ALBERTO GARZÓN
Habitualmente asociamos la noción de republicanismo a aquella visión política que prefiere como Jefe de Estado a un presidente electo antes que a un rey, es decir, como simple opuesto de la monarquía. Y dado que en los últimos años han surgido numerosos escándalos en la Casa Real que han mermado el movimiento monárquico, la balanza parece haberse inclinado a favor del republicanismo. Por un lado el Rey aparece vinculado a negocios de intermediación comercial donde se obtienen jugosas comisiones. Por otro lado, la investigación del caso Nóos, una inmensa trama de corrupción, ha servido para acusar entre otros al yerno real Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina de Borbón. Quizás por ello en octubre de 2011, y por primera vez desde la transición, la Casa Real suspendió con un 4,8 en la valoración ciudadana. En 2013 esa nota había descendido ya al 3,68.
Pero la monarquía se inserta en un régimen absolutamente corrupto y en crisis permanente desde hace años. Como consecuencia, da la sensación de que ese republicanismo –como enfoque político opuesto a la monarquía- tiene cada vez más cabida en España. Lo tiene porméritos propios de la monarquía, pero también por el escenario político en el que se da. Y precisamente quizás por ello pueda naufragar la estrategia política del sistema, que no es otra que legitimar al nuevo rey, el ciudadano Felipe de Borbón.
Sin embargo, es importarte recordar que el republicanismo no es un simple momento antagónico de lo monárquico sino una tradición política íntegra. Es decir, un paradigma a través del cual entender mejor las cuestiones políticas. Lo que sostenemos es que desde el enfoque republicano podemos dar mejores y más justas soluciones a los problemas reales que asolan nuestras sociedades.
No obstante, muchos de esos problemas se han agudizado como consecuencia del proceso de transformación económica y social que estamos viviendo en los últimos años. La crisis económica ha desencadenado una grave crisis social, pero además las reformas radicales aprobadas por los diferentes gobiernos no han hecho sino empeorar la situación. Sin embargo, debemos entender tales reformas como partes esenciales de una estrategia de consolidación del capitalismo en España. Efectivamente, todas los cambios institucionales, que van desde la reforma de la Constitución hasta las reformas laborales o del sistema financiero, han tenido como propósito consolidar un nuevo modelo de crecimiento económico que impidiese el colapso del capitalismo en nuestro país. Las dramáticas consecuencias sociales son, desde este punto de vista, meros daños colaterales del proceso de ajuste a unas nuevas condiciones económicas. O, dicho de otra forma, para que el capitalismo pueda sobrevivir ha sido necesario, y sigue siéndolo en el marco de una espiral sin fin, liquidar muchos de los derechos sociales y económicos conquistados hasta ahora.
Todos estos objetivos requieren un proceso constituyente que ya está en marcha. Pero aquí no entendemos el proceso constituyente como la mera elaboración de una nueva Constitución, sino como un proceso de construcción de nuevas instituciones políticas entre las cuales la de mayor rango es la Constitución. Y en el marco nacional podemos convenir en apellidar tal proceso constituyente con Restauración Borbónica, por el papel central que la monarquía y los dos principales partidos políticos de la actualidad juegan en su consecución.
En todo caso, la Constitución de 1978 ha perdido gran parte del apoyo social que tenía hasta hace algunos años. Las razones son varias: los incumplimientos sistemáticos de sus garantías positivas, la interpretación jurídica cada vez más conservadora de sus aspectos sociales, su superación por normativa jurídica supraestatal mucho menos garantista y su reforma exprés en verano de 2011 para adecuarla al proyecto económico impuesto por la troika.
Precisamente por todo lo anterior lo que nosotros ofrecemos es responder a ese proceso de regresión social con una alternativa constituyente republicana. Con una Ruptura Democrática. No hay vuelta atrás y la sociedad va a transformarse hasta el punto de ser irreconocible en unos pocos años. La encrucijada exige elegir nuestro propio destino político y social. Queremos una sociedad democrática, con nuevas reglas políticas y con conquistas sociales que reflejen la obtención del poder político por parte de los de abajo.
