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COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL PCM





Una vez más el derecho internacional ha vuelto a dar la razón a las victimas y familiares  del régimen franquista. El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas ha presentado un informe marcando al estado español las medidas que debe tomar para la asistencia a las victimas. Cabe recordar que el gobierno español renovó, en el año 2010, su compromiso sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El plazo de respuesta se debe materializar a los noventa días: no hay tiempo para más dilaciones.

El Estado debe de actuar ya. Estas recomendaciones deben llevarse a la práctica como derecho fundamental de las y los damnificados por los crímenes cometidos durante el franquismo y como tal está por encima de la ley de Amnistia de 1977 a la que se acogen los jueces españoles para no actuar. No hay  ya escusa, nos encontramos ante crímenes de “lesa humanidad” claramente tipificados según el código jurídico internacional.

Desde el Partido siempre hemos afirmado que el máximo principio de radicalidad
democrática reside en garantizar los derechos de las victimas a través de la verdad, lajusticia y reparación de cada caso. Principios que deben ser los cimientos de una autentica sociedad moderna que formen parte de la anhelada “res publica”.

Ha sido siempre inadmisible la actitud del actual gobierno de indeferencia con vil pretexto basada en  la crisis económica impida el pleno desarrollo de la Ley de Memoria que, aún siendo insuficiente, permitía el trabajo de las diferentes asociaciones memorísticas y de las administraciones en la vía de la recuperación de la memoria democrática en sus diferentes vertientes públicas y privadas.

 El Partido desde su obligación como actor principal  en la “lucha antifranquista”  exige
al gobierno que cumpla con la obligación de tener una clara consideración a las recomendaciones y que, de una vez por todas, asuma su responsabilidad en
defensa de los derechos de todas las victimas y de los valores democráticos que ellas defendieron.


                                                          

                                                           David García Carro. Secretario. 

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