Todo un existo, el 84 por ciento del profesorado ha ido a la huelga. Yo como siempre agradezco a todos aquellos parásitos sociales que no han ido ya que les importa un bledo la educación pública y se aprovechan del esfuerzo de sus compañeros que han peleado por la calidad de la enseñanza en Madrid.
Mi hija, que claro está estudia en un colegio público (no en uno pijilingue) al preguntarle yo que si su profesor haría la huelga, me dijo que no, ya que era una huelga politizada. Ahora se entera de que todas las huelgas son políticas porque si no, contra que se lucha, contra una determinada política en esta caso la educativa. Yo que soy muy revoltoso le dije a mi hija (de 12 años) que cuando este profesor se refiriese a esta movilización, que le comentara que si pensaba renunciar a los que los demás profesores conseguirían con su esfuerzo o a esto no pondria ningún problema político , claro está mi hija no le comento nada ya se se pone muy nerviosa. Este es el mismo profesor que les dio una clase magistral de historia sobre la bandera repúblicana de la cual dijo que el color morado era por que el amarillo se había desteñido (esta es la educación en Madrid) .
Os dejo un interesante artículo de Belén Gorospegui aparecido en el diario Público.
Artículo del Diario Público sobre la Huelga del 21 de mayo y la educación
El día 21 de mayo
Belén Gopegui
Dicen que el día 21 de mayo los jueces van a ir a manifestarse ante la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para apoyar la huelga de profesores, maestros y educadores infantiles contra la
privatización de la enseñanza pública. Los jueces, sí, y los secretarios judiciales, y las técnicas de la
administración pública. Dicen que también van a ir las estudiantes universitarias que están encerradas en
protesta por la privatización de la universidad, y los profesionales de la sanidad, las periodistas, los libreros,
las trabajadoras del metro, los que tienen contratos precarios en la empresa privada. Dicen que van a ir
quienes trabajan en Seat y en Telefónica y en la construcción y en la distribución de alimentos, en empresas
de informática y en medios de comunicación. Dicen que irán parlamentarias y ministros, porque los
parlamentarios y las ministras también son ciudadanos. Dicen que van a ir ecologistas y emigrantes y
feministas y militantes por los derechos gays, dicen que van a ir los internautas. Y dicen, esto es quizá lo
más extraño, lo que más ha
desazonado a Esperanza Aguirre, dicen que van ir las profesoras y los padres de los alumnos que asisten a
colegios concertados.
Los colegios de ricos, dijo un escritor alemán, tienen profesores. Los colegios de pobres tienen
ordenadores. Los países pobres no tienen un buen sistema educativo.
Recuerdo haber discutido esta cuestión hace años con un subsecretario de educación de un gobierno del
PSOE. Él sostenía que la práctica totalidad del presupuesto de educación estaba destinada a pagar gastos
fijos, nóminas, infraestructuras, que no tenían dinero para más profesores y que, por tanto, el margen de
maniobra de un gobierno socialdemócrata era casi irrelevante. Entonces aún no se habían traspasado las
competencias, pero hoy sigue siendo legítimo preguntarse para qué queremos un Estado si no es capaz de
garantizar el derecho constitucional a la educación (la constitución dice educación, no dice guarderías de
adolescentes, no dice el derecho a que los hijos estén apartados de los padres ocho horas al día para
permitirles trabajar); si no se puede dar un vuelco en los presupuestos y en la normativa; si la práctica de
pagar horas extraordinarias a las profesoras se considera una medida decente para evitar el fracaso
escolar; si hay inspectores que dicen a los profesores: en una empresa privada y con este nivel de
suspensos, ya te habríamos despedido; si el objetivo no es que los alumnos aprendan sino que parezca
que aprenden; si las consecuencias del informe PISA se limitan a un editorial por periódico el día siguiente
de su publicación. La política es una cuestión de prioridades o no es nada. Gestionar los mil problemas del
día a día aturde a los diversos cargos de la administración y les mantiene ocupados. Pero después: qué. Si
el gobierno de un país no sabe imaginar ese país dentro de diez años, si no puede invertir una tendencia, si
no es capaz de lograr que una generación esté mejor formada que las generaciones que la precedieron:
¿para qué sirve la política? Qué trivial y ridículo resulta el debate sobre la asignatura Educación para la
Ciudadanía cuando aquellos a quiénes va dirigida la asignatura no han podido aprender a comprender un
texto y a mantener un debate argumentado.
Quienes han convocado la manifestación del día 21 hablan de cómo la Comunidad de Madrid cede
locales y terrenos públicos por precios irrisorios a colegios privados que luego concierta, recuerdan que el
presupuesto para la red privada-concertada en los últimos cinco años ha crecido el triple que el de la
enseñanza pública. Relatan ejemplos como el del barrio Monte Carmelo donde los responsables de
educación dijeron a las asociaciones de padres y madres que no iban a construir ningún instituto y que la
demanda del barrio para estudiar a partir de secundaria se podía cubrir a través del colegio concertado
diocesano. Todo esto es injusto y si la oposición existe debería estar presentando recursos ante los
tribunales porque la propiedad pública no puede ser malversada, ni el derecho a la educación puede estar
supeditado a las cuotas que piden “voluntariamente” a las familias los colegios concertados, ni el
incumplimiento reiterado de la legislación puede quedar impune. Pero hay algo aún más grave.
La educación no es un juego de suma cero. Por el contrario, dos personas que han podido desarrollar sus
facultades son mejores que una que ha podido y otra que no.
El cálculo de quien piensa que si sólo él y su grupo social reciben una formación adecuada, les será más
fácil la vida, es mezquino y poco inteligente. Un país de escaso talento no ayuda a nadie. Por eso dicen que
los jueces van a acudir a la manifestación, y las médicas, y los profesores de colegios concertados que
saben que las mejoras de la enseñanza pública servirán para que ellos puedan también luchar contra sus
contratos precarios y un número de horas de clase a menudo
intolerable. Dicen que la plaza de Colón y la calle Sevilla podrían desbordarse, que el 21 de mayo podría ser
un punto de inflexión, un momento en el que este país empezó a pensar que valía la pena luchar por algo
que, a primera vista, no les concernía directamente.
¿Recuerdan el cuento de la manta? En una casa vivían un hombre, su padre viejo y su hijo, que todavía
era un bebé. El hombre decidió sacar al padre de la casa, dejarlo tirado en las calles. Le dio una manta para
el frío y cuando el viejo iba a salir de la casa, se oyó la voz del bebé en la cuna. Decía:
- ¡No le des la manta entera! Dale sólo la mitad.
-¿Por qué? -preguntó el padre acercándose a la cuna.
-Porque -contestó el bebé- yo necesitaré la otra mitad para dártela cuando te eche de aquí.
Nuestros gobiernos, el de la Comunidad de Madrid y el de la nación, están dejando la educación pública
tirada. Dentro de veinte años, cuando España sea una colonia de sí misma, quienes lo consintieron serán
arrojados al desprestigio y la irresponsabilidad, vivirán en el país desastroso que ellos contribuyeron a
hacer, o quizá se vayan y lo contemplen desde lejos, sin esperanza y sin vergüenza. O quizá no. Quizá el
21 de mayo no se queden en casa. Ni ellos ni nosotros.
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