El Conseller de territorio de la Generalitat de Catalunya, Santi Villa reconocía que la deriva independentista en Catalunya había servido para que la población asumiera la brutalidad de los recortes.
EDUARDO LUQUE GUERRERO 02/01/2015
Son múltiples las consecuencias que podemos extraer de la votación del 9-N en Catalunya. La primera y más importante es que ha permitido contar, sumar y restar los apoyos reales, en torno al 30%, que tiene el independentismo en esa CCAA. Otra ha sido la demostración palpable de la descomposición de un sistema político basado en la alternancia política con apoyo puntual de los nacionalismos conservadores y la corrupción generalizada como trasfondo. Un gobierno en declive imparable aboca a España a convertirse en un estado fallido. La brutalidad de la crisis económica ha sido el fermento. La desesperación de la población en una situación aparentemente sin salida ha sido el revulsivo. El gran valedor del independentismo (¡cuántos votos han venido desde ahí!) es el gobierno Rajoy, gran responsable de la deriva actual, incapaz por decisión propia de buscar alguna salida. Pero hay que ir diciendo las cosas claras: el independentismo conservador está actuando como una cortina de humo. El Conseller de territorio de la Generalitat de Catalunya, Santi Villa en un rapto de sinceridad rarísimo en la clase política española, reconocía el pasado día 10 de diciembre en el Foro Europa una cuestión. Decía el conferenciante que la deriva independentista en Catalunya había servido fundamentalmente para que la población asumiera la brutalidad de los recortes, más de 6000 000 000 € sin rechistar; añadía en su intervención:“¿Si este país no hubiera hecho un relato en clave nacionalista cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?" El ataque al escuálido estado del bienestar en Catalunya se hace cada vez más intenso en la medida que el debate político, tanto de los partidos de derechas como de izquierdas, se limita a la reivindicación nacional. Tres ejemplos recientes, aunque no únicos, son especialmente reveladores.
El primero es la norma, extendida a todos los médicos de atención primaria, de rellenar un cuestionario donde debían indicar cuáles de sus enfermos crónicos podrían fallecer en los próximos 12 meses. El objetivo evidentemente es ahorrar tratamientos para esos enfermos. El segundo fue la epidemia de Legionela que ocasionó 10 muertos y más de medio centenar de afectados en Sabadell y Ripollet. Coincidió, ¡cómo no!, con el debate sobre la consulta del 9-N. El “Conseller de Sanitat” no vio la necesidad de presentarse en el Parlament y dar explicaciones hasta semanas después. Los diputados catalanes estaban enfrascados en otros temas más sublimes; seguían hablando de patrias y banderas.
En tercer lugar ha sido el debate, prácticamente hurtado a la opinión pública del proyecto VISC+. La venta pura y dura de los expedientes médicos de la población catalana a las Mutuas privadas, compañías de seguros, fondos buitre... Fue la diputada de la CUP Isabel Valent la que sacó a la luz el tema y la revista Café amb llet se hizo eco. Los demás grupos parecen que no se dieron por enterados. El objetivo es poner en manos de la industria privada los expedientes de más de 7.000 000 de catalanes y unos 68.000.000 informes médicos de todo tipo. Aunque el documento se debate desde junio del 2013, el tema no ha generado prácticamente ninguna reacción popular. Mientras, CIU y con él la mayoría de los partidos del arco parlamentario están prácticamente a tiempo completo en sesudos debates sobre la identidad nacional.
El proyecto pretende “poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación”. Su urdidor ha sido el Conseller Boi Ruiz i García (auténtico caballo de Atila de la Sanidad Pública).
Como hemos dicho, la génesis del proyecto se remonta al 2013, aunque ya se había abierto la puerta de la privatización de la sanidad pública catalana en anteriores gobiernos, algo acentuado en la época del Tripartito. Fue la ahora independentista, ex Consellera de Sanidad y exdiputada del PSC, Marina Gelli quién abrió de par en par las puertas de la sanidad pública a la acción de las empresas privadas al dar entrada en la fundación pública Ticsalut a diversas empresas farmacéuticas, fondos buitres de inversión y consultoras ligados a los mismos, como PWC y DELOITTE.
El Plan que propone la Generalitat de Catalunya no es ni siquiera novedoso. La sanidad pública inglesa se ha gastado 10.000.000.000 de libras en 12 años en un proyecto parecido que ha tenido que ser desmontado. Hace unos meses, una auditoría interna descubrió que más de 2.000.000 de expedientes médicos acabaron siendo vendidos por el portal de subastas eBay. En Francia se han gastado la friolera de 500 millones de euros en un proyecto similar y con idéntico resultado. Pero nada detiene el afán privatizador del president Mas y sus secuaces, que no dudan, como el calamar, en lanzar nubes de tinta para ocultar sus movimientos.
Los grandes “asesores” de la Generalitat sobre este tema son dos. El primero, la consultora Deloitte. El segundo, PWC (Price Water House Coopers) el cual, refiriéndose a este tema, escribe: “La liberación de estos datos y su reutilización permitirá generar grandes beneficios” como “identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión”. Son empresas con un grave historial de falta de ética e incapacidad en la gestión. Recordemos que la primera no “advirtió” en su auditoria del 2013 el agujero de 552 mill. de € que dejó Díaz Ferrán, el expresidente de la patronal. La segunda, Deloitte (poblada por cierto de fieles a Mas, a Rajoy y Zapatero) ayudó en la salida a bolsa de Bankia. Tras las últimas revelaciones de los auditores de cuentas, se demuestra su responsabilidad en la mayor estafa financiera de este país. Las dos empresas asesoran ahora a Artur Mas y Boi Ruiz. No son las únicas, hay otras interesadas en el proyecto esperando la ocasión, Atos, Accenture, T-Systems, HP, y McKinsey, ECISA, filial de El Corte Inglés… La empresa Everis es un caso muy peculiar, puesto que trabajaron y trabajan en ella exministros del PP y del PSOE.
