Las tradiciones revolucionarias del movimiento jornalero, de rebelión contra la situación de semiesclavitud impuesta por los terratenientes, tienen un origen centenario. Ya en el siglo XIX se produjeron revueltas que cuestionaban directamente la propiedad de la tierra, como la ocupación de 1.300 fanegas en Casabermejas (Málaga) en 1840, de Pozoblanco (Córdoba) en 1873 o la huelga agraria de Jerez ese mismo año. Durante el “trienio bolchevique” (1918-1920), al calor del triunfo de la Revolución Rusa, Andalucía es sacudida por una intensísima y generalizada ola de huelgas, motines, ocupaciones de fincas, insurrecciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Era el anticipo del importante papel que el proletariado del campo iba a jugar en revolución de los años 30. Efectivamente, para las decenas de miles de familias sumidas en la más brutal opresión y miseria, la llegada de la II República estaba ligada a un cambio profundo en sus condiciones de vida. Los jornaleros y campesinos pobres no se resignaron a la tibieza con la que los gobiernos republicanos afrontaron la reforma agraria y las ocupaciones de tierra fueron masivas.
La brutalidad de la represión de la burguesía contra el movimiento jornalero durante la guerra civil y, sobre todo, tras la victoria franquista, fue directamente proporcional al grado de radicalización que la revolución llegó a tener en el campo andaluz. Durante los tres primeros años de la dictadura hubo localidades de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba donde se llegó a exterminar al 25% de la población.
A finales de los sesenta, en Andalucía, el 4,6% de la población concentraba en sus manos el 76% de la tierra, y la desigualdad en la distribución de la misma era todavía más acusada que en los años 30. El jornal que se pagaba apenas había aumentado desde 1942. El problema del paro crónico que asolaba el medio rural provocó un enorme flujo migratorio hacia las zonas industriales (dos millones y medio de personas hasta mediados de los sesenta), proporcionando a la burguesía una mano de obra muy barata. A pesar de la emigración, los problemas continuaron. Además del desempleo y los salarios miserables, la enorme estacionalidad del trabajo proporcionaba unos recursos raquíticos a las familias jornaleras, que tenían que malvivir.
A finales de los sesenta, en Andalucía, el 4,6% de la población concentraba en sus manos el 76% de la tierra, y la desigualdad en la distribución de la misma era todavía más acusada que en los años 30. El jornal que se pagaba apenas había aumentado desde 1942. El problema del paro crónico que asolaba el medio rural provocó un enorme flujo migratorio hacia las zonas industriales (dos millones y medio de personas hasta mediados de los sesenta), proporcionando a la burguesía una mano de obra muy barata. A pesar de la emigración, los problemas continuaron. Además del desempleo y los salarios miserables, la enorme estacionalidad del trabajo proporcionaba unos recursos raquíticos a las familias jornaleras, que tenían que malvivir.
El movimiento jornalero se recupera de la derrota
Poco a poco el movimiento jornalero se fue recuperando de la derrota de la guerra civil y de la brutal represión. A finales de los años 60 numerosos conflictos locales comenzaban a inundar la vida en el campo, como la huelga de los algodoneros, que terminó extendiéndose a toda la vega del Guadalquivir durante veinte días. En 1968 se desarrolló uno de los conflictos más importantes: la huelga de los trabajadores de la viña del Marco de Jerez. Duró 70 días, haciendo frente a la represión y apelando a la solidaridad del resto de trabajadores de la localidad. Esta lucha consiguió un convenio con concesiones muy importantes y se convirtió en todo un referente.
Expresaba la enorme polarización que se estaba gestando en el campo andaluz, hecho que se reflejó de forma amplia en la huelga general del campo de 1971, impulsada por el Partido Comunista sobre todo en la zona de Málaga, Sevilla y Córdoba. Aquel acontecimiento despertó el temor entre los terratenientes de que, en un momento determinado, se reprodujeran las ocupaciones de tierras de los años 30 y llevó al régimen franquista a aprobar el llamado “Empleo Comunitario”. Debido al carácter de beneficencia que tenía, a que era una medida absolutamente insuficiente para solucionar el problema del paro y a la utilización arbitraria que se hacía de él por parte de las autoridades del régimen, en vez de servir para aplacar el malestar en el campo, lo reavivó todavía más.
