¿Quién quiere quedarse con un zombie?
JAVIER NAVASCUÉS
El rescate de Bankia se ha presentado como una nacionalización parcial, aunque a la vista está que de lo que se trata es de una nacionalización de pérdidas; lo mismo que ocurriría con un “banco malo” que absorbiera los créditos incobrables y los pisos invendibles que ahora lastran los balances de bancos y cajas. Los promotores de estas medidas no están por una socialización del sector financiero sino por trasladar al erario público de las pérdidas de aquél, proclamando cínicamente que el Estado podría llegar a ganar dinero con la vuelta posterior al sector privado. La pregunta es: ¿debería quedarse el Estado con estas entidades y convertirlas en una Banca nacionalizada?
Desde mi punto de vista, el grado de deterioro de la banca obliga a ser cautos a la hora de hablar de nacionalización sin más matices. Se habla de la necesidad de que el crédito fluya pero se olvida que lo que bloquea el flujo de crédito no es sólo la escasa disposición de los bancos a prestar sino la igualmente escasa disposición a pedir prestado por parte de unas empresas y unos particulares endeudados en exceso. Lo que Botín cínicamente, pero con razón, denomina la falta de “demanda solvente”. Pero además es que la banca no presta por la catastrófica situación en la que se encuentra; con más de 180.000 millones de créditos problemáticos en su activo, y creciendo porque la parálisis económica hace que los impagados crezcan día a día. A eso se añaden 250.000 millones en deuda pública cuyo valor también cae día y día como consecuencia de las políticas de austeridad. De hecho los grandes bancos, Santander y BBVA, sólo sobreviven gracias a su actividad exterior. Resumiendo, una banca “zombie”. ¿Quién quiere un “zombie” en el sector público?
Mientras persistan las políticas de austeridad no se saldrá de la trampa puesto que el estancamiento empeora la situación de la deuda del Estado. Si además continúa la recesión económica los créditos concedidos a empresas y particulares se seguirán deteriorando y aumentará la probabilidad de impago. En resumen, se deteriora el activo de los bancos. Recapitalizarlos, bien a través de captar capital privado o inyectando fondos públicos, incluso con una hipotética nacionalización definitiva, es actuar sobre el pasivo de su balance. Pero aumentar el pasivo no mejora el activo. La cifra de capital que hoy sería adecuada, mañana dejará de serlo. Esto es así porque el tamaño de los bancos no es independiente del tamaño de la economía y el sistema financiero español está sobredimensionado.
De hecho, lo que hay es exceso de deuda. Una alternativa social a la crisis debe dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes para las clases populares, el sobreendeudamiento hipotecario. Pero cualquier reforma de la ley hipotecaria que ajuste los pagos a los ingresos para asegurar el derecho a la vivienda, por no hablar de la nacionalización del suelo urbano, se traducirá inmediatamente en un nuevo deterioro de los créditos. ¿Debe pagar el Estado la diferencia? Igual ocurre con la deuda pública que debe reducirse en su parte ilegítima. Devaluar las hipotecas y recortar la deuda pública son dos medidas necesarias para relanzar la economía. En general, cualquier medida de reactivación pasa necesariamente por obligar al sector financiero a asumir nuevas pérdidas y liberar a los deudores de la carga inasumible: rescatar a la gente y al sector público, no a los bancos. De ahí que la mejor reforma financiera sea crear un nuevo sistema público separado del existente y dejar éste a su suerte. Libre mercado.
