Ante el hambre y la tragedia que vivimos los venezolanos, reivindicamos la movilización y la protesta popular (*)
La situación del país es absolutamente desastrosa y se avecina
en el horizonte un gran estallido social, que ya se vislumbra en la
ola de saqueos y disturbios ocurrida recientemente. En los últimos
cuatro años la economía se ha contraído en alrededor de un 40%, y
desde el año pasado nos enfrentamos a una brutal hiperinflación.
Las perspectivas para este año son aún peores a las de 2017. Esto
ha sumido a millones de personas de los sectores obreros y populares
en la miseria. Los salarios están totalmente destruidos, el salario
mínimo ronda los 5 dólares mensuales. El hambre azota a millones,
ya es común ver a numerosas personas deambular por las calles
hurgando en la basura en búsqueda de alimentos. Hasta organizaciones
como la FAO, que anteriormente saludaban la política alimentaria
oficial basada en la ficción de la bonanza petrolera, ahora difunden
informes donde constatan el crecimiento acelerado del hambre y la
desnutrición. Todo este dramático cuadro es el que generó
protestas en diciembre por las tramposas promesas de distribución de
bolsas de Clap, de perniles y de bonos navideños, y que en los
primeros días de este año viene propiciando numerosos saqueos y
protestas populares en los estados Bolívar, Zulia, Anzoátegui,
Distrito Capital, Portuguesa, Trujillo, Miranda, Nueva Esparta,
Guárico, Sucre, Yaracuy y otros. Los trabajadores cementeros y
eléctricos en Anzoátegui, los trabajadores del Metro de Caracas,
los petroleros de Petrocedeño, y otros sectores de la clase
trabajadora también empiezan a movilizarse, realizar cascazos,
huelgas de brazos caídos y otras acciones de lucha. La situación es
explosiva.
El desastre se profundiza, la mortalidad materna e infantil
alcanzó niveles no vistos desde la década de 1960 e incluso en
algunos indicadores de los años treinta. Epidemias de difteria,
paludismo, tuberculosis, sarampión y de otras enfermedades que se
daban por superadas décadas atrás, castigan a los sectores más
humildes. Los hospitales y centros asistenciales no cuentan con
presupuesto ni recursos para atender el desastre. El gobierno oculta
criminalmente todas estas cifras, niega las dimensiones de la crisis,
incluso, habla de “victorias” en el sector salud y de un
inexistente Sistema Público Nacional de Salud. En el ámbito de la
educación, la deserción crece vertiginosamente. Los servicios
públicos se encuentran en franco deterioro, afectando el acceso al
gas doméstico, la energía eléctrica, el transporte y el agua a
millones de venezolanos y venezolanas.
Toda esta crisis ha sido generada por un gobierno indolente que
saqueó una renta petrolera milmillonaria durante más de una década
en la que Hugo Chávez ejerció la jefatura del Estado, en medio de
la cual se presentó la mayor fuga de capitales y los más elevados
índices de corrupción en nuestra historia. La corrupción se manejó
sistemáticamente como un modo de configuración de alianzas y de
solidificación de lealtades políticas en el gobierno. Y ante la
caída de los precios petroleros, se viene aplicando un paquetazo
mucho más terrible que los aplicados por los gobiernos antipopulares
del período puntofijista.
Se ha recortado de manera drástica las importaciones de medicinas
y alimentos, privilegiando los pagos de una deuda externa
fraudulenta. El vicepresidente Tarek El Aissami en reunión con
tenedores de bonos, a fines de octubre del año pasado, ratificó la
voluntad de seguir pagando la deuda externa y admitió que el
gobierno pagó más de $73 mil millones en 36 meses. Maduro incluso
ha creado un nuevo mecanismo de distracción y endeudamiento a través
de la supuesta criptomoneda “Petro”, intentando generar un boom
con pretensiones de panacea, la cual le da un tiro de gracia a
nuestro signo monetario. Y, con la aparente creación de un nuevo
tipo de cambio oficial, buscan además ponerle la mano a las remesas
que envían migrantes venezolanos a sus familiares. Mientras tanto,
con la asignación estatal de dólares a 10 bolívares se saquea la
renta petrolera y alimenta la acumulación de capital en sectores
emergentes (la llamada boliburguesía) y tradicionales de la
burguesía.
