superior al actual, con represión y desconociendo las libertades democráticas. ¿Podrá hacerlo?  Habrá que ver si el movimiento de masas se lo permite. La clase trabajadora y los sectores populares no han sido derrotados en las calles. Bolsonaro solo ganó una elección. En 2017 la clase obrera brasileña hizo una huelga general histórica, además hubo centenares de huelgas en el país. El movimiento de mujeres  y de la juventud con su movilización por “Ele Nao” mostró su decisión de resistencia. Para que exista un cambio de régimen dictatorial y tienen que imponer una importante derrota al pueblo trabajador. Y eso está por verse en las luchas por venir. Apostamos a favor de la movilización obrera y popular para derrotar los planes de Bolsonaro.

 Miguel Sorans


miércoles, 21 de noviembre de 2018

25 de Noviembre día internacional contra la violencia hacia las mujeres: Sigamos en las calles por #NiUnaMenos, ¡Vivas nos queremos!

Hace casi 58 años las hermanas Mirabal eran asesinadas por la dictadura genocida del General Trujillo en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa fueron secuestradas, torturas y asesinadas por rebelarse contra un estado genocida y romper con los estándares del rol de las mujeres.

En su memoria, el 25 de noviembre se ha instalado como una fecha internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres en la que saldremos a las calles a decir #NiUnaMenos, vivas nos queremos, contra toda forma de violencia de género, basta de discriminación salarial de las mujeres y por el aborto legal, seguro y gratuito.

Las mujeres venimos siendo protagonistas de grandes peleas contra la violencia de género a nivel mundial. La movilización #NiUnaMenos de la Argentina en 2015, se expandió rápidamente por América Latina y Europa. Esto contribuyó a la masificación del reclamo contra los feminicidios y la responsabilidad de los gobiernos capitalistas en la muerte de mujeres. Es que los feminicidios son la forma más extrema de violencia patriarcal, que implica la propiedad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y que todos los años se lleva la vida de miles que son asesinadas por su condición de mujer, la mayoría muertas por sus parejas o personas del círculo cercano.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en base a la información de 16 de la región y España, muestra un total de 2.554 mujeres víctimas de feminicidio en 2017, entre los que se destaca Brasil con 1133 asesinatos de mujeres. Pero estos números crecen al incluir a países con los más altos índices de feminicidios, como México con 49 por semana o Colombia con 15. Esta forma extrema de violencia patriarcal llevó masivamente a las mujeres a las calles para decir con fuerza vivas nos queremos. Este reclamo incorporó el reconocimiento de otras formas de violencia de género como la física, psicológica, simbólica, económica y sexual que fueron tomando cada vez mayor fuerza en el marco de la cuarta ola a nivel mundial de las luchas del movimiento de mujeres. Es que la mayoría de las mujeres en el mundo han sido violentadas por lo menos alguna vez en su vida.

Con el movimiento #MeToo en 2017 en los Estados Unidos, comenzó una reacción masiva para enfrentar la impunidad milenaria de los varones para ejercer la violencia sexual. Una verdadera rebelión mundial que se expandió rápidamente por el mundo. A partir de las primeras denuncias en Hollywood, las mujeres comenzaron a denunciar la violencia sexual y también a organizarse para salir a enfrentarla. Desde las masivas jornadas en las calles convocadas por las mujeres del estado español contra el fallo de la Manada pasando por las tomas feministas en Chile hasta las huelgas en Mc Donalds y Google de las trabajadoras contra el acoso sexual, crece la rebelión contra esta forma de violencia de género.

Con los dos paros internacionales de mujeres se puso al descubierto un reclamo central de las trabajadoras como es la brecha salarial entre mujeres y hombres, que según datos de la ONU llega al 23% a nivel mundial. Es que el sistema capitalista patriarcal utiliza la opresión milenaria de las mujeres para superexplotarnos y obtener mayores ganancias. Por eso luchamos para que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.

Desde el 2017 con el primer #gritoglobal por el aborto legal la pelea por el derecho a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres fue una de las grandes luchas que dimos en las calles y que logró en Irlanda conquistar este derecho. En Argentina millones salieron a las calles por el aborto legal, lucha que recorre América Latina. Porque no hay #NiUnaMenos mientras no se terminé con la clandestinidad del aborto en el 40% del mundo dónde es ilegal.

Este 25N reforzamos nuestra lucha saliendo a las calles en todo el mundo. Son los gobiernos capitalistas junto con las iglesias las responsables de las mujeres sigamos muriendo. Por eso, tenemos que estar en las calles para hacer crecer esta oleada mundial de luchas. Siguiendo el camino de las mujeres de Estados Unidos contra el gobierno de Trump, las brasileñas por el #EleÑao contra el reaccionario machista, misógino de Bolsonaro y de las Argentinas con la marea verde por el aborto legal y de todos los países dónde se organizan para luchar por sus derechos.

