U PARÓ LOS PIES AL NEGOCIO PRIVADO DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS EN ANDALUCÍA
La obra pública ya ha sido utilizada por el bipartidismo como un mecanismo de trasvase de rentas públicas a manos privadas.
La obra pública ya ha sido utilizada por el bipartidismo como un mecanismo de trasvase de rentas públicas a manos privadas.
Las instituciones democráticas sufren el permanente asedio de los enemigos del interés general. Los buitres que viven de lo público contra lo público cuentan en demasiadas ocasiones con la complicidad de los representantes institucionales, que les facilitan encantados su tarea en vez de cumplir con su obligación. Los cargos públicos que deberían estar precisamente para proteger los intereses mayoritarios se han comportado a menudo como meros facilitadores de los expoliadores. Las formas más comunes que adopta esta comunión de intereses son la corrupción y las conocidas como puertas giratorias, que abren paso a los representantes institucionales a las mismas empresas privadas a las que han enriquecido durante el ejercicio de su cargo. Lo obvio: el ministro Luis de Guindos, por ejemplo, trabajaba para la banca en la banca, ahora trabaja para la banca en el Gobierno y en el futuro trabajará para la banca, ya veremos dónde.
La corrupción, por su ilegalidad, y las puertas giratorias, por su obvia inmoralidad, merecen la pública reprobación de la gran mayoría de la sociedad, que además es cada vez más intolerante con estas prácticas. Pero no siempre el expolio es ilegal, ni siempre se hace evidente a la opinión pública su carácter inmoral. Es más, la agresión al interés general a veces se produce a plena luz del día, con apretones de manos, flashes, felicitaciones y exaltaciones. Uno de los ejemplos más claros, que he conocido de primera mano en calidad de consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, es la conocida como colaboración público privada, un mecanismo completamente legal de financiación de la obra pública, defendido tanto por el PSOE como por el PP, que tras su aparente neutralidad esconde una lesión gravísima al interés público. Una lesión que con IU ni se ha dado ni se va a dar.
La obra pública ya ha sido de por sí utilizada por el bipartidismo como un mecanismo legal de trasvase de rentas públicas a manos privadas. La alianza histórica entre el bipartidismo y el capitalismo inmobiliario español ha resultado una estafa monumental, de la que quedan como pruebas ruinosas cuentas públicas y un reguero de obras excesivas, cuando no innecesarias y a menudo grotescas, construidas únicamente a mayor gloria del capital. La obra pública, la inversión pública, es fundamental: vertebra social y territorialmente, desarrolla económicamente, contribuye a la igualdad en el derecho a la movilidad, genera empleo. Como consejera de Fomento y Vivienda, la que mayor crecimiento ha experimentado durante la legislatura en Andalucía, he comprobado la profunda capacidad transformadora que tiene el dinero público empleado en infraestructuras útiles, sostenibles, eficientes. Ahora bien, la obra pública no es un fin en sí misma.
La mal llamada colaboración público privada es la culminación de la lógica de la obra pública entendida como fin en sí misma, como simple mecanismo de trasvase de rentas. Cuando los expoliadores que viven de lo público contra lo público tuvieron secas ya las arcas de las instituciones, desarrollaron esta nueva forma de seguir con su tarea. El mecanismo es sencillo: ante la menor disponibilidad presupuestaria de las instituciones, las empresas se ofrecen a construir las infreaestructuras ellas mismas, devolviendo las administraciones el dinero a largo plazo.
Una hipoteca a largo plazo, por decirlo claramente. Y una hipoteca carísima. La administración, haciéndose trampas al solitario, no computa como déficit esta hipoteca. Claro, a las grandes promotoras que promueven este modelo hay que ponerles fáciles las cosas. El acuerdo entre públicos y privados es además presentado como “beneficioso para ambas partes”, muestra de “consenso social” y “sentido común”. En fin, las típicas zalamerías con las que el PP y el PSOE suelen adornar sus tejemanejes con los enemigos de lo público.
