El PP madrileño modifica el sistema proporcional por el mayoritario, trasladando la idea de Rajoy de que gobierne el más votado.
El PP de Madrid propone a sólo diez meses de las elecciones un cambio de Ley, sin encaje en el Estatuto de la Comunidad de Madrid y rechazada por toda la oposición, que de llevarse a cabo, modificaría el sistema proporcional por uno mayoritario a través de la creación de 43 circunscripciones, cambiar la ley electoral para que cada una de ellas tenga asignada un diputado que la represente en la Cámara. De aprobarse, sería un sistema basado en la ley electoral alemana y con importantes similitudes a ésta, aunque no igual.
La Comisión de la Reforma de la Ley Electoral propone en la práctica, que el ciudadano tendrá que depositar dos votos a la Asamblea de Madrid. Uno de los votos irá destinado a una lista de nombres de un partido político, tal y como ocurre en la actualidad. Los representantes que salgan de estas papeletas ocuparán el 66% de la cámara. El otro irá destinado a elegir el representante de la circunscripción en la que el ciudadano ejerce el derecho a voto. Cada zona de Madrid elegiría, de aprobarse la norma, a un representante y el total de éstos sumaría el 33% de diputados restantes. Es decir, que los ciudadanos elijan a 43 diputados regionales de forma directa; el resto, los 86, se disputarían los escaños de la forma tradicional, en lista cerrada y siguiendo lo establecido en la Ley D'Hont.
Tras un año de trabajo, la Comisión de Estudios también aconseja limitar el número de diputados, mantener la barrera electoral de entrada en la Asamblea en el 5% de los votos, y afrontar la reforma electoral con el «mayor acuerdo parlamentario, político y social posible». Aunque el dictamen no es vinculante, el PP podría aprobar la reforma electoral en el Debate del Estado de la Región de septiembre, de forma muy polémica pues sostienen que solo necesitaría la mayoría simple; en contraposición hay voces que establecen que se debe cambiar el Estatuto de Autonomía con los dos tercios de asamblea, votos con los que ahora no cuentan. En este sentido, cabe recordar que el PP también propuso en su día la reducción de esos 129 diputados pero no pudo llevar adelante la propuesta al no tener esos dos tercios.
Se busca con esta reforma cambiar las circunscripciones a pocos meses de las elecciones, a través de la eliminación de sistemas electorales proporcionales por medio de la imposición de un sistema mayoritario.
Reforma preventiva e
interesada
Esta reforma electoral no es neutra, el Grupo Parlamentario Popular pretende alterar el artículo 9.5 del Estatuto de Autonomía que establece que la circunscripción electoral es la provincia. Mediante un artilugio lingüístico introducen la noción de distrito electoral como si fuera algo diferente a la circunscripción.
Con la modificación propuesta se acelera una reforma electoral preventiva ante la más que posible pérdida de votos en los próximos comicios, tratando de ganar por la vía legislativa, sin haber propiciado la participación ciudadana.
Si no solo basta con mayoría simple como sostiene el gobierno regional y para llevar a cabo esta reforma, hubiera que modificar el Estatuto de Autonomía, se da la circunstancia que tendría que aprobarlo las Cortes Generales, de forma que no lo puede hacer única y exclusivamente la Comunidad de Madrid.
Actualmente la Comunidad de Madrid es un sistema aceptablemente proporcional, ya que hay una correlación casi matemática entre porcentaje y número de escaños que se consiguen, respondiendo a los valores de igualdad de voto no sólo desde el punto de vista de los representantes sino para hacer real el valor del voto de los representados.
La atribución de escaños por circunscripciones en la Comunidad de Madrid generaría desigualdades entre las mismas, no valiendo el voto igual entre electores, beneficiando únicamente a los Populares.
Así, la democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La cámara debe ser expresión de la máxima representación del sentir mayoritario de la ciudadanía. No hay ninguna buena razón que justifique este cambio legislativo de tanta importancia justo en estos momentos y mucho menos a meses de que se celebren las elecciones municipales.
