CGT considera que la remunicipalización de los Servicios Públicos sería una realidad con “voluntad política”

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de un comunicado sobre la subrogación en los procesos de remunicipalización, vuelve a incidir en la idea de que los Servicios Públicos son patrimonio de todas las personas y que no pueden, bajo ningún concepto, estar basados en criterios de rentabilidad económica.

En este sentido, la CGT recalca que la batalla jurídica abierta contra la privatización de estos servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna en nuestra sociedad, está obteniendo algunos resultados. Así se demuestra con dos sentencias, la del TSJ de Castilla-León y el Auto nº431/17 del TSJ de la Comunidad Valenciana. En ambos procedimientos, las empresas privadas argumentan que las EPEL (Entidad Pública Empresarial Local) atentan contra el interés general por vulnerar directamente las restricciones de contratación de empleados públicos como su selección, los principios de vulnerabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la libertad de concurrencia y libre competencia.

Sin embargo, desde el Gabinete Jurídico Confederal de la CGT se vienen exponiendo, y ahora confirmadas por dichas sentencias, argumentos que contradicen a los mantenidos por las empresas privadas. Así, por un lado y según el artículo 140 de la CE, es al Ayuntamiento a quien correspondería elegir la forma más eficiente y sostenible de realizar la gestión de los Servicios Públicos. Por otro lado, la subrogación es un efecto de la extinción de los contratos concesionales que determinan la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por último, si la ley declarase una actividad como servicio público o competencia municipal, debido a su interés público, permitiría introducir restricciones a la libre competencia por parte de las Administraciones Públicas cuando están amparadas por la ley.

Es por todo lo anterior que la CGT afirma que, a pesar de las grandes facilidades que disfrutan “los poderosos”, queda también la “certeza jurídica” de que la propia ley prevé la existencia de servicios básicos que pueden estar gestionados de manera directa por las Administraciones Públicas.