Mientras, en Catalunya se sigue jugando al esperpento. La humareda levantada por el debate independista enturbia y dificulta cualquier proyecto, incluso los presupuestos. Se presenta uno que incluye como ingreso la venta del proyecto desarrollado por la Conselleria de Sanitat.
Para estos directivos y los políticos que les proponen, en los negocios no hay pendones, tanto da que sea la “estelada” o la “rojigualda”, no importa lo que públicamente prediquen, los intereses económicos son espurios y no tienen patria ni bandera.
El primero es la norma, extendida a todos los médicos de atención primaria, de rellenar un cuestionario donde debían indicar cuáles de sus enfermos crónicos podrían fallecer en los próximos 12 meses. El objetivo evidentemente es ahorrar tratamientos para esos enfermos. El segundo fue la epidemia de Legionela que ocasionó 10 muertos y más de medio centenar de afectados en Sabadell y Ripollet. Coincidió, ¡cómo no!, con el debate sobre la consulta del 9-N. El “Conseller de Sanitat” no vio la necesidad de presentarse en el Parlament y dar explicaciones hasta semanas después. Los diputados catalanes estaban enfrascados en otros temas más sublimes; seguían hablando de patrias y banderas.
En tercer lugar ha sido el debate, prácticamente hurtado a la opinión pública del proyecto VISC+. La venta pura y dura de los expedientes médicos de la población catalana a las Mutuas privadas, compañías de seguros, fondos buitre... Fue la diputada de la CUP Isabel Valent la que sacó a la luz el tema y la revista Café amb llet se hizo eco. Los demás grupos parecen que no se dieron por enterados. El objetivo es poner en manos de la industria privada los expedientes de más de 7.000 000 de catalanes y unos 68.000.000 informes médicos de todo tipo. Aunque el documento se debate desde junio del 2013, el tema no ha generado prácticamente ninguna reacción popular. Mientras, CIU y con él la mayoría de los partidos del arco parlamentario están prácticamente a tiempo completo en sesudos debates sobre la identidad nacional.
El proyecto pretende “poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación”. Su urdidor ha sido el Conseller Boi Ruiz i García (auténtico caballo de Atila de la Sanidad Pública).
Como hemos dicho, la génesis del proyecto se remonta al 2013, aunque ya se había abierto la puerta de la privatización de la sanidad pública catalana en anteriores gobiernos, algo acentuado en la época del Tripartito. Fue la ahora independentista, ex Consellera de Sanidad y exdiputada del PSC, Marina Gelli quién abrió de par en par las puertas de la sanidad pública a la acción de las empresas privadas al dar entrada en la fundación pública Ticsalut a diversas empresas farmacéuticas, fondos buitres de inversión y consultoras ligados a los mismos, como PWC y DELOITTE.
El Plan que propone la Generalitat de Catalunya no es ni siquiera novedoso. La sanidad pública inglesa se ha gastado 10.000.000.000 de libras en 12 años en un proyecto parecido que ha tenido que ser desmontado. Hace unos meses, una auditoría interna descubrió que más de 2.000.000 de expedientes médicos acabaron siendo vendidos por el portal de subastas eBay. En Francia se han gastado la friolera de 500 millones de euros en un proyecto similar y con idéntico resultado. Pero nada detiene el afán privatizador del president Mas y sus secuaces, que no dudan, como el calamar, en lanzar nubes de tinta para ocultar sus movimientos.
Los grandes “asesores” de la Generalitat sobre este tema son dos. El primero, la consultora Deloitte. El segundo, PWC (Price Water House Coopers) el cual, refiriéndose a este tema, escribe: “La liberación de estos datos y su reutilización permitirá generar grandes beneficios” como “identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión”. Son empresas con un grave historial de falta de ética e incapacidad en la gestión. Recordemos que la primera no “advirtió” en su auditoria del 2013 el agujero de 552 mill. de € que dejó Díaz Ferrán, el expresidente de la patronal. La segunda, Deloitte (poblada por cierto de fieles a Mas, a Rajoy y Zapatero) ayudó en la salida a bolsa de Bankia. Tras las últimas revelaciones de los auditores de cuentas, se demuestra su responsabilidad en la mayor estafa financiera de este país. Las dos empresas asesoran ahora a Artur Mas y Boi Ruiz. No son las únicas, hay otras interesadas en el proyecto esperando la ocasión, Atos, Accenture, T-Systems, HP, y McKinsey, ECISA, filial de El Corte Inglés… La empresa Everis es un caso muy peculiar, puesto que trabajaron y trabajan en ella exministros del PP y del PSOE.
Mientras, en Catalunya se sigue jugando al esperpento. La humareda levantada por el debate independista enturbia y dificulta cualquier proyecto, incluso los presupuestos. Se presenta uno que incluye como ingreso la venta del proyecto desarrollado por la Conselleria de Sanitat.
Para estos directivos y los políticos que les proponen, en los negocios no hay pendones, tanto da que sea la “estelada” o la “rojigualda”, no importa lo que públicamente prediquen, los intereses económicos son espurios y no tienen patria ni bandera.
Publicado en el Nº 280 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2015
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