Rajoy
ha vuelto a asumir y rinde cuentas al Congreso como nuevo presidente,
después de un año de negarse a hacerlo. A pesar de hablar de
diálogo, sigue imponiendo todo lo que puede: deja sin efectos las
reválidas però mantiene aspectos para entrar a la universidad y se
opone al primer paso para parar la LOMCE en las Cortes; impone a
Fernández Díaz, ex ministro de interior pillado intentando
construir casos contra dirigentes independentistas, como secretario
de una comisión de las Cortes, aunque no de la que quería... y en
el tema catalán, mientras habla de diálogo y pone sobre la mesa un
nuevo sistema de financiación, presiona al aparato judicial. Si
puede vencer el «café para todos» del duque de Suárez, que ahora
agitan sus barones, quizás hubiera podido ser suficiente hace unos
años con aquello del «peix al cove» –equivalente a pájaro en
mano- de Pujol, però ahora no lo es.
Porque
además lo acompaña de la intensificación de la represión que
tensa al extremo el choque con el proceso catalán. Más de 400
cargos electos, parlamentarios, alcaldes y regidores están a la
espera que se empiecen diligencias judiciales. La respuesta de
80.000-100.000 personas en la calle el 13 de noviembre contra la
ofensiva represiva del Estado, tira del otro lado: es la primera
manifestación masiva contra la criminalización que impulsan el
estado y el gobierno.
El margen de maniobra para un acuerdo político en
el marco de la unidad del estado es mínimo, y el tiempo pasa hacia
el plazo fijado de junio-septiembre de 2017 en que se ha comprometido
el gobierno para hacer el referéndum que abra las puertas a la
declaración de independencia y la República catalana.
En el País Vasco el acuerdo PNV-PSE habla de la
reforma del estatuto de autonomía, pero esta es una pantalla ya
pasada que difícilmente puede encajar con el movimiento de masas
existente hoy en Catalunya. Puigdemont dice referéndum o referéndum,
pero esto no entra hoy en los planes de Rajoy ni de la Monarquía y
por tradición la burguesía catalana siempre ha acabado los
enfrentamientos cediendo al estado a cambio de alguna contrapartida.
La política que pretenden impulsar
Puigdemont-Junqueras es inviable, sea porque esperan que el estado
acabe cediendo a un referéndum negociado cómo dice CSQEP, sea
contando con que será la comunidad internacional quién impondrá el
acuerdo. Salvando todas las distancias, es como el cuento que vendió
Syriza al pueblo griego, creyendo que por repetirlo y repetirlo su
deseo de una salida negociada se impondría, cuando Merkel, la UE y
el FMI le decían por activa y por pasiva que no habría negociación
como pedía Txipras. La realidad acabó imponiéndose y entonces el
gobierno de turno tuvo que optar entre achantar la cabeza y
traicionar al pueblo o romper con las imposiciones. Lo mismo acabará
pasando con la dirección del proceso, pero también con partidos
políticos, patronales y sindicatos. Y aquí si es importante la
política que tenga el gobierno Puigdemont-Junqueras y el resto de la
superestructura, la clave para que unos y otras vayan más allá de
sus voluntades políticas, la determinará la capacidad del
movimiento.
Noviembre ha tensado al máximo la situación. La
primera detención de un cargo electo, la alcaldesa de Berga Montse
Venturós, la primera semana y la imputación en firme de Carme
Forcadell, presidenta del Parlamento, la segunda. La massiva
movilización del 13N como máximo exponente de las que se han
sucedido estos días, es la respuesta.
De hecho, toda la tensión que organiza el
gobierno con las judicializaciones masivas de los partidarios del
proceso son un aviso a los catalanes, pero no sólo. Son el peldaño
político que le faltaba a esta escalada represiva del estado. Esta
empezó contra el movimiento sindical a las huelgas generales, siguió
contra los escraches de la PAH, las movilizaciones sociales en el
Congreso, todo atado y bien atado con la Ley Mordaza. El proceso
vasco en su día siguió similar camino, aunque mucho más duro por
la radicalidad del movimiento abertzale: primero fue la Ley
Antiterrorista en el 85, y pronto el concepto se aplicó por todo el
estado; después la Ley de Partidos que aún hoy elimina listas y
organizaciones en Euskadi, pero incluso, salpica a una CiU que la
votó. Ahora también, si pasan impunemente las detenciones y
judicialización de la cuestión política catalana, pronto se
generalizará al resto del estado. No es sólo un tema de solidaridad
el que tendría que empujar a las fuerzas de izquierda y
organizaciones populares a posicionarse contra esta criminalización,
sino una cuestión democrática y de propia autodefensa, porque si el
estado avanza y se fortalece, lo sufriremos en todas partes.
