jueves, 11 de febrero de 2016

Memoria para la ciudad de Madrid


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mundo obreroEn este municipio sus gestores deben garantizar, además de una concienciación sobre lo que sucedió durante el franquismo, una educación democrática a las actuales y futuras generaciones en materia de Historia y de derechos humanos.

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A escasos días del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid –tras la elecciones de mayo pasado-, la prensa anunció a bombo y platillo la eliminación del callejero de la capital de los nombres y las referencias que aún se mantienen en él, tras aquel primero, y único, realizado durante el gobierno municipal PSOE-PCE de hace más de treinta años. Tras ese ¡boom! y la consiguiente polémica mediática, el actual equipo de Manuela Carmena ha decidido meter mano en este y otros asuntos referentes a la memoria de la ciudad y ha comenzado a reunirse con las entidades académicas, memorialísticas y de víctimas, en la voluntad, según trasmiten, de diseñar un plan de acción que se prolongue durante toda la legislatura consensuado en sus aspectos generales de propuesta y participación con el movimiento madrileño.

Agradeciendo la voluntad planteada para iniciar un trabajo que la derecha madrileña ha repudiado, evitado y ninguneado, creemos que los planteamientos base con que la corporación quiere diseñar su plan parten ya de una merma considerable en relación a las reivindicaciones, ya históricas, de entidades y víctimas: será la Concejalía de Cultura la responsable de su gestión. Eso quiere decir que otros aspectos (jurídicos, políticos o educativos) no serán recogidos en el plan ni, por supuesto, desarrollados. Un ejemplo: la corporación no tiene por qué posicionarse en relación con las recomendaciones de la ONU, por una Comisión de la Verdad para España o la inhibición de los jueces en relación con los desaparecidos.

Pero lo que sí se podrá favorecer, implementar y mantener son actividades encaminadas a realizar pedagogía de los valores democráticos –y, por tanto, avanzando hacia la consolidación de los mismos- a partir de la incorporación de fondos relacionados con la memoria en la tupida red de bibliotecas municipales existente, en la programación de sus teatros (el Español, las salas del matadero, el Fernán Gómez…) y centros culturales de distrito y en la recuperación, catalogación y apuesta por rutas y lugares de memoria democrática (y antifascista) en la capital, incluido el cambio en el callejero y la dignificación del entorno del resto de tapia del cementerio de La Almudena que sirviera de paredón de las ejecuciones sumarísimas en los primeros años de la dictadura.

Evidentemente hay que esperar a ver, negro sobre blanco, el plan para actuar en consecuencia, ver bondades y faltas, así como potenciar y vigilar su aplicación y alcance. Debemos recordar que el Ayuntamiento de Madrid está denunciado en el Juzgado de lo Contencioso por no aplicar la vigente ley de Memoria en relación con el mantenimiento de simbología franquista en sus calles y espacios públicos.

También el Ayuntamiento anuncia un plan de derechos humanos a aplicar, en el que queremos ver incorporadas las reivindicaciones de las víctimas y las recomendaciones que en este sentido también nos señaló la ONU en 2014 a las que el gobierno central ha hecho caso omiso. Ello podría paliar elementos que desde la Concejalía de Cultura, como hemos mencionado, jamás llegarían a desarrollarse en relación a las víctimas madrileñas del franquismo.

A pesar de lo positivo que es, y será, cuanto el Ayuntamiento haga en este sentido, no vamos a dejar de seguir solicitando a todos y cada unos de los estamentos de la administración pública, políticas públicas integrales de memoria que garanticen, en el más corto plazo posible los derechos, ya no sólo los de las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura, sino los de cualquier ciudadano y ciudadano de un Estado que se reclame democrático garantizados en el reglamento nacional e internacional. En este municipio, como en los del resto del Estado, sus gestores deben garantizar, además de una concienciación sobre lo que sucedió durante el franquismo, una educación democrática a las actuales y futuras generaciones en materia de Historia y de derechos humanos, y poner los medios correspondientes para ello. Un programa de apoyo a la enseñanza reglada existente no vendría mal en apoyo de lo anteriormente expuesto.

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