La conocida como ley antidesahucios no sólo evitaba desahucios mediante expropiaciones, sino que obraba un efecto disuasorio sobre todos los desalojos.
VÍCTOR MALO 11/12/2014
Los comunistas teorizamos que una de las características del capital es la acumulación. En materia de vivienda, la crisis del ciclo de acumulación capitalista ha provocado que la banca privada haya monopolizado el mercado, denominación nada descabellada si se tiene en cuenta que el hogar se oferta como un negocio y no se garantiza como un derecho.
En esa tesitura, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, liderada por Izquierda Unida a través de Elena Cortés, promulgó el conocido Decreto de la Ley de la Función Social de la Vivienda el 9 de abril de 2013, recurrido posteriormente ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central del Partido Popular, así como la ley aprobada por el Parlamento andaluz –texto enriquecido por movimientos como FACUA o la PAH- el 1 de octubre del mismo año.
Como no podía ser de otra manera, los poderes del Estado -ejecutivo y judicial, en este caso- se pusieron de parte de la banca privada, bajo la excusa de la “inconstitucionalidad” de la ley. Se envolvían así bajo la capa de la Constitución del régimen del 78 y tranquilizaban a los inversores y fondos buitre, que veían peligrar su negocio de comprar, a precio de saldo, los activos “tóxicos” de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb[1]), pieza esencial de la política bancaria y de vivienda del sistema capitalista en su desarrollo en España. La banca y el capital no iban a permitir que la izquierda organizada le asestara un gancho tras una crisis de régimen de la que ha salido ganando en casi todas sus batallas.
La ley había conseguido que el porcentaje de desahucios con respecto a las ejecuciones hipotecarias (sobre las que únicamente se puede legislar a nivel estatal) fuera únicamente del 20,5 (es decir, el desahucio se hacía efectivo únicamente 1 de cada 5 veces que un auto judicial ordenaba el desahucio de los residentes de la vivienda). Porcentaje que una vez suspendida la ley subió al 32,4% en el segundo trimestre de 2014, por lo que de mantenerse en vigor, habría evitado 508 desahucios (5,6 al día), que pesan gustosamente ahora sobre las espaldas del gobierno.
La conocida como ley antidesahucios no sólo evitaba desahucios mediante expropiaciones, sino que obraba un efecto disuasorio sobre todos los desalojos: las entidades financieras que mantuvieran sus viviendas vacías durante seis meses serían sancionadas. Como la banca sabía que no iba a vender los pisos vacíos a un precio que supusiera un volumen de negocio considerable, no quería arriesgarse además a sanciones. Este extremo también ha sido corroborado por los testimonios de las afectadas y las trabajadoras del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Para recurrir la ley, uno de los informes que aportó el gobierno para avalar sus tesis indicaba que la Sareb tenía en su cartera de activos 6.379 viviendas en Andalucía, 911 de ellas protegidas (VPO). En base a estos datos que conoció por la documentación presentada por Rajoy ante el alto tribunal, la Consejería de Fomento y Vivienda procedió a abrir dos expedientes sancionadores a la sociedad, uno por no comunicar que tenía 911 VPO vacías (que ha supuesto 120.000 euros), y otro por no ponerla en disposición de los registros públicos para su alquiler social (aún en trámite, puede suponer alrededor de 11,7 millones de euros). Las sanciones se establecieron porque el gobierno central se dejó sin recurrir algunos artículos de la ley de función social de la vivienda.
Para evitar la sanción, la Sareb señaló en sus alegaciones que no tenía 911 viviendas protegidas, sino 98, y que el dato ofrecido en el recurso era una “simple estimación”. Resulta que el gobierno utilizó datos falsos para revestir de imparcialidad la suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional.
Para dejar clara la política de clase de las instituciones burguesas, Izquierda Unida ha anunciado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Parlamento de Andalucía transmita al tribunal los hechos a fin de que reconsidere su postura. Pero mientras los papeles se apilan en las telarañas del régimen, la banca privada continúa agrediendo al pueblo andaluz. Una violencia estructural del sistema que, como toda, también tiene una dimensión de género: las mujeres tienen, por lo general, menos recursos económicos y, por tanto, un mayor riesgo de exclusión social.
NOTA:
1.- Se trata de una sociedad anónima, también conocida como banco malo, cuyo objetivo es vender en un plazo de 15 años los activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Banco Gallego y Banco de Valencia). Así, viviendas (la mayoría de ellas, vacías) que pertenecían a las cajas de ahorro de titularidad pública y que podrían ser utilizadas para evitar que la clase trabajadora tuviera una alternativa cuando la banca la echa de sus viviendas, son compradas por inversores para hacer negocio gracias al irrisorio precio de venta de las mismas, evidenciándose así una vez más el carácter de clase (en este caso) de las políticas de vivienda impuestas por los dictados neoliberales de la Troika y el gobierno del PP.
