La derrota sufrida por el PP y el PSOE en las elecciones europeas del 25 de mayo, junto al avance de Izquierda Unida, la irrupción de Podemos y las masivas movilizaciones contra la monarquía el 2 de junio, pocas horas después de que el borbón Juan Carlos I abdicara a favor de su hijo, son acontecimientos que marcan un punto de inflexión histórico en la situación política del Estado español. Consolidan el clima de fin de época que se vive desde el estallido del 15-M en 2011, aceleran la crisis de todo el engranaje político del que se han servido los grandes capitalistas desde la Transición y, lo más importante, han contribuido a extender la idea de que un cambio social, económico y político profundo no sólo es urgente y necesario, sino posible, lo cual es un acicate todavía mayor para la participación en la lucha política organizada de un sector cada vez más amplio de la juventud y de los trabajadores.
La monarquía, una institución reaccionaria al servicio de los ricos
En este contexto político, la propuesta realizada por IU de celebración de un referéndum para decidir entre Monarquía o República (apoyando, evidentemente, la segunda opción), propuesta que también ha hecho suya Podemos, y de impulsar un proceso constituyente ligado a la formación de un gobierno de la izquierda tras las próximas elecciones, han colocado sobre la mesa un debate fundamental: cuál es el camino para levantar una alternativa en beneficio de la mayoría oprimida y superar la crisis general del sistema capitalista.
El PP y los dirigentes del PSOE han reaccionado de forma histérica frente a la idea de la III República y han vuelto a actuar en bloque, como en casi todos los temas fundamentales. Estos días se ha vuelto a repetir hasta la náusea el mito de que la monarquía “trajo la democracia” y que Juan Carlos I paró el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo cual es una descomunal tergiversación histórica. Los derechos democráticos son una conquista de la clase obrera y costaron centenares de muertos, encarcelados y torturados, y si el golpe del 23-F se abortó fue por el temor de la burguesía a una respuesta revolucionaria de la mayoría de los trabajadores y de la juventud.
La monarquía es una institución profundamente reaccionaria y por tanto su abolición y la reivindicación de un referéndum es algo indiscutiblemente progresista. Primero, porque es herencia directa del franquismo, que fue quien la impuso sin consultar al pueblo; segundo, porque está completamente fusionada con la oligarquía financiera y empresarial, cuyos intereses defiende de forma activa; y tercero, porque fue concebida como una institución con poderes bonapartistas, una bala en la recámara de la burguesía para justificar situaciones de excepcionalidad en caso de que la protesta social desbordara los límites tolerados por el sistema; lejos de ser un organismo político inocuo, la monarquía tiene facultades tan importantes como la de sancionar leyes y decretos, ejercer la máxima jefatura del ejército, o disolver el parlamento, sin que sus decisiones se tengan que someter a ningún tipo de control democrático.
Uno de los muchos efectos positivos de la rebelión social que se ha vivido en estos últimos seis años, y que han confirmado las masivas movilizaciones en contra de la monarquía y a favor de la república el día 2 de junio –que ha tenido su complemento en el absoluto fracaso de asistencia en las ceremonias públicas de proclamación del nuevo rey— ha sido el de deslegitimar definitivamente a la corona como un organismo “popular”, “neutral” y “por encima de los intereses políticos y sociales”.
Por todo ello los defensores del sistema tienen bastantes razones para preservar la monarquía. Y alguna más, ya que a los capitalistas no les preocupa tanto la eventualidad de tener que seguir dominando la sociedad y explotando a los trabajadores mediante un sistema republicano (como ocurre en EEUU, Francia, Portugal, Grecia y un larguísimo etcétera), sino los efectos políticos que tendría la caída de la monarquía en el actual contexto político, como consecuencia de la lucha en la calle. Un acontecimiento así proporcionaría tal inyección de ánimo y confianza a la protesta social que, al igual que en abril de 1931, podría precipitar una crisis revolucionaria.
