DURANTE LA LEGISLATURA DE RAJOY LA DEUDA PÚBLICA HA SUBIDO UN 52%. YA SUMA EL 101% DEL PIB
Para pagar los intereses hubo que aumentar la deuda pública Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”.
Para pagar los intereses hubo que aumentar la deuda pública Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”.
La actual legislatura se inicia batiendo record de endeudamiento público: ni más ni menos que 1,1 billones de euros debe el conjunto de las Administraciones Públicas, esto es, el equivalente al 101% del PIB, o ni más ni menos que 23.831€ por habitante. Resulta cuanto menos paradójico que el PP, adalid del rigor presupuestario, haya pulverizado todos los record históricos en esta materia: cuando Rajoy fue elegido por primera vez presidente del Gobierno en diciembre de 2011 la deuda pública era de tan sólo 743.530 millones de euros (el 69,5% del PIB). En resumidas cuentas: Rajoy hereda de sí mismo una factura de 363.163 millones de euros y sobre la espalda de cada ciudadano pesa hoy un 52% más de deuda que hace cuatro años.
Esa no es la única paradoja: teórica (y legalmente) las Administraciones Públicas sólo pueden endeudarse para financiar inversiones así que cabría esperar que este incremento de la deuda pública obedeciese a un incremento del esfuerzo inversor; sin embargo actualmente ese esfuerzo es notablemente inferior al de hace cuatro años. Si en 2011 la Formación Bruta de Capital (FBK), magnitud que mide el esfuerzo inversor de las Administraciones Públicas, fue de 39.638 millones de euros, equivalente al 3,7% del PIB, (cifra ya de por sí baja comparada con los 55.142 millones de 2009, inicio de la crisis); el año 2015 cerró con una FBK de tan sólo 27.005 millones (un 2,5% del PIB)… y eso porque afortunadamente era año electoral, ocasión propicia para captar votos vía obra pública.
Ciertamente toda la Unión Europea sufre el embate de la crisis y el diseño del BCE no contribuye en nada a facilitar una salida. Pero los datos demuestran que Rajoy está entre los peores alumnos del neoliberalismo europeo: tal ha sido el crecimiento de nuestra deuda que nuestras Administraciones ocupan hoy el sexto lugar entre las más endeudadas de las 28 que componen la Unión Europea, cuando en 2011 ocupábamos el puesto 12 y en 2007, año en que estalló la crisis, un envidiable puesto 16.
Por supuesto no todas las Administraciones Públicas han gozado de la misma manga ancha para endeudarse que la Administración Local: la Corporaciones Locales, eternas hermanas pobres de la Hacienda Pública española, han sido sometidas a un férreo control financiero desde comienzos de la crisis. No sólo se les exige aprobar presupuestos equilibrados cuando la economía está deprimida y los ingresos tributarios por los suelos: desde 2009 el Ministerio de Hacienda ha promovido hasta 8 reales decretos distintos en los que, de forma parsimoniosa y bajo condiciones leoninas, auxiliaba ligeramente a unas haciendas locales asfixiadas por la falta de liquidez. Y todo, bajo unas condiciones propias de un programa de ajuste de los que el FMI aplica a los países del Tercer Mundo: se les ha exigido recortar un 5% el gasto en personal; incrementar el IBI al tipo máximo; eliminar bonificaciones con impacto social; elevar las tasas y precios públicos hasta lograr la autofinanciación de los servicios que prestan lo cual es ineficiente además de regresivo, etc, etc. Tanto es así que las Corporaciones Locales tienen hoy un nivel de endeudamiento equivalente al 3´2% del PIB ¡0´2 puntos menos que cuando Rajoy llegó al poder! Obviamente esto se ha traducido en un notable deterioro en la calidad y cantidad de los servicios que los ayuntamientos ofrecen a la población.
No es de extrañar que el gobierno de la nación haya tenido ese comportamiento: Rajoy proyecta sobre otras Administraciones el espíritu y la letra del plan de rescate (cuya existencia el PP siempre negó) y que se sustanció en la firma del “Memorándum de Entendimiento” (MoU) entre el Gobierno de España y la “troika” el 20 de julio de 2012, mediante el cual se abría una línea de crédito de hasta 90.000 millones de euros con la única finalidad de rescatar la banca española. Triste paradoja: mientras los españoles se volcaban en aplaudir a su selección de fútbol, campeona de la Eurocopa 2012, eran los mercados financieros los que nos goleaban a nosotros con la inestimable ayuda de nuestro gobierno.