Desde la Unidad Internacional de las y los Trabajadoras-Cuarta internacional llamamos a coordinar acciones en todo el mundo contra toda forma de violencia patriarcal para seguir haciendo temblar la tierra.

Unidad Internacional de las y los Trabajadoras-Cuarta internacional (UIT-CI)
Noviembre de 2018


lunes, 5 de noviembre de 2018

Haití: Masiva movilización contra la corrupción con el dinero de Petrocaribe

El pasado 17 de octubre, fecha en la que Haití conmemora el asesinato del prócer independentista Dessalines, miles de pobladores de las comunidades humildes salieron en una masiva protesta a exigir cuentas por el despilfarro de los recursos del fondo de Petrocaribe.

La jornada masiva del 17, precedida por movilizaciones menores, fue reprimida y dejó un saldo de decenas de heridos y al menos dos personas asesinadas, cuando los cuerpos represivos atacaron en Puerto Príncipe a una multitud para abrir paso a la caravana presidencial. El presidente, Jovenel Moïse, tuvo que huir cuando manifestantes le lanzaron piedras mientras intentaba dar un discurso ante un monumento de Dessalines.

Desde entonces las protestas han continuado y está anunciada una nueva gran jornada para el 18 de noviembre, otra fecha histórica relacionada con la derrota de las tropas napoleónicas por parte de los revolucionarios haitianos en 1803. La historia de la primera revolución antiesclavista triunfante está presente en las luchas actuales.

El convenio de Petrocaribe, por medio del cual el gobierno venezolano ha subsidiado la compra de petróleo y combustibles desde el ingreso de Haití en 2006, debía servir al Estado haitiano para financiar proyectos de infraestructura, pero la percepción general es que ha alimentado fundamentalmente la corrupción y negocios favorables a grandes empresas nacionales y extranjeras. Aunque ya se había realizado una investigación parlamentaria cuyas conclusiones eran poco claras, la presión popular obligó al Senado a realizar en noviembre del año pasado una segunda investigación sobre el uso de los recursos de Petrocaribe en el período 2008-2016, en la cual se cuestiona el uso de unos dos mil millones de dólares.

El Estado haitiano adquiere el petróleo venezolano con descuento y pagando un 40% de su valor, mientras que el restante 60% se convierte en deuda con bajas tasas de interés, revendiendo ese petróleo en el mercado interno y usando el excedente para proyectos de infraestructura. Se estima que el fondo resultante de la reventa interna del petróleo ha sumado en estos años unos 3,8 mil millones de dólares. Pero las autoridades haitianas sobrefacturaban en moneda local el costo de la compra del petróleo, luego sobrefacturaban los gastos en las obras. Aprovechando declaratorias de emergencia en el marco de varios desastres naturales, se adjudicaron obras obviando los procedimientos legales normales, muchas de las cuales quedaron inconclusas.

En agosto de este año arrancó a través de las redes sociales el llamado Petrochallenge, una campaña mediante la cual los participantes se fotografían portando un cartel con la consigna "¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?" (Kote kòb Petwokaribe a?). Rápidamente se masificó, con gran impacto también en la diáspora haitiana. Una primera movilización el 24 de agosto se dirigió al Tribunal de Cuentas.

La protesta del 17 de octubre ratificó que se ha abierto una nueva situación política luego de las impresionantes jornadas de julio de este año en las que el pueblo trabajador derrotó el gasolinazo del FMI y obligó al primer ministro y su gabinete a renunciar. El gobierno del empresario Moïse, que estuvo a punto de caer durante aquellas protestas, sobrevivió pero quedó muy debilitado. Desde sus inicios fue un gobierno precario: asumió el poder en febrero de 2017, como sucesor de Martelly, de quien es correligionario en el partido derechista Tèt Kale, luego de dos elecciones fraudulentas. En la última de ellas recibió apenas medio millón de votos en un universo de 6 millones de votantes registrados.

