GOLPE DE ESTADO DE ALCANCE TRANSATLÁNTICO DEL CAPITAL FINANCIERO TRANSNACIONAL
Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían un gobierno en la sombra que se impondría a la actuación de los gobiernos.
Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían un gobierno en la sombra que se impondría a la actuación de los gobiernos.
El 8 de febrero en Bruselas se inicia la octava ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones más conocido como TTIP (por sus siglas en inglés). Este Tratado crearía la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.
El objetivo declarado de este Tratado es la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas economías, pero su objetivo real se encuentra en las no arancelarias. Y eso significa la eliminación de las trabas a los beneficios de los inversores que supongan las normativas y leyes que regulan y protegen nuestra convivencia y derechos.
¿Y cómo se consigue ejecutar todo eso? En primer lugar a través de la llamada armonización normativa que básicamente consiste en quedarse con la más baja de las protecciones sobre cada materia, vigente en uno u otro lado del Atlántico, y extenderla a ambos. Por eso decimos que los y las perdedoras estamos en ambos bloques, somos las clases trabajadoras, las clases populares y la ciudadanía en general en la UE o EEUU quienes perdemos porque siempre se aplicará la peor de las opciones para nuestros intereses frente a los intereses de las corporaciones transnacionales.
Pero la armonización normativa es solo el principio.
La estructura de estos Tratados los dota de una seguridad jurídica aplastante donde los derechos de los grandes inversores quedan clara y nítidamente protegidos pero sus deberes, completamente difuminados. Poseen perversos mecanismos que se convierten en verdaderos jaque mate a los principios democráticos fundamentales, socavan la soberanía, y en definitiva dinamitan el estado de derecho y el derecho de los estados. Dos de ellos son, la cláusula de resolución de conflictos inversor estado ISDS (por sus siglas en inglés), y el Consejo de Cooperación Reguladora.
La cláusula de resolución de conflictos entre Inversor y Estado (ISDS)
La cláusula de Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado, ISDS, da potestad a los inversores para impugnar las leyes establecidas en el mejor interés de cada nación, procediéndose en tribunales privados de arbitraje formados por tres abogados, donde se piden compensaciones por las pérdidas reales o “potenciales” que dichos inversores estimen que puedan provocar estas nuevas leyes. Es, de facto, un sistema de justicia privado sólo para el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, que carece de transparencia y burla con suma facilidad los estándares legales internacionales, y donde no hay siquiera igualdad ante la ley porque solo pueden presentar demandas los inversores extranjeros. Sus decisiones son inapelables y no responden ante ninguna instancia superior.
Además aunque los negociadores de la Comisión Europea la quieran vender como accesible incluso a PYMES, difícilmente un pequeño inversor podrá costearse el acceso a este mecanismo. Y es que los costos legales y arbitrales de una disputa en estos tribunales suponen una media de 8M$, que suben con extrema facilidad hasta los 30M$ o incluso los 58M$ que, por ejemplo, le costó la defensa al gobierno filipino en el largo proceso contra el operador aeroportuario alemán Fraport.
Es fácil advertir las consecuencias de “enfriamiento legislativo” que puede suponer la amenaza constante de esos costos por posibles demandas sobre los Estados, y cómo pueden ser la perfecta excusa de gobiernos mediocres o timoratos para no tomar medidas progresistas a favor de sus poblaciones.
Hace décadas, esta cláusula se introducía en los acuerdos comerciales internacionales cuando se hacían con algún país que carecía de un sistema legal fuerte y para evitar casos de abuso. Sin embargo, estos procedimientos legales se han disparado en los últimos diez años y se han demandado a países con un fuerte sistema legal; según datos de CIADI, de 38 casos en 1996, pasamos a 514 casos en 2013.
