LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PLANTEA GARANTIZAR SUMINISTROS MÍNIMOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA
MUNDO OBRERO
DIEGO VALDERAS SOSA
Podemos definir la pobreza energética como la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar los recibos de luz, agua y gas.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres factores: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. Actualmente 4 millones de personas en España son “pobres en términos de acceso a los suministros vitales”. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. En relación al abastecimiento de agua, actualmente en el mundo 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de abastecimiento.
En el conjunto del Estado, y sólo en 2012, se han producido 1,4 millones de cortes de suministro de energía eléctrica, de ellos 510.864 se han producido en Andalucía entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012. Según el estudio de Creu Roja Catalunya «Vivienda y Colectivos Vulnerables» de julio de 2013, el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas. El 58% manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura óptima, hace dos años este porcentaje era del 42%.
Según los datos de Eurostat para el último trimestre de 2013, Andalucía lidera la pobreza en España con el 38,6% de su población sin los recursos económicos mínimos, a lo que hay que sumar el incremento de personas en riesgo de exclusión y pobreza, que ha aumentado ocho puntos en los últimos cuatro años. En Europa 50 millones de ciudadanos deben elegir a diario entre comer o calentarse.
Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
Para hacer frente a esta situación, desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía planteamos la necesidad de garantizar los suministros mínimos vitales de agua potable y energía eléctrica para los 54.181 andaluces que hoy son perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad. A través de este proyecto pretendemos dar continuidad a la Ley andaluza que garantiza la función social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda, dando un paso más hacia la materialización de los derechos de habitabilidad de la población más vulnerable.
Las medidas que proponemos pasan por garantizar un mínimo de 3 m³ de agua al mes a cada perceptor y 1.400 Kwh/persona/año. Garantizamos así un mínimo de 100 litros por perceptor y día para atender las necesidades de agua potable y una cantidad suficiente de energía eléctrica para poder atender el gasto de 2600 Kcal/día que fijan los organismos internacionales. Pretendemos mediante estas garantías mínimas vitales que no se produzcan cortes de suministro en los hogares andaluces convirtiendo a nuestra Comunidad en un territorio libre de desahucios energéticos.
Andalucía pretende articular estas medidas apoyada en el Derecho Internacional Público, las Observaciones del Comité Europeo de Derechos Económicos Sociales y Culturales, las directivas europeas, los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo dispuesto por nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos que el corte del suministro de luz y agua, sometidos hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su naturaleza como bienes públicos que nunca hubieron de estar sometidos a las leyes del mercado desregulado, aboca a quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída en la exclusión social y la pobreza.
Las propuestas contenidas en nuestro proyecto de garantía de suministros mínimos vitales se encuadran en la lucha contra la pobreza energética iniciada por numerosos Estados europeos como Alemania, Eslovaquia, Suiza o Reino Unido. Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. En el resto del mundo países como Sudáfrica, Panamá, México, Ecuador o Colombia reflejan en su ordenamiento jurídico medidas para garantizar el acceso de sus ciudadanos a los suministros mínimos vitales.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien más los necesite se queda fuera. El objetivo de Andalucía es garantizar un Derecho y por lo tanto estas medidas no responden a fórmulas asistenciales o constituyen un subsidio. Se trata de construir garantías para una vida digna.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
La aprobación de medidas que impidan que la espiral de exclusión social y pobreza se siga reproduciendo debe ser una obligación de todo Gobierno de izquierdas y es un compromiso básico con la mayoría social que sufre la crisis económica impuesta por los mercados financieros. Las medidas que proponemos son viables, inciden sobre un colectivo altamente vulnerable y consolidan un derecho de ciudanía. Las medidas que garanticen los suministros mínimos vitales a los andaluces son una aportación más al debate de fondo que debe iniciar el parlamento andaluz para hacer realidad una Ley de Renta Básica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Pero junto a las medidas que desde el Gobierno puedan impulsarse, y que han sido elaboradas junto a un gran número de colectivos y entidades, debemos ganar estas medidas en la calle, a través de la información, difusión y movilización social. Sólo gobernando con mentalidad de movimiento social podremos establecer un nuevo modelo de decisión, de gobierno de la mayoría y de oposición eficaz a las medidas impulsadas por la TROIKA que operan contra los pueblos de Europa. Proponer, organizar, movilizar, convencer, generan la alternativa. Esa y no otra debe ser la manera de estar en los Gobiernos. Al servicio de la mayoría social. En lucha contra las desigualdades.
