S.G.G. /
Además de los riesgos inherentes a la tecnología nuclear, la maximización del beneficio de las empresas eléctricas que gestionan las centrales nucleares agrava su inseguridad.
El escuálido régimen de sanciones que se aplica a las centrales en casos de accidentes como el de Ascó I no es disuasorio. Los beneficios que Ascó I ha obtenido de vender electricidad desde que se ha producido la fuga (el 29 de noviembre de 2007) compensan la multa que tendrá que pagar, según el sistema de sanciones actual, por haber ocultado y minimizado el accidente.
La multa más elevada imputada hasta ahora (1,6 millones) fue a Vandellós II (gestionada por Iberdrola y Endesa), por haber estado funcionando cerca de siete meses violando las normas premeditadamente, en unas condiciones muy graves de seguridad degradada durante 2005. Sin embargo, según el cálculo de Greenpeace, el beneficio que obtuvo la central fue de 750 millones de euros. “Se puede producir un accidente como el de Chernóbil y sólo pagar las migajas de lo que se produzca”, advierte Carlos Bravo, de Greenpeace.
El grupo parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds presentó en septiembre de 2005 una propuesta de reforma del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que pedía, entre otras medidas, sancionar a las instalaciones nucleares que funcionen en condiciones de inseguridad con el doble de su beneficio obtenido ilícitamente. Pero a pesar del apoyo inicial del PSOE, la reforma que se aprobó finalmente no incluyó esta medida.
En el actual sistema eléctrico español liberalizado, más bien ‘desregulado’, las multinacionales eléctricas españolas, que tienen el monopolio de la gestión de las centrales nucleares, tratan de reducir costes para hacer su fuente de energía más competitiva. Como han denunciado varios grupos ecologistas y sindicales, en estos recortes reside también la degradación de los niveles de seguridad nuclear. Según Ecologistas en Acción de Cataluña, cuando Iberdrola y Endesa fusionaron la gestión de Ascó y Vandellós II en ANAV, aplicaron un recorte de plantilla “de cerca del 30%”. Y, según les han informado fuentes internas de Ascó, “en el departamento de control de calidad se pasó de una plantilla de entre 10 y 12 personas a una con sólo dos o tres”. ¿Qué opinión merecen los niveles de seguridad nuclear en el Estado español hoy ? Eduard Farré, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, contesta : “Para ser prudentes yo diría que plantea dudas. Es posible que se estén rebajando una serie de procedimientos para ahorrar gastos, sobre todo tratándose de instalaciones que tienen muchos años y esto implica una disminución de la seguridad”.
Mientras se recortan gastos en seguridad nuclear, el Forum Atómico y las industrias eléctricas invierten ingentes cantidades de dinero en publicitar las bondades de la energía nuclear, por ejemplo sufragando excursiones de colegios a las instalaciones nucleares. Pero el riesgo constante a la contaminación radioactiva, inherente a la tecnología nuclear y agravada por la mala gestión de las centrales y de la red de vigilancia, nos vuelve a recordar la necesidad de que el Gobierno cumpla el calendario de cierre de los ocho reactores nucleares existentes.
Además de los riesgos inherentes a la tecnología nuclear, la maximización del beneficio de las empresas eléctricas que gestionan las centrales nucleares agrava su inseguridad.
El escuálido régimen de sanciones que se aplica a las centrales en casos de accidentes como el de Ascó I no es disuasorio. Los beneficios que Ascó I ha obtenido de vender electricidad desde que se ha producido la fuga (el 29 de noviembre de 2007) compensan la multa que tendrá que pagar, según el sistema de sanciones actual, por haber ocultado y minimizado el accidente.
La multa más elevada imputada hasta ahora (1,6 millones) fue a Vandellós II (gestionada por Iberdrola y Endesa), por haber estado funcionando cerca de siete meses violando las normas premeditadamente, en unas condiciones muy graves de seguridad degradada durante 2005. Sin embargo, según el cálculo de Greenpeace, el beneficio que obtuvo la central fue de 750 millones de euros. “Se puede producir un accidente como el de Chernóbil y sólo pagar las migajas de lo que se produzca”, advierte Carlos Bravo, de Greenpeace.
El grupo parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds presentó en septiembre de 2005 una propuesta de reforma del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que pedía, entre otras medidas, sancionar a las instalaciones nucleares que funcionen en condiciones de inseguridad con el doble de su beneficio obtenido ilícitamente. Pero a pesar del apoyo inicial del PSOE, la reforma que se aprobó finalmente no incluyó esta medida.
En el actual sistema eléctrico español liberalizado, más bien ‘desregulado’, las multinacionales eléctricas españolas, que tienen el monopolio de la gestión de las centrales nucleares, tratan de reducir costes para hacer su fuente de energía más competitiva. Como han denunciado varios grupos ecologistas y sindicales, en estos recortes reside también la degradación de los niveles de seguridad nuclear. Según Ecologistas en Acción de Cataluña, cuando Iberdrola y Endesa fusionaron la gestión de Ascó y Vandellós II en ANAV, aplicaron un recorte de plantilla “de cerca del 30%”. Y, según les han informado fuentes internas de Ascó, “en el departamento de control de calidad se pasó de una plantilla de entre 10 y 12 personas a una con sólo dos o tres”. ¿Qué opinión merecen los niveles de seguridad nuclear en el Estado español hoy ? Eduard Farré, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, contesta : “Para ser prudentes yo diría que plantea dudas. Es posible que se estén rebajando una serie de procedimientos para ahorrar gastos, sobre todo tratándose de instalaciones que tienen muchos años y esto implica una disminución de la seguridad”.
Mientras se recortan gastos en seguridad nuclear, el Forum Atómico y las industrias eléctricas invierten ingentes cantidades de dinero en publicitar las bondades de la energía nuclear, por ejemplo sufragando excursiones de colegios a las instalaciones nucleares. Pero el riesgo constante a la contaminación radioactiva, inherente a la tecnología nuclear y agravada por la mala gestión de las centrales y de la red de vigilancia, nos vuelve a recordar la necesidad de que el Gobierno cumpla el calendario de cierre de los ocho reactores nucleares existentes.
Comentarios
Publicar un comentario