Cabe recordar que la deuda de las Administraciones Públicas condiciona directamente la calidad de vida de los ciudadanos: la necesidad de refinanciar periódicamente los vencimientos y de contratar nueva deuda para pagar los intereses, nos deja en manos de la “troika” en virtud de la legislación neoliberal europea, que prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública en los mercados de emisión. Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”. Durante el gobierno de Rajoy (2012–2015) las Administraciones Públicas han pagado el equivalente a 13 puntos del PIB en concepto de intereses, es decir, que el 45% del déficit público se explica por el gasto en intereses. Y claro: para pagar esos intereses hubo que aumentar más la deuda pública. Además, la cosa no mejora: para 2016 se espera que haya que desembolsar otro 3,1% del PIB en intereses, lo que explica el 60% del déficit que habrá este año. Así es como la deuda genera más deuda y obliga a nuevos recortes.
Por supuesto las cosas se podrían haber hecho de otra manera y en el fondo subyace el problema del euro y el diseño neoliberal del BCE impuesto en su día por el Bundesbank y sus admiradores europeos, incluidos los gobiernos socialdemócratas. En tiempos de crisis se requieren amplios programas públicos de creación de empleo, pero éstos son inviables sin el respaldo financiero del banco central de turno. Y eso quisieron garantizarse en su momento los creadores del BCE: que no pudieran implementarse políticas de orientación keynesiana, que la lucha contra el desempleo descansase exclusivamente sobre el recorte de salarios y derechos de los trabajadores.
Por el contrario, una inusitada fe en la propiedad privada y en los mercados permite al BCE inyectar cantidades masivas de dinero en el sistema financiero... en ese mismo sistema financiero que años atrás malgastó los ahorros de los ciudadanos en especulación inmobiliaria y bursátil, y que ahora atesora el dinero barato procedente del BCE a la espera de tiempos mejores. Actualmente el BCE mantiene inyectados en el sistema financiero europeo la friolera de 1,63 billones de euros, de ellos 333.319 millones (el 20% del total) en el sistema financiero español. En nuestro caso eso supone que se ha multiplicado por 3,5 la cantidad de dinero que el BCE mantenía inyectados justo antes de la crisis. Y todo a coste 0% o casi. Pero el sistema financiero no moviliza ese dinero y prueba de ello es que desde que comenzó la crisis el crédito a los hogares se ha contraído un 19% (un 2,1% sólo el año pasado).
Como decíamos, las cosas se podrían haber hecho de otra manera si la correlación de fuerzas en Europa fuera distinta. Podrían haberse diseñado planes públicos de empleo, descartando proyectos de inversión socialmente no rentables (como esos aeropuertos del PP que llevan aviones de ningún sitio a ningún lugar, autovías sin coches o desalinizadoras que no desalan). ¿Acaso estamos sobrados de hospitales o colegios? ¿No necesita un impulso nuestra red ferroviaria? ¿No hay oportunidades de empleo en el sector medioambiental o en la adecuación de las tecnologías que utilizan las empresas a estándares de sostenibilidad ambiental? Se podía haber acometido un plan de amortización (monetización) de parte de la deuda pública, evitando así la implantación de los insufribles rescates que tanta fama han dado a la “troika” y a sus “hombres de negro”. Se podía, en definitiva, haber puesto el euro al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos al servicio del euro y de quienes lo acaparan.
A partir de la herencia que Rajoy se lega a sí mismo (gracias a la inestimable colaboración del PSOE en su investidura) se diseñará la política económica que los ciudadanos sufriremos a lo largo de la nueva legislatura. Sobre nuestro país pesa la exigencia de la Comisión Europea de acometer recortes por importe de unos 5.500 millones de euros: de lo contrario la “troika” se encargará de que los mercados financieros hagan imposible la financiación de nuestra deuda pública. Sin lugar a dudas se trata de una utilización espuria, casi mafiosa, del poder que los ciudadanos han delegado en las instituciones europeas. Todo parece indicar que Rajoy se plegará nuevamente al chantaje financiero (¿recuerdan en qué condiciones se gestó la reforma del artículo 135 de la Constitución, mancomunada por PP y PSOE en septiembre de 2011?). Pero ni siquiera cumpliendo con este catecismo neoliberal se nos augura un buen futuro: para 2017 la tasa de paro seguirá en el 18% (más del doble de la media europea), y la deuda pública se elevará un poco más todavía, hasta 1,16 billones de euros. Desde luego no estamos en deuda con Rajoy, pero sí por culpa de Rajoy.