A principios de los años 70 la conflictividad del campo se incrementaba. Con la huelga en abril de 1973 de 350 jornaleros en Los Palacios (Sevilla) se consiguió incrementar un 19% el salario. En agosto de ese mismo año, en Osuna (Sevilla) 300 trabajadores se encerraron en el ayuntamiento para exigir el aumento y el control de las ayudas del “Empleo Comunitario” e hicieron dimitir al alcalde. No eran movilizaciones aisladas, en pueblos de la campiña cordobesa, la sierra sur de Sevilla o Cádiz se producían diariamente conflictos de este tipo. Esta escalada de movilizaciones y huelgas, donde las reivindicaciones laborales se transformaban en consignas políticas en contra de la dictadura, por la amnistía, por la retirada de las sanciones y la readmisión de los despedidos, y por el derecho de reunión, manifestación y huelga para hacer frente a la represión, abrió un proceso de organización en el movimiento jornalero.
Expresaba la enorme polarización que se estaba gestando en el campo andaluz, hecho que se reflejó de forma amplia en la huelga general del campo de 1971, impulsada por el Partido Comunista sobre todo en la zona de Málaga, Sevilla y Córdoba. Aquel acontecimiento despertó el temor entre los terratenientes de que, en un momento determinado, se reprodujeran las ocupaciones de tierras de los años 30 y llevó al régimen franquista a aprobar el llamado “Empleo Comunitario”. Debido al carácter de beneficencia que tenía, a que era una medida absolutamente insuficiente para solucionar el problema del paro y a la utilización arbitraria que se hacía de él por parte de las autoridades del régimen, en vez de servir para aplacar el malestar en el campo, lo reavivó todavía más.
A principios de los años 70 la conflictividad del campo se incrementaba. Con la huelga en abril de 1973 de 350 jornaleros en Los Palacios (Sevilla) se consiguió incrementar un 19% el salario. En agosto de ese mismo año, en Osuna (Sevilla) 300 trabajadores se encerraron en el ayuntamiento para exigir el aumento y el control de las ayudas del “Empleo Comunitario” e hicieron dimitir al alcalde. No eran movilizaciones aisladas, en pueblos de la campiña cordobesa, la sierra sur de Sevilla o Cádiz se producían diariamente conflictos de este tipo. Esta escalada de movilizaciones y huelgas, donde las reivindicaciones laborales se transformaban en consignas políticas en contra de la dictadura, por la amnistía, por la retirada de las sanciones y la readmisión de los despedidos, y por el derecho de reunión, manifestación y huelga para hacer frente a la represión, abrió un proceso de organización en el movimiento jornalero.
Las Comisiones Jornaleras
La situación de efervescencia y polarización política era tal que afectó a la base de la propia Iglesia. De hecho, Diamantino García, que fue fundador del SOC y su máximo dirigente, era el cura de Los Corrales (Sevilla). Antes de renunciar al sueldo de cura y convertirse en jornalero fue uno de los impulsores de las Hojas Parroquiales, un folleto semanal elaborado por un grupo de curas de la comarca cuyo contenido reflejaba las demandas de los jornaleros y que sirvieron de vehículo para unificar las movilizaciones en cada localidad y para exigir mejoras en las condiciones de viaje y de trabajo en la vendimia en Francia.
Diamantino García, y activistas como Paco Casero o Diego Sánchez, vinculados políticamente al PTE (partido de carácter maoísta, que tuvo una implantación notable en algunas zonas del Estado durante la lucha contra la dictadura y los primeros años de la Transición), usaban las iglesias para organizar a los jornaleros. Entre 1972 y 1973 organizaron numerosas reuniones clandestinas, ampliando su influencia, y donde se debatía sobre ideas abiertamente socialistas y revolucionarias. Durante los años 1973 y 1974 los esfuerzos fueron dirigidos a contactar con dirigentes naturales y reconocidos por el resto de trabajadores, como Diego Cañamero o Sánchez-Gordillo, con los que comenzar a organizar a los jornaleros por pueblos y comarcas. Casero y Sánchez relatan cómo fueron “montando” el sindicato jornalero: “El método que seguíamos era el de buscar, a través de los hilos que fuera, a dirigentes o jornaleros que en cada pueblo se hubieran distinguido en determinadas ocasiones y preparar reuniones de toda una comarca. Estas reuniones se hacían en la más estricta clandestinidad, casi siempre en medio del campo. (…) Hacíamos los planes de agitación y fijábamos fecha para volvernos a ver” (Los orígenes del SOC, Luis Ocaña Escolar).