El PP y los dirigentes del PSOE han reaccionado de forma histérica frente a la idea de la III República y han vuelto a actuar en bloque, como en casi todos los temas fundamentales. Estos días se ha vuelto a repetir hasta la náusea el mito de que la monarquía “trajo la democracia” y que Juan Carlos I paró el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo cual es una descomunal tergiversación histórica. Los derechos democráticos son una conquista de la clase obrera y costaron centenares de muertos, encarcelados y torturados, y si el golpe del 23-F se abortó fue por el temor de la burguesía a una respuesta revolucionaria de la mayoría de los trabajadores y de la juventud.
La monarquía es una institución profundamente reaccionaria y por tanto su abolición y la reivindicación de un referéndum es algo indiscutiblemente progresista. Primero, porque es herencia directa del franquismo, que fue quien la impuso sin consultar al pueblo; segundo, porque está completamente fusionada con la oligarquía financiera y empresarial, cuyos intereses defiende de forma activa; y tercero, porque fue concebida como una institución con poderes bonapartistas, una bala en la recámara de la burguesía para justificar situaciones de excepcionalidad en caso de que la protesta social desbordara los límites tolerados por el sistema; lejos de ser un organismo político inocuo, la monarquía tiene facultades tan importantes como la de sancionar leyes y decretos, ejercer la máxima jefatura del ejército, o disolver el parlamento, sin que sus decisiones se tengan que someter a ningún tipo de control democrático.
Uno de los muchos efectos positivos de la rebelión social que se ha vivido en estos últimos seis años, y que han confirmado las masivas movilizaciones en contra de la monarquía y a favor de la república el día 2 de junio –que ha tenido su complemento en el absoluto fracaso de asistencia en las ceremonias públicas de proclamación del nuevo rey— ha sido el de deslegitimar definitivamente a la corona como un organismo “popular”, “neutral” y “por encima de los intereses políticos y sociales”.
Por todo ello los defensores del sistema tienen bastantes razones para preservar la monarquía. Y alguna más, ya que a los capitalistas no les preocupa tanto la eventualidad de tener que seguir dominando la sociedad y explotando a los trabajadores mediante un sistema republicano (como ocurre en EEUU, Francia, Portugal, Grecia y un larguísimo etcétera), sino los efectos políticos que tendría la caída de la monarquía en el actual contexto político, como consecuencia de la lucha en la calle. Un acontecimiento así proporcionaría tal inyección de ánimo y confianza a la protesta social que, al igual que en abril de 1931, podría precipitar una crisis revolucionaria.
Capitalismo: lo llaman democracia y no lo es
Los marxistas apoyamos con todas nuestras fuerzas la reivindicación de un referéndum para abolir la monarquía y la constitución de una república. Ahora bien, tan importante como esto es definir qué naturaleza tiene que tener esta república y cómo lograr su proclamación. Para que la III República signifique un cambio real y profundo en beneficio de la mayoría de la sociedad; que traiga consigo una verdadera democracia y justicia social, y por tanto no esté subordinada a los dictados de los banqueros y los grandes poderes económicos, una república así no puede ser una república capitalista.
Los capitalistas conciben la democracia (sea con una monarquía o una república) de esta manera: cada cuatro años la población puede votar, en el parlamento pueden hablar y debatir sus señorías, pero todas las decisiones y medidas efectivas importantes son las que deciden y aprueban las cien familias más ricas del país que, por supuesto, no se someten a ninguna elección ni control democrático. ¿Y cuál es el mecanismo concreto por el que las cien familias deciden todo lo fundamental? El de su poder económico, que la “democracia” burguesa no cuestiona en absoluto. Un poder por el que determinan campañas electorales, compran partidos, diputados, periodistas, medios de comunicación, ideólogos y personalidades “independientes” que alertan continuamente sobre la necesidad de más contrarreformas para “salir de la crisis”. Lo hacen de forma legal o ilegal, sutil o descaradamente.
