Etiquetas: PAC, agricultor profesiona, Comisión de Agricultura, reforma, Políticas Agraria Común, pagos desacoplados, ayudas directas
UPA - 13/01/2017
UPA presiona al Gobierno para que lidere en Europa la nueva reforma de la PAC 2020 y conseguir que las ayudas solo sean para los verdaderos profesionales agrarios.
UPA presiona al Gobierno para que lidere en Europa la nueva reforma de la PAC 2020 y conseguir que las ayudas solo sean para los verdaderos profesionales agrarios.
Durante los últimos meses asistimos a una frenética carrera para lanzar nuevas ideas y propuestas de cara a la PAC a partir del año 2020. Incluso en ese proceso continuo de revisión, desde la Comisión de Agricultura de la CE se apuntan cambios para el año 2017 o 2018.
Muchos países y organizaciones profesionales agrarias europeas han comenzado a posicionarse y a avanzar sus propuestas para la nueva PAC. Estas iniciativas contras-tan con el silencio de las autoridades españolas, quienes parecen vivir al margen de la realidad que está configurándose. UPA apuesta por liderar ese proceso desde España. Es preciso, por tanto, que el Gobierno español, junto a las comunidades autónomas y el propio sector agrario establezcan de manera urgente una estrategia para influir de manera significativa en la redacción de la nueva política. Si nos mantenemos al margen de las iniciativas que ya están poniéndose en marcha, perderemos una oportunidad única para asegurar el futuro de nuestro sector agrario.
Lo cierto es que, una vez más, cuando todavía no hemos sido capaces de digerir el modelo, ya nos estamos encargando de desprestigiarlo, lo que proporcionará luego tener argumentos para cambiarlo. Como ocurre habitualmente, desde diferentes ámbitos se empiezan a escuchar sugerencias para una nueva reforma, que van desde el mantenimiento del sistema actual con determinados ajustes hasta la desaparición de los pagos desacoplados y su sustitución por sistemas de estabilización de rentas más “americanizados”, como los pagos contracíclicos o los seguros de renta. De nuevo, la tan deseada simplificación brilla por su ausencia.
La ausencia de Gobierno en España durante este año 2016 nos ha dejado la sensación de que nuestro Ministerio de Agricultura ha estado al margen de los debates que se han mantenido sobre este tema. La socorrida figura del “Gobierno en funciones” ha servido para mantener un silencio preocupante antes temas que afectan directamente al futuro de todo el sector. Sea como sea, ahora es el momento de establecer una estrategia clara, simplificando las diferentes posibilidades. Tras su renovación en el cargo, la ministra de Agricultura tendrá que apostar por mantenerse como un gran aliado del Gobierno francés y esperar a que nuestro vecino haga el trabajo para asegurarnos una PAC fuerte, o intentar convertirse en un país influyente con ideas que permitan que nuestras características se tengan en cuenta, en un acuerdo que tiene que servir para satisfacer a 27 Estados miembros.
El presupuesto de la PAC será sin duda el primer elemento que determinará los siguientes debates, pero tan importante como ese presupuesto será la forma de repartirlo entre los agricultores y los ganaderos. Es necesario que sigamos apostando por definir clara-mente a los agricultores y ganaderos que deberían tener acceso al apoyo público. No podemos gastar el dinero en entidades cuyo único objetivo es recibir pagos de la PAC. El apoyo debe estar ligado a la actividad agraria.
Los agricultores y las agricultoras, los ganaderos y las gana-deras somos los primeros interesados en defender el patrimonio medioambiental de nuestras explotaciones, porque de ello depende el futuro productivo de las mismas. El principal ataque contra el medio ambiente es el abandono de la actividad agraria en el medio rural. El proceso de degradación de las tierras abandonadas es irreparable. Ello nos debe hacer recapacitar sobre los requisitos que se ponen a la actividad agraria desde un punto de vista medioambiental, porque el efecto obtenido puede ser justo el contrario. Tenemos muchos ejemplos de prácticas beneficiosas para el medio ambiente que son aplicables en un país centroeuropeo, pero que en España suponen toda una aberración.
Lo que es evidente, aunque parezca lejano, es que en estos momentos se está definiendo el modelo de Política Agraria Común que estará vigente a partir de 2020, por lo que el Gobierno español, junto a las comunidades autónomas y el propio sector agrario deben establecer de manera urgente una clara estrategia para formar parte de esa redacción.
