EL TTIP, INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN SOCIALMUNDO OBRERO
Hablar del Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos –TTIP, en adelante- resulta una tarea compleja como consecuencia del oscurantismo y opacidad con los que aquél se está negociando. Lo que conocemos, a través de las declaraciones de algunos responsables en la materia como el Comisario de Comercio de la UE, Karel de Gutch, produce escalofríos: “El TTIP tiene como objetivo eliminar normativas a ambos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente”.
Esta afirmación obliga inmediatamente a preguntarse por los aspectos normativos que hoy, según esta visión, impiden a las empresas operar libremente. La respuesta la encontramos entrabas normativas derivadas del reconocimiento de una sanidad pública y universal, de la existencia de un sistema público de pensiones, del establecimiento de controles sanitarios de alimentos o, en última instancia, del reconocimiento a los trabajadores de un conjunto de derechos previamente conquistado. En suma, se evidencia el carácter de un capital que resulta incapaz de alcanzar su máxima, el beneficio, sin degradar las condiciones de vida y trabajo de las personas ya sea través de la precarización de las condiciones de trabajo que de la mercantilización de determinadas necesidades sociales como la salud. En última instancia, el TTIP resulta una muestra más de la contraposición interesada entre una determinada interpretación del desarrollo económico y la existencia de derechos sociales y laborales, con el propósito de ofrecer un supuesto carácter contingente de la democracia frente al desarrollo económico y la creación de empleo.
En efecto, tanto la composición de los actores de esta negociación como el mecanismo de ratificación previsto no ofrecen dudas sobre el radical carácter antidemocrático del TTIP. Entre los actores que formalmente están negociando, además de las delegaciones europeas y estadounidenses, se encuentran directamente las empresas multinacionales. Por su parte, el procedimiento previsto para su aprobación, mayoría cualificada de un 55% de Estados que representen al menos a un 65% de los ciudadanos europeos más la aprobación por parte del Parlamento Europeo, no permitirá a los Estados miembros realizar ninguna enmienda en el momento de su ratificación en los distintos parlamentos nacionales. A lo que se debe sumar la elección de un arbitraje privado (ISDS) como mecanismo de solución de controversias entre los inversores y los Estados, que permitirá a las empresas multinacionales denunciar a los Estados por hipotéticas legislaciones y normativas que pudieran perturbar los beneficios empresariales de aquéllas. En suma, el TTIP, más allá de su contenido concreto, pretende subordinar las políticas de los Estados firmantes del acuerdo a los intereses de las empresas multinacionales, impidiendo a los Gobiernos realizar políticas sociales que redunden en beneficio de los ciudadanos bajo amenaza de sustanciosas indemnizaciones.
La afectación de los derechos laborales, de aprobarse el TTIP, sería tan contundente como evidente, ya que la entente comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos solo resultará posible a través de una armonización de derechos que tome como referencia aquel ordenamiento cuya protección de los trabajadores resulte inferior. Y es aquí donde la experiencia de la propia Unión Europea tras su ampliación a los países del Este y la de otros tratados comerciales nos advierte de que el criterio que determinará la regulación laboral en el marco de actuación del TTIP será el del dumping social. Se renuncia, pues, a que esta iniciativa de libre comercio sea una oportunidad de introducir cláusulas sociales en el Tratado que persigan una igualación por arriba entre trabajadores de uno y otro lado del Atlántico. Todo ello, bajo las previsiones de una hipotética creación de empleo equivalente a medio millón de puestos de trabajo en cada zona, según los datos arrojados por la Business Coalition for Transatlantic Trade, aunque sin especificar el tiempo en el que se creará dicho empleo o la calidad del mismo.
La regulación de los derechos laborales resultante de la hipotética firma del TTIP, atravesada por las relaciones resultantes del dumping social, aparecerán caracterizadas por:
1.- Un trabajo sin representación colectiva que prescinda de la negociación colectiva como instrumento normativo clave de igualación entre los contratantes de la relación laboral, ya que una de las partes, Estados Unidos no ha ratificado los Convenios de la OIT nº 87 y 98.
2.- La presencia habitual de la discriminación en el trabajo como consecuencia de la no ratificación por parte de Estados Unidos de los Convenios OIT nº 100 y 111 en materia de eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (igualdad retributiva entre mujeres y hombres y discriminación, respectivamente).
3.- La pérdida de empleo público, en un primer momento, como consecuencia de las privatizaciones que planean sobre determinados servicios públicos esenciales como la Sanidad y su posterior precarización una vez culminado el proceso de privatización. Ello, lógicamente, traerá de la mano no solo un encarecimiento de dicho servicio público sino también una restricción en el acceso al mismo así como una peor prestación del mismo.
4.- El descenso de los salarios como principal manifestación del criterio de armonización a la baja de las normativas laborales de ambos lados del Atlántico. Consecuencia ésta que no solo redundará en perjuicio de la ciudadanía, sino también de la propia recuperación económica como están poniendo de manifiesto las consecuencias de las políticas de austeridad en los denominados países periféricos de la Unión Europea.
En definitiva, el TTIP se presenta como un instrumento de dominación social que toma como único destinatario a la gran corporación transnacional y que pretende cerrar cualquier posibilidad de políticas destinadas a las personas por gobiernos de izquierdas.