Así, en la primavera de 1975 se terminó configurando las Comisiones Jornaleras (CCJJ). Su primer folleto firmado es de este año y en él se reivindica “la entrega a los jornaleros de las tierras mal cultivadas o sin cultivar para ponerlas en su explotación, seguro de paro durante todo el año, convenios colectivos con 40 horas semanales, jubilación a los 60 años, mutualidad agraria en caso de enfermedad, libertad para organizar nuestro propio sindicato, igual trabajo igual salario, libertades democráticas, elecciones libres y establecimiento de un gobierno provisional que garantice todo lo anterior”.
En 1975 los dirigentes de las Comisiones Jornaleras se presentan a las elecciones dentro del sindicato vertical consiguiendo el 100% de los representantes en Lebrija y Baena, y la mayoría en numerosos pueblos de la sierra sur de Sevilla y la campiña cordobesa, Marco de Jerez y la sierra oriental de Córdoba. Este hecho, que se reproduce a escala estatal con el éxito de las candidaturas promovidas por CCOO en las fábricas, evidenció la debilidad de la dictadura y llevó a la desintegración del sindicato vertical.
En contraste con la combatividad de las CCJJ, los dirigentes de CCOO del campo estaban en contra de las ocupaciones, argumentando que este método apartaba a los pequeños propietarios de la lucha contra la dictadura. La orientación de CCOO del campo reflejaba la línea colaboracionista y etapista que propugnaban los dirigentes del PCE en aquel periodo, donde todo debía estar subordinado al objetivo de llegar a un acuerdo con la “burguesía progresista”, relegando reivindicaciones como la reforma agraria y otros cambios sociales más profundos a una etapa posterior. El perfil más combativo de CCJJ, la enorme autoridad de sus dirigentes y la radicalización de la lucha de clases en el campo andaluz hizo que las Comisiones Jornaleras se extendieran y echaran profundas raíces, sobre todo en las zonas de más tradición revolucionaria y donde los jornaleros tenían mayor peso social. Posiblemente, si los dirigentes de las CCJJ hubieran propiciado su integración en CCOO —donde se estaban organizando millones de trabajadores de todo el Estado, en un momento de gran radicalización política— hubieran podido utilizar de forma más eficaz su autoridad en la defensa de una orientación más combativa para el conjunto del movimiento obrero y sindical. Sin embargo, el objetivo del PTE, que tenía peso en la dirección de las CCJJ, era formar un sindicato aparte de CCOO. De hecho, promovió la CSUT (constituida en mayo de 1977) de la que el SOC formaría parte. En todo caso, la formación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) fue un hecho incontestablemente positivo, dando una expresión organizada a las tradiciones revolucionarias del campo andaluz. Tradiciones cuyo tremendo potencial movilizador, dentro y fuera de Andalucía, se han preservado hasta hoy día.
Diamantino García, y activistas como Paco Casero o Diego Sánchez, vinculados políticamente al PTE (partido de carácter maoísta, que tuvo una implantación notable en algunas zonas del Estado durante la lucha contra la dictadura y los primeros años de la Transición), usaban las iglesias para organizar a los jornaleros. Entre 1972 y 1973 organizaron numerosas reuniones clandestinas, ampliando su influencia, y donde se debatía sobre ideas abiertamente socialistas y revolucionarias. Durante los años 1973 y 1974 los esfuerzos fueron dirigidos a contactar con dirigentes naturales y reconocidos por el resto de trabajadores, como Diego Cañamero o Sánchez-Gordillo, con los que comenzar a organizar a los jornaleros por pueblos y comarcas. Casero y Sánchez relatan cómo fueron “montando” el sindicato jornalero: “El método que seguíamos era el de buscar, a través de los hilos que fuera, a dirigentes o jornaleros que en cada pueblo se hubieran distinguido en determinadas ocasiones y preparar reuniones de toda una comarca. Estas reuniones se hacían en la más estricta clandestinidad, casi siempre en medio del campo. (…) Hacíamos los planes de agitación y fijábamos fecha para volvernos a ver” (Los orígenes del SOC, Luis Ocaña Escolar).
Así, en la primavera de 1975 se terminó configurando las Comisiones Jornaleras (CCJJ). Su primer folleto firmado es de este año y en él se reivindica “la entrega a los jornaleros de las tierras mal cultivadas o sin cultivar para ponerlas en su explotación, seguro de paro durante todo el año, convenios colectivos con 40 horas semanales, jubilación a los 60 años, mutualidad agraria en caso de enfermedad, libertad para organizar nuestro propio sindicato, igual trabajo igual salario, libertades democráticas, elecciones libres y establecimiento de un gobierno provisional que garantice todo lo anterior”.