Y es que ha proliferado una lucrativa “industria” del arbitraje de inversiones, donde la presunta imparcialidad e independencia es totalmente ilusoria: los abogados que componen los equipos jurídicos ganan de media 1.000$/hora y los salarios percibidos por los árbitros llegan al Millón$., las leyes y las demandas están determinadas en gran medida por las mismas firmas de abogados, árbitros e incluso especuladores financieros que ganan astronómicas cifras de dinero con los pleitos. No en vano el 74% de las juntas editoriales en derecho de inversiones están ocupadas por estos mismos abogados, dándole todo el sentido al dicho popular: quien hace la ley, hace la trampa… Y cada vez hay más interconexiones entre el arbitraje de inversiones y las finanzas especulativas, existiendo ya fondos de inversión que financian los costos de las disputas a cambio de un porcentaje de la indemnización final. Ejemplos de ello sonBuford Capital (EEUU) y Jurídica Invesment (UK) que invierten una media de 8M$ y 7,5M$ por caso respectivamente y declaran una rentabilidad de entre 30% - 50%.
Consejo de Cooperación Regulatoria (CCI)
Pero para el gran capital transnacional lo anterior no parece suficiente, y para asegurarse de que posibles cambios de políticas y gobiernos no le agüen la fiesta, incluye dentro de los términos del TTIP la creación de un organismo para la institucionalización y profundización de los términos del Tratado: el Consejo de Cooperación Regulatoria. Esta idea supone un fenómeno nuevo porque reclama para los grandes lobbies corporativos una silla en la mesa donde se dará el visto bueno a las leyes antes siquiera de que se discutan en los parlamentos, y convertirá nuestras ya maltrechas -si no vacías- democracias, en la nada más absoluta.
La propuesta que hizo la propia Comisión Europea en diciembre de 2013 y que fue filtrada incluía características y competencias como: negociación y diálogo permanente (sector privado/ UE/ EEUU) lo que de facto significa Tratado vivo y en continuo crecimiento e implica que si algo como la cláusula ISDS no se incluye inicialmente se pueda añadir de forma posterior a la firma del propio Tratado; mecanismo de alerta anticipada sobre cualquier proyecto legislativo que además podrá ser paralizado; la posibilidad de modificar leyes, normativas y reglamentos anteriores al Tratado que supone que ningún derecho, ninguna protección que creemos hoy consolidada esté realmente a salvo; la vigilancia de los Estados miembros en todos los niveles de gobierno pudiendo amonestar desde a la UE a un modesto ayuntamiento; y el derecho de los lobistas a participar directamente en las propuestas de elaboración de las regulaciones.
Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían por tanto un gobierno en la sombra que condicionaría y se impondría a la actuación de los gobiernos elegidos por los pueblos europeos democráticamente.
Conclusión
De firmarse el TTIP, soberanía nacional, estado de derecho, separación de poderes y cualquier forma de legitimidad democrática se convertirán automáticamente en conceptos para los libros de historia. Debemos parar este Tratado (y todos aquellos a los que subyace este mismo modelo) porque lo que contiene realmente es un golpe de estado de alcance transatlántico del capital financiero transnacional.
CUANDO LAS MULTINACIONALES DEMANDAN A LOS ESTADOS
¿Cuáles son los contenidos de esas demandas? ¿Qué tipo de leyes son esas que se impugnan? algunos ejemplos reales que hablan por sí solos:
La empresa francesa Veolia demanda a Egipto por incluir un salario mínimo en una nueva ley laboral. Solicita una indemnización de 82M$.
Phillip Morris demanda a los estados de Australia y Uruguay por las consecuencias para su negocio de su nueva ley de salud pública que restringe la publicidad en las cajetillas de tabaco. Solicita indemnizaciones de hasta 2.000M$.
La compañía sueca Vattenfall demanda al gobierno alemán por acordar una moratoria nuclear tras el desastre de Fukusima. Solicita indemnización de 3.700M$.
Tanto Naciones Unidas como el propio FMI han reconocido que introducir esta cláusula ISDS en los acuerdos limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis y no potencia las inversiones. En la consulta pública que la propia Comisión Europea realizó sobre el ISDS el 97% de las 150.000 respuestas mostró su rechazo a esta cláusula, dejando bien claro que la ciudadanía europea no quiere que el demonio la lleve a juicio en el infierno, parece sin embargo, que no es ese el caso de los que negocian en su nombre.
