miércoles, 27 de enero de 2016

#CGT: La Seguridad Social privatiza servicios adjudicándolos con contratos millonarios


La última externalización afecta al Servicio de atención telefónica, que se ha adjudicado a una filial de Adecco, Extel. Pero la lista es larga y afecta cada vez a más áreas de la Seguridad Social, mientras se adelgaza el funcionariado.
Gemma Garcia 18/01/2016
Cuando alguien contacta con información de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) desde cualquier punto del Estado español, se le deriva a una centralita de Madrid, desde donde Excel Contact Center, filial de la empresa de trabajo temporal Adecco, atiende las llamadas. En el mes pasado, el Estado acabó de privatizar los Servicios de Gestión Telefónica de la Seguridad Social (Geste), incluida la gestión de las redes sociales, por 10,38 millones de euros. Hasta entonces, era el funcionariado el encargado de garantizar el servicio, excepto en Madrid, que fue el laboratorio de la privatización en 1999, cuando el entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales adjudicó el servicio a la empresa Estratel por más de un millón de euros. Ahora, y a pesar de las quejas de diversos sindicatos, el modelo ya se ha extendido a todo el territorio.

Desde que Extel se ocupa del servicio, la línea ya no es gratuita y, según denuncian tanto CGT como CCOO, se está transmitiendo información errónea porque,-aseguran- quien atiende las llamadas no tiene información suficiente en la materia. En cambio, el funcionariado que se ocupaba antes cuenta con conocimiento especializado en materia de afiliación, inscripción de empresas, convenios y cotizaciones, y está al día de los cambios legislativos. A eso se le añade el agravante, según Santi Herranz de la CGT, que muchas consultas acaban, finalmente, retornando a los funcionarios porque Extel no las puede resolver: “No tiene ninguna razón de ser. No se ahorra trabajo y se da un mal servicio”.
CCOO, por ejemplo, ha detectado diversos casos de afectadas por la mala atención telefónica. A una persona de Tarragona, por ejemplo, le advirtieron que no tenía derecho a cobrar la pensión, cuando no era así.

A pesar que las cláusulas del contrato, según el Bufete de abogados Almeida, se ajustan a lo establecido en la ley de protección de datos, desde los sindicatos también se ha alertado que se está transfiriendo información privada y sensible a estas empresas con los riesgos que esto comporta. La Directa ha intentado contactar en diversas ocasiones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que no ha atendido a este medio.


La empresa beneficiaria de esta última privatización es una de las filiales de la multinacional con sede en Zuric Adecco, líder en servicios de empleo temporal, y su relación con la administración pública no es nueva. La más reciente se produjo en junio de 2015, cuando se le otorgó el servicio de atención telefónica de la Dirección General del Catastro por un importe de 930.000 euros. Poco antes, en 2014, había acordado una colaboración con los Servicios Públicos de Empleo en la inserción laboral. Ahora, su principal cliente es Movistar, a través de la gestión de los números 1004 i 1002. Y la compra de Canal+ por parte de la multinacional de las telecomunicaciones ha generado muchas quejas sobre la atención telefónica, por falta de información adecuada después que la plantilla de Extel haya recibido únicamente un curso de dos horas.

Un trabajador del Geste, que prefiere mantener en el anonimato, ha asegurado a La Directa que constantemente les derivan llamadas y, al mismo tiempo, adelgazan la plantilla. En la oficina donde trabaja eran 12 en 2011 y ahora solo quedan cuatro. Para la economista del Seminario de Economía Crítica Taifa Elena Idoate, la tendencia es ir derivando tareas porque el funcionariado “tiene mejores condiciones laborales, tiene garantías contra el despido”, mientras que el sector privado consigue contratar por unos salarios mucho más bajos. Para la función pública “es una amenaza”, asegura, porque “querrán hacer extensible esta precariedad a los trabajadores y trabajadoras públicas”.

Contratos millonarios
La atención telefónica de la TGSS es la última de una larga lista de privatizaciones de servicios de los diferentes entes que integran la Seguridad Social. Indra, el Corte Inglés o Accenture son algunas de las empresas que se han llevado contratos millonarios gracias a las privatizaciones de servicios.