España, como gran potencia agraria, debe liderar este proceso y no dejarse llevar por las iniciativas que vayan surgiendo. La experiencia nos dice que si no formamos parte del núcleo central que asume la definición del documento de la PAC, al final sus contenidos apenas responden a nuestros intereses y solo podemos recurrir al triste recurso de incorporar algunos parches inevitablemente parciales.
Las ayudas de la PAC deben ser para los verdaderos profesionales agrarios
La aplicación actual de la PAC ha suscitado algunas dudas e incertidumbres en el sector que deben ser tenidas en cuenta de cara al futuro. Uno de los aspectos más importantes es el de la propia definición de los potenciales perceptores de las ayudas. Las organizaciones agrarias hemos insistido mucho en la necesidad de concentrar esas ayudas en los auténticos agricultores activos, pero Bruselas ha permitido que cada país establezca esa definición y, en general, se han seguido unos crite-rios muy poco rigurosos para precisar esa figura.
En España se ha considerado, contra el criterio mantenido por UPA y otras organizaciones agrarias, que los perceptores podrán ser todos aquellos que obtienen al menos un 20% de sus ingresos de la venta de sus productos en el mercado, mientras que el restante 80% lo obtienen a través de ayudas. Por si fuera poco, desde la Comisión se han incluido a otras personas físicas y jurídicas que, aunque no cumplen con esos porcentajes, pueden demostrar que mantienen las superficies en buen estado, sin necesidad de que cultiven la tierra.
En el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2018 se incluyen, incluso, a grandes superficies de instalaciones deportivas, como los campos de golf, compañías que gestionen terrenos ligados a los aeropuertos, compañías de aguas, de ferrocarriles o terrenos de inmobiliarias. Todas estas figuras estaban hasta ahora en la “lista negra” de las ayudas, pero Bruselas parece mostrarse dispuesta en estos momentos a que puedan acceder al régimen de ayudas de la PAC.
Durante 2016 se han presentado 796.451 solicitudes de ayudas directas de la PAC en nuestro país, con una superficie declarada de 21.325.773 hectáreas en total. Hay que tener en cuenta que los perceptores de ayudas en Alemania son apenas 320.000, mientras que en Francia rondan los 350.000. Anualmente se reparten en España algo más de 4.400 millones de euros como ayudas directas dentro de la PAC. Aunque resulta difícil ofrecer cifras contrastadas, en términos generales se observa que alrededor del 20% de los perceptores recibe cerca del 80% de todas las ayudas, mientras que el 80% restante ingresa un 20%. Estos datos indican la polarización de la agricultura española, con una base atomizada y con evidentes dificultades de viabilidad económica. Por comunidades, Andalucía acapara el 31% del total de ayudas directas. A mucha distancia se sitúan Castilla y León (18,5%), Castilla-La Mancha (14,2%), Extremadura (9,3%), Aragón (9%), Cataluña (5,4%), Galicia (3,1%), Comunidad Valenciana (2,4%), Navarra (2,1%), Asturias (1,2%), Murcia (0,8%), Madrid (0,7%), País Vasco (0,7%), La Rioja (0,6%), Cantabria (0,5%) y Baleares (0,5%).
Pagos desacoplados o ayudas directas
Igualmente, no deja de sorprendernos que desde los mismos estamentos que en un momento determinado aparecen como los grandes defen-sores de las nuevas ideas, en períodos de tiempo muy corto cambien radicalmente de idea y pasen a defender la necesidad de eliminarlas. Hace más de diez años, y con la oposición de la mayor parte del sector agrario español, se pusieron en marcha los derechos de pago desacoplados, como sistema de estabilización de rentas.
Tras varias remodelaciones del sistema, que como indicábamos anteriormente han supuesto horas y horas de trabajo administrativo, ahora desde ámbitos comunitarios se empieza a cuestionar la verdadera utilidad de dichos pagos desacoplados.
Desde los inicios de la PAC se ha estudiado mucho acerca de la naturaleza de las ayudas directas, pero no ha sido has-ta la última reforma en la que se ha introducido algún elemento sobre la figura del beneficiario de las mismas. Aunque la denominación de agricultor activo se ha quedado muy corta, consideramos que es un avance en la dirección correcta. Un tema básico que habría que impulsar de cara a la nueva PAC es la definición mucho más restrictiva y precisa del beneficiario final de esta política. Convertir a la PAC en un mecanismo de subvención para personas o empresas que no apuestan por el sector agrario constituye una deslegitimación de la idea fundamental de cualquier política agrícola. Son los hombres y mujeres que viven y trabajan en el medio rural y que producen alimentos de cali-dad, quienes precisan del amparo de la PAC y debe concretarse de forma inequívoca que son ellos y ellas quienes deben beneficiarse con los recursos y medidas incluidos en esta política.