El 22 de octubre, el gobierno viró su posición de considerar la corrupción como un asunto de exclusiva competencia judicial: se destituyó al jefe de gabinete, Laleau (ex ministro de Finanzas de Martelly) y al secretario general de la presidencia, así como a 16 asesores más señalados por su involucramiento en la corrupción de Petrocaribe. Lejos de lograr aplacar las protestas, esa misma noche se inician en el barrio capitalino de Bel-Air marchas nocturnas llamadas Petrobizangó, cuyo nombre alude a una de las tradiciones de la cultura vudú. En su desesperación, esta misma semana el partido oficialista llegó a declarar que participaba en las protestas contra la corrupción, una maniobra para confundir que evidencia la desesperación del gobierno. La oposición patronal también está muy desprestigiada, algunos de sus dirigentes han intentado acercarse pero han sido repudiados y expulsados de las movilizaciones.

La responsabilidad del gobierno venezolano

La década comprendida entre 2004 y 2014 representó para Venezuela la mayor bonanza petrolera de su historia. El presidente Chávez aprovechó esta circunstancia para crear en 2005 el convenio Petrocaribe, con el declarado propósito de procurar la integración regional y atenuar los efectos negativos del incremento sustancial del precio del petróleo para economías dependientes de su importación en el Caribe. Desde sectores de la oposición de derecha venezolana se cuestionó el comercio con los países caribeños, especialmente con Cuba, y los mecanismos de crédito contemplados por Petrocaribe. La oposición de izquierda, por el contrario, sin cuestionar el comercio con el Caribe y la solidaridad, lo que cuestionaba era la reproducción de dinámicas clientelares y el apoyo político y económico del chavismo a gobiernos reaccionarios en la región, lo cual se alejada de un verdadero internacionalismo que beneficiara las luchas de los pueblos por su propia liberación.

Ante las crecientes denuncias de corrupción en el manejo del dinero de Petrocaribe, el gobierno venezolano en varias ocasiones ha respaldado a las autoridades haitianas cuestionadas por corrupción, dando indicios de complicidad y posible implicación en la corrupción. Por ejemplo, en una declaración pública en 2015, Bernardo Álvarez, quien entonces era presidente de PDV Caribe, expresaba su satisfacción por la gestión de los fondos de Petrocaribe en el período 2012-2014, precisamente el período al que corresponden las mayores irregularidades reveladas por las investigaciones.

El embajador de Venezuela en Haití entre 2007 y fines de 2015, Pedro A. Canino González, aseguró en 2013 que el presidente Maduro estaba "muy satisfecho con el modo en que el gobierno de Haití ha invertido los fondos de Petrocaribe". Nuevamente, en junio de 2015, mientras Martelly visitaba Caracas, en el marco de la celebración de los 10 años de existencia de Petrocaribe, el embajador venezolano consideró el uso de los recursos como "ejemplar". Moïse visitó Venezuela en noviembre de 2017 y Maduro se deshizo en alabanzas, firmando un acuerdo adicional de cooperación económica. No puede olvidarse que en Haití existe un régimen oligárquico sustentado en la ocupación militar extranjera luego del golpe de estado realizado por tropas yanquis en 2004. A partir de entonces, la ocupación ha corrido principalmente por cuenta de tropas latinoamericanas provistas por gobiernos "progresistas" de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, que integran la Minustah y su reducido sucesor, la Minujusth.

Urge la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano

La agobiante situación económica, con causas estructurales relacionadas con el saqueo y las intervenciones imperialistas durante todo el siglo XX, con reformas neoliberales que han destruido su producción agrícola y profundizado su dependencia respecto de las importaciones, y con el saqueo y la corrupción descarada por parte de gobiernos dictatoriales y democrático-burgueses, se agrava con la caída de los suministros de petróleo subsidiado y el aumento del precio internacional del petróleo. Crece la presión inflacionaria, que desde 2016 oscila en torno al 14% anual. Pese a que en julio la movilización popular derrotó el gasolinazo, el impacto inflacionario inicial de la medida no se revirtió del todo. Millones de haitianos carecen de acceso a los más básicos servicios, el sistema de salud está colapsado y es muy precario hasta el acceso al agua, que en muchos barrios no llega por tubería sino que hay que comprarla a camiones cisterna.

En este marco ocurren las jornadas de julio y el actual proceso de lucha. Debemos difundirlo y apoyarlo en toda Latinoamérica, sumándonos a la exigencia de castigo a los culpables y que se recupere el dinero robado para que se use en la atención a las necesidades más apremiantes del pueblo trabajador. Por ejemplo, en República Dominicana existe un importante movimiento contra la corrupción y la impunidad, la Marcha Verde, que podría establecer lazos de solidaridad con el movimiento haitiano de lucha contra la corrupción. Otra tarea importante es emplazar al gobierno venezolano a que colabore con las investigaciones y establezca sus posibles responsabilidades en el desfalco. Estamos ante una ola de protestas que puede cambiar el rumbo del país.

Simón Rodríguez, militante de la UIT-CI