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¿Qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y la UE es un tratado de libre comercio que se está negociando de espaldas a la ciudadanía, sin consultar a la sociedad civil, entre las grandes empresas multinacionales y las élites políticas de ambas regiones, con el objetivo de constituir la mayor zona de libre comercio del mundo. Tiene como objetivo real desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales, etc... así como privatizar los servicios públicos: la salud, la educación, el agua, los transportes, la gestión de residuos, etc…) para conseguir cada vez más y más beneficios y aumentar constantemente la tasa de ganancia.
Para ello se deben garantizar las inversiones de las empresas por encima de las leyes de los Estados, a los que éstos tendrán que indemnizar si ven disminuido el nivel previsto de sus ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS), los famosos tribunales de arbitraje, no sometidos a la justicia ordinaria de los Estados.
El TTIP es una vuelta de tuerca más para intentar acabar con los derechos de la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores y trabajadoras, al acentuar los procesos de recortes, privatización y liberalización de flujos de capitales, aumentando todavía más el poder del gran capital, tal como ha sucedido con otros tratados (un ejemplo claro es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre EE.UU., Canadá y México). Desde esta perspectiva, si se firma, sus consecuencias van a ser muy negativas para los derechos sociales y laborales, el empleo, la agricultura, la alimentación, el mundo rural y el medio ambiente.
¿Qué supondrá para los trabajadores y trabajadoras?
Consecuencias para el empleo
Según informes favorables a la firma del TTIP, se crearían dos millones de puestos de trabajo en EE.UU. y la UE y un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la UE entre el 1% y el 0,5% hasta 2027, pero la misma Comisión Europea lo reduce al 0,1%. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo el sector metalúrgico y en la agricultura, destruyendo la vida rural y la industria local.
Un estudio alternativo y crítico con el TTIP, con una metodología (Modelo de las Naciones Unidas de Política Global) utilizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizado por la Universidad de Tufts, concluye, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas de trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos públicos.
Las conclusiones favorables a la creación de empleo debido al TTIP, son negadas por la experiencia de otros tratados como el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), firmado en 1994, donde se afirmaba que se crearían un total de 20 millones de empleos, sin embargo, lejos de esto, hubo una pérdida de un millón de empleos y se destruyó el subsector del maíz mexicano por la invasión del maíz transgénico estadounidense con precios muy bajos.
Impacto en los derechos laborales
En lo que se refiere a los derechos laborales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja. Se rebajarán los derechos laborales de la UE al nivel existente en EE.UU.
Así, en EE.UU. los derechos laborales brillan por su casi total ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados, al menos formalmente, pero se conculcan cada vez más.
EE.UU. no ha firmado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación, así como los que se refieren a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, al apoyo a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el trabajo doméstico, así como el convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia…).
Tampoco ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que fue aprobado el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual entró en vigor el 3 de septiembre de 1981; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales y de salud), Sociales y Culturales, adoptado por dicha Asamblea, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Además, entre los Estados de la Unión existe una gran competitividad por atraer inversores, tanto de otros Estados como de países extranjeros, para lo cual en 24 de ellos han rebajado los salarios y recortado derechos en seguridad y salud laboral. La negociación colectiva y la libertad sindical no están reconocidas, por consiguiente el derecho de huelga y la libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o empleabilidad) en lugar de trabajo. Se ha implantado la aceptación de cualquier puesto de trabajo bajo presión por parte de las personas paradas, que se denomina paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras de algunas multinacionales, como Wal-Mart y McDonal´s, cobran salarios de hambre y, tanto es así, que tienen que solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno estadounidense a las personas pobres.
Esta es la situación laboral que muy probablemente podría implantarse en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.
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