Izquierda Unida amenazó públicamente con llevar [a Botella] a los tribunales si era capaz de aprovecharse de la proposición para homenajear a Carrero Blanco.
Hemos asistido una vez más al desaforado espectáculo que nos otorgan, día tras día, los tertulianos y asiduos al debate ciudadano en las redes sociales, de intoxicación sobre cualquier cosa que mueva, proponga o yerre la izquierda real de nuestro país.
Esta vez han sido con las malintencionadas palabras de Ana Botella, alcaldesa en la Villa y Corte, al proponer una placa en memoria del almirante Carrero Blanco como víctima del terrorismo, como consecuencia de la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de la capital de una proposición, de carácter institucional, de otorgar recuerdo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo tras la recuperación de la democracia en 1978.
No ha de ser necesario recordar que, de producirse alguna iniciativa en este sentido por parte del equipo del gobierno del Ayuntamiento, sería de entrada ilegal, pues contravendría lo previsto en la Ley 52/2007 -conocida como ley de la memoria histórica y que en la actualidad continúa estando en vigor- ya que la misma prohíbe actos, signos y símbolos de exaltación y/o apología de la dictadura franquista: Carrero Blanco fue presidente del Gobierno de la dictadura hasta 1973 y destacado miembro del régimen franquista al que se adhirió desde el mismo momento del inicio de la guerra en España.
No hay más que decir ni argumentar en ese sentido. Sólo dejar señalado los nombres de alguno de los demócratas que dejaron su vida ya muerto el dictador, como fueron los abogados laboralistas de Atocha, Yolanda González, Andrés García o Enrique Ruano.
Sólo Izquierda Unida, que apoyó la iniciativa municipal del mismo modo que lo hicieron el resto de grupos allí representados, reaccionó al conocer la intención de Botella y la amenazó públicamente con llevarla a los tribunales si era capaz de aprovecharse de la proposición para homenajear al almirante e infringir con ello la ley.
La señora Botella podría preocuparse de pedir al Poder Judicial español que cumpla con la orden de detención y la correspondiente extradición, emanada de la justicia argentina, de Martín Villa y de Utrera Molina en cuanto jerarcas del franquismo y responsables de las atrocidades cometidas y en su calidad de cómplices de delitos contra la humanidad -detenciones forzadas, torturas, asesinato- o, lo que le puede resultar más fácil por ser responsabilidad directa suya, retirar los símbolos y monumentos de exaltación franquista y antidemocrática y de eliminar de las calles de Madrid los nombres de genocidas y liberticidas que oprimieron y reprimieron al pueblo español durante décadas.
Pero no nos vamos a quedar sólo en esto. Hemos exigido ya al Gobierno, en escrito remitido a la oficina de DDHH del Ministerio de Exteriores junto con los compañeros y compañeras de CeAqua, de la que somos parte, que se proceda sin dilación a implementar todas y cada una de las medidas recomendadas por el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, para su aplicación y ejecución desde las distintas administraciones e instituciones.
Insistir al Gobierno el cumplimiento por España de lo prevenido en la Convención Internacional sobre prevención de Desapariciones Forzadas y facilite la localización y exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo sigue siendo uno de nuestros caballos de batalla, al igual que –como ya hemos recogido en esta columna otras veces- el desarrollo de políticas públicas de memoria democrática.
La Asociación Foro por la Memoria tiene una oficina de atención en Madrid todos los lunes y miércoles de 10 a 13 horas.
calle Carlos Solé 66, tel.: 91 3030649.
asociacion.foroporlamemoria@yahoo.es
http://www.foroporlamemoria.es
Esta vez han sido con las malintencionadas palabras de Ana Botella, alcaldesa en la Villa y Corte, al proponer una placa en memoria del almirante Carrero Blanco como víctima del terrorismo, como consecuencia de la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de la capital de una proposición, de carácter institucional, de otorgar recuerdo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo tras la recuperación de la democracia en 1978.
No ha de ser necesario recordar que, de producirse alguna iniciativa en este sentido por parte del equipo del gobierno del Ayuntamiento, sería de entrada ilegal, pues contravendría lo previsto en la Ley 52/2007 -conocida como ley de la memoria histórica y que en la actualidad continúa estando en vigor- ya que la misma prohíbe actos, signos y símbolos de exaltación y/o apología de la dictadura franquista: Carrero Blanco fue presidente del Gobierno de la dictadura hasta 1973 y destacado miembro del régimen franquista al que se adhirió desde el mismo momento del inicio de la guerra en España.
No hay más que decir ni argumentar en ese sentido. Sólo dejar señalado los nombres de alguno de los demócratas que dejaron su vida ya muerto el dictador, como fueron los abogados laboralistas de Atocha, Yolanda González, Andrés García o Enrique Ruano.
Sólo Izquierda Unida, que apoyó la iniciativa municipal del mismo modo que lo hicieron el resto de grupos allí representados, reaccionó al conocer la intención de Botella y la amenazó públicamente con llevarla a los tribunales si era capaz de aprovecharse de la proposición para homenajear al almirante e infringir con ello la ley.
La señora Botella podría preocuparse de pedir al Poder Judicial español que cumpla con la orden de detención y la correspondiente extradición, emanada de la justicia argentina, de Martín Villa y de Utrera Molina en cuanto jerarcas del franquismo y responsables de las atrocidades cometidas y en su calidad de cómplices de delitos contra la humanidad -detenciones forzadas, torturas, asesinato- o, lo que le puede resultar más fácil por ser responsabilidad directa suya, retirar los símbolos y monumentos de exaltación franquista y antidemocrática y de eliminar de las calles de Madrid los nombres de genocidas y liberticidas que oprimieron y reprimieron al pueblo español durante décadas.
Pero no nos vamos a quedar sólo en esto. Hemos exigido ya al Gobierno, en escrito remitido a la oficina de DDHH del Ministerio de Exteriores junto con los compañeros y compañeras de CeAqua, de la que somos parte, que se proceda sin dilación a implementar todas y cada una de las medidas recomendadas por el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, para su aplicación y ejecución desde las distintas administraciones e instituciones.
Insistir al Gobierno el cumplimiento por España de lo prevenido en la Convención Internacional sobre prevención de Desapariciones Forzadas y facilite la localización y exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo sigue siendo uno de nuestros caballos de batalla, al igual que –como ya hemos recogido en esta columna otras veces- el desarrollo de políticas públicas de memoria democrática.
La Asociación Foro por la Memoria tiene una oficina de atención en Madrid todos los lunes y miércoles de 10 a 13 horas.
calle Carlos Solé 66, tel.: 91 3030649.
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