La democracia burguesa está diseñada para corromper, esterilizar la “soberanía popular” reduciéndola a una formalidad subordinada, en la práctica, a los intereses del gran capital. Los altos funcionarios y los diputados, ganan salarios millonarios. Una vez “tocan poder” la mayoría de los “representantes del pueblo” tienen una vida de lujo y de privilegios completamente garantizada, si es que no la tenían antes. Viven en condiciones materiales completamente divorciadas de los intereses del pueblo que dicen defender y establecen sólidos vínculos y complicidades (visibles e invisibles) con la élite económica que les asegura su forma de vida. La corrupción, que es general y se extiende por todos los poros de la política oficial (como se ha visto con el caso Gurtel y otros), consolida ese divorcio social, afianza esa fidelidad y subordinación de los representantes de la “soberanía popular” al gran capital.
¿Significa esto que todos los políticos son iguales y que no tiene sentido participar en las elecciones? Por supuesto que no. Ahora más que nunca es necesario tumbar a la derecha y defender un gobierno de izquierdas con un programa verdaderamente de izquierdas. Cayo Lara, Ada Colau o Pablo Iglesias no son igual a Rajoy, Felipe González o Rubalcaba. Estos últimos están totalmente comprometidos con la estabilidad y los intereses del sistema capitalista. Por eso, si el mecanismo de la billetera o el de la presión ideológica falla, y determinados partidos y dirigentes de la izquierda comprometidos con los trabajadores ganan apoyo y obtienen mayoría en el parlamento, la “democracia” capitalista activa otros mecanismos para preservar el sistema: las leyes que molesten al gran capital pueden ser impugnadas y congeladas durante años por otros poderes de la “democracia” como el judicial (situado absolutamente al margen de cualquier tipo de control democrático), o simplemente convertidas en papel mojado; y si aún no es suficiente, pueden actuar otros mecanismos coercitivos como la policía y el ejército, organismos que no han sufrido ninguna depuración desde la caída de la dictadura franquista.
¿Significa eso que no se puede superar la resistencia de los capitalistas a una transformación radical de la sociedad? Por supuesto que sí se puede, porque los trabajadores, que somos mayoría social y jugamos un papel decisivo en la economía, si estamos organizados y con las ideas claras somos una fuerza imbatible. Lo que decimos los marxistas es que la defensa de los derechos democráticos, su extensión a todos los ámbitos de la vida política, económica y social, implica una ruptura completa con todos los mecanismos de la “democracia” capitalista y que esto debe ser tenido muy en cuenta para determinar qué tipo de república es necesaria para satisfacer los intereses de la mayoría. En otras palabras, en un sistema republicano en el que la banca, las grandes empresas y los latifundios estén en manos de una ínfima minoría, no sólo no se podrá abordar una transformación social profunda sino que se reproducirá toda la corrupción y decadencia de la “democracia” que existe bajo la monarquía borbónica. Por eso los trabajadores y los jóvenes necesitamos una tercera república que rompa con este sistema de pesadilla: una república socialista.
Los capitalistas conciben la democracia (sea con una monarquía o una república) de esta manera: cada cuatro años la población puede votar, en el parlamento pueden hablar y debatir sus señorías, pero todas las decisiones y medidas efectivas importantes son las que deciden y aprueban las cien familias más ricas del país que, por supuesto, no se someten a ninguna elección ni control democrático. ¿Y cuál es el mecanismo concreto por el que las cien familias deciden todo lo fundamental? El de su poder económico, que la “democracia” burguesa no cuestiona en absoluto. Un poder por el que determinan campañas electorales, compran partidos, diputados, periodistas, medios de comunicación, ideólogos y personalidades “independientes” que alertan continuamente sobre la necesidad de más contrarreformas para “salir de la crisis”. Lo hacen de forma legal o ilegal, sutil o descaradamente.
La democracia burguesa está diseñada para corromper, esterilizar la “soberanía popular” reduciéndola a una formalidad subordinada, en la práctica, a los intereses del gran capital. Los altos funcionarios y los diputados, ganan salarios millonarios. Una vez “tocan poder” la mayoría de los “representantes del pueblo” tienen una vida de lujo y de privilegios completamente garantizada, si es que no la tenían antes. Viven en condiciones materiales completamente divorciadas de los intereses del pueblo que dicen defender y establecen sólidos vínculos y complicidades (visibles e invisibles) con la élite económica que les asegura su forma de vida. La corrupción, que es general y se extiende por todos los poros de la política oficial (como se ha visto con el caso Gurtel y otros), consolida ese divorcio social, afianza esa fidelidad y subordinación de los representantes de la “soberanía popular” al gran capital.
