El funcionamiento de la Banca Pública estará sujeto a criterios sociales, éticos, de transparencia y de apoyo al desarrollo económico de Andalucía.
JAVIER MORENO 15/12/2014
Uno de los argumentos que más se ha repetido a la hora de introducir la creación de la banca pública en Andalucía es que se ha retrocedido tanto en las últimas décadas que ahora genera polémica una iniciativa que en los años 70 formaba parte del consenso en torno a los instrumentos financieros de carácter público.
En un contexto de desmantelamiento del sector público y de pérdida de músculo de las instituciones democráticas para hacer frente a la pérdida de derechos y a las agresiones del neoliberalismo, Andalucía toma la iniciativa con la creación de una Banca Pública, uno de los compromisos del Acuerdo por Andalucía que justificó la coalición entre PSOE e IU en el gobierno de la Junta de Andalucía.
El funcionamiento de la Banca Pública estará sujeto a criterios sociales, éticos, de transparencia y de apoyo al desarrollo económico de Andalucía y nace con el objetivo de ser un instrumento financiero que facilite el crédito a autónomos, cooperativas, economía social y pymes, los actores que verdaderamente crean empleo y que están siendo asfixiados por la banca privada, que cierra el grifo del crédito tras haber recibido miles de millones de dinero público para sanear sus cuentas.
El proceso de elaboración de la Ley, que actualmente está en la fase de anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno, es el fruto de un trabajo que durante meses ha llevado a cabo un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía en el que Izquierda Unida presentó una propuesta construida junto con agentes sociales como CCOO, FACUA, ATTAC, Economía Crítica y expertos provenientes del ámbito universitario.
Tensiones
Desde el principio la elaboración del Anteproyecto de Ley no ha estado exenta de tensiones, y no solo con el PSOE sino, sobre todo, con los representantes de la banca privada en Andalucía. No es casual que a medida que iba avanzando la propuesta el PSOE ha intentado rebajar las expectativas de la iniciativa legislativa a la vez que lanzaba guiños de complicidad a los representantes de las entidades financieras con intereses en Andalucía, que solo estaban dispuestas a aceptar la creación de un instituto de crédito que no fuera más allá del modelo de ICO estatal.
No obstante, las conclusiones del grupo de trabajo que han sido refrendadas en al Anteproyecto de Ley se alejan de las limitaciones de un instituto de crédito al contemplar como naturaleza jurídica la de empresa pública con la forma de sociedad anónima, que deberá evolucionar para convertirse en una banca pública especializada de apoyo al tejido productivo. Esto significa que la nueva entidad solicitará la ficha bancaria al Banco de España para poder operar como Banca.
Una vez obtenida, la ficha bancaria permitirá obtener financiación de recursos públicos y privados provenientes del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, de cualquier mercado financiero nacional o internacional e incluso de la captación de ahorro privado de clientes. Es la obtención de esta ficha bancaria lo que levanta más ampollas en la banca privada, que ven a la Banca Pública como una seria competidora por ser una alternativa viable en el sector financiero.
Por otro lado, la nueva Banca Pública funcionará sobre principios éticos de gestión. Por ello, en primer lugar, tendrá la prohibición expresa de realizar políticas redistributivas o fiscales, así como realizar cualquier tipo de subsidiación de los tipos de interés u otras ayudas. En segundo lugar, de manera complementaria, contará con mecanismos para la gestión del riesgo que garanticen la solvencia de la entidad, limitando la concentración de riesgo por operaciones, clientes y sectores y fijando criterios de independencia, profesionalización y experiencia en el análisis del riesgo. Finalmente, la entidad estará dirigida por una presidencia nombrada a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y una comisión de control nombrada por el Parlamento de Andalucía que contará con representantes de los agentes sociales, ambas instancias regidas por un estricto código ético de transparencia y participación y con una composición de contrastada independencia y profesionalidad.
Camino por recorrer
Aunque Izquierda Unida haya conseguido la aprobación del Anteproyecto de Ley, vinculándolo a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015, todavía queda un largo camino por recorrer hasta la materialización de la Banca Pública, un camino que no está exento de obstáculos como reconoció el coordinador andaluz de IULV-CA, Antonio Maíllo, en la última reunión de la Ejecutiva andaluza. Maíllo garantizó que se va a estar vigilante ante el cumplimiento de los acuerdos y se va a seguir trabajando para que los trámites pendientes no sean torpedeados por la banca privada ni por el propio Banco de España, del que depende la concesión de la ficha bancaria.
Queda por delante todavía la aprobación definitiva de la Ley y la obtención de la ficha bancaria, lo que se espera que suceda antes de concluir el año 2015. Por ahora, se ha plantado la semilla de una Banca Pública y se ha abierto el debate sobre la función social de la banca y las finanzas. Lo que queda por recorrer dependerá de la acumulación de fuerzas y de las alianzas que se puedan articular desde la izquierda desde el compromiso de que una Banca Pública andaluza solo tiene sentido si sirve para apoyar aquellos sectores estratégicos que apunten hacia un nuevo modelo productivo.
