El
23 de Septiembre entró en vigor la reforma parcial de la actual ley del aborto,
impulsada por el PP. El gobierno de Rajoy modifica una parte de la actual ley
de plazos (vigente desde 2010), en lo que se refiere a la obligación del
consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
El
gobierno impone una norma que lo único que hace es condenar a estas jóvenes a ser madres a la fuerza o a recurrir
al aborto clandestino, con el consecuente riesgo para su salud y sus vidas; ya
que en la amplia mayoría de los casos no informan a sus tutores o padres,
porque viven situaciones familiares conflictivas o problemáticas, o en algunos
casos porque carecen de tutor legal.
Teniendo en cuenta que solo un 13% de estas
menores aborta cada año sin consentimiento de sus progenitores (unas 500
mujeres), lo que está claro es que el PP se ha sacado de la manga esta ley con evidentes
intenciones electoralistas, ya que solo le ha servido para contentar al sector
más conservador del PP. Porque el rasero tendría que ser el mismo en todos los
ámbitos de la vida, si no, ¿cómo se explica que el gobierno no restrinja
también la
edad legal con la que en la actualidad se pueden mantener relaciones sexuales
consentidas, que sigue estando en 13 años? ¿Y la edad para que una mujer pueda
contraer matrimonio, emanciparse legalmente, o someterse sin consentimiento
paterno a la mayoría de las operaciones quirúrgicas o tratamientos, que sigue
estando en 16?
Si verdaderamente se trata de prevenir
embarazos no deseados, lo que hay que eliminar son los recortes sociales, la
nueva ley de educación (LOMCE) y poner en marcha medidas preventivas efectivas.
Esto significa garantizar una educación sexual y en valores de igualdad en la
escuela pública, que sea respetuosa con las diferentes orientaciones sexuales,
y también significa el acceso gratuito a recursos de orientación, planificación
familiar y métodos anticonceptivos seguros, fiables y gratuitos dentro de la sanidad
pública.
Incluso es necesario
superar las trabas de la actual ley de plazos, que sigue restringiendo nuestros
derechos sexuales y reproductivos, ya que el
aborto sigue estando dentro del código penal y las mujeres son tratadas como
seres inmaduros, puesto que se les obliga a recibir asesoramiento previo antes
de ejercer su derecho. Y para colmo, esta información, que deben recibir
obligatoriamente las mujeres, se deja en manos de las “Asociaciones pro-vida”
en la mayoría de las Comunidades Autónomas.
Por eso
desde Co.Bas nos unimos a la jornada de lucha del 28 de Septiembre. Porque la prohibición no protege la vida de nadie. Tenemos
que demandar el aborto legal en todo el mundo, fuera del código penal, y
denunciar las muertes de miles de mujeres que se dan cada año en todo el mundo
por verse en la obligación de someterse a abortos clandestinos.
¡FUERA EL ABORTO DEL CÓDIGO PENAL!
¡FUERA LA RELIGIÓN DE LAS AULAS! ¡POR
UNA VERDADERA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
¡ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
SEGUROS, EN LA SANIDAD PÚBLICA!
¡NO MÁS RECORTES: CENTROS DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS MUJERES EN CADA LOCALIDAD!
¡ABORTO LIBRE, PÚBLICO, GRATUITO Y SIN
OBJECCIÓN DE CONCIENCIA!
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