¿Significa esto que todos los políticos son iguales y que no tiene sentido participar en las elecciones? Por supuesto que no. Ahora más que nunca es necesario tumbar a la derecha y defender un gobierno de izquierdas con un programa verdaderamente de izquierdas. Cayo Lara, Ada Colau o Pablo Iglesias no son igual a Rajoy, Felipe González o Rubalcaba. Estos últimos están totalmente comprometidos con la estabilidad y los intereses del sistema capitalista. Por eso, si el mecanismo de la billetera o el de la presión ideológica falla, y determinados partidos y dirigentes de la izquierda comprometidos con los trabajadores ganan apoyo y obtienen mayoría en el parlamento, la “democracia” capitalista activa otros mecanismos para preservar el sistema: las leyes que molesten al gran capital pueden ser impugnadas y congeladas durante años por otros poderes de la “democracia” como el judicial (situado absolutamente al margen de cualquier tipo de control democrático), o simplemente convertidas en papel mojado; y si aún no es suficiente, pueden actuar otros mecanismos coercitivos como la policía y el ejército, organismos que no han sufrido ninguna depuración desde la caída de la dictadura franquista.
¿Significa eso que no se puede superar la resistencia de los capitalistas a una transformación radical de la sociedad? Por supuesto que sí se puede, porque los trabajadores, que somos mayoría social y jugamos un papel decisivo en la economía, si estamos organizados y con las ideas claras somos una fuerza imbatible. Lo que decimos los marxistas es que la defensa de los derechos democráticos, su extensión a todos los ámbitos de la vida política, económica y social, implica una ruptura completa con todos los mecanismos de la “democracia” capitalista y que esto debe ser tenido muy en cuenta para determinar qué tipo de república es necesaria para satisfacer los intereses de la mayoría. En otras palabras, en un sistema republicano en el que la banca, las grandes empresas y los latifundios estén en manos de una ínfima minoría, no sólo no se podrá abordar una transformación social profunda sino que se reproducirá toda la corrupción y decadencia de la “democracia” que existe bajo la monarquía borbónica. Por eso los trabajadores y los jóvenes necesitamos una tercera república que rompa con este sistema de pesadilla: una república socialista.
Diez puntos para una república socialista federal a favor de la mayoría
¿Qué características tiene que tener una república socialista para que exista una democracia real, en la que la mayoría de la población pueda decidir sobre todo lo que afecta a su vida de una manera efectiva? Desde nuestro punto de vista el Proceso Constituyente para una república que responda a las aspiraciones de los trabajadores, de los desempleados, de la juventud excluida y precaria, de las capas medias empobrecidas, de todos los que sufrimos las consecuencias de la crisis del capitalismo, se debería fundar sobre las siguientes bases:
1º) Toda la banca privada y los grandes monopolios estratégicos para los intereses de la población (eléctricas, telecomunicaciones, constructoras, transportes, etc.) deben ser expropiados y nacionalizados bajo control democrático de los trabajadores. Sólo así se podría acabar de forma efectiva con la imposición del poder económico sobre las decisiones políticas. Todas las fuerzas productivas se podrían poner en marcha para garantizar un plan de inversión pública en equipamientos sociales en los barrios; en un sistema público de enseñanza y sanidad gratuitas, universales y de calidad; para desarrollar la industria, la agricultura y acabar con la lacra del desempleo. Los pisos vacíos propiedad de los bancos se podrían utilizar con alquileres baratos y se resolvería de golpe el problema del acceso a la vivienda. ¿Qué problema habría, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, para llevar a cabo estas medidas? Ninguno, salvo que los banqueros y los grandes empresarios se verían privados de sus insultantes beneficios.