Un nuevo sistema público tendría tres patas. La primera, una banca minorista que puede construirse a partir de las cajas, reorganizadas como una federación de entidades públicas gobernadas de forma democrática y participativa pero sin sucumbir al localismo y a la mitología benéfica que hasta ahora se les ha atribuido. La segunda pata de esta nueva banca pública debe ser la banca especializada, un sistema de banca para el desarrollo actuando en el marco de la planificación económica y de la reconversión del modelo productivo. La tercera función a cubrir es la de “banco del gobierno” a todos los niveles, local, autonómico y estatal. Esta nueva banca pública debe fomentar además la generalización de iniciativas de banca ética y cooperativa y bregar adecuadamente con los restos del naufragio de una banca privada que deberá someterse a una operación “acordeón” para asumir íntegramente la pérdida de los beneficios ficticios del pasado. Evidentemente, esto estará incompleto sin poner bajo control democrático al Banco de España y reformar todo el sistema del euro, algo sobre lo que no hay espacio para extenderse aquí. Concluyo con una llamada al optimismo de la voluntad: las contradicciones acumuladas en el sector financiero, verdadero núcleo sicótico del capital en España, pueden crear la oportunidad de saldar cuentas con más de una asignatura pendiente desde la transición si somos conscientes de que se encuentra en un momento de debilidad.
BANC PÚBLICA AYER Y HOY
Históricamente el Estado ha asumido la creación de bancos públicos cuando el sector privado no cubría las necesidades de acumulación e inversión en determinados sectores. En España, la banca pública nació entre 1919 y 1929 impulsada por los gobiernos de la monarquía. La naturaleza de clase del régimen político impide llamarse a engaño sobre a qué intereses servían esos bancos, cuya vida se prolongó durante la República que obviamente les dio otra orientación; y, posteriormente el franquismo que retomó el papel de apoyo al capital privado. Fueron desmantelados por Felipe González.
Las Cajas de Ahorros son más antiguas, de mediados del siglo XIX. Su origen es privado y tenían una finalidad benéfica pero pronto se convirtieron en instrumentos de concentración del ahorro territorial orientado en función de las clases dominantes locales. El franquismo las utilizó como instrumento para canalizar el ahorro hacia los intereses de las élites estatales y para financiar sus “booms” inmobiliarios y turísticos. Con la democracia y las sucesivas desregulaciones, acabaron, con matices y diferencias, funcionando como el brazo financiero de los sectores empresariales de ámbito regional volcados, en su mayoría, en el sector inmobiliario.
A pesar de su desaparición en España, la banca pública sigue viva en muchos países capitalistas avanzados y no sólo como “hospital” de bancos privados en dificultades (aunque también). Merece la pena destacar el caso del BfW alemán, banco estatal creado para la reconstrucción del país después de la II Guerra Mundial y que hoy en día es un potente instrumento al servicio del desarrollo de las PYMEs, los proyectos de energías renovables y la vivienda.
Desde mi punto de vista, el grado de deterioro de la banca obliga a ser cautos a la hora de hablar de nacionalización sin más matices. Se habla de la necesidad de que el crédito fluya pero se olvida que lo que bloquea el flujo de crédito no es sólo la escasa disposición de los bancos a prestar sino la igualmente escasa disposición a pedir prestado por parte de unas empresas y unos particulares endeudados en exceso. Lo que Botín cínicamente, pero con razón, denomina la falta de “demanda solvente”. Pero además es que la banca no presta por la catastrófica situación en la que se encuentra; con más de 180.000 millones de créditos problemáticos en su activo, y creciendo porque la parálisis económica hace que los impagados crezcan día a día. A eso se añaden 250.000 millones en deuda pública cuyo valor también cae día y día como consecuencia de las políticas de austeridad. De hecho los grandes bancos, Santander y BBVA, sólo sobreviven gracias a su actividad exterior. Resumiendo, una banca “zombie”. ¿Quién quiere un “zombie” en el sector público?
Mientras persistan las políticas de austeridad no se saldrá de la trampa puesto que el estancamiento empeora la situación de la deuda del Estado. Si además continúa la recesión económica los créditos concedidos a empresas y particulares se seguirán deteriorando y aumentará la probabilidad de impago. En resumen, se deteriora el activo de los bancos. Recapitalizarlos, bien a través de captar capital privado o inyectando fondos públicos, incluso con una hipotética nacionalización definitiva, es actuar sobre el pasivo de su balance. Pero aumentar el pasivo no mejora el activo. La cifra de capital que hoy sería adecuada, mañana dejará de serlo. Esto es así porque el tamaño de los bancos no es independiente del tamaño de la economía y el sistema financiero español está sobredimensionado.
