Queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios privados.
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