El modelo de Estado y de Gobierno surgido de la llamada Transición está roto: La Constitución de
1978 declara derechos que nadie garantiza (vivienda y trabajo dignos, servicios público de calidad
y de acceso universal, redistribución de la riqueza nacional, etc.), y en tiempos difíciles como los
actuales hacer recaer todo el peso sobre las familias trabajadoras, liquidando la democracia
formal en favor (y por manos) de la dictadura de los mercados.
Vivimos tiempos de una extraordinaria gravedad en los que las clases populares están sufriendo
la mayor agresión de nuestra reciente historia, los poderes económicos, mediáticos y políticos
existentes con la excusa de esta crisis-fraude están aplicando una agenda neoliberal draconiana
para la esquilmar a la ciudadanía y el mantenimiento de la tasa de ganancia de la minoría que
representa el capitalismo. Todo ello con la intención política y social de empobrecer a la mayoría
social trabajadora y precarizar su forma de vida con el mantenimiento de un sistema corrupto que
recorta derechos y libertades cada vez más represivo.
Por ello, convencidos que la República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la
respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto
equitativo de la riqueza, debe ser la forma social y política de gobierno que de la solución al
desempleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que
hoy angustian a millones de españoles.
Por ello, hoy más que nunca, es necesario configurar una alternativa Republicana, y poner en
marcha un proceso constituyente hacia la III República, que va a posibilitar una Jefatura
democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha social entre ricos y
pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que
también reivindicamos.
Por lo que la denuncia de la monarquía como institución que estructura y forma parte integrante
del régimen actual se desvela como una línea importante en la construcción de una alternativa al
sistema bipartidista monárquico y en consecuencia es tarea del PCE y de la sociedad potenciar el
movimiento republicano, y de forma específica contribuir al desarrollo de la Junta Estatal
Republicana y su representación en todos los niveles de la sociedad, siendo ésta un instrumento
para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana,
logrando esta convergencia y unidad, a través de proveer como estrategia colectiva la unidad de
acción.
Por lo tanto, desde el PCE, planteamos que toda propuesta republicana aparezca como
alternativa a la realidad existente. Una alternativa que debe ser conformada, desarrollada y
apoyada por el mayor respaldo ciudadano.
La Monarquía expresa, no sólo simbólicamente, sino prácticamente, el poder de las oligarquías
financieras y empresariales, que dominan entre 1.400 familias el 80% del PIB, y bajo cuya
hegemonía se han dado retrocesos en derechos políticos, sociales, laborales, económicos,
medioambientales, dejando en papel mojado los derechos más importantes impuestos en su día
en la Constitución Española.
Frente a este panorama, el modelo estatal republicano ha de asentarse, en primer lugar, sobre la
consolidación de un sistema verdaderamente democrático de todo el pueblo, cuya condición e
instrumento fundamental sea la participación directa y activa del conjunto de la ciudadanía en la
vida política. Los órganos representativos del Estado republicano han de integrarse y desarrollar
su actividad partiendo de los principios propios a una democracia auténticamente popular.
Denunciamos la construcción de un pacto o acuerdo que legitime la monarquía y
participaremos en la construcción de una alternativa constituyente defendiendo la opción
republicana, en lo que planteamos como propuesta Republicana del PCE:
- Todos los órganos representativos del Estado son electivos y renovables, con limitación de
mandatos. Por supuesto, la jefatura del Estado está sujeta a elección popular. La libertad de
discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la regla democrática de la mayoría en la toma
de decisiones marcan el funcionamiento en todos los órganos estatales colegiados. Todos los
órganos representativos unipersonales deben ser nombrados por un órgano colegiado. El Senado
se convertirá en la cámara territorial del Estado.
- La garantía última del principio de sufragio universal se sustenta en el reconocimiento de un
sistema electoral basado estrictamente en la proporcionalidad, donde sea verdadero el principio
de “una persona, un voto”, donde es necesaria la formación un sistema de circunscripciones que
asegure dicho principio de proporcionalidad, por ejemplo, circunscripción autonómica
complementada con un sistema nacional de resto que asegure la representatividad de las CCAA
menos pobladas. Lo que implica la reforma de la Ley Electoral.
- Todos los miembros de los órganos del Estado tienen un deber de rendición de cuentas
periódicas de su actuación, pudiendo ser revocados de sus cargos. En su actuación, todos los
cargos públicos han de conducirse a través de un Código Ético de obligado cumplimiento.
- Las organizaciones sociales también tendrán derecho a participar directamente, de acuerdo a las
normas, en el ejercicio del poder público. Asimismo, existen otros instrumentos de democracia
directa, como son el referéndum vinculante, la consulta popular o la iniciativa legislativa popular.
- Ha de ser un principio básico para el funcionamiento democrático del Estado la consecución de
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social y
política económica.
- La Centralidad del municipalismo, como base de una democracia participativa y en la que la voz
de los trabajadores y trabajadoras es, no ya fuente de la soberanía del Estado sino, ella misma,
portadora efectiva de la soberanía popular.
-Se potenciará el poder político de los municipios por se la institución más cercana al ciudadano) y
se dotará de mecanismos de democracia participativa plena.
- La Republica que propugnamos será laica en el funcionamiento del Estado y sus instituciones,
garantizando la libertad de conciencia de las personas y una educación pública, laica, obligatoria,
universal, gratuita y de calidad.
La Tercera República, que defiende el PCE, es un modelo social, político y económico en que se
respeten los Derechos Humanos y con el que la mayoría social viva de forma digna.
VIVA LA TERCERA REPUBLICA.
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