Volviendo a Catalunya, la primera detención, la
de Montse Venturós, refleja además de la escalada represiva de la
Corona, cómo se posiciona el Gobierno catalán facilitando y
justificando que la detención la haga su cuerpo de seguridad, los
Mossos. Es a esta dualidad de la lucha a la que, necesariamente, se
deben dar inequívocas respuestas.
Igual que no se pueden dar excusas para que las
banderas de los partidos de izquierda no estén presentes el 13N
enfrentando el estado -a pesar de que estén las cabezas de los
Gobiernos de los recortes como Mas, Ortega, Homs o Rigau-; así
también, no se puede callar cuando son estas «víctimas» las que
desde el gobierno catalán ejecutan las órdenes del estado –el
mismo argumento que utilizaba Saura cuando enviaba los Mossos a
detener a Núria Pórtulas-, porque en este caso, son cómplices. Una
cosa no sirve para tapar la otra, sino que termina resultando
incomprensible para todo el mundo.
La detención de Venturós por los Mossos ya tenía
que haber parado la negociación de presupuestos – como hizo
correctamente la CUP-CC cuando los Mossos detuvieron anarquistas bajo
las órdenes de la Audiencia Nacional, el octubre pasado-, hasta que
el Gobierno garantizara que no se volvería a repetir con ninguna de
las previsibles detenciones que hay por delante. Pero si esto era
grave, se remacha el clavo cuando se acepta el chantaje de que no
habrá referéndum si no se da luz verde a unos presupuestos que
parten de la obediencia de Junqueras al tope de déficit que marca
Montoro. No se puede callar cuando la política del Estado la aplica
el Gobierno catalán, sea Junqueras o los Mossos. Pero no sólo.
Aceptar los techos de ingresos, gastos y déficit –lo que
representa no hacer una enmienda a la totalidad y dejar que se
debatan en el Parlament- es aceptar, de entrada que Junqueras haya
escamoteado 358,4 millones de euros de «superávit» del 2016 a los
ingresos. Es decir, aceptar que haya priorizado pagar más deuda que
ponerlos al servicio del gasto social, obedeciendo otra vez a la ley
de estabilidad presupuestaria española. En lugar de no pagar la
deuda, ¡damos por bueno que se pague más!. Y es también aceptar
que cuanta más deuda se paga, más se debe –ahora ya estamos en el
35,3% del PIB- y más dependemos del gobierno estatal porque 7 de
cada 10 euros de deuda se le deben al estado. Tampoco en esto nos ha
ayudado la UE, al contrario de las expectativas de JxS: en julio, el
BCE que abrió la puerta a comprar deuda pública de CCAA, no aceptó
hacerlo con la de la Generalitat.
Por último, aceptar el paso a trámite es aceptar
un techo de ingresos que tampoco contempla nada sustancial que haga
pagar más a quienes más tienen... y esto no en obediencia a Madrid
ni a Bruselas, sino como sumisión a la burguesía catalana. Porque
el Gobierno de JxS sigue siendo consecuente en los hechos en ni
romper con el estado ni traicionar a su clase. Como siempre, en los
temas económicos se acaban las palabras.
Por eso: seguiremos estando donde toque para
enfrentar un estado que se fortalece si damos un solo paso atrás,
pero seguiremos diciendo firmemente NO a un gobierno que se somete a
él y a los intereses de su clase. Y tanto para enfrentar al primero
como al segundo, lo haremos como lo hemos venido haciendo, saliendo a
la calle, porque sólo la movilización garantizará el referéndum y
la República Catalana, igual que sólo ella parará las
privatizaciones y revertirá recortes.
Esther
del Alcázar
Militante
de Lucha Internacionalista
http://luchainternacionalista.org/spip.php?article2971
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