Sólo con el incremento anual de los beneficios empresariales podríamos garantizar el pago de la factura eléctrica anual de 6 millones de hogares.
El 20 de octubre de 1996 Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía del Gobierno de Aznar, aseguraba en una entrevista en el periódico La Vanguardia: “ha empezado la revolución eléctrica para bajar precios y ganar competitividad”. Se iniciaba así el proceso de liberalización total del sector eléctrico en España que tenía como marco legal la Ley 54/1997.
La Oligarquía Financiera se cobraba una pieza más del sector público tras una batalla ideológica cuya victoria supuso asumir colectivamente el axioma de que la gestión y propiedad privada de los medios de producción permiten una mayor eficiencia y una reducción de los costes y los precios.
Casi veinte años después observamos un sector aún más concentrado, repartos de dividendos astronómicos entre los propietarios del Oligopolio, una inversión tecnológica absolutamente ineficiente, unas condiciones de trabajo más precarias en el sector y unos precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.
El desastroso balance es el resultado directo de gestionar el sector desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio en lugar que desde la adopción de criterios como la satisfacción de las necesidades de la población, la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.
El sector eléctrico forma parte de lo que denominamos sectores estratégicos, no sólo porque la electricidad es una necesidad básica insustituible para la población, sino porque además condiciona el desarrollo del resto de sectores productivos del país. Este hecho es lo suficientemente importante para entender que cualquier proceso de transformación que desde el Estado pretenda satisfacer las necesidades de todos los trabajadores e intervenir en el desarrollo de la economía debe optar ineludiblemente por la nacionalización del sector eléctrico además de otros sectores.
Hay más razones, sin embargo, que justifican la nacionalización del sector eléctrico incluso para los que no tienen en perspectiva la construcción del Socialismo.
Desde el inicio de la crisis económica en 2007, los beneficios de las compañías eléctricas se han incrementado en un 136%, mientras tanto la factura eléctrica media de los hogares de los trabajadores se ha incrementado un 58%, las cifras de cortes de luz por impago superan el millón y medio anual, y 1 de cada 5 hogares no puede asegurar una temperatura adecuada. ¿Es posible permitir esta falta de acceso a la electricidad, cuando sólo con el incremento anual de los beneficios empresariales podríamos garantizar el pago de la factura eléctrica anual de 6 millones de hogares?
La nacionalización del sector eléctrico es necesaria por justicia y equidad social. La misma permitiría garantizar, por parte del Estado, el acceso de todos los trabajadores a este bien básico.
Desde la perspectiva de la gestión pública del sector, las inversiones deben tener el objetivo de lograr un mix energético que permita un uso eficiente de la potencia instalada, alcanzar un mayor grado de soberanía energética apostando por tecnologías que reduzcan la importación de combustibles fósiles. La gestión privada del sector antepone el beneficio empresarial, no sólo del sector eléctrico, sino de otros sectores como el de la construcción, la banca o la industria de bienes de equipo.
El paradigma de la ineficiencia de la gestión capitalista del sector ha sido la infructuosa inversión en ciclos combinados desarrollada desde el año 2000, dicha tecnología supone actualmente el 25% de la potencia total instalada tras la inversión de más de 13.000 millones de euros, sin embargo, actualmente se usa menos del 10% de esta potencia. Si esto no fuera de por si escandaloso, debe tenerse en cuenta que parte de esa inversión fue subvencionada por el Estado a través de los Pagos por Capacidad (Ley 54/1997) y que hoy el sector exige al Gobierno una regulación que permita la hibernación de estas centrales, eso sí, solicitan que los costes asociados sean sufragados por la población a través de la factura eléctrica.
La nacionalización del sector eléctrico es necesaria para garantizar la eficiencia de las inversiones, una mayor soberanía energética de nuestro país y una producción más sostenible medioambientalmente.
La nacionalización permitiría además acabar con la opacidad del sector. Recientemente la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunciaba que el Gobierno de Zapatero había evitado exigir la devolución de 3.400 millones de euros a las eléctricas en concepto de los Costes de Transición a la Competencia, regulados en la Ley 54/1997, y que fueron en su día catalogados de arbitrarios por el Presidente del CNSE. Este mismo Gobierno incrementaba el importe de los incentivos de inversión 4 días antes de las Elecciones Generales de 2011. Sin duda esta decisión era condición para otra de las escandalosas prácticas del sector, compensar los servicios prestados con puestos en los Consejos de Administración y Cuerpos Directivos de las empresas del Oligopolio Eléctrico.
