La propuesta de nacionalización de Bankia por parte del Gobierno de Rajoy es un intento de socializar las pérdidas generadas por la especulación inmobiliaria
JOSE ANTONIO GARCIA RUBIO
SECRETARIO DE ECONOMIA Y TRABAJO DE IU
La propuesta de nacionalización de Bankia por parte del Gobierno de Rajoy es un intento de socializar las pérdidas generadas por el tremendo agujero creado en la entidad por su participación en la especulación inmobiliaria, participación heredada porque Bankia se crea a mediados de junio de 2011. Herencia especialmente pesada en los casos de Caja Madrid y Bancaja, que ni siquiera pueden aportar una gestión solvente desde el punto de vista capitalista.
El Gobierno intenta limitar la nacionalización al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia y resultado de la fusión fría de las Cajas de Ahorro. Esto tiene un doble objetivo: por un lado, al reducir a cero el capital del BFA como consecuencia de las pérdidas afloradas, los activos de las Cajas de Ahorro quedan reducidos a cero. Su participación en el capital del BFA desaparece. Por otro, se preservan los intereses de los inversores en Bankia, no sólo de los pequeños inversores, sino también de los 280 inversores institucionales que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia.
Con esta operación tenemos el último capítulo en la historia de las Cajas, primero su bancarización, después su privatización y ahora el expolio. La responsabilidad de los Consejos de Administración de las Cajas es evidente. Basta analizar los hechos relevantes comunicados a la CNMV para seguir la tremenda historia de ese proceso. Los consejeros que quieran salvar su responsabilidad tienen a su alcance explicar su voto en cada caso.
Además, cuando se segrega Bankia del BFA, éste se queda como “banco malo” y carga con los activos dudosos de las siete Cajas fusionadas, mientras que los activos rentables, por ejemplo, gran parte de la cartera industrial (participaciones en Iberia, NH Hoteles, Indra y otras) se adjudican a Bankia para hacer atractiva su salida a Bolsa.
La ayuda del FROB se carga sobre el BFA cuando éste ya no tiene actividad bancaria, y por ello mediante una operación de dudosa legalidad, de forma que es este Banco el deudor y no Bankia. Ahora cuando las participaciones preferentes se trasforman en capital público, se cargan sobre el BFA, salvando así los intereses de los inversores privados.
Sin embargo, el artículo 80 de la Ley de Modificaciones Estructurales, bajo el epígrafe “Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas”, se dice que “de las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderán solidariamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación”. Es decir, el folleto de condiciones para la salida a Bolsa (nada menos que 400 páginas aprobadas por el CNMV) que hacía una mención genérica a posibles pérdidas futuras, olvidó referirse a esta responsabilidad subsidiaria.
Evitar el expolio de las Cajas
Aún se está a tiempo de evitar el expolio de las Cajas. Para ello son imprescindibles dos medidas: la primera es que la nacionalización debe hacerse conjuntamente sobre el Grupo BFA/Bankia y mediante el método de la ampliación de capital, de forma que las Cajas continúen manteniendo una participación en Bankia adecuada al valor de su patrimonio y activos aportados.
La segunda es que es necesario identificar el patrimonio aportado por cada Caja y el perteneciente a la Obra Social. No sólo inmuebles y otros activos sino también obra artística. Se debe averiguar en dónde está segregado cada activo, patrimonio, participación, etc. Identificar el capital social de cada Caja en el banco resultante. Es importante que la investigación se centre en la irracionalidad dolosa de los procesos, que han conducido a la pérdida de valor de las Cajas y han colocado en peligro la Obra Social.
Es importante considerar los lazos sentimentales de la ciudadanía con “su” Caja. Por ello hay que preservarlas, mediante las garantías que puede proporcionar su condición de Fundaciones de Derecho Público, integrando bajo la misma personalidad jurídica la Obra Social, y que se reconozca y valore su cuota parte en el capital social de los Bancos derivados y sus derechos políticos, se considere su patrimonio como no enajenable, se fijen sus instrumentos públicos y privados de financiación y se determine que en caso de disolución su patrimonio pasará a otra fundación de derecho público.
Izquierda Unida defiende una fórmula pública, democrática y participativa para ejercer los derechos políticos que se deriven. En Alemania, los trabajadores están representados en los Consejos de Administración y/o de Control de las empresas importantes y tienen derecho de veto sobre cuestiones de trascendencia. En el resto de Europa, si alguien osa cuestionar la presencia de representantes políticos en los órganos decisorios del sector público, su posición no sería calificada como democrática o republicana (según los países). Otra cosa es que haya que responder de la gestión.
Nuestro modelo de nacionalización
La nacionalización de pérdidas del PP abre una enorme puerta para plantear con éxito la lucha de ideas por otro modelo de nacionalización. Debemos insistir en que la nacionalización no debe servir para salvar banqueros, sino para recuperar instrumentos que permitan hacer fluir el crédito a la pyme y las familias, salir de la crisis apoyándose en lo público y financiar el desarrollo sostenible.
Esto implica que la nacionalización debe ser permanente, entendida como proyecto de futuro y dirigida a jugar un papel activo y estratégico en la economía española. Hay razones objetivas que nos ayudan: ¿Cuántos años se tardará en “devolver” los recursos públicos ahora utilizados? ¿Veinte, treinta? ¿Cuántos años serán necesarios para convertir en rentables los Bancos intervenidos? ¿Veinte, treinta?