2º) Fin del desvalijamiento de las arcas públicas para pagar la “deuda” y rescatar a la banca. El sostenimiento de la educación pública y sanidad públicas, un sistema de servicios sociales digno (desempleo, pensiones, dependencia, etc.) tendrá absoluta prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. La República Socialista Federal se negará a pagar una deuda que es, además de obscena, ilegítima y a través de la cual se trasvasan directamente billones de euros, que pertenecen a los trabajadores, al bolsillo de los especuladores, de los bancos y los monopolios, en definitiva, de los auténticos responsables de la crisis.
3º) Elección y revocabilidad directa de todos los representantes políticos. Ningún diputado, concejal o funcionario político debe cobrar (directa o indirectamente) un salario superior al de un trabajador cualificado. No a los salarios vitalicios. Investigación y eliminación de todos los privilegios de los exdiputados y demás cargos públicos.
4º) Tareas administrativas rotativas. Control democrático de los trabajadores, a través de sus organismos representativos, en todos los ámbitos de la administración del Estado. Fin de los privilegios de la alta administración del Estado. Investigar y perseguir los lobbies de las empresas privadas en la administración pública.
5º) Depuración de todos los órganos del Estado de elementos fascistas y que participaron o colaboraron con el franquismo. La democracia tiene que entrar en el ejército y la policía. Destitución de todos los grupos o individuos que se han manifestado proclives a la intervención del ejército y la policía contra las manifestaciones populares o contra el derecho a decidir de las nacionalidades históricas. Revelación de todos los secretos oficiales de la dictadura franquista y de la transición. Investigación del papel de la monarquía en el golpe de Estado del 23-F. Reparación y justicia para las víctimas del franquismo.
6º) Garantía total del derecho a manifestación, reunión y organización. Persecución y disolución de los grupos fascistas.
7º) Derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Unión voluntaria sí, unión impuesta no. Una República Socialista Federal libraría una lucha decidida contra la opresión social, de clase y nacional.
8º) Ruptura del monopolio y el control de los medios de comunicación por parte de los grupos empresariales y de poder. Televisión, radio y prensa escrita de divulgación masiva al servicio de los movimientos sociales.
9º) Suspensión de todas las actividades militares en el exterior. No a las intervenciones imperialistas.
10º) Abajo las medidas y el gobierno dictatorial de la troika. Por la unión de los pueblos de Europa mediante una Federación Socialista Europea en beneficio de la mayoría.
1º) Toda la banca privada y los grandes monopolios estratégicos para los intereses de la población (eléctricas, telecomunicaciones, constructoras, transportes, etc.) deben ser expropiados y nacionalizados bajo control democrático de los trabajadores. Sólo así se podría acabar de forma efectiva con la imposición del poder económico sobre las decisiones políticas. Todas las fuerzas productivas se podrían poner en marcha para garantizar un plan de inversión pública en equipamientos sociales en los barrios; en un sistema público de enseñanza y sanidad gratuitas, universales y de calidad; para desarrollar la industria, la agricultura y acabar con la lacra del desempleo. Los pisos vacíos propiedad de los bancos se podrían utilizar con alquileres baratos y se resolvería de golpe el problema del acceso a la vivienda. ¿Qué problema habría, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, para llevar a cabo estas medidas? Ninguno, salvo que los banqueros y los grandes empresarios se verían privados de sus insultantes beneficios.
2º) Fin del desvalijamiento de las arcas públicas para pagar la “deuda” y rescatar a la banca. El sostenimiento de la educación pública y sanidad públicas, un sistema de servicios sociales digno (desempleo, pensiones, dependencia, etc.) tendrá absoluta prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. La República Socialista Federal se negará a pagar una deuda que es, además de obscena, ilegítima y a través de la cual se trasvasan directamente billones de euros, que pertenecen a los trabajadores, al bolsillo de los especuladores, de los bancos y los monopolios, en definitiva, de los auténticos responsables de la crisis.
3º) Elección y revocabilidad directa de todos los representantes políticos. Ningún diputado, concejal o funcionario político debe cobrar (directa o indirectamente) un salario superior al de un trabajador cualificado. No a los salarios vitalicios. Investigación y eliminación de todos los privilegios de los exdiputados y demás cargos públicos.