En esa tesitura, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, liderada por Izquierda Unida a través de Elena Cortés, promulgó el conocido Decreto de la Ley de la Función Social de la Vivienda el 9 de abril de 2013, recurrido posteriormente ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central del Partido Popular, así como la ley aprobada por el Parlamento andaluz –texto enriquecido por movimientos como FACUA o la PAH- el 1 de octubre del mismo año.
Como no podía ser de otra manera, los poderes del Estado -ejecutivo y judicial, en este caso- se pusieron de parte de la banca privada, bajo la excusa de la “inconstitucionalidad” de la ley. Se envolvían así bajo la capa de la Constitución del régimen del 78 y tranquilizaban a los inversores y fondos buitre, que veían peligrar su negocio de comprar, a precio de saldo, los activos “tóxicos” de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb[1]), pieza esencial de la política bancaria y de vivienda del sistema capitalista en su desarrollo en España. La banca y el capital no iban a permitir que la izquierda organizada le asestara un gancho tras una crisis de régimen de la que ha salido ganando en casi todas sus batallas.
La ley había conseguido que el porcentaje de desahucios con respecto a las ejecuciones hipotecarias (sobre las que únicamente se puede legislar a nivel estatal) fuera únicamente del 20,5 (es decir, el desahucio se hacía efectivo únicamente 1 de cada 5 veces que un auto judicial ordenaba el desahucio de los residentes de la vivienda). Porcentaje que una vez suspendida la ley subió al 32,4% en el segundo trimestre de 2014, por lo que de mantenerse en vigor, habría evitado 508 desahucios (5,6 al día), que pesan gustosamente ahora sobre las espaldas del gobierno.
La conocida como ley antidesahucios no sólo evitaba desahucios mediante expropiaciones, sino que obraba un efecto disuasorio sobre todos los desalojos: las entidades financieras que mantuvieran sus viviendas vacías durante seis meses serían sancionadas. Como la banca sabía que no iba a vender los pisos vacíos a un precio que supusiera un volumen de negocio considerable, no quería arriesgarse además a sanciones. Este extremo también ha sido corroborado por los testimonios de las afectadas y las trabajadoras del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Para recurrir la ley, uno de los informes que aportó el gobierno para avalar sus tesis indicaba que la Sareb tenía en su cartera de activos 6.379 viviendas en Andalucía, 911 de ellas protegidas (VPO). En base a estos datos que conoció por la documentación presentada por Rajoy ante el alto tribunal, la Consejería de Fomento y Vivienda procedió a abrir dos expedientes sancionadores a la sociedad, uno por no comunicar que tenía 911 VPO vacías (que ha supuesto 120.000 euros), y otro por no ponerla en disposición de los registros públicos para su alquiler social (aún en trámite, puede suponer alrededor de 11,7 millones de euros). Las sanciones se establecieron porque el gobierno central se dejó sin recurrir algunos artículos de la ley de función social de la vivienda.
Para evitar la sanción, la Sareb señaló en sus alegaciones que no tenía 911 viviendas protegidas, sino 98, y que el dato ofrecido en el recurso era una “simple estimación”. Resulta que el gobierno utilizó datos falsos para revestir de imparcialidad la suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional.
Para dejar clara la política de clase de las instituciones burguesas, Izquierda Unida ha anunciado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Parlamento de Andalucía transmita al tribunal los hechos a fin de que reconsidere su postura. Pero mientras los papeles se apilan en las telarañas del régimen, la banca privada continúa agrediendo al pueblo andaluz. Una violencia estructural del sistema que, como toda, también tiene una dimensión de género: las mujeres tienen, por lo general, menos recursos económicos y, por tanto, un mayor riesgo de exclusión social.
NOTA:
1.- Se trata de una sociedad anónima, también conocida como banco malo, cuyo objetivo es vender en un plazo de 15 años los activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Banco Gallego y Banco de Valencia). Así, viviendas (la mayoría de ellas, vacías) que pertenecían a las cajas de ahorro de titularidad pública y que podrían ser utilizadas para evitar que la clase trabajadora tuviera una alternativa cuando la banca la echa de sus viviendas, son compradas por inversores para hacer negocio gracias al irrisorio precio de venta de las mismas, evidenciándose así una vez más el carácter de clase (en este caso) de las políticas de vivienda impuestas por los dictados neoliberales de la Troika y el gobierno del PP.
Publicado en el Nº 279 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2014
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