La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) es seguramente uno de los departamentos más sensibles en el aparato de la Administración central. En él se desarrollan y gestionan bases de datos muy importantes, que manejan información muy delicada, como bases de cotización, prestaciones por desempleo, datos de mutuas y bajas médicas, nóminas, vidas laborales y pensiones, una compleja telaraña que permite el normal funcionamiento del Estado. Pero a pesar del carácter confidencial de toda esta información, el personal informático externo contratado por el GISS ya supera con creces al personal propio, funcionarios. El personal de apoyo del GISS, el subcontratado a empresas privadas, alcanzaba en 2013 la cifra de 1.087 efectivos. En el año 1992 eran solo 177, lo que supone un aumento del 514%. Por contra, el personal propio de la Gerencia (funcionarios más laborales), era en 1992 de 442 trabajadores. En 2013 eran 605 (una subida del 34%). Pero no porque haya habido más contrataciones. La plantilla informática de funcionarios creció un poco en los años 2005 y 2006 porque al GISS se sumaron los informáticos de la Tesorería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. La plantilla 'pública' alcanzó su cénit en 2007, con 675 trabajadores. En 2013 bajó a 605 y ahora (datos de marzo de 2014) son 601 (574 funcionarios y 27 laborales).
La Junta de Personal (que engloba a los sindicatos CGT, USO, CCOO, CSIF, SAP y a la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) lleva tiempo denunciando la "privatización encubierta" del servicio informático de la Seguridad Social. La relación de puestos de trabajo (RPT) lleva sin actualizarse desde 1992. A cambio, "el número de empleados públicos ha ido disminuyendo, mientras el personal externo ha ido aumentando", reza un informe interno de la Junta de Personal enviado a Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social. En ese documento, al que ha tenido acceso 20minutos, los sindicatos analizan "los problemas generados" por esa externalización. El primero, que subcontratar informáticos a empresas privadas es mucho más caro que aumentar la plantilla de funcionarios, porque hay que contabilizar los márgenes de beneficios de las empresas.
Por ejemplo, un técnico medio C (subcontratado a una empresa) supone para la Gerencia un coste medio anual de 50.200 euros (IVA incluido). Su equivalente funcionario (analista programador grupo c1 nivel 18) cobra 22.150 euros anuales brutos, casi la mitad. Un técnico superior B externo cuesta 84.460 euros (IVA incluido). Su equivalente funcionario cobra 33.870 euros brutos. "A este coste hay que añadir que el personal externo está ubicado en edificios de la Seguridad Social, utiliza medios y recursos de la Gerencia, material de oficina y formación específica a cargo de la Gerencia", señala el informe de la Junta. La propia Seguridad Social avala esta diferencia. El coste anual de un técnico medio informático, externo, es de 49.526 euros al año, siendo el coste de un funcionario equivalente al anterior de 33.657 euros. Un técnico superior externo vale 74.870 euros, el funcionario equivalente 53.017 euros, reconoce el propio Gobierno con datos salariales de octubre de este año. Esta diferencia salarial también se traslada a los Presupuestos Generales del Estado. En este año 2014 la Seguridad Social se gastará 60,7 millones en las nóminas del personal contratado, por 27 millones que cuestan las retribuciones de los funcionarios y el personal laboral.
Todos los datos revelan que es más caro lo privado que lo público. Para 2015, los presupuestos de "servicios de carácter informático de la Seguridad Social" reflejan un importante incremento. El GISS trabaja actualmente con 23 programas informáticos.En 2014 la Seguridad Social se gastará 89,9 millones de euros en ellos. En 2015 está previsto un gasto de 169 millones, 80 millones más para asumir esta creciente privatización y un nuevo cambio de modelo a la hora de contratar a las empresas privadas.
Tres niveles de subcontratación
Y es que la propia Seguridad Social reconoce que se va a cambiar el sistema de contratación del GISS, para mejorar la "eficiencia" y "minimizar la cesión ilegal de trabajadores", algo que reconoce que ahora se hace. En la actualidad, el GISS contrata asistencia técnica por horas, es decir horas de presencia, ahora se facturará por servicios realizados. En nomenclatura técnica, se va a cambiar el AT por el AM. Los sindicatos han detectado hasta tres niveles de subcontratación donde cada empresa interpuesta se lleva su parte y donde la única preocupación de la primera empresa contratante en la de confeccionar la nómina del trabajador.
Según la Junta de Personal, "las empresas adjudicatarias de estos servicios suelen utilizar, en gran parte, personal joven, sin experiencia y con bajos salarios". Son trabajadores con alta movilidad, que "requiere que la Gerencia imparta la misma formación específica de forma continua". Además, "gran parte de los puestos de trabajo ocupados por el personal externo son de tipo estructural, lo cual se demuestra por el hecho de que muchos de ellos están siendo desempeñados por el mismo trabajador externo desde hace mucho tiempo, en algunos casos más de 15 años". Por último, "estos trabajadores 'privados' tienen libre acceso a información sensible y confidencial, algo que legamente debería estar restringido al personal funcionario del GISS".
El ministerio asegura que el GISS mantendrá "el control, la coordinación y el conocimiento de los asuntos en manos de los funcionarios" y que la plantilla pública será la encargada de la "toma de requisitos, análisis funcional, pruebas y soporte técnico, complementándose con personal de asistencia técnica cuando sea necesario porque el sistema o el proyecto de que se trate lo requiera". Por su parte, Tomás Burgos respondió a las quejas de la Junta de Personal alegando que fue elCECIR, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), quién no ha querido actualizar la plantilla pública, "lo que ha obligado a la contratación de servicios externos". Burgos también señala que los pliegos exigen la capacitación de los trabajadores contratados y que todos firman una cláusula de confidencialidad.
"Industrias cárnicas"
El Consejo de Ministros del 16 de autorizó dos contratos para la "operación, gestión, soporte técnico, desarrollo, mantenimiento y control de calidad" de los Sistemas de Información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, un nombre rimbombante que según el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela esconde "la práctica externalización de los servicios informáticos de la Seguridad Social". Dos contratos por dos años que tendrán un coste para las arcas públicas de 114 millones de euros. El BOE licitó ambos contratos el 16 de junio. La UTE formada por las cuatro empresas INSA, GESEIN, SOFTWARE AG y SIA se llevaron el primer contrato por 25 millones. El segundo contrato ha sido dividido el cinco lotes. El primero se lo ha llevado la UTE Indra y Software AG por 37,8 millones.
Para el sindicato CGT, esta externalización supone dar negocio a empresarios amigos. "Todo esto se presenta convenientemente maquillado en vistosas presentaciones para ocultar la realidad, que no es otra que lo que deberían realizar los empleados públicos con la titulación adecuada, la misma que se les exigió para conseguir una plaza por oposición justo para realizar estas labores, lo acabe haciendo personal externo, no necesariamente cualificado, en remotas factorías del software, verdaderos almacenes de informáticos, deslocalizados en sitios donde para la empresa es más barato tenerlos. Allí, encargados de materializar las peticiones en serie como en una cadena de montaje, son sometidos a jornadas prolongadas e 'infrapagados'. Es lo que coloquialmente esos mismos trabajadores industrias cárnicas", explican desde el sindicato CGT.
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