Esa no es la única paradoja: teórica (y legalmente) las Administraciones Públicas sólo pueden endeudarse para financiar inversiones así que cabría esperar que este incremento de la deuda pública obedeciese a un incremento del esfuerzo inversor; sin embargo actualmente ese esfuerzo es notablemente inferior al de hace cuatro años. Si en 2011 la Formación Bruta de Capital (FBK), magnitud que mide el esfuerzo inversor de las Administraciones Públicas, fue de 39.638 millones de euros, equivalente al 3,7% del PIB, (cifra ya de por sí baja comparada con los 55.142 millones de 2009, inicio de la crisis); el año 2015 cerró con una FBK de tan sólo 27.005 millones (un 2,5% del PIB)… y eso porque afortunadamente era año electoral, ocasión propicia para captar votos vía obra pública.
Ciertamente toda la Unión Europea sufre el embate de la crisis y el diseño del BCE no contribuye en nada a facilitar una salida. Pero los datos demuestran que Rajoy está entre los peores alumnos del neoliberalismo europeo: tal ha sido el crecimiento de nuestra deuda que nuestras Administraciones ocupan hoy el sexto lugar entre las más endeudadas de las 28 que componen la Unión Europea, cuando en 2011 ocupábamos el puesto 12 y en 2007, año en que estalló la crisis, un envidiable puesto 16.
Por supuesto no todas las Administraciones Públicas han gozado de la misma manga ancha para endeudarse que la Administración Local: la Corporaciones Locales, eternas hermanas pobres de la Hacienda Pública española, han sido sometidas a un férreo control financiero desde comienzos de la crisis. No sólo se les exige aprobar presupuestos equilibrados cuando la economía está deprimida y los ingresos tributarios por los suelos: desde 2009 el Ministerio de Hacienda ha promovido hasta 8 reales decretos distintos en los que, de forma parsimoniosa y bajo condiciones leoninas, auxiliaba ligeramente a unas haciendas locales asfixiadas por la falta de liquidez. Y todo, bajo unas condiciones propias de un programa de ajuste de los que el FMI aplica a los países del Tercer Mundo: se les ha exigido recortar un 5% el gasto en personal; incrementar el IBI al tipo máximo; eliminar bonificaciones con impacto social; elevar las tasas y precios públicos hasta lograr la autofinanciación de los servicios que prestan lo cual es ineficiente además de regresivo, etc, etc. Tanto es así que las Corporaciones Locales tienen hoy un nivel de endeudamiento equivalente al 3´2% del PIB ¡0´2 puntos menos que cuando Rajoy llegó al poder! Obviamente esto se ha traducido en un notable deterioro en la calidad y cantidad de los servicios que los ayuntamientos ofrecen a la población.
No es de extrañar que el gobierno de la nación haya tenido ese comportamiento: Rajoy proyecta sobre otras Administraciones el espíritu y la letra del plan de rescate (cuya existencia el PP siempre negó) y que se sustanció en la firma del “Memorándum de Entendimiento” (MoU) entre el Gobierno de España y la “troika” el 20 de julio de 2012, mediante el cual se abría una línea de crédito de hasta 90.000 millones de euros con la única finalidad de rescatar la banca española. Triste paradoja: mientras los españoles se volcaban en aplaudir a su selección de fútbol, campeona de la Eurocopa 2012, eran los mercados financieros los que nos goleaban a nosotros con la inestimable ayuda de nuestro gobierno.