El objetivo declarado de este Tratado es la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas economías, pero su objetivo real se encuentra en las no arancelarias. Y eso significa la eliminación de las trabas a los beneficios de los inversores que supongan las normativas y leyes que regulan y protegen nuestra convivencia y derechos.
¿Y cómo se consigue ejecutar todo eso? En primer lugar a través de la llamada armonización normativa que básicamente consiste en quedarse con la más baja de las protecciones sobre cada materia, vigente en uno u otro lado del Atlántico, y extenderla a ambos. Por eso decimos que los y las perdedoras estamos en ambos bloques, somos las clases trabajadoras, las clases populares y la ciudadanía en general en la UE o EEUU quienes perdemos porque siempre se aplicará la peor de las opciones para nuestros intereses frente a los intereses de las corporaciones transnacionales.
Pero la armonización normativa es solo el principio.
La estructura de estos Tratados los dota de una seguridad jurídica aplastante donde los derechos de los grandes inversores quedan clara y nítidamente protegidos pero sus deberes, completamente difuminados. Poseen perversos mecanismos que se convierten en verdaderos jaque mate a los principios democráticos fundamentales, socavan la soberanía, y en definitiva dinamitan el estado de derecho y el derecho de los estados. Dos de ellos son, la cláusula de resolución de conflictos inversor estado ISDS (por sus siglas en inglés), y el Consejo de Cooperación Reguladora.
La cláusula de resolución de conflictos entre Inversor y Estado (ISDS)
La cláusula de Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado, ISDS, da potestad a los inversores para impugnar las leyes establecidas en el mejor interés de cada nación, procediéndose en tribunales privados de arbitraje formados por tres abogados, donde se piden compensaciones por las pérdidas reales o “potenciales” que dichos inversores estimen que puedan provocar estas nuevas leyes. Es, de facto, un sistema de justicia privado sólo para el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, que carece de transparencia y burla con suma facilidad los estándares legales internacionales, y donde no hay siquiera igualdad ante la ley porque solo pueden presentar demandas los inversores extranjeros. Sus decisiones son inapelables y no responden ante ninguna instancia superior.
Además aunque los negociadores de la Comisión Europea la quieran vender como accesible incluso a PYMES, difícilmente un pequeño inversor podrá costearse el acceso a este mecanismo. Y es que los costos legales y arbitrales de una disputa en estos tribunales suponen una media de 8M$, que suben con extrema facilidad hasta los 30M$ o incluso los 58M$ que, por ejemplo, le costó la defensa al gobierno filipino en el largo proceso contra el operador aeroportuario alemán Fraport.
Es fácil advertir las consecuencias de “enfriamiento legislativo” que puede suponer la amenaza constante de esos costos por posibles demandas sobre los Estados, y cómo pueden ser la perfecta excusa de gobiernos mediocres o timoratos para no tomar medidas progresistas a favor de sus poblaciones.
Hace décadas, esta cláusula se introducía en los acuerdos comerciales internacionales cuando se hacían con algún país que carecía de un sistema legal fuerte y para evitar casos de abuso. Sin embargo, estos procedimientos legales se han disparado en los últimos diez años y se han demandado a países con un fuerte sistema legal; según datos de CIADI, de 38 casos en 1996, pasamos a 514 casos en 2013.
