A principios de verano la alcaldesa ponía autobuses públicos y
gratuitos para apoyar la concentración para el cierre de CIE’s, una medida
aplaudida por los colectivos. Pero la cuestión de la inmigración ha estado
presente durante el verano con los top manta y ahora de los refugiados.
En julio una operación del Mossos en Salou contra los top manta
llevaba a muerte de un senegalés. Toda la discusión ha sido si la policía
empujó al inmigrante o no, pero lo que habría que preguntarse es si la
operación a las 4 de mañana provoca en si misma la intimidación y el desenlace.
La izquierda calló, mientras los senegaleses protestaron al día siguiente en
Salou y son hoy los perseguidos por los alborotos en la manifestación. El
conflicto saltó a Barcelona.
El sindicato policial mayoritario SAPOL confirmaba que aunque no
se les ha pedido que bajen la guardia con el top manta, sí que el «enfoque más
social que policial » por parte del ayuntamiento, ha producido cierto «relajamiento
» en el tipo de intervención. CC.OO, haciendo un descarado seguimiento reconoce
que estaba casi erradicada en el 2014 en la ciudad pero repunta por el discurso
contradictorio y «confuso» del ayuntamiento, «ellos se sienten ahora más
protegidos por el ayuntamiento».
El ayuntamiento se justifica diciendo que nunca cambió el
protocolo del Alcalde Trías aunque reafirma que la solución «no es policial ».
Inmediatamente los comerciantes y PP, Ciutadans y PSC se lanzaron contra las
declaraciones de los dirigentes de Barcelona en Comú, exigiendo más represión
policial. La Confederación de Comercio de Cataluña advierte que el comercio de
Barcelona se siente «indignado por la relajación del Ayuntamiento y la
tolerancia del ‘top manta’».
Era urgente decidir y no buscar medias tintas que acaban pudriendo
la situación y que el conflicto viniera a más. Finalmente crecen los
altercados, hubo heridos leves y Ada Colau salió diciendo que no se toleraría
la violencia y que había líneas rojas que no se podía cruzar, y acaba
presentándose como acusación particular contra los manteros acusados de
violencia.
El problema tiene varias vertientes: los manteros, el comercio y
la policía. A un ayuntamiento de izquierdas no debiera temblarle el pulso a la
hora de presentarse defendiendo a trabajadores que solo pretenden un salario de
subsistencia con la venta ambulante. Estamos contra la persecución y represión
de unos trabajadores/as inmigrantes que se dedican al top manta no por gusto. A
nadie le gusta estar dependiendo de quienes les proporcionan el material de
venta, de la policía que les persigue y requisa el material, de salir corriendo
porque probablemente no tenga en regla ni los papeles. La solución no puede
pasar más que por la reunión con ellos con una propuesta sobre la mesa: el
compromiso –como respecto de los demás inmigrantes- de conseguir una
regularización inmediata que acabe con la dependencia de mafias y la amenaza
del CIE o la expulsión. La garantía de protección frente a cualquier mafia y
una negociación para la creación de puestos de trabajo -como con el resto de
parados- , que puede incluir – como propone el Consejo Municipal de Inmigración
de Barcelona- un lugar seguro para la venta regular.
Sin resolver ahora y aquí los problemas que tienen los trabajadores/
as inmigrantes resulta increíble que la alcaldesa de Barcelona se ponga de
ejemplo y a la cabeza de las ciudades de acogida ante la crisis de los
inmigrantes.
Para el gran comercio el problema de los top manta es la imagen,
no la competencia, y esto también tiene que ver con el modelo de ciudad
turística.
Tampoco es el problema fundamental del pequeño negocio que ha
visto como estos años las grandes superficies arrasaban con el mercado. Los
pequeños comerciantes verán a buen seguro una política común para frenar los
grandes centros.
Pero hay otra cuestión respecto de la policía. La declaración de
guerra entre el nuevo ayuntamiento y sindicatos policiales ya había saltado a
propósito de la voluntad del consistorio de disolver la unidad de intervención
de la Guardia Urbana, los USAP o USP y por la implicación de concejales en la
denuncia del caso 4F. Es un tema calcado en Madrid cuando anunció la nueva
alcaldía que comenzará a reducir las Unidades Centrales de Seguridad (UCS)
-conocidas como «antidisturbios»-, Los sindicatos policiales arremeten contra
Carmena y su equipo: «Su afán de persecución contra los antidisturbios se debe
a que estos son los que están presentes en los desahucios, los cuales los
ordena un juez». Y afirman: «No tienen ni idea de las funciones reales que
realiza esta Unidad».
Hay una vertiente que es cómo responder a la política corporativa
de los sindicatos policiales. La realidad es que Ada Colau buscando
equilibrios, consensos y presiones, prácticamente no ha cambiado las estructuras
internas del ayuntamiento en gran parte de sectores, manteniendo en los puestos
a los cargos de anteriores gobiernos. Y sin una modificación profunda de
responsables no es ya que no permita ir más adelante sino que se le termina
girando en contra. Pero esto es fundamental, aplicar un cambio profundo de
mandos, cambiar el modelo policial y disolver las unidades antidisturbios.
Militante
de Lucha Internacionalista
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