En un contexto de desmantelamiento del sector público y de pérdida de músculo de las instituciones democráticas para hacer frente a la pérdida de derechos y a las agresiones del neoliberalismo, Andalucía toma la iniciativa con la creación de una Banca Pública, uno de los compromisos del Acuerdo por Andalucía que justificó la coalición entre PSOE e IU en el gobierno de la Junta de Andalucía.
El funcionamiento de la Banca Pública estará sujeto a criterios sociales, éticos, de transparencia y de apoyo al desarrollo económico de Andalucía y nace con el objetivo de ser un instrumento financiero que facilite el crédito a autónomos, cooperativas, economía social y pymes, los actores que verdaderamente crean empleo y que están siendo asfixiados por la banca privada, que cierra el grifo del crédito tras haber recibido miles de millones de dinero público para sanear sus cuentas.
El proceso de elaboración de la Ley, que actualmente está en la fase de anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno, es el fruto de un trabajo que durante meses ha llevado a cabo un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía en el que Izquierda Unida presentó una propuesta construida junto con agentes sociales como CCOO, FACUA, ATTAC, Economía Crítica y expertos provenientes del ámbito universitario.
Tensiones
Desde el principio la elaboración del Anteproyecto de Ley no ha estado exenta de tensiones, y no solo con el PSOE sino, sobre todo, con los representantes de la banca privada en Andalucía. No es casual que a medida que iba avanzando la propuesta el PSOE ha intentado rebajar las expectativas de la iniciativa legislativa a la vez que lanzaba guiños de complicidad a los representantes de las entidades financieras con intereses en Andalucía, que solo estaban dispuestas a aceptar la creación de un instituto de crédito que no fuera más allá del modelo de ICO estatal.
No obstante, las conclusiones del grupo de trabajo que han sido refrendadas en al Anteproyecto de Ley se alejan de las limitaciones de un instituto de crédito al contemplar como naturaleza jurídica la de empresa pública con la forma de sociedad anónima, que deberá evolucionar para convertirse en una banca pública especializada de apoyo al tejido productivo. Esto significa que la nueva entidad solicitará la ficha bancaria al Banco de España para poder operar como Banca.
Una vez obtenida, la ficha bancaria permitirá obtener financiación de recursos públicos y privados provenientes del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, de cualquier mercado financiero nacional o internacional e incluso de la captación de ahorro privado de clientes. Es la obtención de esta ficha bancaria lo que levanta más ampollas en la banca privada, que ven a la Banca Pública como una seria competidora por ser una alternativa viable en el sector financiero.
Por otro lado, la nueva Banca Pública funcionará sobre principios éticos de gestión. Por ello, en primer lugar, tendrá la prohibición expresa de realizar políticas redistributivas o fiscales, así como realizar cualquier tipo de subsidiación de los tipos de interés u otras ayudas. En segundo lugar, de manera complementaria, contará con mecanismos para la gestión del riesgo que garanticen la solvencia de la entidad, limitando la concentración de riesgo por operaciones, clientes y sectores y fijando criterios de independencia, profesionalización y experiencia en el análisis del riesgo. Finalmente, la entidad estará dirigida por una presidencia nombrada a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y una comisión de control nombrada por el Parlamento de Andalucía que contará con representantes de los agentes sociales, ambas instancias regidas por un estricto código ético de transparencia y participación y con una composición de contrastada independencia y profesionalidad.
Camino por recorrer
Aunque Izquierda Unida haya conseguido la aprobación del Anteproyecto de Ley, vinculándolo a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015, todavía queda un largo camino por recorrer hasta la materialización de la Banca Pública, un camino que no está exento de obstáculos como reconoció el coordinador andaluz de IULV-CA, Antonio Maíllo, en la última reunión de la Ejecutiva andaluza. Maíllo garantizó que se va a estar vigilante ante el cumplimiento de los acuerdos y se va a seguir trabajando para que los trámites pendientes no sean torpedeados por la banca privada ni por el propio Banco de España, del que depende la concesión de la ficha bancaria.
Queda por delante todavía la aprobación definitiva de la Ley y la obtención de la ficha bancaria, lo que se espera que suceda antes de concluir el año 2015. Por ahora, se ha plantado la semilla de una Banca Pública y se ha abierto el debate sobre la función social de la banca y las finanzas. Lo que queda por recorrer dependerá de la acumulación de fuerzas y de las alianzas que se puedan articular desde la izquierda desde el compromiso de que una Banca Pública andaluza solo tiene sentido si sirve para apoyar aquellos sectores estratégicos que apunten hacia un nuevo modelo productivo.
Publicado en el Nº 279 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2014
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