El PSOE, con el aplauso entusiasta del PP, subió a Andalucía al carro de la colaboración público privada (insisto, la denominación es engañosa) en 2012. El presidente José Antonio Griñán presentó con todos los honores una fórmula que en teoría iba a mantener el pulso de la inversión pública en Andalucía incluso en tiempos de crisis. La idea era que a lo largo de un año la Junta sacara a licitación un nutrido paquete de obras públicas por importe de 2.676 millones de euros, que serían adelantados por los privados. La Administración iría pagando despuésletra a letra, sobre todo a través de cánones de aprovechamiento. Había ocho tramos de autovía, casi 200 kilómetros de carretera convencional, puertos… Se decía que las obras generarían 4.000 empleos. Todo falso.
Consenso, sentido común, empleo... En fin, es complicado desmontar esos discursos desarrollistas. Difícil explicar la trampa que tienen dentro. Nuestro papel en el Gobierno andaluz nos ha permitido no sólo desmontar el discurso, sino además frenar el expolio. Y desvelar la trampa: una vez asumidas las competencias de Fomento y Vivienda, comprobamos el colosal timo que suponía, al cuadruplicar el coste de las infraestructuras. Los 91 kilómetros de autovía previstos por este modelo costarían 3.600 millones de euros hasta 2048, cuatro veces más que la inversión que supondrían por el método de financiación tradicional mediante partidas en anualidades presupuestarias.
De inmediato suspendimos los contratos de la autovía Iznalloz-Darro y la Purchena-A-7 y paralizamos el proceso de licitación del tramo Estepa-Lucena de la Autovía del Olivar. La decisión tocó intereses de grandes corporaciones, acostumbradas al borreguismo institucional sobre el que han construido sus inmensas fortunas: Iridium (ACS), Martín Casillas, Acciona, Cintra (Ferrovial)... Porque una de las particularidades de la mal llamada colaboración público privada es que cierra las puertas del juego a las pequeñas y medianas empresas, ya que sólo las grandes pueden acceder a los créditos necesarios para participar en operaciones tan colosales.
Cuando paramos los pies a este modelo y renunciamos a su aplicación por considerarla excesivamente gravosa, IU fue tachada de inmediato por los sectores conservadores de enemiga del desarrollo, del empleo... La letanía de siempre. Hemos respondido con hechos. Situando las prioridades de la Consejería en sintonía con las demandas sociales, las necesidades contrastadas y las prioridades europeas en materia de eficiencia energética, hemos convertido al andaluz en el Gobierno que más obra pública licita junto al madrileño, creciendo además en 2015 un 20% en lo tocante a la obra pública. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada como anteproyecto y que entrará en el Parlamento este año, supone la culminación de un proyecto de cambio y racionalización en materia de obra pública que se ha concretado en prioridades como la reactivación de carreteras en elevado estado de ejecución (no hay peor inversión que la inversión a medias), la conservación de la red viaria, el transporte público colectivo y las vías ciclistas.
No podemos viajar atrás en el tiempo. Los comunistas somos además poco dados a la melancolía. Miramos al futuro, pero conociendo el pasado. Hay disparates cometidos que ya no tienen remedio, como los mecanismos de financiación utilizados para la construcción de los metros de Sevilla y Málaga, que por estar financiados mediante la mal llamada colaboración público privada costarán a los andaluces unos 4.000 millones de euros.
Cada representante público en su ámbito de responsabilidad debe evitar a toda costa este tipo de estafas. La fórmula es sencilla: aplicar siempre el principio de austeridad (entendida como uso eficiente de los recursos públicos, jamás como recorte) y mantenerse firme ante los cantos de sirena. El desarrollo social sólo puede asentarse sobre la base de un ajuste lógico entre la inversión pública y las necesidades de la mayoría social. La falacia de que construir y construir es la receta para solucionar el problema del empleo en España puede parecer desmontada, pero no duden que los voceros volverán a la carga en cuanto relajemos la memoria. Y traerán bajo el brazo nuevas y ventajosas formas de financiación de las obras públicas, con las que intentarán engatusar a los representantes institucionales.
