Ya ha transcurrido más de mes y medio de la celebración de Elecciones Generales en Portugal, y la situación ha ido generando un empantanamiento político derivado tanto del resultado electoral como de las decisiones que se están adoptando para tratar de formar gobierno.
La decisión provocadora de Antonio Cavaco Silva como presidente de la República de mandar formar gobierno a Passos Coelho (PSD) para garantizar la continuidad de su política de agresión permanente contra la clase obrera y los sectores populares portugueses, ha sido contestada en el parlamento con una moción de censura, o, como se denomina en Portugal, moción de rechazo, que prácticamente inhabilita la acción de gobierno.
El puzle político en el que se encuentra Portugal, procede en su formalidad del carácter semipresidencialista de la constitución portuguesa que otorga especiales poderes al presidente, como es el de invitar a formar gobierno a fuerzas políticas que puede ser que no tengan mayorías parlamentarias, que es el caso que nos ocupa. Pero la situación se vuelve más rocambolesca por la inminencia a principios de año de las Elecciones para Presidente de la República. En síntesis, Portugal se puede encontrar con un gobierno que no gobierna hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones parlamentarias que se pueden alargar hasta junio próximo.
En este contexto, la oposición al gobierno derechista de Passos Coelho ha conseguido articular un acuerdo cuatripartito compuesto por organizaciones políticas de la llamada izquierda portuguesa para afrontar, formalmente, un cambio de rumbo de gobierno que, sin cuestionar las raíces sobre la que se ha denominado “política austericida” de los gobiernos precedentes, trate de modular las graves consecuencias que padecen los y las trabajadores portugueses. El difícil equilibrio sobre el que se sustenta el acuerdo es consecuencia de la participación del Partido Socialista de Antonio Costa, que es miembro activo también de las políticas en defensa de los intereses monopolísticos y del gran capital que se han implantado durante decenios tanto en el propio país como en la UE; también del Bloco de Esquerda, organización aliada de Syriza y Podemos que con su posición oportunista ya ha manifestado que el próximo gobierno de coalición “no será un gobierno de ruptura con los compromisos europeos”; y el Partido los Verdes, que se sitúan en la posición del formalismo ecológico sin tocar estructuras del sistema.
En este magma, el PCP tiene una complicada navegación. El esfuerzo que realiza para impedir que la derecha tradicional portuguesa continúe gobernando con las políticas antiobreras dirigidas desde la UE, requiere de un complemento de apoyo de masas para afrontar los desajustes políticos que se van a producir en la coalición, así como en la confrontación directa con las instituciones de la UE, en la aplicación de la política financiera de estabilidad y de contención del déficit público.
El acuerdo entre los cuatro partidos adopta una fragilidad inicial, ya que no se ha consagrado en un solo documento, sino que se han firmado tres acuerdos dirigidos por el PS con cada una de las otras tres organizaciones, y algunos puntos no son coincidentes ni en la propuesta ni en el calendario, por ejemplo la subida de 530 a 600 € del salario mínimo interprofesional que el PCP lo sitúa para 2016 y los otros partidos escalonadamente hasta 2019. Se apuesta por atacar medidas en estos frentes: salarios y pensiones; empleo y precariedad; fiscalidad; condiciones laborales en la administración pública; mejora de los servicios públicos de salud, educación y enseñanza superior; sostenibilidad de la seguridad social; cuestiones ambientales.
En esta situación de limbo institucional, se actúa en consonancia con la posición política que cada partido representa. Mientras el gobierno en funciones de Passos Coelho ha decretado la privatización de la TAP, la izquierda ha contestado con la reversión de la Ley del aborto y con la decisión de la adopción a las parejas homosexuales.
Mientras tanto, también continúa la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras portuguesas: 80% de los contratos son precarios; 20% de los salarios son inferiores al mínimo salarial; 2 millones ochocientos mil portugueses en riesgo de pobreza; los desahucios continúan; etc.
Víctor Lucas
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