De hecho, lo que hay es exceso de deuda. Una alternativa social a la crisis debe dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes para las clases populares, el sobreendeudamiento hipotecario. Pero cualquier reforma de la ley hipotecaria que ajuste los pagos a los ingresos para asegurar el derecho a la vivienda, por no hablar de la nacionalización del suelo urbano, se traducirá inmediatamente en un nuevo deterioro de los créditos. ¿Debe pagar el Estado la diferencia? Igual ocurre con la deuda pública que debe reducirse en su parte ilegítima. Devaluar las hipotecas y recortar la deuda pública son dos medidas necesarias para relanzar la economía. En general, cualquier medida de reactivación pasa necesariamente por obligar al sector financiero a asumir nuevas pérdidas y liberar a los deudores de la carga inasumible: rescatar a la gente y al sector público, no a los bancos. De ahí que la mejor reforma financiera sea crear un nuevo sistema público separado del existente y dejar éste a su suerte. Libre mercado.
Un nuevo sistema público tendría tres patas. La primera, una banca minorista que puede construirse a partir de las cajas, reorganizadas como una federación de entidades públicas gobernadas de forma democrática y participativa pero sin sucumbir al localismo y a la mitología benéfica que hasta ahora se les ha atribuido. La segunda pata de esta nueva banca pública debe ser la banca especializada, un sistema de banca para el desarrollo actuando en el marco de la planificación económica y de la reconversión del modelo productivo. La tercera función a cubrir es la de “banco del gobierno” a todos los niveles, local, autonómico y estatal. Esta nueva banca pública debe fomentar además la generalización de iniciativas de banca ética y cooperativa y bregar adecuadamente con los restos del naufragio de una banca privada que deberá someterse a una operación “acordeón” para asumir íntegramente la pérdida de los beneficios ficticios del pasado. Evidentemente, esto estará incompleto sin poner bajo control democrático al Banco de España y reformar todo el sistema del euro, algo sobre lo que no hay espacio para extenderse aquí. Concluyo con una llamada al optimismo de la voluntad: las contradicciones acumuladas en el sector financiero, verdadero núcleo sicótico del capital en España, pueden crear la oportunidad de saldar cuentas con más de una asignatura pendiente desde la transición si somos conscientes de que se encuentra en un momento de debilidad.
BANC PÚBLICA AYER Y HOY
Históricamente el Estado ha asumido la creación de bancos públicos cuando el sector privado no cubría las necesidades de acumulación e inversión en determinados sectores. En España, la banca pública nació entre 1919 y 1929 impulsada por los gobiernos de la monarquía. La naturaleza de clase del régimen político impide llamarse a engaño sobre a qué intereses servían esos bancos, cuya vida se prolongó durante la República que obviamente les dio otra orientación; y, posteriormente el franquismo que retomó el papel de apoyo al capital privado. Fueron desmantelados por Felipe González.
Las Cajas de Ahorros son más antiguas, de mediados del siglo XIX. Su origen es privado y tenían una finalidad benéfica pero pronto se convirtieron en instrumentos de concentración del ahorro territorial orientado en función de las clases dominantes locales. El franquismo las utilizó como instrumento para canalizar el ahorro hacia los intereses de las élites estatales y para financiar sus “booms” inmobiliarios y turísticos. Con la democracia y las sucesivas desregulaciones, acabaron, con matices y diferencias, funcionando como el brazo financiero de los sectores empresariales de ámbito regional volcados, en su mayoría, en el sector inmobiliario.
A pesar de su desaparición en España, la banca pública sigue viva en muchos países capitalistas avanzados y no sólo como “hospital” de bancos privados en dificultades (aunque también). Merece la pena destacar el caso del BfW alemán, banco estatal creado para la reconstrucción del país después de la II Guerra Mundial y que hoy en día es un potente instrumento al servicio del desarrollo de las PYMEs, los proyectos de energías renovables y la vivienda.
Publicado en el Nº 249 de la edición impresa de Mundo Obrero Junio 2012
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