4º) Tareas administrativas rotativas. Control democrático de los trabajadores, a través de sus organismos representativos, en todos los ámbitos de la administración del Estado. Fin de los privilegios de la alta administración del Estado. Investigar y perseguir los lobbies de las empresas privadas en la administración pública.
5º) Depuración de todos los órganos del Estado de elementos fascistas y que participaron o colaboraron con el franquismo. La democracia tiene que entrar en el ejército y la policía. Destitución de todos los grupos o individuos que se han manifestado proclives a la intervención del ejército y la policía contra las manifestaciones populares o contra el derecho a decidir de las nacionalidades históricas. Revelación de todos los secretos oficiales de la dictadura franquista y de la transición. Investigación del papel de la monarquía en el golpe de Estado del 23-F. Reparación y justicia para las víctimas del franquismo.
6º) Garantía total del derecho a manifestación, reunión y organización. Persecución y disolución de los grupos fascistas.
7º) Derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Unión voluntaria sí, unión impuesta no. Una República Socialista Federal libraría una lucha decidida contra la opresión social, de clase y nacional.
8º) Ruptura del monopolio y el control de los medios de comunicación por parte de los grupos empresariales y de poder. Televisión, radio y prensa escrita de divulgación masiva al servicio de los movimientos sociales.
9º) Suspensión de todas las actividades militares en el exterior. No a las intervenciones imperialistas.
10º) Abajo las medidas y el gobierno dictatorial de la troika. Por la unión de los pueblos de Europa mediante una Federación Socialista Europea en beneficio de la mayoría.
El protagonismo tiene que continuar en la calle
La irrupción de Podemos, el incremento de votos de Izquierda Unida, toda la expectativa que se está creando con la candidatura “Guanyem Barcelona” de Ada Colau, abren una oportunidad histórica para la defensa de una alternativa socialista genuina, anticapitalista y, por supuesto, democrática. Es más, si estos partidos han obtenido excelentes resultados es porque en los últimos años se ha producido una profunda transformación en la conciencia de millones de personas. Este cambio, que se ha alimentado de un impresionante incremento de la movilización y de la autoorganización social, es la base real de la profunda crisis que afecta a las formas de dominación de la burguesía. Ciertamente, todavía es necesario un proceso de “acumulación de fuerzas” como señalan los dirigentes de IU y de Podemos, pero precisamente dotando a la III República de un contenido socialista basado en puntos concretos, dando una alternativa clara al sistema capitalista, es como la base social para este proceso de transformación se puede ensanchar y fortalecer todavía más.
La crítica al capitalismo debe ir acompañada de la defensa de una alternativa coherente y realista para acabar con el poder de los banqueros y de los grandes empresarios en la vida política y social. Y una alternativa socialista semejante, lejos de “asustar” a la gente, es el mejor medio para aislar política e ideológicamente a la burguesía, para cohesionar a todos los sectores oprimidos de la sociedad en torno a un programa de cambio social, para derrotar a la derecha en las próximas elecciones y crear las condiciones más favorables para hacer frente a la ofensiva de la burguesía contra un eventual gobierno de la izquierda que aspire a defender los intereses de la mayoría.
Ninguna transformación social profunda, ni siquiera ninguna reforma importante, ha sido posible sin la movilización de la clase trabajadora y de la juventud en la calle, sin una lucha directa contra la burguesía, que siempre se resistirá a cualquier cambio que ponga en entredicho sus privilegios y su poder.
Por lo tanto, el proceso constituyente que conduzca a una III República de carácter verdaderamente democrático y socialista tiene que tener como punto fundamental la clase obrera, la calle, la lucha. Este proceso tiene que servir para extender el debate del tipo de república que necesitamos a las fábricas, a los tajos, a los barrios y a los centros de estudios. Para organizar asambleas y elegir comités en defensa de la Tercera República, para vincular el programa socialista con las luchas concretas hasta lograr un Gobierno de la izquierda que impulse enérgicamente la tarea de la transformación de la sociedad, a través de la participación activa y masiva, y del control democrático, de la mayoría de la población.
