MUNDO OBRERO
La Conferencia Episcopal ha distribuido recientemente, con la prensa diaria, un folleto donde afirma que sus 2.458 centros privados-concertados suponen un ahorro para el erario público de 3.601 millones de euros. Aseguran también que atienden a un total de 1.434.524 estudiantes (en centros concertados muy mayoritariamente), por lo que vienen a decir que nos ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta afirmación no parece basarse en ningún estudio científico, sino en su profunda fe en que lo privado es más rentable que lo público, o en su creencia en los “milagros”.
Sin embargo, la investigación realizada por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, titulada “El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada”, desmiente rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación privada-concertada sea más barata que la pública, demostrando que este tipo de informaciones y titulares sobre el pretendido "ahorro público” que supone la enseñanza privada-concertada, no son más que una burda manipulación.
Exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185 euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en la privada-concertada). Pero, además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros. El INE constata en efecto que las familias de la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes acudieron a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.
Datos falsos
Cuando el diario La Razón en 2011 afirmaba “estudiar en la pública cuesta el doble que en la concertada”, daba datos “falseados”, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de funcionamiento), mientras que en la educación pública incluyen todo tipo de gastos, además de ocultar el coste añadido para las familias que supone la enseñanza privada-concertada.
No se pueden hacer afirmaciones de este tipo si no se hace un estudio comparado de los distintos capítulos presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública como a la privada concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios. Hasta el capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente a la financiación de los conciertos educativos.
Hay en efecto toda una serie de ámbitos educativos que la enseñanza privada-concertada no atiende y que los presupuestos de la educación pública tiene que asumir: Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.
Las diferentes ratios de alumnos/as por aula y de docentes por grupo que hay en ambas redes, influyen poderosamente en el coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen a que la educación pública tiene que asegurar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la enseñanza privada-concertada que muestra un total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población (hasta 10.000 habitantes, el 90% de los centros son públicos), donde el coste medio por alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio de alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño de los municipios y la ratio de profesorado por grupo es superior a la media. Ambas circunstancias encarecen el servicio, pero su rentabilidad social es enorme e irrenunciable: permite ejercer su derecho a la educación a más de un millón de escolares en condiciones de igualdad.
Lo que se ha constatado en esta investigación es que si la privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios (desatiende las zonas rurales, selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está escolarizado en centros públicos-) e inferiores condiciones laborales a sus profesionales, que suelen tener mayor proporción de alumnos y alumnas e inferiores sueldos.
Es necesario tener en cuenta, por ejemplo, que son más del doble el número de programas de diversificación curricular en la educación pública con un reducido número de escolares por grupo (máximo 15). Igualmente hay que considerar que la mayoría del alumnado con necesidades educativas específicas está en centros públicos. La escolarización de este alumnado no sólo implica una reducción de la ratio escolar en los grupos correspondientes, sino que además requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también es aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado inmigrante que requiere recursos y apoyos complementarios para el éxito de su escolarización.
Vale la pena añadir que los dos factores clave que contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por grupo y de alumnos/as en cada aula) afectan directamente a la calidad educativa. En este sentido, las diferencias son palpables, ya que en 2011 los centros públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron una media de 23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores. En efecto, si se eleva el número de escolares a cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la atención que puede dedicar a cada alumno/a, lo que redunda en una respuesta educativa menos personalizada.
Por último, las condiciones salariales del profesorado –que suponen más del 60% del gasto educativo–, también repercuten significativamente en el coste de la plaza, ya que mientras los docentes de la pública cobran un salario medio de 36.784 euros, los de la privada-concertada tuvieron un sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, a partir de datos oficiales y no de creencias, con una metodología acorde con la que se utiliza en los estudios comparativos internacionales, el coste por alumno o alumna -en términos estrictamente económicos- en la enseñanza privada-concertada (sin considerar el gasto familiar) es equivalente al de la pública. El aparente menor coste inicial de la enseñanza privada concertada se explica, sobre todo, porque sus titulares seleccionan las zonas y el alumnado que les interesa atender, además de ofrecer peores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras.
Dicho de otra manera: el “ahorro” por plaza escolar de la enseñanza concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa y de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población.
No es de extrañar, por tanto, que los recortes educativos de los últimos cursos se hayan dirigido a alterar ambas ratios, rebajando así la calidad y equidad de la educación pública: el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido de 60.000 profesores, además de congelar o reducir sus salarios. Estudios recientes revelan al respecto que en los últimos años (2007-2012) el gasto medio por estudiante en la enseñanza pública se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha aumentado 105€. Y la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse por arriba, sino por abajo.
Si esta investigación hubiese podido utilizar los datos oficiales del año 2012 o 2013, todavía no disponibles, muy probablemente la diferencia entre el coste en la educación pública y en la concertada habría sido mucho menor, puesto que en los últimos años se están acomodando los estándares de la enseñanza pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve una merma en la calidad y equidad de la educación.
Además no podemos obviar que si a esto añadimos el desembolso económico que tienen que hacer las familias en la pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado, la plaza escolar de la privada concertada es mucho más cara que la pública.