Implica también que no podremos permitir ningún troceamiento de activos. Privatizar de nuevo es volver a las andadas.
El Gobierno intenta limitar la nacionalización al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia y resultado de la fusión fría de las Cajas de Ahorro. Esto tiene un doble objetivo: por un lado, al reducir a cero el capital del BFA como consecuencia de las pérdidas afloradas, los activos de las Cajas de Ahorro quedan reducidos a cero. Su participación en el capital del BFA desaparece. Por otro, se preservan los intereses de los inversores en Bankia, no sólo de los pequeños inversores, sino también de los 280 inversores institucionales que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia.
Con esta operación tenemos el último capítulo en la historia de las Cajas, primero su bancarización, después su privatización y ahora el expolio. La responsabilidad de los Consejos de Administración de las Cajas es evidente. Basta analizar los hechos relevantes comunicados a la CNMV para seguir la tremenda historia de ese proceso. Los consejeros que quieran salvar su responsabilidad tienen a su alcance explicar su voto en cada caso.
Además, cuando se segrega Bankia del BFA, éste se queda como “banco malo” y carga con los activos dudosos de las siete Cajas fusionadas, mientras que los activos rentables, por ejemplo, gran parte de la cartera industrial (participaciones en Iberia, NH Hoteles, Indra y otras) se adjudican a Bankia para hacer atractiva su salida a Bolsa.
La ayuda del FROB se carga sobre el BFA cuando éste ya no tiene actividad bancaria, y por ello mediante una operación de dudosa legalidad, de forma que es este Banco el deudor y no Bankia. Ahora cuando las participaciones preferentes se trasforman en capital público, se cargan sobre el BFA, salvando así los intereses de los inversores privados.
Sin embargo, el artículo 80 de la Ley de Modificaciones Estructurales, bajo el epígrafe “Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas”, se dice que “de las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderán solidariamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación”. Es decir, el folleto de condiciones para la salida a Bolsa (nada menos que 400 páginas aprobadas por el CNMV) que hacía una mención genérica a posibles pérdidas futuras, olvidó referirse a esta responsabilidad subsidiaria.
Evitar el expolio de las Cajas
Aún se está a tiempo de evitar el expolio de las Cajas. Para ello son imprescindibles dos medidas: la primera es que la nacionalización debe hacerse conjuntamente sobre el Grupo BFA/Bankia y mediante el método de la ampliación de capital, de forma que las Cajas continúen manteniendo una participación en Bankia adecuada al valor de su patrimonio y activos aportados.
La segunda es que es necesario identificar el patrimonio aportado por cada Caja y el perteneciente a la Obra Social. No sólo inmuebles y otros activos sino también obra artística. Se debe averiguar en dónde está segregado cada activo, patrimonio, participación, etc. Identificar el capital social de cada Caja en el banco resultante. Es importante que la investigación se centre en la irracionalidad dolosa de los procesos, que han conducido a la pérdida de valor de las Cajas y han colocado en peligro la Obra Social.
Es importante considerar los lazos sentimentales de la ciudadanía con “su” Caja. Por ello hay que preservarlas, mediante las garantías que puede proporcionar su condición de Fundaciones de Derecho Público, integrando bajo la misma personalidad jurídica la Obra Social, y que se reconozca y valore su cuota parte en el capital social de los Bancos derivados y sus derechos políticos, se considere su patrimonio como no enajenable, se fijen sus instrumentos públicos y privados de financiación y se determine que en caso de disolución su patrimonio pasará a otra fundación de derecho público.
Izquierda Unida defiende una fórmula pública, democrática y participativa para ejercer los derechos políticos que se deriven. En Alemania, los trabajadores están representados en los Consejos de Administración y/o de Control de las empresas importantes y tienen derecho de veto sobre cuestiones de trascendencia. En el resto de Europa, si alguien osa cuestionar la presencia de representantes políticos en los órganos decisorios del sector público, su posición no sería calificada como democrática o republicana (según los países). Otra cosa es que haya que responder de la gestión.
Nuestro modelo de nacionalización
La nacionalización de pérdidas del PP abre una enorme puerta para plantear con éxito la lucha de ideas por otro modelo de nacionalización. Debemos insistir en que la nacionalización no debe servir para salvar banqueros, sino para recuperar instrumentos que permitan hacer fluir el crédito a la pyme y las familias, salir de la crisis apoyándose en lo público y financiar el desarrollo sostenible.
Esto implica que la nacionalización debe ser permanente, entendida como proyecto de futuro y dirigida a jugar un papel activo y estratégico en la economía española. Hay razones objetivas que nos ayudan: ¿Cuántos años se tardará en “devolver” los recursos públicos ahora utilizados? ¿Veinte, treinta? ¿Cuántos años serán necesarios para convertir en rentables los Bancos intervenidos? ¿Veinte, treinta?
Implica también que no podremos permitir ningún troceamiento de activos. Privatizar de nuevo es volver a las andadas.
Publicado en el Nº 249 de la edición impresa de Mundo Obrero Junio 2012
Comentarios
Publicar un comentario