La crítica al capitalismo debe ir acompañada de la defensa de una alternativa coherente y realista para acabar con el poder de los banqueros y de los grandes empresarios en la vida política y social. Y una alternativa socialista semejante, lejos de “asustar” a la gente, es el mejor medio para aislar política e ideológicamente a la burguesía, para cohesionar a todos los sectores oprimidos de la sociedad en torno a un programa de cambio social, para derrotar a la derecha en las próximas elecciones y crear las condiciones más favorables para hacer frente a la ofensiva de la burguesía contra un eventual gobierno de la izquierda que aspire a defender los intereses de la mayoría.
Ninguna transformación social profunda, ni siquiera ninguna reforma importante, ha sido posible sin la movilización de la clase trabajadora y de la juventud en la calle, sin una lucha directa contra la burguesía, que siempre se resistirá a cualquier cambio que ponga en entredicho sus privilegios y su poder.
Por lo tanto, el proceso constituyente que conduzca a una III República de carácter verdaderamente democrático y socialista tiene que tener como punto fundamental la clase obrera, la calle, la lucha. Este proceso tiene que servir para extender el debate del tipo de república que necesitamos a las fábricas, a los tajos, a los barrios y a los centros de estudios. Para organizar asambleas y elegir comités en defensa de la Tercera República, para vincular el programa socialista con las luchas concretas hasta lograr un Gobierno de la izquierda que impulse enérgicamente la tarea de la transformación de la sociedad, a través de la participación activa y masiva, y del control democrático, de la mayoría de la población.
Combatir el “régimen del 78”: no se pueden cometer los mismos errores
La dirección de IU y Podemos deben sacar conclusiones del pasado, de los errores que se cometieron en los años setenta. No basta con apelar a la democracia y contraponer ese término a Monarquía. Cuando se plantea así el debate, cuando se intenta ocultar que una república capitalista en poco se diferencia de una monarquía capitalista, cuando se intenta rebajar el nivel de los planteamientos y las consignas para “no asustar” a un electorado potencial, lejos de contribuir a elevar la conciencia política del movimiento que lucha en las calles, lo que se hace es abrir la puerta a todo tipo de prejuicios, muchos de ellos bastante reaccionarios.
La ambigüedad respecto al contenido social de la república y del proceso constituyente, en contra de lo que quizás piensen, con las mejores intenciones, los dirigentes de IU y de Podemos, no da un carácter más democrático al debate que tiene que haber por abajo. El debate sobre la república y el proceso constituyente está asociado a una disyuntiva fundamental ante la que es imposible ser neutral: ¿hay que luchar sólo por una reforma del capitalismo y de la democracia burguesa, de su fachada, o por una transformación social profunda, socialista? Según la respuesta que se de a esta pregunta se desprende todo lo demás: la forma de lograrlo, el papel real que se le da a la clase obrera, la relación entre los partidos de la izquierda y las instituciones, las alianzas políticas, etc.
La naturaleza aborrece el vacío. Si no luchamos por el socialismo, ¿por qué luchamos? ¿Por un capitalismo de “rostro humano”? ¿Por un desarrollo capitalista basado en la “economía productiva”? ¿Por un “nuevo pacto social con la burguesía” en el que ésta “se comprometa de verdad” a preservar las conquistas sociales? ¿Por un nuevo pacto constitucional en el que, otra vez, queden postergadas las aspiraciones de cambio social? Lejos de ser una nueva forma de hacer política, lejos de dar un aire fresco a la izquierda, éste es precisamente el viejo lenguaje y el programa del reformismo socialdemócrata, ahora en descomposición, que se impuso en los años de la mal llamada Transición política. Una de las grandes lecciones de la crisis y decadencia de la socialdemocracia es precisamente la de que no existe un término medio entre capitalismo y socialismo, entre la burguesía y la clase obrera. En su actual fase de desarrollo histórico, el capitalismo está caracterizado por el dominio del capital financiero y del monopolio, por su voracidad destructiva, por el caos especulativo. Este es el único capitalismo posible.