Esta afirmación obliga inmediatamente a preguntarse por los aspectos normativos que hoy, según esta visión, impiden a las empresas operar libremente. La respuesta la encontramos entrabas normativas derivadas del reconocimiento de una sanidad pública y universal, de la existencia de un sistema público de pensiones, del establecimiento de controles sanitarios de alimentos o, en última instancia, del reconocimiento a los trabajadores de un conjunto de derechos previamente conquistado. En suma, se evidencia el carácter de un capital que resulta incapaz de alcanzar su máxima, el beneficio, sin degradar las condiciones de vida y trabajo de las personas ya sea través de la precarización de las condiciones de trabajo que de la mercantilización de determinadas necesidades sociales como la salud. En última instancia, el TTIP resulta una muestra más de la contraposición interesada entre una determinada interpretación del desarrollo económico y la existencia de derechos sociales y laborales, con el propósito de ofrecer un supuesto carácter contingente de la democracia frente al desarrollo económico y la creación de empleo.
En efecto, tanto la composición de los actores de esta negociación como el mecanismo de ratificación previsto no ofrecen dudas sobre el radical carácter antidemocrático del TTIP. Entre los actores que formalmente están negociando, además de las delegaciones europeas y estadounidenses, se encuentran directamente las empresas multinacionales. Por su parte, el procedimiento previsto para su aprobación, mayoría cualificada de un 55% de Estados que representen al menos a un 65% de los ciudadanos europeos más la aprobación por parte del Parlamento Europeo, no permitirá a los Estados miembros realizar ninguna enmienda en el momento de su ratificación en los distintos parlamentos nacionales. A lo que se debe sumar la elección de un arbitraje privado (ISDS) como mecanismo de solución de controversias entre los inversores y los Estados, que permitirá a las empresas multinacionales denunciar a los Estados por hipotéticas legislaciones y normativas que pudieran perturbar los beneficios empresariales de aquéllas. En suma, el TTIP, más allá de su contenido concreto, pretende subordinar las políticas de los Estados firmantes del acuerdo a los intereses de las empresas multinacionales, impidiendo a los Gobiernos realizar políticas sociales que redunden en beneficio de los ciudadanos bajo amenaza de sustanciosas indemnizaciones.
La afectación de los derechos laborales, de aprobarse el TTIP, sería tan contundente como evidente, ya que la entente comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos solo resultará posible a través de una armonización de derechos que tome como referencia aquel ordenamiento cuya protección de los trabajadores resulte inferior. Y es aquí donde la experiencia de la propia Unión Europea tras su ampliación a los países del Este y la de otros tratados comerciales nos advierte de que el criterio que determinará la regulación laboral en el marco de actuación del TTIP será el del dumping social. Se renuncia, pues, a que esta iniciativa de libre comercio sea una oportunidad de introducir cláusulas sociales en el Tratado que persigan una igualación por arriba entre trabajadores de uno y otro lado del Atlántico. Todo ello, bajo las previsiones de una hipotética creación de empleo equivalente a medio millón de puestos de trabajo en cada zona, según los datos arrojados por la Business Coalition for Transatlantic Trade, aunque sin especificar el tiempo en el que se creará dicho empleo o la calidad del mismo.
La regulación de los derechos laborales resultante de la hipotética firma del TTIP, atravesada por las relaciones resultantes del dumping social, aparecerán caracterizadas por:
1.- Un trabajo sin representación colectiva que prescinda de la negociación colectiva como instrumento normativo clave de igualación entre los contratantes de la relación laboral, ya que una de las partes, Estados Unidos no ha ratificado los Convenios de la OIT nº 87 y 98.
2.- La presencia habitual de la discriminación en el trabajo como consecuencia de la no ratificación por parte de Estados Unidos de los Convenios OIT nº 100 y 111 en materia de eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (igualdad retributiva entre mujeres y hombres y discriminación, respectivamente).
3.- La pérdida de empleo público, en un primer momento, como consecuencia de las privatizaciones que planean sobre determinados servicios públicos esenciales como la Sanidad y su posterior precarización una vez culminado el proceso de privatización. Ello, lógicamente, traerá de la mano no solo un encarecimiento de dicho servicio público sino también una restricción en el acceso al mismo así como una peor prestación del mismo.
4.- El descenso de los salarios como principal manifestación del criterio de armonización a la baja de las normativas laborales de ambos lados del Atlántico. Consecuencia ésta que no solo redundará en perjuicio de la ciudadanía, sino también de la propia recuperación económica como están poniendo de manifiesto las consecuencias de las políticas de austeridad en los denominados países periféricos de la Unión Europea.
En definitiva, el TTIP se presenta como un instrumento de dominación social que toma como único destinatario a la gran corporación transnacional y que pretende cerrar cualquier posibilidad de políticas destinadas a las personas por gobiernos de izquierdas.
Publicado en el Nº 284 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2015
La Ley Mordaza, sois vosotros los responsables, vosotros que os haceis yamar repùblicanos, habeis tragado con todo lo que les ha dado la gana a la BURGUESIA Y AL CAPÌTAL y ahora os quejais. Los sindicatos vendidos los partidos de izquierdas fragmantado en mas de dosientos mil pedazos, estais chupando del bote, desde que se implanto la mal llamada DEMOCRACIA, no teneis cojones de habandonar buestras poltronas, no ahora que ya no teneis ninguna crediblidad sino cuando habia que haber estado en la calle. No habeis sido capaces de denunciar a los que se llaman socialistas que encima apollan al partido popular, estais colaborando con los ladrones y encima les dais el voto para que sigan robando, no sois capaces de decirle a la gente que si se sacara el dinero de los bancos, haber con que se ivan a sosteneer, cuando sabeis que los bancos son los principales culpables y ahora os que jais verguenza es lo que os tendria que dar asta de decir tantas tonterias. La culpa ahora es de FRANCO QUE LLEVA CINCUENTA AÑOS MUERTO, OJALA RESUCITARA HABER SI ERA CAPAZ DE PONEROS A TODOS CONTRA LA PARED A los ladrones de bancos y a los tontos que les dejan el dinero para que se lo guarden porque ni de eso son capaces de guardar buestro propio dinero.
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