Una de las áreas más afectadas es la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), donde el personal externo ya supera el propio. Entre 2006 y 2009 se adjudicaron 661 contratos por un importe de 531,5 millones de euros. Un año más tarde, el 2010, el Gobierno español volvió a privatizar diferentes tareas por un valor de 106,3 millones para un plazo de ejecución de dos años. Y el 2013, el procedimiento se repitió, por un importe inferior, de 40,6 millones de euros. Entre las empresas beneficiarias, destaca Indra Sistemas, fabricante de armamento para Israel, e Informática EL Corte Inglés, grupo que cuenta con un ex primer ministro de Qatar como inversor. Entre los contratos conseguidos por el líder mundial de grandes almacenes, despuntan los 3,35 millones de euros que se llevó, con Eulen, para digitalizar los expedientes de las direcciones provinciales de la TGSS.

Una de las privatizaciones que ha traído más cola es la tramitación de las vidas laborales. El año 2006 se sacó a concurso esta tarea, que realizaban presencialmente los funcionarios. Desde entonces, solo se puede conseguir llamando a un teléfono 901 –no gratuito- o en línea. José Ramón Córdoba, Secretario General de la FSC de CCOO en Tarragona, se exclama que, además, si cuando haces la solicitud, la dirección que facilitas no coincide con la registrada en la seguridad social, tienes que ir a las oficinas a cambiarla presencialmente y volver a hacer la solicitud telefónica. Además, desde principios del 2000, el Gobierno gasta recursos económicos en un envío masivo anual de vidas laborales. En total, se envían cada año más de 20 millones de informes en todo el Estado español y las beneficiarias del servicio en los últimos años han estado empresas como Meydis o Servinform. El Tribunal de Cuentas, en el informe de 2011-2012, denuncia que no queda acreditada la necesidad de llevar a cabo la información masivamente, si anteriormente era el funcionariado el que-a petición del interesado-, realizaba el servicio sin ningún coste económico adicional para la Seguridad Social.

Aunque existe el ente intervención General de la Seguridad Social con función interventora y encargado del control financiero, el Gobierno español ha permitido la contratación de empresas privadas para realizar auditorías. El 2012, el BOE publicó una orden que declaraba insuficientes los medios propios y abría la puerta a la “colaboración con empresas privadas de auditoría”. Sorprendentemente, el gerente de López R. Auditores, una de las empresas que se llevó parte del pastel, cerca de 304.000 euros, ha estado investigado por presunta malversación de fondos y estafa en la gestión de ayuda a domicilio en Ourense, a través de otra filial. Fue la misma TGSS quien certificó al juez que la empresa acumulaba casi 900.0000 euros de deuda con la seguridad social.

Al mismo tiempo, la consultora Accenture también se ha visto beneficiada por la administración pública, porque le ha encargado el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude por más de 1,3 millones de euros. Se produce la paradoja que, el grupo multinacional está condenado, en 2007, por acoso laboral y por fraude de ley el 2013, ya que había  realizado operaciones entre empresas con el objetivo de rebajar su factura tributaria entre 2003 y 2005.

Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas
El órgano responsable del control del sector público ha denunciado malas praxis en muchas de estas privatizaciones. El informe de los ejercicios 2011 y 2012, publicado a final de 2014, concluye que, en general, las privatizaciones no quedan debidamente justificadas, sino que “el contenido es excesivamente genérico” y que, al mismo tiempo, no constan estimaciones o estudios de carácter económico que justifiquen el presupuesto fijado.

El informe hace una referencia específica a los contratos relacionados con el mantenimiento y programas informáticos, denunciando que la práctica totalidad fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad. El argumento, amparado por la ley, es que la empresa beneficiaria es la única autorizada por el fabricante para el mantenimiento de determinados productos, pero que, por tanto, se evidencia una “excesiva dependencia tecnológica en la contratación de contenido informático” que el organismo ya había manifestado anteriormente.
Para Herranz, de la CGT, esta privatización es un paso más hacia un modelo americano de administración pública, “donde hay unos gestores públicos en las altas esferas cobrando grandes sueldos y el resto son empresas de servicios”. Gradualmente, la privatización afecta cada vez a más áreas de la seguridad social. A la limpieza, mantenimiento y vigilancia, le suceden un conjunto de servicios, que tradicionalmente, asegura Idoate, “se entendía que tenía que hacerse desde un ámbito estrictamente público”.

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