miércoles, 25 de enero de 2017

La UCO acusa de fraude y cohecho al 'sheriff de #Brunete', otro alcalde del PP en Púnica

El caso Púnica suma y sigue. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica en uno de los últimos informes que ha entregado al juez Eloy Velasco a dos cargos del Ayuntamiento de Brunete (municipio madrileño de 10.500 habitantes), entre ellos al alcalde Borja Gutiérrez Iglesias, del PP, al que acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).
En un informe fechado el 14 de diciembre de 2016, la UCO implica a 11 personas, dos de ellas cargos del consistorio. Además del regidor, la Guardia Civil también acusa de fraude a la concejala popular María Cristina Gil Guerra. En la lista también está su padre, José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete e ingeniero técnico de Obras Públicas en otro ayuntamiento madrileño, el de Villanueva de la Cañada, al que se le acusa de fraude y cohecho. Desde que la Púnica se destapara en octubre de 2014, el caso se ha ido extendiendo a varias localidades madrileñas y ha salpicado a otros regidores del PP. Los dos últimos han sido los exalcaldes de Móstoles y Alcalá de Henares. El primero, Daniel Ortiz, tuvo que dejar su cargo de diputado autonómico tras ser imputado. La UCO acusa al segundo, Bartolomé González (también diputado autonómico)

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