El gobierno ha perdido la base social de la que gozó durante
muchos años. El descontento popular es mayoritario, como se expresó
en el voto castigo del año 2015 y en centenares de protestas
populares desde entonces. La respuesta del gobierno ha sido huir
hacia adelante, imponiendo un cambio autoritario en el funcionamiento
del régimen político, con la imposición de una ilegitima y
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que avanza en la
restricción de los derechos democráticos, como se evidencia en la
llamada “Ley contra el odio”, al tiempo que profundiza el
entreguismo con la aprobación de una ley para normar el saqueo del
Arco Minero del Orinoco y una ley de protección y promoción de
inversiones extranjeras. El gobierno ha creado perversos instrumentos
de control político, como el “carnet de la Patria” y la
distribución de alimentos a través de los CLAP, con el expreso
objetivo de arrodillar, humillar y someter a la población, como lo
recomienda la asesoría cubana. Otro cambio en el régimen lo ha
constituido el otorgamiento de mayores cuotas de poder a una cúpula
militar corrupta y sobre la cual existen señalamientos de
participación en negocios turbios, que además de los recursos
asociados a las cuestiones militares y del contrabando de gasolina y
alimentos a través de las fronteras, ahora administra Pdvsa, tienen
un canal de televisión, una empresa minera y petrolera (Camimpeg), y
está a la cabeza de los principales ministerios, así como de
numerosas gobernaciones y alcaldías.
Por la unidad de acción de los trabajadores y amplios
sectores populares, por la construcción de una oposición de
izquierda
El modelo económico, político y social del chavismo no es
socialista ni antiimperialista, ni de izquierda, como la propaganda
oficial afirma engañosamente y algunos sectores de la sociedad
venezolana creen, sino que representa la degeneración corporativista
a niveles nunca antes vistos del capitalismo semicolonial y
extractivista, basado en el saqueo de nuestro principal recurso, el
petróleo, por parte de transnacionales extranjeras. Modelo hoy
expresado en las empresas mixtas entre el Estado y empresas yanquis,
chinas, rusas, europeas, japonesas, iraníes y de otros países. Por
su parte, la oposición patronal y reaccionaria agrupada en la MUD es
profundamente antipopular, electorera y proimperialista, y respalda
abiertamente las amenazas y propuestas de intervención militar
extranjera en el país. En vez de ser consecuentes en el
acompañamiento a las protestas populares contra el hambre como las
que ocurrieron el año pasado, jugaron a su desgaste dejándolas a su
suerte, actuando como verdaderos tránsfugas cuyo único propósito
es medrar y compartir cuotas de poder del Estado y la renta petrolera
con la cúpula gobernante. Ahora apuestan a la presión y a la
injerencia extranjera, en el marco de sus negociaciones
conciliatorias con el gobierno, en jornadas como las que se
desarrollan en República Dominicana. Su conducción, comprometida
únicamente con los intereses de capitales nacionales y extranjeros,
le convierte en un obstáculo para que los sectores populares y
obreros se sumen a las protestas para derrotar al gobierno en las
calles. Aunque muchos de sus voceros se abstienen de decirlo
abiertamente, el programa de la MUD ante la crisis pasa por
privatizaciones, liberalizaciones y la continuidad del entreguismo
chavista ante las transnacionales, el extractivismo y el
clientelismo.
Las organizaciones y activistas de izquierda que nos oponemos al
gobierno y rechazamos a la MUD y otros sectores de la oposición
patronal, que cerramos filas única y exclusivamente con el pueblo
que vive de su trabajo, que reivindicamos el derecho a la protesta
popular y repudiamos la criminalización y persecución de los que
luchan, afirmamos: ¡quienes protestamos no somos terroristas!
Defendemos la necesidad de que los trabajadores y demás sectores
populares se movilicen para derrotar el ajuste económico y en
defensa de sus derechos, violentados sistemáticamente. Denunciamos
los dispositivos represivos como la OLHP, que institucionalizan las
ejecuciones extrajudiciales, igualmente a los grupos armados
paraestatales autodenominados colectivos que son utilizados para
sembrar el terror y asesinar en las localidades populares del país.