Si la lucha por la III República es algo distinto a la lucha por el socialismo, una etapa previa necesaria antes de llegar a una fase de transformación social profunda, entonces se estarán cometiendo los mismos errores en los que cayeron los dirigentes de la izquierda durante la Transición y que cristalizaron en el “régimen del 78” contra el que ahora se pretende luchar. Una república que no destruya el poder de la banca, de los grandes monopolios y de los terratenientes, en vez de ayudar a la acumulación de fuerzas de los trabajadores, provocará frustración y ayudará a la acumulación de fuerzas por parte de la burguesía, de la reacción.
La ambigüedad respecto al contenido social de la república y del proceso constituyente, en contra de lo que quizás piensen, con las mejores intenciones, los dirigentes de IU y de Podemos, no da un carácter más democrático al debate que tiene que haber por abajo. El debate sobre la república y el proceso constituyente está asociado a una disyuntiva fundamental ante la que es imposible ser neutral: ¿hay que luchar sólo por una reforma del capitalismo y de la democracia burguesa, de su fachada, o por una transformación social profunda, socialista? Según la respuesta que se de a esta pregunta se desprende todo lo demás: la forma de lograrlo, el papel real que se le da a la clase obrera, la relación entre los partidos de la izquierda y las instituciones, las alianzas políticas, etc.
La naturaleza aborrece el vacío. Si no luchamos por el socialismo, ¿por qué luchamos? ¿Por un capitalismo de “rostro humano”? ¿Por un desarrollo capitalista basado en la “economía productiva”? ¿Por un “nuevo pacto social con la burguesía” en el que ésta “se comprometa de verdad” a preservar las conquistas sociales? ¿Por un nuevo pacto constitucional en el que, otra vez, queden postergadas las aspiraciones de cambio social? Lejos de ser una nueva forma de hacer política, lejos de dar un aire fresco a la izquierda, éste es precisamente el viejo lenguaje y el programa del reformismo socialdemócrata, ahora en descomposición, que se impuso en los años de la mal llamada Transición política. Una de las grandes lecciones de la crisis y decadencia de la socialdemocracia es precisamente la de que no existe un término medio entre capitalismo y socialismo, entre la burguesía y la clase obrera. En su actual fase de desarrollo histórico, el capitalismo está caracterizado por el dominio del capital financiero y del monopolio, por su voracidad destructiva, por el caos especulativo. Este es el único capitalismo posible.
Si la lucha por la III República es algo distinto a la lucha por el socialismo, una etapa previa necesaria antes de llegar a una fase de transformación social profunda, entonces se estarán cometiendo los mismos errores en los que cayeron los dirigentes de la izquierda durante la Transición y que cristalizaron en el “régimen del 78” contra el que ahora se pretende luchar. Una república que no destruya el poder de la banca, de los grandes monopolios y de los terratenientes, en vez de ayudar a la acumulación de fuerzas de los trabajadores, provocará frustración y ayudará a la acumulación de fuerzas por parte de la burguesía, de la reacción.
Una nueva oportunidad histórica
Estamos ante una nueva oportunidad histórica para emprender una lucha decisiva contra el sistema capitalista y lograr una vida mejor para todos. Si sacamos las conclusiones fundamentales de los errores del pasado, podremos alcanzar nuestro objetivo. Los trabajadores y jóvenes que entendemos la necesidad de construir un referente de lucha con un programa y una estrategia revolucionaria, anticapitalista, verdaderamente socialista, tenemos que organizarnos. El socialismo es una necesidad pero no caerá del cielo. Será el producto de la acción consciente de la clase trabajadora para levantar una organización revolucionaria a la altura de las circunstancias históricas. La Corriente Marxista Revolucionaria lucha por construir esta alternativa socialista no sólo en el Estado español sino internacionalmente. A través de nuestro periódico El Militante, defendemos día a día estas ideas, y lo hacemos con nuestra intervención cotidiana en las luchas de los trabajadores, en los sindicatos y las organizaciones políticas de la clase obrera, en el movimiento juvenil y estudiantil. Participa con nosotros en la tarea más necesaria y que más merece la pena llevar a cabo: la transformación socialista de la sociedad.
el militante
http://www.elmilitante.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9162:tercera-republica-proceso-constituyente-y-socialismo&catid=1153:articulos-destacados
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