Y es que ha proliferado una lucrativa “industria” del arbitraje de inversiones, donde la presunta imparcialidad e independencia es totalmente ilusoria: los abogados que componen los equipos jurídicos ganan de media 1.000$/hora y los salarios percibidos por los árbitros llegan al Millón$., las leyes y las demandas están determinadas en gran medida por las mismas firmas de abogados, árbitros e incluso especuladores financieros que ganan astronómicas cifras de dinero con los pleitos. No en vano el 74% de las juntas editoriales en derecho de inversiones están ocupadas por estos mismos abogados, dándole todo el sentido al dicho popular: quien hace la ley, hace la trampa… Y cada vez hay más interconexiones entre el arbitraje de inversiones y las finanzas especulativas, existiendo ya fondos de inversión que financian los costos de las disputas a cambio de un porcentaje de la indemnización final. Ejemplos de ello sonBuford Capital (EEUU) y Jurídica Invesment (UK) que invierten una media de 8M$ y 7,5M$ por caso respectivamente y declaran una rentabilidad de entre 30% - 50%.
Consejo de Cooperación Regulatoria (CCI)
Pero para el gran capital transnacional lo anterior no parece suficiente, y para asegurarse de que posibles cambios de políticas y gobiernos no le agüen la fiesta, incluye dentro de los términos del TTIP la creación de un organismo para la institucionalización y profundización de los términos del Tratado: el Consejo de Cooperación Regulatoria. Esta idea supone un fenómeno nuevo porque reclama para los grandes lobbies corporativos una silla en la mesa donde se dará el visto bueno a las leyes antes siquiera de que se discutan en los parlamentos, y convertirá nuestras ya maltrechas -si no vacías- democracias, en la nada más absoluta.
La propuesta que hizo la propia Comisión Europea en diciembre de 2013 y que fue filtrada incluía características y competencias como: negociación y diálogo permanente (sector privado/ UE/ EEUU) lo que de facto significa Tratado vivo y en continuo crecimiento e implica que si algo como la cláusula ISDS no se incluye inicialmente se pueda añadir de forma posterior a la firma del propio Tratado; mecanismo de alerta anticipada sobre cualquier proyecto legislativo que además podrá ser paralizado; la posibilidad de modificar leyes, normativas y reglamentos anteriores al Tratado que supone que ningún derecho, ninguna protección que creemos hoy consolidada esté realmente a salvo; la vigilancia de los Estados miembros en todos los niveles de gobierno pudiendo amonestar desde a la UE a un modesto ayuntamiento; y el derecho de los lobistas a participar directamente en las propuestas de elaboración de las regulaciones.
Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían por tanto un gobierno en la sombra que condicionaría y se impondría a la actuación de los gobiernos elegidos por los pueblos europeos democráticamente.
Conclusión
De firmarse el TTIP, soberanía nacional, estado de derecho, separación de poderes y cualquier forma de legitimidad democrática se convertirán automáticamente en conceptos para los libros de historia. Debemos parar este Tratado (y todos aquellos a los que subyace este mismo modelo) porque lo que contiene realmente es un golpe de estado de alcance transatlántico del capital financiero transnacional.
CUANDO LAS MULTINACIONALES DEMANDAN A LOS ESTADOS
¿Cuáles son los contenidos de esas demandas? ¿Qué tipo de leyes son esas que se impugnan? algunos ejemplos reales que hablan por sí solos:
La empresa francesa Veolia demanda a Egipto por incluir un salario mínimo en una nueva ley laboral. Solicita una indemnización de 82M$.
Phillip Morris demanda a los estados de Australia y Uruguay por las consecuencias para su negocio de su nueva ley de salud pública que restringe la publicidad en las cajetillas de tabaco. Solicita indemnizaciones de hasta 2.000M$.
La compañía sueca Vattenfall demanda al gobierno alemán por acordar una moratoria nuclear tras el desastre de Fukusima. Solicita indemnización de 3.700M$.
Tanto Naciones Unidas como el propio FMI han reconocido que introducir esta cláusula ISDS en los acuerdos limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis y no potencia las inversiones. En la consulta pública que la propia Comisión Europea realizó sobre el ISDS el 97% de las 150.000 respuestas mostró su rechazo a esta cláusula, dejando bien claro que la ciudadanía europea no quiere que el demonio la lleve a juicio en el infierno, parece sin embargo, que no es ese el caso de los que negocian en su nombre.
Publicado en el Nº 281 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2015
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