Muchos seguro que están dispuestos a compadrear con los expoliadores. No donde esté IU, no si IU ocupa espacios de relevancia institucional, no donde gobernemos o podamos denunciarlo y explicarlo convincentemente. La obra pública sólo es útil y contribuye a un desarrollo real si se asienta sobre criterios de rentabilidad social y eficiencia económica. Esto no es una idea neutra ni políticamente correcta, ni tampoco del agrado de los grandes medios de comunicación, respaldados en su mayoría por grandes corporaciones interesadas en administraciones manejables. La eficiencia en la inversión, decía no es una idea neutra: es una idea políticamente comprometida, que toma partido contra el capital. Es una posición de izquierdas. Y por lo tanto sostenerla requiere principios y convicción.
La corrupción, por su ilegalidad, y las puertas giratorias, por su obvia inmoralidad, merecen la pública reprobación de la gran mayoría de la sociedad, que además es cada vez más intolerante con estas prácticas. Pero no siempre el expolio es ilegal, ni siempre se hace evidente a la opinión pública su carácter inmoral. Es más, la agresión al interés general a veces se produce a plena luz del día, con apretones de manos, flashes, felicitaciones y exaltaciones. Uno de los ejemplos más claros, que he conocido de primera mano en calidad de consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, es la conocida como colaboración público privada, un mecanismo completamente legal de financiación de la obra pública, defendido tanto por el PSOE como por el PP, que tras su aparente neutralidad esconde una lesión gravísima al interés público. Una lesión que con IU ni se ha dado ni se va a dar.
La obra pública ya ha sido de por sí utilizada por el bipartidismo como un mecanismo legal de trasvase de rentas públicas a manos privadas. La alianza histórica entre el bipartidismo y el capitalismo inmobiliario español ha resultado una estafa monumental, de la que quedan como pruebas ruinosas cuentas públicas y un reguero de obras excesivas, cuando no innecesarias y a menudo grotescas, construidas únicamente a mayor gloria del capital. La obra pública, la inversión pública, es fundamental: vertebra social y territorialmente, desarrolla económicamente, contribuye a la igualdad en el derecho a la movilidad, genera empleo. Como consejera de Fomento y Vivienda, la que mayor crecimiento ha experimentado durante la legislatura en Andalucía, he comprobado la profunda capacidad transformadora que tiene el dinero público empleado en infraestructuras útiles, sostenibles, eficientes. Ahora bien, la obra pública no es un fin en sí misma.
La mal llamada colaboración público privada es la culminación de la lógica de la obra pública entendida como fin en sí misma, como simple mecanismo de trasvase de rentas. Cuando los expoliadores que viven de lo público contra lo público tuvieron secas ya las arcas de las instituciones, desarrollaron esta nueva forma de seguir con su tarea. El mecanismo es sencillo: ante la menor disponibilidad presupuestaria de las instituciones, las empresas se ofrecen a construir las infreaestructuras ellas mismas, devolviendo las administraciones el dinero a largo plazo.
Una hipoteca a largo plazo, por decirlo claramente. Y una hipoteca carísima. La administración, haciéndose trampas al solitario, no computa como déficit esta hipoteca. Claro, a las grandes promotoras que promueven este modelo hay que ponerles fáciles las cosas. El acuerdo entre públicos y privados es además presentado como “beneficioso para ambas partes”, muestra de “consenso social” y “sentido común”. En fin, las típicas zalamerías con las que el PP y el PSOE suelen adornar sus tejemanejes con los enemigos de lo público.
El PSOE, con el aplauso entusiasta del PP, subió a Andalucía al carro de la colaboración público privada (insisto, la denominación es engañosa) en 2012. El presidente José Antonio Griñán presentó con todos los honores una fórmula que en teoría iba a mantener el pulso de la inversión pública en Andalucía incluso en tiempos de crisis. La idea era que a lo largo de un año la Junta sacara a licitación un nutrido paquete de obras públicas por importe de 2.676 millones de euros, que serían adelantados por los privados. La Administración iría pagando despuésletra a letra, sobre todo a través de cánones de aprovechamiento. Había ocho tramos de autovía, casi 200 kilómetros de carretera convencional, puertos… Se decía que las obras generarían 4.000 empleos. Todo falso.
