PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO: Un presupuesto electoralista que quiere atar las manos de un gobierno alternativo
MUNDO OBRERO
Con estos Presupuestos Rajoy pretende crear una barrera jurídica para la aplicación rápida y eficaz de otra política económica por un gobierno alternativo.
Con estos Presupuestos Rajoy pretende crear una barrera jurídica para la aplicación rápida y eficaz de otra política económica por un gobierno alternativo.
El Gobierno del PP se ha empeñado en dejar aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2016, incluso condicionado la convocatoria de elecciones generales a la finalización del trámite parlamentario del Presupuesto.
La finalidad es doble: por un lado, de cara a las elecciones introducir en los presupuestos medidas que reconcilien ciertos sectores que Rajoy considera base electoral del PP con la política económica del Gobierno y, por otro, crear una barrera jurídica para la aplicación rápida y eficaz de otra política económica por un gobierno alternativo.
Junto a estos elementos de naturaleza política, el PP parte de dos supuestos de difícil confirmación, máxime cuando la propia Comisión Europea ha corregido a la baja las previsiones de crecimiento, el BCE aumenta el volumen de deuda que está dispuesto a comprar y la ralentización de la economía china limita la demanda mundial. Estos supuestos son: un próximo crecimiento económico que generará más empleo e ingresos tributarios, y el empecinamiento en que la austeridad estimulará la actividad económica.
Con el argumento de que la recaudación fiscal, especialmente por IVA, ha aumentado en los últimos meses se pretende cuadrar las cuentas sin reducir el gasto significativamente para dejar margen al electoralismo.
La confirmación del crecimiento previsto es frágil y no depende del Gobierno del PP
Se presenta el crecimiento del PIB como una muestra indiscutible de los buenos resultados de la política de reforma y recortes, pero aún estamos lejos de los datos de 2007. Hasta Grecia, que junto con Irlanda, es el único país que durante la crisis ha bajado su PIB más que España, ha empezado un importante crecimiento en el período de gobierno de Syriza.
Por otro lado, ese crecimiento del PIB se debe fundamentalmente a factores externos: más turistas por la crisis en el norte de África y Oriente Medio, precios muy bajos del petróleo y las materias primas, depreciación del euro y la política expansiva del BCE. Poco que ver con Rajoy.
Se crea empleo, pero precario
En la creación de empleo, el Gobierno corta el salchichón por donde le conviene. Si los datos del mes son buenos, ahí están, y si son malos (como en agosto) se recurre al cómputo anual. Pero lo determinante, es que se terminará esta legislatura con unos 400.000 parados más que en su inicio y 290.000 familias más con todos sus miembros en paro. Se va creando empleo, pero por el método de sustituir un contrato con calidad por dos o tres precarios. La media de duración de los contratos temporales es de 54 días y se ha doblado el número de contratos de un día. Cuatro millones de horas extras a la semana no se pagan.
Frente a estas realidades, que sólo son un limitado ejemplo, el Gobierno enfatiza en su explicación de los PGE 2016 que son los del cambio de ciclo, dando por superada la crisis económica.
El presupuesto destinado al “fomento del empleo”, a pesar de que se incrementa ligeramente este año en un 1,5%, está un 29% por debajo de 2011. La mayoría del aumento se destina a las bonificaciones para la contratación, cuyo resultado ha sido siempre muy poco útil porque es la atonía de la demanda lo que limita la creación de empleo y no el coste de contratación.
Unos presupuestos que recortan el Estado Social
El techo de gasto se ha reducido un 4,4% con relación a 2015, mientras las necesidades sociales aumentan. Más de 750.000 hogares no tienen ingreso alguno y los estudios de Cáritas y Oxfam demuestran el aumento de la pobreza. La pobreza infantil y la femenina están especialmente afectadas. El Gobierno dice que se aumenta el gasto social, pero ese milagro sólo se debe en una gran parte a que disminuye la protección del desempleo (aproximadamente 10 puntos desde el inicio de la legislatura).
Al mismo tiempo, las principales partidas destinadas a Educación, Sanidad o Cultura no compensan los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Los PGE 2016 siguen priorizando el pago de la deuda (33.500 millones de euros de intereses en 2016, casi el doble que el gasto en desempleo).
El dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que tienen derecho a ello. El incremento de inversión estatal para el año próximo es sólo de 75 millones de euros, lo que, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, exigiría 25 años para atender a todos los dependientes.
