El Ministerio de Empleo cambia tres veces de criterio en pleno verano y obliga a retrasar la jubilación anticipada involuntaria a miles de personas que tenían suscrito un convenio especial para complementar las bases de cotización
Si algo ha quedado fehacientemente demostrado durante estos años de gobierno del equipo actual, es que su capacidad dedestruir todo lo público, de aplastar a la ciudadanía, de demostrar su desprecio por la clase trabajadora, no tiene límite, no conoce fin, no concede el más mínimo respiro a la angustiada población que intenta sobrevivir frente a tantas agresiones en forma de recortes y restricciones.
Se trata, en definitiva, de un modernísimo y renovado “tratamiento de shock” (aplicación simultánea y repentina de docenas de decretos, criterios y medidas restrictivas contra los derechos ciudadanos), que tan orgullosamente va aplicando el neoconservadurismo desvergonzado a lo largo de todo el planeta.
El más reciente de estos despropósitos, en plena canícula estival y cogiendo a la población desprevenida, ha sido el cambio de criterios en la Seguridad Social para reconocer el derecho a jubilaciones anticipadas involuntarias, a partir de los 61 años.
A mediados de junio vino la primera sorpresa: si durante 15 meses (periodo que va entre el 15 de marzo de 2013 y el 13 de junio del 2014), el INSS estaba respetando elacceso a esa jubilación anticipada por la ley antigua (Ley 40/2007) -más beneficiosa- a los desempleados que hubieran cesado su actividad laboral conanterioridad a la nueva norma (1 de abril de 2013), por algún misterioso e inexplicable fenómeno de retrospección, cambió ese criterio en junio y decidió que los desempleados que sigan pagándose un Convenio Especial después de esta última fecha ya no podrán acogerse a la ley anterior, pues se les considera de alta en un Régimen de Seguridad Social, equivalente a continuar ejerciendo una actividad (no dirán “actividad laboral”, porque sería demasiada desvergüenza por su parte…)
Alegaron entonces que esas cotizaciones para la jubilación que se seguían pagando los que, habiendo perdido toda esperanza de encontrar trabajo de nuevo, hacían el esfuerzo de entregar sus ahorros en un proyecto para mantener sus anteriores bases de cotización (a veces las de toda una vida, 30 años cotizados, 35, 40, 45…), les excluían del acceso a la jubilación anticipada involuntaria, ya que “ejercían actividad” (sí, actividad económica, entregar su confianza y sus ahorros a una Seguridad Social que ahora les asesta una puñalada de muerte entre las costillas…)
El caso es que ese repentino cambio de criterio provoca, en primer lugar, un dislate jurídico, al trazar una línea divisoria entre los jubilados que sí pudieron acceder a sus derechos durante ese periodo de 15 meses y los que han venido después, exactamente con las mismas condiciones, y que ya están recibiendo las denegaciones de sus solicitudes en sus domicilios. Una clara discriminación que, sin lugar a dudas, va a ser tenida en cuenta por cualquier Juzgado de lo Social mínimamente profesional…
Pero es que, además, se nos argumenta a l@s trabajador@s de la casa que el cambio de criterio ha venido motivado por las discrepancias o diferentes interpretaciones que las Intervenciones Territoriales han manifestado, provocando que algunas de ellas devolvieran los expedientes con reparos a las secciones de Trámite del INSS. Nosotros nos preguntamos: ¿Qué Intervenciones Territoriales son esas?; ¿Cuántas son?, ¿una, cinco, diez, la mayoría…?, ¿cuáles son?.
