El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) organismo encargado de gestionar los expedientes y pagar las indemnizaciones y salarios de trabajadores de empresas insolventes o en concurso de acreedores ha sido la nueva víctima de las nefastas políticas “públicas” del Gobierno.
La consecuencia de las últimas reformas laborales, el FOGASA quintuplica su volumen de trabajo pasando de 39.032 expedientes resueltos en 2007 a 154.357 en 2013 mientrasse amortizan plazas o no se cubren las bajas por enfermedad. Su plantilla reducida a unas 400 personas queda saturada por la multiplicación de ERES lo que provoca en muchos casos que no se comparezca en los procedimientos judiciales, laborales y concursales ni se conteste a los emplazamientos, por otro lado los retrasos en la resolución de expedientes y en los pagos lleva a muchos trabajadores a situaciones insostenibles.
Los responsables del Ministerio de Empleo proponen a comienzos del 2013 una solución a los sindicatos, una privatización “temporal” mediante el programa GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados), pero ante las quejas sindicales, optan por una encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSATEC, filial de TRAGSA, en lugar de un concurso público para empresas privadas (se barajaba entre otras la consultora KPMG).
El Gobierno paga 3,5 millones de € a TRAGSATEC, por la resolución de 181.000 expedientes, a los que se suma un volumen desconocido de expedientes atrasados no digitalizados. Se paga por cada expediente resuelto 20 € mientras que su tramitación en el FOGASA cuesta cerca de 1 €, además de que resulta mucho más económico reforzar la plantilla en condiciones (un nuevo ejemplo de su cacareada austeridad)
Lo mejor del caso es que entonces TRAGSA presenta un ERE alegando caída de la producción y pérdidas económicas que afecta a 1.639 trabajadores (836 en TRAGSA y 803 en TRAGSATEC) y manifiesta su intención de amortizar 3.695 puestos de trabajode interinos, lo que supone eliminar unos 5.000 empleos de una plantilla de unos 11.500, en definitiva la mayor reducción de empleo realizada nunca en una empresa pública. Al mismo tiempo contrata a 80 trabajadores para el programa GRETA a los que debe de coordinar e impartir formación, lo que provoca la paralización casi absoluta de los pagos, produciéndose la circunstancia de que quienes acuden al FOGASA después de octubre del 2013 ven resueltos sus expedientes antes que los de abril de 2012 (casi dos años de demora). Asimismo el ministro Wert, el superhéroe favorito de nuestros jóvenes, encomienda a TRAGSATEC la gestión de las becas de las universidades públicas (en las que él sin reparo reduce personal) lo que les obliga acontratar a otros 50 auxiliares administrativos.
Ante esta situación los sindicatos CCOO, UGT y CGT impugnan el ERE ante la Audiencia Nacional, argumentando que el proceso se ha planteado en fraude de ley y manifiesto abuso de derecho, y cuestionando los criterios para la designación de los trabajadores afectados, además basan su petición de nulidad del despido colectivoen la falta de aportación de documentación de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores así como de la aportación del Plan Económico-Financiero conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. También recomiendan a cualquier persona que reciba la carta de despido que la denuncie de forma individual ante el juzgado de lo social.
Las centrales sindicales plantean que los esfuerzos sean compartidos por la totalidad de la plantilla, que se excluyan los contratos con retribuciones inferiores a los 20.000 € anuales (más de la mitad de la plantilla) y que afecte de forma más proporcional a los más de 200 puestos ejecutivos de TRAGSA que cobran más de 200.000 € anuales. Además señalan como incoherencia en las cuentas de la empresa el derroche realizado en la encomienda del Ayuntamiento de Madrid para reventar el derecho constitucional de huelga en el sector de Limpieza y Jardines durante el mes de noviembre, comprometiendo la integridad física de su plantilla mientras realizaba labores de esquirolaje, los trabajadores no aceptaron esa función por lo que tuvieron que contratar personal en la ETT Randstad, abonando 85 € por jornada por cada puesto contratado.
Por otra parte ya en julio de 2013 un juzgado de lo social condena al FOGASA por incumplir con su obligación de dictar resolución expresa en el plazo de 3 meses y en diciembre de 2013 se presenta por la Asociación en Defensa de las Libertades y Derechos Civiles y Sociales, una querella criminal contra el Secretario General del FOGASA, Juan Carlos Arce Gómez, como autor de un delito de prevaricación tras elbloqueo de expedientes y la cesión de una parte de las gestiones a TRAGSA lo que impide abonar salarios e indemnizaciones a miles de trabajadores en todo el Estado (sólo en la Comunidad Valenciana, unos 60.000). Los demandantes consideran que lasituación actual no es fruto de errores sino que responde a un calculado e intencionado desmantelamiento de la administración pública para justificar su privatización, señalan que la Administración del Estado se está comportando como cualquier empresario moroso y malicioso, dilatando el reconocimiento de los derechos de los trabajadores afectados.
DESDE CGT HACE TIEMPO QUE VENIMOS DENUNCIANDO EL DETERIORO Y DESIDIA INTENCIONADA EN LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EXIGIMOS EL FIN DE LAS PRIVATIZACIONES EN FOGASA, TGSS, INSS, DGT, ETC...
POR UNA AGE SIN ENCHUFADOS NI MAFIOSOS... DIGNIDAD Y LUCHA!!!
Comentarios
Publicar un comentario