Frente al problema de los desahucios y la escasez de vivienda social, el gasto previsto en los PGE 2016 es ineficaz (585 millones, un 28% menos que en 2014). Y esto en un contexto en el que no faltan viviendas sino capacidad adquisitiva y política de acceso a vivienda social de alquiler moderado.
El 2,8% de déficit, un objetivo poco creíble
El Gobierno se propone reducir el déficit del conjunto de las administraciones hasta el 2,8%. Esta es una perspectiva poco asentada en datos reales. El déficit de 2015 se está comportando por encima de lo previsto en los presupuestos actuales y es muy dudoso que la recaudación vaya a aumentar un 0,8% respecto a los presupuestos de 2015 en un escenario de descenso de la presión fiscal en IRPF y Sociedades.
Por otro lado, el déficit de la Seguridad Social se aleja de las previsiones del Gobierno. En 2015 sólo van a crecer los ingresos en un 20% del aumento previsto de recaudación y parece poco justificado que el descenso de los salarios permitan un incremento significativo en 2016, aunque aumente el empleo.
Un presupuesto para la recentralización
Tal como se afirma en la Enmienda a la Totalidad de estos PGE, “con la actual distribución de competencias podemos afirmar con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una visión antisocial de la realidad”. El Proyecto 2016 exige un rigor presupuestario mucho mayor a las CC.AA y a los entes locales que a la Administración Central, y así se pone en riesgo la calidad de nuestros sistemas educativo y sanitario, y otras políticas sociales básicas.
El aumento de transferencias a CC.AA. por participación en los ingresos del Estado está vinculado al incremento de la recaudación de éste y no recupera la caída sufrida en ejercicios anteriores. Hay que subrayar el muy escaso debate con los gobiernos autonómicos y el estrecho margen de déficit para los Ayuntamientos (el 0,3%) que limitarán las posibilidades de acción de las nuevas corporaciones.
Nos encontramos ante unos PGE 2016 que si por un lado alardean del cambio de ciclo, en la realidad no incentivan la demanda ni la inversión y, por tanto, siguen anclados en la situación anterior y en un modelo productivo obsoleto, renunciando a un crecimiento sostenible y al aumento del empleo de calidad. No recuperan el deterioro de los servicios públicos y colocan el pago de la deuda y de sus intereses como la máxima prioridad. No sirven para superar la crisis en las mejores condiciones que beneficien a la mayoría de la población. Al contrario, apuntan a la consolidación de un modelo de la misma más injusto, desigual y empobrecedor.
Por ello, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha presentado una enmienda a la totalidad del Proyecto y sendas enmiendas de totalidad a cada una de las secciones de los mismos, además de más de 500 enmiendas parciales.
La finalidad es doble: por un lado, de cara a las elecciones introducir en los presupuestos medidas que reconcilien ciertos sectores que Rajoy considera base electoral del PP con la política económica del Gobierno y, por otro, crear una barrera jurídica para la aplicación rápida y eficaz de otra política económica por un gobierno alternativo.
Junto a estos elementos de naturaleza política, el PP parte de dos supuestos de difícil confirmación, máxime cuando la propia Comisión Europea ha corregido a la baja las previsiones de crecimiento, el BCE aumenta el volumen de deuda que está dispuesto a comprar y la ralentización de la economía china limita la demanda mundial. Estos supuestos son: un próximo crecimiento económico que generará más empleo e ingresos tributarios, y el empecinamiento en que la austeridad estimulará la actividad económica.
Con el argumento de que la recaudación fiscal, especialmente por IVA, ha aumentado en los últimos meses se pretende cuadrar las cuentas sin reducir el gasto significativamente para dejar margen al electoralismo.
La confirmación del crecimiento previsto es frágil y no depende del Gobierno del PP
Se presenta el crecimiento del PIB como una muestra indiscutible de los buenos resultados de la política de reforma y recortes, pero aún estamos lejos de los datos de 2007. Hasta Grecia, que junto con Irlanda, es el único país que durante la crisis ha bajado su PIB más que España, ha empezado un importante crecimiento en el período de gobierno de Syriza.
Por otro lado, ese crecimiento del PIB se debe fundamentalmente a factores externos: más turistas por la crisis en el norte de África y Oriente Medio, precios muy bajos del petróleo y las materias primas, depreciación del euro y la política expansiva del BCE. Poco que ver con Rajoy.
Se crea empleo, pero precario
En la creación de empleo, el Gobierno corta el salchichón por donde le conviene. Si los datos del mes son buenos, ahí están, y si son malos (como en agosto) se recurre al cómputo anual. Pero lo determinante, es que se terminará esta legislatura con unos 400.000 parados más que en su inicio y 290.000 familias más con todos sus miembros en paro. Se va creando empleo, pero por el método de sustituir un contrato con calidad por dos o tres precarios. La media de duración de los contratos temporales es de 54 días y se ha doblado el número de contratos de un día. Cuatro millones de horas extras a la semana no se pagan.
