INSURGENTE
La impunidad es antigua como la propia existencia. Siempre hubo impunes, mentirosos, falsarios, camaleones. Ni qué decir el mal que estas actitudes le han hecho a la vida política y social de cada una de las naciones del mundo. En general, detrás de un acto de impunidad, siempre se esconde el doble discurso que finalmente consigue cómplices para justificar esa acción vil.
En los últimos meses, un ex juez español de fama bien ganada en lo que hace a ignorar los derechos humanos de quienes se rebelaron contra el sistema de opresión impuesto por los respectivos gobiernos de derecha neoliberal en la península, se ha convertido casi en un "prócer" en el atribulado imaginario argentino. Baltasar Garzón, se llama quien carga sobre su conciencia el haber visto y oído en su siniestro juzgado de la muy franquista Audiencia Nacional madrileña, los cuerpos y las denuncias de centenares de jóvenes vascos, catalanes, gallegos y hasta árabes, marcados por la tortura, violados, destrozados. Sin embargo, jamás hizo un gesto para sancionar esa violencia policial, muy por el contrario, desoyó las súplicas y enterró a sus víctimas en oscuros calabozos por varios años.
Entre los castigados por este proceder, hay numerosos periodistas, siendo los más destacados, el director del diario Egin, Javier Salutregi (aún detenido), la redactora Teresa Toda (recuperó su libertad hace una semana después de seis años de prisión por escribir e informar), Fernando Alonso (todavía preso), los periodistas Oriol Malló y Eduard López, ambos trabajadores de los semanarios catalanes El Temp y El Punt respectivamente. Casi todos ellos denunciaron torturas que Garzón no hizo a lugar.No contento con esas detenciones, el ex juez comandó el operativo policial que cerró a perpetuidad el diario vasco "Egin", la radio del mismo nombre, las revistas "Ardi Beltza" y "Kale Gorria", estas dos últimas dirigidas por el periodista Pepe Rei (el Rodolfo Walsh del País Vasco, por sus aportes al periodismo de investigación y de lucha), a quien el ex juez persiguió hasta la saciedad, encarcelándolo en varias oportunidades.
Tal fue esta obstinación, que Rei, desestabilizado por una nueva amenaza de prisión, se dio vuelta con su coche en una autopista, y ha quedado postrado en silla de ruedas de por vida. Por esas raras cosas de la impunidad y también de la desmemoria, Garzón se ha hecho "célebre" aquí en la Argentina. Lo invitan a charlas, lo homenajean, le otorgan el DNI argentino, y en el colmo del desparpajo, esta semana la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), le concedió el Premio a la Libertad de Expresión. Parece un mal chiste, realmente. Es como entregarle a Netaniahu una escultura de la paloma de la paz.
Sin embargo, esto sucede en medio de una borrachera de indiferencia, que de no existir, permitiría preguntar: ¿qué se obtiene con tanto culto a Garzón? ¿Quiénes han diagramado estos operativos político-mediáticos de blanqueo casi provocador de un personaje al que Organismos de Derechos Humanos internacionales y personalidades de esa área han puesto en sus listas como alguien que ignoró los mismos en varias oportunidades? ¿Cómo es posible que en un país en el que se ha padecido el Terrorismo de Estado en forma brutal, donde funcionarios judiciales muy parecidos al español (basta mencionar a los jueces Perriaux, Quiroga, Pons o al fiscal Romero Victorica?) enterraron en vida a miles de patriotas y revolucionarios de los 70, hoy se premie, se alabe, se le dé voz a Garzón? Allí está, para mayor bochorno un reportaje elogioso que esta misma semana le hacen al ex juez los integrantes de la revista villera La Garganta Poderosa, o las cientos de páginas que le han dedicado al ex juez sus amigos del diario Página 12. No vale la excusa de "yo no sabía nada", o aquello de que "a lo mejor están exagerando". No, cuando se trata de temas tan dolorosos como estos donde como telón de fondo hay luchadores torturados o encarcelados. En fin, Argentina es jauja para Garzón. Ha encontrado el sitio justo a la hora indicada, donde esconder su pasado y preparar su futuro (¿quizás asesorando en armar una ingeniería represiva contra la disidencia como la que ya hizo en España y en Colombia?). Todo ello, claro, en "defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión".
Feo asunto este de la impunidad, doloroso y difícil de digerir. Más allá de esta evidencia, no todo el mundo come vidrio, y la reacción ante semejante despropósito de poner en un pedestal a quien no lo merece, comienza a brotar poco a poco, para demostrar que este fenómeno de alienación deliberada, como tantos otros, no va a durar toda la vida.
Aritz Beristain, detenido e incomunicado por orden del juez Garzón en 2002, denunció torturas y malos tratos durante su detención de Guipúzcoa y su posterior traslado a Madrid. El magistrado no dedujo testimonio ni desarrolló ninguna investigación sobre el suceso.
ResponderEliminarGarzón ha ordenado durante su carrera la detención de cientos de personas quedando estas incomunicadas, además de ser el responsable de las violaciones físicas y psíquicas ocurridas durante los periodos de arresto.
3ª) Garzón ha recibido numerosas denuncias de malos tratos o torturas y su investigación ha sido escasa, cuando no inexistente. En relación a este caso existen varios ejemplos. En junio de 1992, Garzón ordenó la detención de 40 personas pertenecientes al movimiento independentista catalán, quedando estas incomunicadas durante su arresto, además de sufrir malos tratos y torturas. Estos hechos fueron posteriormente denunciados, así como ignorados por el juez, hasta que cinco años después el TEDH de Estrasburgo condenase al Estado Español por “violación del artículo 3 del Convenio debido a la ausencia de una investigación oficial efectiva sobre dichas alegaciones”.
Sin embargo, recordemos que Garzon fue miembro de la propia Audiencia Nacional, herencia del Tribunal de Orden Publico franquista, y que desde alli evito investigar las denuncias de tortura llegadas a su competencia, por lo que incluso fue reprendido por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En el caso de la detención e incomunicación de 22 personas en enero de 2006 por una supuesta participación en Al-Qaeda. Aunque la operación en un primer momento fue llevada a cabo por Fernando Andreu y Fernando Grande-Marlaska, el juez Baltasar Garzón se hizo cargo de la instrucción de sumario en julio del mismo año, de los 22 detenidos, solo 9 se sentaron en el banquillo y tan solo 5 fueron condenados. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo al considerar no validas las confesiones de los acusados, pues que: “A lo largo y ancho de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el proceso del que trae causa la presente resolución, el Tribunal sentenciador, como ya se ha dicho, deja constancia con numerosas referencias, de la muy fundada y sólida sospecha de que una vez los acusados fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales en Madrid, encerrados e incomunicados, hubieran sido objeto de maltrato físico y/o psicológico con la finalidad de que hicieran sus declaraciones ante el Juez de Instrucción en determinado sentido.