Esta es una propuesta que se realiza sin que se justifique suficientemente el motivo de la misma: no hay ninguna demanda social significativa de reforma de la ley electoral en el ámbito local, ni se explica con datos los casos que justificarían la necesidad de la reforma ni se demuestra qué ganaría la democracia con este cambio. Si acaso el modo en el que se está proponiendo incrementa las sospechas de la ciudadanía de que algunos partidos velan fundamentalmente por sus intereses al margen de cualquier consideración de principios.
La Comisión de la Reforma de la Ley Electoral propone en la práctica, que el ciudadano tendrá que depositar dos votos a la Asamblea de Madrid. Uno de los votos irá destinado a una lista de nombres de un partido político, tal y como ocurre en la actualidad. Los representantes que salgan de estas papeletas ocuparán el 66% de la cámara. El otro irá destinado a elegir el representante de la circunscripción en la que el ciudadano ejerce el derecho a voto. Cada zona de Madrid elegiría, de aprobarse la norma, a un representante y el total de éstos sumaría el 33% de diputados restantes. Es decir, que los ciudadanos elijan a 43 diputados regionales de forma directa; el resto, los 86, se disputarían los escaños de la forma tradicional, en lista cerrada y siguiendo lo establecido en la Ley D'Hont.
Tras un año de trabajo, la Comisión de Estudios también aconseja limitar el número de diputados, mantener la barrera electoral de entrada en la Asamblea en el 5% de los votos, y afrontar la reforma electoral con el «mayor acuerdo parlamentario, político y social posible». Aunque el dictamen no es vinculante, el PP podría aprobar la reforma electoral en el Debate del Estado de la Región de septiembre, de forma muy polémica pues sostienen que solo necesitaría la mayoría simple; en contraposición hay voces que establecen que se debe cambiar el Estatuto de Autonomía con los dos tercios de asamblea, votos con los que ahora no cuentan. En este sentido, cabe recordar que el PP también propuso en su día la reducción de esos 129 diputados pero no pudo llevar adelante la propuesta al no tener esos dos tercios.
Se busca con esta reforma cambiar las circunscripciones a pocos meses de las elecciones, a través de la eliminación de sistemas electorales proporcionales por medio de la imposición de un sistema mayoritario.
Reforma preventiva e
interesada
Esta reforma electoral no es neutra, el Grupo Parlamentario Popular pretende alterar el artículo 9.5 del Estatuto de Autonomía que establece que la circunscripción electoral es la provincia. Mediante un artilugio lingüístico introducen la noción de distrito electoral como si fuera algo diferente a la circunscripción.
Con la modificación propuesta se acelera una reforma electoral preventiva ante la más que posible pérdida de votos en los próximos comicios, tratando de ganar por la vía legislativa, sin haber propiciado la participación ciudadana.
Si no solo basta con mayoría simple como sostiene el gobierno regional y para llevar a cabo esta reforma, hubiera que modificar el Estatuto de Autonomía, se da la circunstancia que tendría que aprobarlo las Cortes Generales, de forma que no lo puede hacer única y exclusivamente la Comunidad de Madrid.
Actualmente la Comunidad de Madrid es un sistema aceptablemente proporcional, ya que hay una correlación casi matemática entre porcentaje y número de escaños que se consiguen, respondiendo a los valores de igualdad de voto no sólo desde el punto de vista de los representantes sino para hacer real el valor del voto de los representados.
La atribución de escaños por circunscripciones en la Comunidad de Madrid generaría desigualdades entre las mismas, no valiendo el voto igual entre electores, beneficiando únicamente a los Populares.
Así, la democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La cámara debe ser expresión de la máxima representación del sentir mayoritario de la ciudadanía. No hay ninguna buena razón que justifique este cambio legislativo de tanta importancia justo en estos momentos y mucho menos a meses de que se celebren las elecciones municipales.
Esta es una propuesta que se realiza sin que se justifique suficientemente el motivo de la misma: no hay ninguna demanda social significativa de reforma de la ley electoral en el ámbito local, ni se explica con datos los casos que justificarían la necesidad de la reforma ni se demuestra qué ganaría la democracia con este cambio. Si acaso el modo en el que se está proponiendo incrementa las sospechas de la ciudadanía de que algunos partidos velan fundamentalmente por sus intereses al margen de cualquier consideración de principios.
Publicado en el Nº 276 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2014
Comentarios
Publicar un comentario