Un proceso permanente de cambios y reformas
En junio de 2013, la Comisión Euro-pea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo alcanzaron un primer acuerdo sobre los reglamentos comunitarios que iban a regular la PAC en el período 2014-2020. La enorme complejidad administrativa que caracte-riza a la Unión Europea, supone que en España no dispusimos de los reales decretos indispensables para la puesta en marcha de la PAC hasta 18 meses después, en diciembre de 2014.
La primera consecuencia fue que el nue-vo modelo aprobado no entró en vigor en 2014 y fue necesario retrasarlo hasta 2015, algo que no evitó que los agricultores y ganaderos tuvieran que planificar sus producciones en otoño de 2014, con gran incertidumbre, ya que la normativa española se publicó a finales de ese año.
La primera consecuencia fue que el nue-vo modelo aprobado no entró en vigor en 2014 y fue necesario retrasarlo hasta 2015, algo que no evitó que los agricultores y ganaderos tuvieran que planificar sus producciones en otoño de 2014, con gran incertidumbre, ya que la normativa española se publicó a finales de ese año.
Nos enfrentábamos sin duda a una reforma radical del sistema, lo que suponía enormes cambios en todos los niveles, Administración central, autonómica, agricultores, ganaderos, etc. Fueron momentos de gran tensión, porque el sector veía con preocupación las consecuencias que podían tener en su actividad diaria, y las Administraciones se enfrentaban una vez más al reto de poner en marcha un nuevo modelo.
Todos los comisarios de Agricultura de la CE inician su mandato señalando su voluntad de simplificar la PAC. Sin embargo, cuando se ponen encima de la mesa nuevas propuestas regulato-rias, esa idea no tiene en cuenta que modificar las normas de manera radical cada cuatro o cinco años implica una enorme complejidad tanto para las Administraciones como para los agricultores y los ganaderos.
Es evidente que las políticas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y sufrir modificaciones, pero de cara a esa deseada simplificación es preciso ofrecer una mayor estabilidad en los reglamentos y las normas. No puede ser que una vez que se han puesto en marcha unos protocolos de funcionamiento, cambiemos los modelos y haya que diseñar otros nuevos. Los agricultores y los ganaderos nos vemos inmersos cada cinco o seis años en un periodo de enormes incertidumbres y cuando comenzamos a manejar las claves del nuevo proyecto, nos vemos enfrenta-dos a un nuevo modelo que debemos volver a aprender.
Presupuestos a la baja
La PAC actual está ordenada en torno a dos grandes pilares. El primer pilar incorpora medidas anuales obligatorias de carácter general (ayudas directas y medidas de regulación del mercado), mientras que el segundo pilar incluye medidas voluntarias mejor adaptadas a las especificidades nacionales y regionales (ayudas al desarrollo rural).
Las ayudas se basan en una serie de pagos. Los pagos obligatorios para todos los Estados miembros de la UE son los regímenes de pago básico, de pago ecológico (“greening”) y de pago para los jóvenes agricultores. Los regímenes voluntarios (a elección de los Estados miembros) son los pagos acoplados, las ayudas a zonas con desventajas naturales y el régimen simplificado para pequeños agriculto-res.
Todos estos pagos no se encuentran vinculados a la producción, con la excepción de los pagos acoplados. Estos tienen un límite del máximo anual nacional, que en el caso de España podía llegar hasta el 15%, pero que el Gobierno de nuestro país, en una deci-sión claramente negativa para los agricultores y los ganaderos profesionales, ha reducido al 12,08%.
La PAC 2014-2020 está dotada con un presupuesto de 362.790 millones de euros. En el periodo 2007-2013 los recursos disponibles fueron de 417.740 millones. De la cantidad total, 277.850 millones se destinan al primer pilar de la PAC, mientras que otros 84.940 millones corresponden al segundo pilar. El presupuesto puesto a disposición de la PAC se ha reducido en un 13% para el primer pilar y en un 18%para el segundo.
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