Defendemos el derecho a la huelga en las empresas públicas y
privadas, así como el derecho a la organización sindical y popular
autónoma. La lucha social actualmente es una defensa de la
sobrevivencia misma.
Postulamos un programa alternativo ante la crisis, entre cuyos
elementos se encuentran la denuncia del pago de la deuda externa, una
deuda odiosa cuyos pagos se le cobran al pueblo trabajador en la
forma de recortes a las importaciones, recortes a la seguridad social
y los salarios, todo lo cual se traduce en más miseria y más
hambre. Exigimos dejar de pagar la deuda e invertir esos recursos en
la recuperación de la producción nacional y la industrialización,
el restablecimiento de las importaciones de alimentos y medicinas
mientras no se produzcan en el país, el aumento del salario mínimo
real a fin de que cubra la canasta básica, la realización de una
reforma agraria, la concreción de una reforma tributaria progresiva
y la recuperación de las empresas básicas. Exigimos la
nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni
transnacionales, para que se pueda disponer de esos cuantiosos
recursos que actualmente son saqueados a fin de la transformación
socioeconómica de Venezuela. Denunciamos los acuerdos entreguistas
de las zonas económicas especiales y el Arco Minero del Orinoco y
llamamos a rescindir dichos contratos. Y, además, darle un giro de
ciento ochenta grados al extractivismo que ha sumido en la
monoproducción y en el atraso al país. Consideramos que es
indispensable repatriar los capitales fugados en el festín corrupto
de los últimos años, capitales que fueron a parar a paraísos
fiscales como Andorra, así como confiscar las cuentas y bienes de
las empresas que sobrefacturaron millones de dólares en
importaciones.
Las organizaciones y activistas que suscribimos esta declaración
extendemos el llamado a coordinar esfuerzos a todos los luchadores
sindicales, comunitarios, estudiantiles, campesinos, del movimiento
de mujeres, ecologistas, de defensa de los derechos de la comunidad
sexodiversa, defensores de los animales no humanos y de todos los
sectores populares comprometidos con el impulso de una salida obrera
y popular a la crisis. Incluso llamamos a los sectores de las fuerzas
armadas descontentos ante el hundimiento del país y que no estén
dispuestos a seguir jugando un rol represivo y manchándose las manos
con la sangre del pueblo, a sumarse a las filas de los más humildes
de nuestra sociedad que hoy protestan. Nuestro llamado urgente es a
avanzar unitariamente en acciones concretas para enfrentar las
políticas del gobierno de manera autónoma, mientras realizamos una
discusión democrática que respete la diversidad de los sectores que
conformamos la oposición de izquierda. Tal es el sentido de la
coordinación que estamos construyendo.
Oposición de Izquierda en Lucha
Firman organizaciones políticas y sindicales, activistas y
luchadores sociales.
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de
Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv)
Thony Navas,
presidente de Sirtrasalud Distrito Capital
Marco García,
secretario de Relaciones y Propaganda de SinatraUCV
Antonio
Espinoza, profesor universitario, secretario de Finanzas de
Fapicuv
Orlando Chirino, coordinador nacional de la Corriente
Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Jairo
Montaña, trabajador de la salud, delegado sindical
Oscar
Linares, trabajador de la salud, delegado sindical
Humberto
Decarli, abogado laboral
Armando Guerra, exdirectivo del
sindicato de Hidrocapital
Edgard Blanco, docente
jubilado
Wilfredo Espinoza, jubilado Cantv
Miguel Angel
Hernández, secretario general del Partido Socialismo y Libertad
(PSL)
Leonardo Arantes, Unidad Socialista de Trabajadores
(UST)
Alberto Borregales, Ruptura, Tercer Camino
Jesús
Contreras, Bandera Roja Caracas
Nayib Maita, economista
Ricardo
Virgüez, ingeniero
Victoria Chópite, profesora
universitaria
Hernán Acosta, activista social y político
Omar
Vásquez Heredia, politólogo, profesor universitario
Miguel
Angel Martín, estudiante universitario
Luis Villafañe,
estudiante universitario
Jesús Moises Ruiz, estudiante
universitario
Manuel Malavé, estudiante universitario
Julia
Cidras, economista
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