Hay miles de razones más que hacen necesaria la nacionalización del sector, pero la principal es garantizar que cada cual reciba según sus necesidades, tal y como plantea K. Marx en su Crítica al Programa de Gotha.
La Oligarquía Financiera se cobraba una pieza más del sector público tras una batalla ideológica cuya victoria supuso asumir colectivamente el axioma de que la gestión y propiedad privada de los medios de producción permiten una mayor eficiencia y una reducción de los costes y los precios.
Casi veinte años después observamos un sector aún más concentrado, repartos de dividendos astronómicos entre los propietarios del Oligopolio, una inversión tecnológica absolutamente ineficiente, unas condiciones de trabajo más precarias en el sector y unos precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.
El desastroso balance es el resultado directo de gestionar el sector desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio en lugar que desde la adopción de criterios como la satisfacción de las necesidades de la población, la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.
El sector eléctrico forma parte de lo que denominamos sectores estratégicos, no sólo porque la electricidad es una necesidad básica insustituible para la población, sino porque además condiciona el desarrollo del resto de sectores productivos del país. Este hecho es lo suficientemente importante para entender que cualquier proceso de transformación que desde el Estado pretenda satisfacer las necesidades de todos los trabajadores e intervenir en el desarrollo de la economía debe optar ineludiblemente por la nacionalización del sector eléctrico además de otros sectores.
Hay más razones, sin embargo, que justifican la nacionalización del sector eléctrico incluso para los que no tienen en perspectiva la construcción del Socialismo.
Desde el inicio de la crisis económica en 2007, los beneficios de las compañías eléctricas se han incrementado en un 136%, mientras tanto la factura eléctrica media de los hogares de los trabajadores se ha incrementado un 58%, las cifras de cortes de luz por impago superan el millón y medio anual, y 1 de cada 5 hogares no puede asegurar una temperatura adecuada. ¿Es posible permitir esta falta de acceso a la electricidad, cuando sólo con el incremento anual de los beneficios empresariales podríamos garantizar el pago de la factura eléctrica anual de 6 millones de hogares?
La nacionalización del sector eléctrico es necesaria por justicia y equidad social. La misma permitiría garantizar, por parte del Estado, el acceso de todos los trabajadores a este bien básico.
Desde la perspectiva de la gestión pública del sector, las inversiones deben tener el objetivo de lograr un mix energético que permita un uso eficiente de la potencia instalada, alcanzar un mayor grado de soberanía energética apostando por tecnologías que reduzcan la importación de combustibles fósiles. La gestión privada del sector antepone el beneficio empresarial, no sólo del sector eléctrico, sino de otros sectores como el de la construcción, la banca o la industria de bienes de equipo.
El paradigma de la ineficiencia de la gestión capitalista del sector ha sido la infructuosa inversión en ciclos combinados desarrollada desde el año 2000, dicha tecnología supone actualmente el 25% de la potencia total instalada tras la inversión de más de 13.000 millones de euros, sin embargo, actualmente se usa menos del 10% de esta potencia. Si esto no fuera de por si escandaloso, debe tenerse en cuenta que parte de esa inversión fue subvencionada por el Estado a través de los Pagos por Capacidad (Ley 54/1997) y que hoy el sector exige al Gobierno una regulación que permita la hibernación de estas centrales, eso sí, solicitan que los costes asociados sean sufragados por la población a través de la factura eléctrica.
La nacionalización del sector eléctrico es necesaria para garantizar la eficiencia de las inversiones, una mayor soberanía energética de nuestro país y una producción más sostenible medioambientalmente.
La nacionalización permitiría además acabar con la opacidad del sector. Recientemente la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunciaba que el Gobierno de Zapatero había evitado exigir la devolución de 3.400 millones de euros a las eléctricas en concepto de los Costes de Transición a la Competencia, regulados en la Ley 54/1997, y que fueron en su día catalogados de arbitrarios por el Presidente del CNSE. Este mismo Gobierno incrementaba el importe de los incentivos de inversión 4 días antes de las Elecciones Generales de 2011. Sin duda esta decisión era condición para otra de las escandalosas prácticas del sector, compensar los servicios prestados con puestos en los Consejos de Administración y Cuerpos Directivos de las empresas del Oligopolio Eléctrico.
Hay miles de razones más que hacen necesaria la nacionalización del sector, pero la principal es garantizar que cada cual reciba según sus necesidades, tal y como plantea K. Marx en su Crítica al Programa de Gotha.
Publicado en el Nº 282 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2015
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