Frente a estas realidades, que sólo son un limitado ejemplo, el Gobierno enfatiza en su explicación de los PGE 2016 que son los del cambio de ciclo, dando por superada la crisis económica.
El presupuesto destinado al “fomento del empleo”, a pesar de que se incrementa ligeramente este año en un 1,5%, está un 29% por debajo de 2011. La mayoría del aumento se destina a las bonificaciones para la contratación, cuyo resultado ha sido siempre muy poco útil porque es la atonía de la demanda lo que limita la creación de empleo y no el coste de contratación.
Unos presupuestos que recortan el Estado Social
El techo de gasto se ha reducido un 4,4% con relación a 2015, mientras las necesidades sociales aumentan. Más de 750.000 hogares no tienen ingreso alguno y los estudios de Cáritas y Oxfam demuestran el aumento de la pobreza. La pobreza infantil y la femenina están especialmente afectadas. El Gobierno dice que se aumenta el gasto social, pero ese milagro sólo se debe en una gran parte a que disminuye la protección del desempleo (aproximadamente 10 puntos desde el inicio de la legislatura).
Al mismo tiempo, las principales partidas destinadas a Educación, Sanidad o Cultura no compensan los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Los PGE 2016 siguen priorizando el pago de la deuda (33.500 millones de euros de intereses en 2016, casi el doble que el gasto en desempleo).
El dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que tienen derecho a ello. El incremento de inversión estatal para el año próximo es sólo de 75 millones de euros, lo que, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, exigiría 25 años para atender a todos los dependientes.
Frente al problema de los desahucios y la escasez de vivienda social, el gasto previsto en los PGE 2016 es ineficaz (585 millones, un 28% menos que en 2014). Y esto en un contexto en el que no faltan viviendas sino capacidad adquisitiva y política de acceso a vivienda social de alquiler moderado.
El 2,8% de déficit, un objetivo poco creíble
El Gobierno se propone reducir el déficit del conjunto de las administraciones hasta el 2,8%. Esta es una perspectiva poco asentada en datos reales. El déficit de 2015 se está comportando por encima de lo previsto en los presupuestos actuales y es muy dudoso que la recaudación vaya a aumentar un 0,8% respecto a los presupuestos de 2015 en un escenario de descenso de la presión fiscal en IRPF y Sociedades.
Por otro lado, el déficit de la Seguridad Social se aleja de las previsiones del Gobierno. En 2015 sólo van a crecer los ingresos en un 20% del aumento previsto de recaudación y parece poco justificado que el descenso de los salarios permitan un incremento significativo en 2016, aunque aumente el empleo.
Un presupuesto para la recentralización
Tal como se afirma en la Enmienda a la Totalidad de estos PGE, “con la actual distribución de competencias podemos afirmar con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una visión antisocial de la realidad”. El Proyecto 2016 exige un rigor presupuestario mucho mayor a las CC.AA y a los entes locales que a la Administración Central, y así se pone en riesgo la calidad de nuestros sistemas educativo y sanitario, y otras políticas sociales básicas.
El aumento de transferencias a CC.AA. por participación en los ingresos del Estado está vinculado al incremento de la recaudación de éste y no recupera la caída sufrida en ejercicios anteriores. Hay que subrayar el muy escaso debate con los gobiernos autonómicos y el estrecho margen de déficit para los Ayuntamientos (el 0,3%) que limitarán las posibilidades de acción de las nuevas corporaciones.
Nos encontramos ante unos PGE 2016 que si por un lado alardean del cambio de ciclo, en la realidad no incentivan la demanda ni la inversión y, por tanto, siguen anclados en la situación anterior y en un modelo productivo obsoleto, renunciando a un crecimiento sostenible y al aumento del empleo de calidad. No recuperan el deterioro de los servicios públicos y colocan el pago de la deuda y de sus intereses como la máxima prioridad. No sirven para superar la crisis en las mejores condiciones que beneficien a la mayoría de la población. Al contrario, apuntan a la consolidación de un modelo de la misma más injusto, desigual y empobrecedor.
Por ello, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha presentado una enmienda a la totalidad del Proyecto y sendas enmiendas de totalidad a cada una de las secciones de los mismos, además de más de 500 enmiendas parciales.
Publicado en el Nº 288 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2015
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