La reforma fiscal del PP: Un nuevo y multimillonario regalo a los ricos a costa de las familias trabajadoras

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Escrito por Antonio García Sinde 

Hace pocos días se ha hecho pública la propuesta de reforma fiscal que un grupo de economistas escogidos por el PP ha estado preparando durante casi un año. Como era previsible, estos supuestos “expertos” han diseñado una reforma del sistema impositivo para favorecer a los sectores más adinerados, y agravar aún más la injusticia y desi-gualdad en el pago de impuestos.

Recordemos que los grandes grupos empresariales pagan como Impuesto de Sociedades apenas el 3,6% de sus beneficios, y que somos los asalariados quienes aportamos casi el 82% de la recaudación conjunta del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Si a esto sumamos la recaudación del IVA, que recae básicamente sobre las economías de las familias trabajadoras, comprobamos que el pago de los gastos del Estado corre a cargo casi exclusivamente de los que viven del trabajo asalariado, de una pensión de jubilación o cobran el subsidio de desempleo

El equipo de “expertos” que ha elaborado la reforma está dirigido por Manuel Lagares, que lleva participando en el diseño de la política fiscal desde 1970, en plena dictadura del general Franco. A lo largo de estos años Lagares y su equipo han buscado las mejores soluciones para que los más ricos pudieran evitar el pago de impuestos al mismo tiempo que se intentaba mantener una apariencia de sistema impositivo progresivo y justo.
Cuando se revisan las tablas y tramos del IRPF o del Impuesto de Sociedades se aprecia inmediatamente que las rentas y beneficios empresariales más altos disfrutan de un tratamiento muy benévolo. Pero la realidad es mucho peor: a través de un complejo sistema de deducciones y desgravaciones, a través de la posibilidad de encubrir como propiedad de sociedades la propiedad de bienes de uso personal —como vehículos o viviendas—, a través de hacer pasar como gastos de empresa los gastos de consumo personal —desde comidas en restaurantes de lujo al salario del personal de servicio doméstico, pasando por la compra diaria en el supermercado—, a través de la posibilidad de constituir sociedades para la gestión de grandes patrimonios que disfrutan de excepcionales privilegios fiscales —las conocidas SICAV— los más ricos del Estado español eluden casi al completo sus obligaciones fiscales.

Principales medidas propuestas por los ‘expertos’

La medida estrella de la reforma fiscal es la reducción de los impuestos que pagan los más ricos. Esto se consigue a través de varias vías. En primer lugar reduciendo los tipos impositivos máximos de los dos principales impuestos directos —IRPF y Sociedades—. En el caso del IRPF el tipo máximo baja del 52% al 44%, y además los tramos del impuesto se reducen de 7 a 4, de forma que los contribuyentes con rentas más altas se benefician de una reducción proporcionalmente mayor que la de las rentas más modestas. También en el IRPF se reduce la imposición sobre el ahorro, cuyo gravamen máximo pasa del 27% al 21%. En el Impuesto de Sociedades la reducción es todavía más escandalosa. Su tipo máximo se reduce en una tercera parte, y pasa del 30% al 20%.
En segundo lugar, junto a estas reducciones se propone también suprimir dos impuestos, el de Patrimonio y el de Operaciones Societarias, que afectan exclusivamente a los más ricos y a las empresas.
Estas rebajas en los impuestos tendrán una importantísima repercusión en la recaudación. La asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, estima que el IRPF de los más ricos se reducirá anualmente en 7.000 millones de euros, y las rebajas impositivas al capital alcanzarán alrededor de 3.000 millones más.
Por último, esta lluvia de dinero para las grandes fortunas se completa con la propuesta de una generosa reducción de entre 3 y 6 puntos en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, precisamente cuando desde el Gobierno, la banca y la patronal se insiste en la inviabilidad del actual sistema de pensiones y se aprueban medidas destinadas a reducir su ya escasa cuantía. Cada punto de reducción representa cerca de 3.000 millones de euros, de modo que, de aprobarse la máxima reducción propuesta, cerca de 18.000 millones de euros dejarían cada año de ir al Fondo de Pensiones y pasarían a engrosar los beneficios empresariales.

Saqueo a los trabajadores
y a los más pobres

Como esta reducción de los ingresos fiscales provenientes de las rentas más altas tiene que compensarse de alguna manera, ya que los objetivos de reducción del déficit de las Administraciones Públicas comprometidos con la Unión Europea no permiten reducir la recaudación fiscal, la contrapartida será un incremento salvaje de la carga impositiva que tendremos que soportar los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Para compensar los 10.000 millones de rebajas impositivas a los ricos, la Comisión propone una subida del IVA que permita recaudar esta misma cantidad. Y puesto que la recaudación anual por IVA es de 50.400 millones de euros, habría que incrementarla nada menos que en un 20%, es decir, que habría que aplicar un brutal encarecimiento a los productos de consumo más habituales. La comisión propone dos vías para conseguirlo, el aumento del 21% al 23% el tipo general del IVA o, preferiblemente, cargando con el 21% de IVA bienes que hoy están sujetos a un tipo reducido del 10%. De esta forma, la inmensa mayoría de los alimentos —excepto los muy básicos, como el pan o la leche—, los productos sanitarios, el transporte de viajeros o la mayoría de los servicios de hostelería, subirían sus precios de golpe en un 10%.
No contentos con esta medida, que supondría un golpe terrible a las economías domésticas más débiles, la Comisión tiene la desfachatez de proponer la eliminación de la exención fiscal sobre las indemnizaciones por despido, lo que supondría 400 millones adicionales, que se restarían de las ya reducidas indemnizaciones por despido establecidas por la reforma laboral para engrosar los beneficios empresariales.
Por último, la Comisión plantea otras medidas que aunque pudieran parecer que afectan por igual a todos los contribuyentes en realidad recaen mayoritariamente sobre los hombros de los trabajadores. Así, la propuesta de gravar el uso de la vivienda habitual propia (o en su defecto subir fuertemente el IBI) no afectaría a todos aquellos que tienen la capacidad de convertir su vivienda en propiedad de alguna de sus empresas o sociedades. Y la propuesta de generalizar en todas las comunidades autónomas un copago mínimo por la sanidad y la educación públicas también recaerá fundamentalmente sobre las economías de las familias obreras.
Es posible que la proximidad de las elecciones mueva al PP a intentar disimular sus intenciones. Pero, ya sea de golpe o paulatinamente, las medidas propuestas por la comisión de “expertos” se van a ir imponiendo porque van en el interés de los poderes económicos, no solo del Estado español, sino del gran capital internacional, que a través de sus instituciones —el FMI, la OCDE, la Comisión Europea— han dado su apoyo incondicional a estas medidas. Por más que el Gobierno se empeñe en presentar esta reforma como un conjunto de medidas que ayudarán a reducir el paro, en realidad sólo servirán para reducir nuestros salarios y la calidad de los servicios sociales, sin que la situación de los desempleados mejore un ápice, sino todo lo contrario. Estamos ante un nuevo y brutal ataque a la clase trabajadora, que redunda en la necesidad de emprender una movilización contundente y sostenida hasta tumbar al gobierno del PP. El éxito de la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo prueba que existen las condiciones para ello.