Cabe recordar que la deuda de las Administraciones Públicas condiciona directamente la calidad de vida de los ciudadanos: la necesidad de refinanciar periódicamente los vencimientos y de contratar nueva deuda para pagar los intereses, nos deja en manos de la “troika” en virtud de la legislación neoliberal europea, que prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública en los mercados de emisión. Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”. Durante el gobierno de Rajoy (2012–2015) las Administraciones Públicas han pagado el equivalente a 13 puntos del PIB en concepto de intereses, es decir, que el 45% del déficit público se explica por el gasto en intereses. Y claro: para pagar esos intereses hubo que aumentar más la deuda pública. Además, la cosa no mejora: para 2016 se espera que haya que desembolsar otro 3,1% del PIB en intereses, lo que explica el 60% del déficit que habrá este año. Así es como la deuda genera más deuda y obliga a nuevos recortes.
Por supuesto las cosas se podrían haber hecho de otra manera y en el fondo subyace el problema del euro y el diseño neoliberal del BCE impuesto en su día por el Bundesbank y sus admiradores europeos, incluidos los gobiernos socialdemócratas. En tiempos de crisis se requieren amplios programas públicos de creación de empleo, pero éstos son inviables sin el respaldo financiero del banco central de turno. Y eso quisieron garantizarse en su momento los creadores del BCE: que no pudieran implementarse políticas de orientación keynesiana, que la lucha contra el desempleo descansase exclusivamente sobre el recorte de salarios y derechos de los trabajadores.
Por el contrario, una inusitada fe en la propiedad privada y en los mercados permite al BCE inyectar cantidades masivas de dinero en el sistema financiero... en ese mismo sistema financiero que años atrás malgastó los ahorros de los ciudadanos en especulación inmobiliaria y bursátil, y que ahora atesora el dinero barato procedente del BCE a la espera de tiempos mejores. Actualmente el BCE mantiene inyectados en el sistema financiero europeo la friolera de 1,63 billones de euros, de ellos 333.319 millones (el 20% del total) en el sistema financiero español. En nuestro caso eso supone que se ha multiplicado por 3,5 la cantidad de dinero que el BCE mantenía inyectados justo antes de la crisis. Y todo a coste 0% o casi. Pero el sistema financiero no moviliza ese dinero y prueba de ello es que desde que comenzó la crisis el crédito a los hogares se ha contraído un 19% (un 2,1% sólo el año pasado).
Como decíamos, las cosas se podrían haber hecho de otra manera si la correlación de fuerzas en Europa fuera distinta. Podrían haberse diseñado planes públicos de empleo, descartando proyectos de inversión socialmente no rentables (como esos aeropuertos del PP que llevan aviones de ningún sitio a ningún lugar, autovías sin coches o desalinizadoras que no desalan). ¿Acaso estamos sobrados de hospitales o colegios? ¿No necesita un impulso nuestra red ferroviaria? ¿No hay oportunidades de empleo en el sector medioambiental o en la adecuación de las tecnologías que utilizan las empresas a estándares de sostenibilidad ambiental? Se podía haber acometido un plan de amortización (monetización) de parte de la deuda pública, evitando así la implantación de los insufribles rescates que tanta fama han dado a la “troika” y a sus “hombres de negro”. Se podía, en definitiva, haber puesto el euro al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos al servicio del euro y de quienes lo acaparan.
A partir de la herencia que Rajoy se lega a sí mismo (gracias a la inestimable colaboración del PSOE en su investidura) se diseñará la política económica que los ciudadanos sufriremos a lo largo de la nueva legislatura. Sobre nuestro país pesa la exigencia de la Comisión Europea de acometer recortes por importe de unos 5.500 millones de euros: de lo contrario la “troika” se encargará de que los mercados financieros hagan imposible la financiación de nuestra deuda pública. Sin lugar a dudas se trata de una utilización espuria, casi mafiosa, del poder que los ciudadanos han delegado en las instituciones europeas. Todo parece indicar que Rajoy se plegará nuevamente al chantaje financiero (¿recuerdan en qué condiciones se gestó la reforma del artículo 135 de la Constitución, mancomunada por PP y PSOE en septiembre de 2011?). Pero ni siquiera cumpliendo con este catecismo neoliberal se nos augura un buen futuro: para 2017 la tasa de paro seguirá en el 18% (más del doble de la media europea), y la deuda pública se elevará un poco más todavía, hasta 1,16 billones de euros. Desde luego no estamos en deuda con Rajoy, pero sí por culpa de Rajoy.
Publicado en el Nº 301 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2016
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