Consenso, sentido común, empleo... En fin, es complicado desmontar esos discursos desarrollistas. Difícil explicar la trampa que tienen dentro. Nuestro papel en el Gobierno andaluz nos ha permitido no sólo desmontar el discurso, sino además frenar el expolio. Y desvelar la trampa: una vez asumidas las competencias de Fomento y Vivienda, comprobamos el colosal timo que suponía, al cuadruplicar el coste de las infraestructuras. Los 91 kilómetros de autovía previstos por este modelo costarían 3.600 millones de euros hasta 2048, cuatro veces más que la inversión que supondrían por el método de financiación tradicional mediante partidas en anualidades presupuestarias.
De inmediato suspendimos los contratos de la autovía Iznalloz-Darro y la Purchena-A-7 y paralizamos el proceso de licitación del tramo Estepa-Lucena de la Autovía del Olivar. La decisión tocó intereses de grandes corporaciones, acostumbradas al borreguismo institucional sobre el que han construido sus inmensas fortunas: Iridium (ACS), Martín Casillas, Acciona, Cintra (Ferrovial)... Porque una de las particularidades de la mal llamada colaboración público privada es que cierra las puertas del juego a las pequeñas y medianas empresas, ya que sólo las grandes pueden acceder a los créditos necesarios para participar en operaciones tan colosales.
Cuando paramos los pies a este modelo y renunciamos a su aplicación por considerarla excesivamente gravosa, IU fue tachada de inmediato por los sectores conservadores de enemiga del desarrollo, del empleo... La letanía de siempre. Hemos respondido con hechos. Situando las prioridades de la Consejería en sintonía con las demandas sociales, las necesidades contrastadas y las prioridades europeas en materia de eficiencia energética, hemos convertido al andaluz en el Gobierno que más obra pública licita junto al madrileño, creciendo además en 2015 un 20% en lo tocante a la obra pública. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada como anteproyecto y que entrará en el Parlamento este año, supone la culminación de un proyecto de cambio y racionalización en materia de obra pública que se ha concretado en prioridades como la reactivación de carreteras en elevado estado de ejecución (no hay peor inversión que la inversión a medias), la conservación de la red viaria, el transporte público colectivo y las vías ciclistas.
No podemos viajar atrás en el tiempo. Los comunistas somos además poco dados a la melancolía. Miramos al futuro, pero conociendo el pasado. Hay disparates cometidos que ya no tienen remedio, como los mecanismos de financiación utilizados para la construcción de los metros de Sevilla y Málaga, que por estar financiados mediante la mal llamada colaboración público privada costarán a los andaluces unos 4.000 millones de euros.
Cada representante público en su ámbito de responsabilidad debe evitar a toda costa este tipo de estafas. La fórmula es sencilla: aplicar siempre el principio de austeridad (entendida como uso eficiente de los recursos públicos, jamás como recorte) y mantenerse firme ante los cantos de sirena. El desarrollo social sólo puede asentarse sobre la base de un ajuste lógico entre la inversión pública y las necesidades de la mayoría social. La falacia de que construir y construir es la receta para solucionar el problema del empleo en España puede parecer desmontada, pero no duden que los voceros volverán a la carga en cuanto relajemos la memoria. Y traerán bajo el brazo nuevas y ventajosas formas de financiación de las obras públicas, con las que intentarán engatusar a los representantes institucionales.
Muchos seguro que están dispuestos a compadrear con los expoliadores. No donde esté IU, no si IU ocupa espacios de relevancia institucional, no donde gobernemos o podamos denunciarlo y explicarlo convincentemente. La obra pública sólo es útil y contribuye a un desarrollo real si se asienta sobre criterios de rentabilidad social y eficiencia económica. Esto no es una idea neutra ni políticamente correcta, ni tampoco del agrado de los grandes medios de comunicación, respaldados en su mayoría por grandes corporaciones interesadas en administraciones manejables. La eficiencia en la inversión, decía no es una idea neutra: es una idea políticamente comprometida, que toma partido contra el capital. Es una posición de izquierdas. Y por lo tanto sostenerla requiere principios y convicción.
Publicado en el Nº 281 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2015
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