Por tanto, la educación pública no sólo es más rentable, sino que llega a todos los lugares y atiende a todo tipo de alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus profesionales, lo cual redunda en mejor calidad y equidad. En definitiva, la escuela pública no sólo es la que puede compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple ese irreemplazable papel sin que ello suponga mayor coste real para el erario público o para las familias.
Sin embargo, la investigación realizada por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, titulada “El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada”, desmiente rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación privada-concertada sea más barata que la pública, demostrando que este tipo de informaciones y titulares sobre el pretendido "ahorro público” que supone la enseñanza privada-concertada, no son más que una burda manipulación.
Exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185 euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en la privada-concertada). Pero, además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros. El INE constata en efecto que las familias de la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes acudieron a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.
Datos falsos
Cuando el diario La Razón en 2011 afirmaba “estudiar en la pública cuesta el doble que en la concertada”, daba datos “falseados”, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de funcionamiento), mientras que en la educación pública incluyen todo tipo de gastos, además de ocultar el coste añadido para las familias que supone la enseñanza privada-concertada.
No se pueden hacer afirmaciones de este tipo si no se hace un estudio comparado de los distintos capítulos presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública como a la privada concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios. Hasta el capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente a la financiación de los conciertos educativos.
Hay en efecto toda una serie de ámbitos educativos que la enseñanza privada-concertada no atiende y que los presupuestos de la educación pública tiene que asumir: Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.
Las diferentes ratios de alumnos/as por aula y de docentes por grupo que hay en ambas redes, influyen poderosamente en el coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen a que la educación pública tiene que asegurar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la enseñanza privada-concertada que muestra un total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población (hasta 10.000 habitantes, el 90% de los centros son públicos), donde el coste medio por alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio de alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño de los municipios y la ratio de profesorado por grupo es superior a la media. Ambas circunstancias encarecen el servicio, pero su rentabilidad social es enorme e irrenunciable: permite ejercer su derecho a la educación a más de un millón de escolares en condiciones de igualdad.
Lo que se ha constatado en esta investigación es que si la privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios (desatiende las zonas rurales, selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está escolarizado en centros públicos-) e inferiores condiciones laborales a sus profesionales, que suelen tener mayor proporción de alumnos y alumnas e inferiores sueldos.
Es necesario tener en cuenta, por ejemplo, que son más del doble el número de programas de diversificación curricular en la educación pública con un reducido número de escolares por grupo (máximo 15). Igualmente hay que considerar que la mayoría del alumnado con necesidades educativas específicas está en centros públicos. La escolarización de este alumnado no sólo implica una reducción de la ratio escolar en los grupos correspondientes, sino que además requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también es aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado inmigrante que requiere recursos y apoyos complementarios para el éxito de su escolarización.
Vale la pena añadir que los dos factores clave que contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por grupo y de alumnos/as en cada aula) afectan directamente a la calidad educativa. En este sentido, las diferencias son palpables, ya que en 2011 los centros públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron una media de 23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores. En efecto, si se eleva el número de escolares a cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la atención que puede dedicar a cada alumno/a, lo que redunda en una respuesta educativa menos personalizada.
Por último, las condiciones salariales del profesorado –que suponen más del 60% del gasto educativo–, también repercuten significativamente en el coste de la plaza, ya que mientras los docentes de la pública cobran un salario medio de 36.784 euros, los de la privada-concertada tuvieron un sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, a partir de datos oficiales y no de creencias, con una metodología acorde con la que se utiliza en los estudios comparativos internacionales, el coste por alumno o alumna -en términos estrictamente económicos- en la enseñanza privada-concertada (sin considerar el gasto familiar) es equivalente al de la pública. El aparente menor coste inicial de la enseñanza privada concertada se explica, sobre todo, porque sus titulares seleccionan las zonas y el alumnado que les interesa atender, además de ofrecer peores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras.
Dicho de otra manera: el “ahorro” por plaza escolar de la enseñanza concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa y de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población.
No es de extrañar, por tanto, que los recortes educativos de los últimos cursos se hayan dirigido a alterar ambas ratios, rebajando así la calidad y equidad de la educación pública: el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido de 60.000 profesores, además de congelar o reducir sus salarios. Estudios recientes revelan al respecto que en los últimos años (2007-2012) el gasto medio por estudiante en la enseñanza pública se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha aumentado 105€. Y la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse por arriba, sino por abajo.
Si esta investigación hubiese podido utilizar los datos oficiales del año 2012 o 2013, todavía no disponibles, muy probablemente la diferencia entre el coste en la educación pública y en la concertada habría sido mucho menor, puesto que en los últimos años se están acomodando los estándares de la enseñanza pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve una merma en la calidad y equidad de la educación.
Además no podemos obviar que si a esto añadimos el desembolso económico que tienen que hacer las familias en la pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado, la plaza escolar de la privada concertada es mucho más cara que la pública.
Por tanto, la educación pública no sólo es más rentable, sino que llega a todos los lugares y atiende a todo tipo de alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus profesionales, lo cual redunda en mejor calidad y equidad. En definitiva, la escuela pública no sólo es la que puede compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple ese irreemplazable papel sin que ello suponga mayor coste real para el erario público o para las familias.
Publicado en el Nº 274-275 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2014
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