lunes, 27 de marzo de 2017

Política radiactiva por Eva García Sempere

El autoconsumo disminuiría la demanda energética y bajaría el precio de la electricidad.


En los últimos meses diversos acontecimientos han puesto la política energética en el debate habitual. Desde la muerte en noviembre de Rosa por el uso de velas para iluminarse, pasando al desorbitado precio de la luz y acabando con el reciente visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a la reapertura de Garoña, los debates se han llenado de tópicos que poco o nada tienen que ver con la realidad.

Pero nada nos tiene que extrañar en un país donde el precio de la luz lo resuelve Mariano rezando al Dios de la lluvia o donde el término “déficit de tarifa” que se inventó Rodrigo Rato se le achaca a las renovables. En este contexto es fácil que sigamos viendo la energía nuclear como una solución y no un problema pese a las evidencias.

La verdad es que todos estos problemas energéticos que vivimos nacen de la base de un sistema absolutamente perverso que se deriva, ya no sólo de la privatización del sector y una normativa de más de 20 años, sino de un país que se ha regido por la improvisación y la defensa de los intereses de la oligarquía económica y no por el desarrollo de su autonomía energética y de la defensa de los intereses sociales.

La llegada al Ministerio de Energía de Álvaro Nadal y la incomprensible separación de las carteras de Energía e Industria no han ayudado a que esto se solucione. Todo lo contrario. Poner al frente de Industria a Luis de Guindos y al gurú económico del PP al frente de Energía, sólo ha hecho que se acreciente la brecha entre el concepto de la Energía como bien social y de primera necesidad con el de la Energía como bien de consumo y bajo las reglas del mercado.

Esto es básico para enfrentar el primer problema que tiene el Estado Español en materia energética. Y es que España tiene la factura eléctrica más cara de toda Europa junto con Italia y la cuarta en cuanto al precio del Gas. Cada kWh consumido en nuestros hogares nos costó 0,2998 € el año pasado, casi el triple que a un finlandés. Pero luego esto debemos cruzarlo con el otro gran problema, la pobreza y la exclusión, lo que deriva en un 11% de los hogares en situación de pobreza energética y casi un 30% en situación de gran vulnerabilidad.

Para revertir esta situación no queda otra que modificar el modelo energético y asumir que la energía, como hemos descrito antes, es un bien de primera necesidad que debe reducir su IVA al 4%. El sector debe ser nacionalizado y auditado, los recursos deben ponerse al servicio de la mayoría y no de las energéticas y se tiene que conocer quién debe a quien, para desenmascarar así el diabólico déficit de tarifa y ajustar el término fijo a los costes reales del sistema. Pero sobre todo debemos romper el paradigma de generación en grandes centrales y apostar por una producción a pequeña escala, cercana a los puntos de consumo y, por supuesto, renovable. Algo con lo que el gobierno no está muy de acuerdo…

Esto quedó demostrado en un informe de octubre de 2016. En él, el Gobierno se mostraba desfavorable a impulsar medidas de "fomento del autoconsumo eléctrico" porque eso "tendría un impacto presupuestario por una menor recaudación tributaria". Es decir, el autoconsumo disminuiría la demanda energética y eso, además de bajar el precio de la electricidad, haría que el Estado ingresara 235 millones de euros menos en impuestos. Según sus estimaciones, por cada 2% de energía que pasara al autoconsumo, el precio bajaría al menos un euro por MWh.

Nucleares no, gracias

En este contexto es fácil que, con la lógica imperante, la única solución que se les haya ocurrido a los mayordomos de las eléctricas sea vendernos la necesidad del mantenimiento del parque nuclear. Este, en manos de las empresas, tiene sus instalaciones amortizadas y cuenta con un elevado nivel de gastos asumidos por el Estado, lo que revierte en un “precio barato” en el pool a unos 44€/MWh. Pero claro, esto porque previamente las hemos pagado mediante el invento que allá por 1984 se sacó de la manga Felipe González por el cual, a través de la “moratoria nuclear”, no sólo pagábamos las centrales proyectadas o ejecutadas que no se iban a abrir, sino que además rescatábamos las que ya estaban en funcionamiento y que no salían del todo rentables.

A este “precio barato” tenemos que sumarle el coste que todos pagamos vía presupuestos generales o término fijo de la luz, asumiendo el pago de los costes derivados del riesgo de accidentes (pólizas y seguridad), el de la gestión a largo plazo de sus residuos radioactivos y el de la compra de combustible. Tomen como ejemplo real de lo cara que sale la energía nuclear el caso de la central de Hinkley Point en Reino Unido, donde EDF ha cerrado con el gobierno inglés un precio de 92,50£/MWh durante 35 años.

Pero además, en este “precio barato” se obvian las consecuencias ambientales, sociales o sanitarias que esta energía pueda tener. Si generar energía nuclear nos regala unos residuos radiactivos que pueden llegar a los dos millones de años como el Neptunio 237 ¿es esto realmente barato?

Este objetivo ha llevado al CSN a dar una autorización de reapertura de la central nuclear de Garoña, que llevaba desconectada desde 2013, saltándose toda norma de seguridad nuclear. Y es que, sin que la empresa propietaria de Garoña haya acometido las reformas necesarias para su autorización, no han dudado en seguir la estrategia político-empresarial que nos obligará a alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años.

Como pueden comprobar, la energía es una verdadera #MarcaEspaña, si entendemos por esta a un gobierno títere de los poderes económicos y que supone un verdadero peligro radiactivo para los intereses de la mayoría social trabajadora de nuestro Estado.


Publicado en el Nº 304 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2017

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