Y la receta que nos proporciona la tradición republicana para España pasa, necesariamente, por un nuevo proceso constituyente que supere al régimen del 78. Se trata de construir una base social suficientemente amplia que apoye y sostenga un cambio radical en las instituciones públicas, siempre a fin de consolidar una democracia plena. Y para ello es fundamental poder delimitar adecuadamente qué entendemos por democracia y para qué queremos las instituciones públicas.
Pero la monarquía se inserta en un régimen absolutamente corrupto y en crisis permanente desde hace años. Como consecuencia, da la sensación de que ese republicanismo –como enfoque político opuesto a la monarquía- tiene cada vez más cabida en España. Lo tiene porméritos propios de la monarquía, pero también por el escenario político en el que se da. Y precisamente quizás por ello pueda naufragar la estrategia política del sistema, que no es otra que legitimar al nuevo rey, el ciudadano Felipe de Borbón.
Sin embargo, es importarte recordar que el republicanismo no es un simple momento antagónico de lo monárquico sino una tradición política íntegra. Es decir, un paradigma a través del cual entender mejor las cuestiones políticas. Lo que sostenemos es que desde el enfoque republicano podemos dar mejores y más justas soluciones a los problemas reales que asolan nuestras sociedades.
No obstante, muchos de esos problemas se han agudizado como consecuencia del proceso de transformación económica y social que estamos viviendo en los últimos años. La crisis económica ha desencadenado una grave crisis social, pero además las reformas radicales aprobadas por los diferentes gobiernos no han hecho sino empeorar la situación. Sin embargo, debemos entender tales reformas como partes esenciales de una estrategia de consolidación del capitalismo en España. Efectivamente, todas los cambios institucionales, que van desde la reforma de la Constitución hasta las reformas laborales o del sistema financiero, han tenido como propósito consolidar un nuevo modelo de crecimiento económico que impidiese el colapso del capitalismo en nuestro país. Las dramáticas consecuencias sociales son, desde este punto de vista, meros daños colaterales del proceso de ajuste a unas nuevas condiciones económicas. O, dicho de otra forma, para que el capitalismo pueda sobrevivir ha sido necesario, y sigue siéndolo en el marco de una espiral sin fin, liquidar muchos de los derechos sociales y económicos conquistados hasta ahora.
Todos estos objetivos requieren un proceso constituyente que ya está en marcha. Pero aquí no entendemos el proceso constituyente como la mera elaboración de una nueva Constitución, sino como un proceso de construcción de nuevas instituciones políticas entre las cuales la de mayor rango es la Constitución. Y en el marco nacional podemos convenir en apellidar tal proceso constituyente con Restauración Borbónica, por el papel central que la monarquía y los dos principales partidos políticos de la actualidad juegan en su consecución.
En todo caso, la Constitución de 1978 ha perdido gran parte del apoyo social que tenía hasta hace algunos años. Las razones son varias: los incumplimientos sistemáticos de sus garantías positivas, la interpretación jurídica cada vez más conservadora de sus aspectos sociales, su superación por normativa jurídica supraestatal mucho menos garantista y su reforma exprés en verano de 2011 para adecuarla al proyecto económico impuesto por la troika.
Precisamente por todo lo anterior lo que nosotros ofrecemos es responder a ese proceso de regresión social con una alternativa constituyente republicana. Con una Ruptura Democrática. No hay vuelta atrás y la sociedad va a transformarse hasta el punto de ser irreconocible en unos pocos años. La encrucijada exige elegir nuestro propio destino político y social. Queremos una sociedad democrática, con nuevas reglas políticas y con conquistas sociales que reflejen la obtención del poder político por parte de los de abajo.
Y la receta que nos proporciona la tradición republicana para España pasa, necesariamente, por un nuevo proceso constituyente que supere al régimen del 78. Se trata de construir una base social suficientemente amplia que apoye y sostenga un cambio radical en las instituciones públicas, siempre a fin de consolidar una democracia plena. Y para ello es fundamental poder delimitar adecuadamente qué entendemos por democracia y para qué queremos las instituciones públicas.
Publicado en el Nº 274-275 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2014
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4066
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