En 1975 los dirigentes de las Comisiones Jornaleras se presentan a las elecciones dentro del sindicato vertical consiguiendo el 100% de los representantes en Lebrija y Baena, y la mayoría en numerosos pueblos de la sierra sur de Sevilla y la campiña cordobesa, Marco de Jerez y la sierra oriental de Córdoba. Este hecho, que se reproduce a escala estatal con el éxito de las candidaturas promovidas por CCOO en las fábricas, evidenció la debilidad de la dictadura y llevó a la desintegración del sindicato vertical.
En contraste con la combatividad de las CCJJ, los dirigentes de CCOO del campo estaban en contra de las ocupaciones, argumentando que este método apartaba a los pequeños propietarios de la lucha contra la dictadura. La orientación de CCOO del campo reflejaba la línea colaboracionista y etapista que propugnaban los dirigentes del PCE en aquel periodo, donde todo debía estar subordinado al objetivo de llegar a un acuerdo con la “burguesía progresista”, relegando reivindicaciones como la reforma agraria y otros cambios sociales más profundos a una etapa posterior. El perfil más combativo de CCJJ, la enorme autoridad de sus dirigentes y la radicalización de la lucha de clases en el campo andaluz hizo que las Comisiones Jornaleras se extendieran y echaran profundas raíces, sobre todo en las zonas de más tradición revolucionaria y donde los jornaleros tenían mayor peso social. Posiblemente, si los dirigentes de las CCJJ hubieran propiciado su integración en CCOO —donde se estaban organizando millones de trabajadores de todo el Estado, en un momento de gran radicalización política— hubieran podido utilizar de forma más eficaz su autoridad en la defensa de una orientación más combativa para el conjunto del movimiento obrero y sindical. Sin embargo, el objetivo del PTE, que tenía peso en la dirección de las CCJJ, era formar un sindicato aparte de CCOO. De hecho, promovió la CSUT (constituida en mayo de 1977) de la que el SOC formaría parte. En todo caso, la formación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) fue un hecho incontestablemente positivo, dando una expresión organizada a las tradiciones revolucionarias del campo andaluz. Tradiciones cuyo tremendo potencial movilizador, dentro y fuera de Andalucía, se han preservado hasta hoy día.
La fundación del SOC
La recta final del proceso de constitución del SOC arranca el 1 de agosto de 1976, cuando se celebra en Antequera la primera asamblea general de las Comisiones de Jornaleros de Andalucía. En ella participan representantes de 60 pueblos de las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. La decisión fundamental aprobada en aquella reunión fue la apertura de un proceso constituyente para la formación del Sindicato de Obreros del Campo. Son momentos álgidos de la lucha contra la dictadura. A pesar de la represión, los esfuerzos por construir el sindicato son tremendos. Durante los tres primeros meses de 1977 tiene que hacer frente a 40 multas que sobrepasan el millón de pesetas. Se hace habitual trabajar el domingo para entregar el salario al sindicato o a determinadas campañas de solidaridad (los conocidos “domingos rojos”).
En septiembre de 1977, en Morón de la Frontera, se celebra el I Congreso del SOC, con la asistencia de 240 delegados. Muchas de las grandes movilizaciones del SOC, así como de sus victorias sociales y políticas, se producen a partir de esta fecha, como la victoria de Gordillo en el ayuntamiento de Marinaleda o la expropiación parcial del cortijo de El Humoso*. Hoy, la lucha por acabar con los grandes latifundios y la opresión en el campo está más vigente que nunca e indudablemente los jornaleros volverán a ser clave en la revolución social que se está gestando.
En septiembre de 1977, en Morón de la Frontera, se celebra el I Congreso del SOC, con la asistencia de 240 delegados. Muchas de las grandes movilizaciones del SOC, así como de sus victorias sociales y políticas, se producen a partir de esta fecha, como la victoria de Gordillo en el ayuntamiento de Marinaleda o la expropiación parcial del cortijo de El Humoso*. Hoy, la lucha por acabar con los grandes latifundios y la opresión en el campo está más vigente que nunca e indudablemente los jornaleros volverán a ser clave en la revolución social que se está gestando.
* Etapa que no podemos abordar en este texto por falta de espacio
el militante
http://www.elmilitante.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9149:los-origenes-del-soc-el-movimiento-jornalero-contra-la-dictadura-franquista&catid=1114&Itemid=100064
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