Nosotros esto lo interpretamos de otra forma: a alguna Intervención Territorial se le ha ocurrido que devolver los expedientes con reparos le puntúa positivamente cara a las estadísticas para el Cumplimiento de Objetivos (léase Productividad Semestral) y, dejando de lado totalmente las consecuencias económicas que esto pueda tener para la vida de muchas personas, ha originado un conflicto de interpretaciones con el INSS, el cual ha acabado en manos del organismo decisorio, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Y, claro, a algún político de medio pelo que tenga ansias de potenciar su carrera en meteórico ascenso se le habrá encendido alguna bombillita, pensando que denegar el acceso a las jubilaciones anticipadas a cientos de miles de personas (de 120.000 a 200.000 afectados, según diferentes estimaciones), puede significar un importantísimo ahorro para las arcas del Estado. Un ahorro que algunos afectados han llegado a cuantificar en unos 10.000 millones de euros, por las pensiones dejadas de abonar durante los dos años mínimo que pretenden hacerles esperar a los desafortunados desempleados (a los que se les recuerda que pueden acceder sin problemas a la jubilación anticipada voluntaria, pero a partir de los 63 años…)
Si a esto le sumamos el mantenimiento de la recaudación por los afectados que, a pesar del desastre, decidan seguir manteniendo su Convenio Especial dos años más (si les quedan fondos), negocio redondo…
Qué alegría y alborozo van a sentir los dirigentes del Gobierno, qué Presupuestos Generales para el 2015 más “apañados” que van a presentar a las Cortes (y a la Troika…)
Es tanto el entusiasmo y tan grande la tentación del braguetazo político, que el día 1 de agosto los Servicios Centrales nos envían un nuevo Criterio, respecto al tema que nos ocupa. Aunque algunos inocentes afectados interpretaban que esa nueva Instrucción era la esperada rectificación del despropósito del 13 de junio, no era así, sino todo lo contrario, se trataba de un empeoramiento de aquella interpretación: desde ahora, tampoco los perceptores del Subsidio de Desempleo que tengan suscrito, además, el dichoso Convenio Especial, van a reunir los requisitos para la jubilación anticipada involuntaria por la ley anterior, sino que también se les considera “muy activos” a ellos, con lo que tendremos otra gran cantidad de solicitudes denegadas, para sumar al cajón de la fortuna política (y del cataclismo nacional…)
Esta segunda instrucción no hace más que confirmarnos las sospechas: se trata de un NUEVO TIJERETAZO, aplicado en esta ocasión al sistema público de pensiones, mientras que, con la otra mano, ya están preparando una gigantesca campaña informativa a la ciudadanía que esconde, en su trasfondo más sutil, la promoción y venta de planes de pensiones privados.
Y qué decir de los trabajadores en la casa, que hemos sido los interlocutores directos con la ciudadanía, y a la que debemos informar sobre normativas y criterios que, en un corto periodo de tiempo, han ido cambiando de rumbo cual procelosas mareas de océanos inciertos e imposibles.
Algunas visitas pretenden culpabilizarnos a nosotros, los trabajadores de a pie,increpándonos por nuestra negligencia, incompetencia, ignorancia de la legislación, malas prácticas en la atención ciudadana y no sabemos cuántas cosas más…Loscompañeros de Trámite de Jubilación también estamos sufriendo “nuestra época más dorada”, ansiando para nosotros mismos alcanzar esa jubilación, ante tanta incongruencia y despropósitos, venidos de los altos cargos y políticos responsables de custodiar el cotarro de la Seguridad Social.
Que algún ciudadano aparezca en la oficina con una carta de Precálculo de Jubilación en la que se le informaba de que tenía perfecto derecho a la anticipadaen tal fecha, para que ahora le digamos que todo era un cuento de hadas, que ya no es posible cumplir lo dicho anteriormente, viene significando, no sólo unatomadura de pelo para el ciudadano, sino hasta un trato vejatorio y denigrantepara nuestra propia plantilla, a manos de unos desaprensivos e irresponsables, que se han arrogado el derecho de decidir sobre vidas y porvenires de la sociedad española. A la hora del robo "legal" el gobierno no admite competencia.
Resulta paradójico, hipócrita e incoherente, como ahora, alguno de los sindicatos que firmaron el recorte (ellos lo llaman reforma) del sistema de pensiones en el2011, reclaman la garantía de la “clausula de salvaguarda”. La única garantía y salvaguarda es no ser cómplices del gobierno en sus políticas de recorte social. No se puede regalar una tijera y luego lamentarse de que corta y recorta, esa es su función.
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