DIEGO VALDERAS SOSA
Podemos definir la pobreza energética como la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar los recibos de luz, agua y gas.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres factores: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. Actualmente 4 millones de personas en España son “pobres en términos de acceso a los suministros vitales”. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. En relación al abastecimiento de agua, actualmente en el mundo 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de abastecimiento.
En el conjunto del Estado, y sólo en 2012, se han producido 1,4 millones de cortes de suministro de energía eléctrica, de ellos 510.864 se han producido en Andalucía entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012. Según el estudio de Creu Roja Catalunya «Vivienda y Colectivos Vulnerables» de julio de 2013, el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas. El 58% manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura óptima, hace dos años este porcentaje era del 42%.
Según los datos de Eurostat para el último trimestre de 2013, Andalucía lidera la pobreza en España con el 38,6% de su población sin los recursos económicos mínimos, a lo que hay que sumar el incremento de personas en riesgo de exclusión y pobreza, que ha aumentado ocho puntos en los últimos cuatro años. En Europa 50 millones de ciudadanos deben elegir a diario entre comer o calentarse.
Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
Para hacer frente a esta situación, desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía planteamos la necesidad de garantizar los suministros mínimos vitales de agua potable y energía eléctrica para los 54.181 andaluces que hoy son perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad. A través de este proyecto pretendemos dar continuidad a la Ley andaluza que garantiza la función social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda, dando un paso más hacia la materialización de los derechos de habitabilidad de la población más vulnerable.
Las medidas que proponemos pasan por garantizar un mínimo de 3 m³ de agua al mes a cada perceptor y 1.400 Kwh/persona/año. Garantizamos así un mínimo de 100 litros por perceptor y día para atender las necesidades de agua potable y una cantidad suficiente de energía eléctrica para poder atender el gasto de 2600 Kcal/día que fijan los organismos internacionales. Pretendemos mediante estas garantías mínimas vitales que no se produzcan cortes de suministro en los hogares andaluces convirtiendo a nuestra Comunidad en un territorio libre de desahucios energéticos.
Andalucía pretende articular estas medidas apoyada en el Derecho Internacional Público, las Observaciones del Comité Europeo de Derechos Económicos Sociales y Culturales, las directivas europeas, los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo dispuesto por nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos que el corte del suministro de luz y agua, sometidos hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su naturaleza como bienes públicos que nunca hubieron de estar sometidos a las leyes del mercado desregulado, aboca a quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída en la exclusión social y la pobreza.
Las propuestas contenidas en nuestro proyecto de garantía de suministros mínimos vitales se encuadran en la lucha contra la pobreza energética iniciada por numerosos Estados europeos como Alemania, Eslovaquia, Suiza o Reino Unido. Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. En el resto del mundo países como Sudáfrica, Panamá, México, Ecuador o Colombia reflejan en su ordenamiento jurídico medidas para garantizar el acceso de sus ciudadanos a los suministros mínimos vitales.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien más los necesite se queda fuera. El objetivo de Andalucía es garantizar un Derecho y por lo tanto estas medidas no responden a fórmulas asistenciales o constituyen un subsidio. Se trata de construir garantías para una vida digna.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
La aprobación de medidas que impidan que la espiral de exclusión social y pobreza se siga reproduciendo debe ser una obligación de todo Gobierno de izquierdas y es un compromiso básico con la mayoría social que sufre la crisis económica impuesta por los mercados financieros. Las medidas que proponemos son viables, inciden sobre un colectivo altamente vulnerable y consolidan un derecho de ciudanía. Las medidas que garanticen los suministros mínimos vitales a los andaluces son una aportación más al debate de fondo que debe iniciar el parlamento andaluz para hacer realidad una Ley de Renta Básica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Pero junto a las medidas que desde el Gobierno puedan impulsarse, y que han sido elaboradas junto a un gran número de colectivos y entidades, debemos ganar estas medidas en la calle, a través de la información, difusión y movilización social. Sólo gobernando con mentalidad de movimiento social podremos establecer un nuevo modelo de decisión, de gobierno de la mayoría y de oposición eficaz a las medidas impulsadas por la TROIKA que operan contra los pueblos de Europa. Proponer, organizar, movilizar, convencer, generan la alternativa. Esa y no otra debe ser la manera de estar en los Gobiernos. Al servicio de la mayoría social. En lucha contra las desigualdades.
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