Frente a un rescate inútil y dañino, rescatar a la gente y al sector público

Secretaría de Economía del PCE / 11 jun 12

El rescate es inútil

Es inútil porque la banca española está quebrada. Si algún día los bancos y cajas pudieran recuperar el 50% de la deuda de promotores y constructores, por importe de 400.000 millones, que ya es una perspectiva optimista, los 100.000 millones de euros que parece que va a prestar “Europa” apenas bastarían para cubrir las pérdidas. Desde luego, no para restablecer el flujo del crédito a “familias y empresas” como gusta decir Guindos.

Pero es más inútil aún porque con una economía en recesión y en la que la gente está intentando reducir su endeudamiento excesivo todas las recapitalizaciones equivalen a tirar el dinero a la alcantarilla. Que se lo pregunten a los clientes y empleados de Bankia o Caja Cívica que fueron extorsionados por sus entidades para que acudieran a las emisiones de capital del año pasado y que han perdido dos tercios de lo que pusieron. O a todas las personas que han sido engañadas con las preferentes y las subordinadas. La banca española se ha recapitalizado en 38.000 millones de euros entre 2008 y 2011 y no ha servido para nada. Sólo sobreviven aquellos cuyo negocio está fuera, como el Santander y el BBVA. 

Y, para más inri, el rescate sólo tiene una finalidad, proteger a toda la cadena que va desde los especuladores en terrenos hasta los grandes bancos internacionales (a los que bancos y cajas españolas deben 465.000 millones de euros), pasando por inmobiliarias, cajas, bancos españoles privados, para que no pierdan los beneficios ilegítimamente obtenidos con la especulación del ladrillo de los últimos 10 años. 

El rescate es dañino

El rescate es dañino porque al final la deuda la asume el sector público. De repente pasaremos a tener un 10% del PIB más de deuda pública lo que se traducirá en más intereses a pagar y, con la tónica del gobierno actual, más recortes. Además, a un tipo de interés del 3%, acaban de sumar tres décimas del PIB al déficit público. 

El rescate es dañino porque le va a dar el control a cualquiera sabe qué comité o grupo de ministros, banqueros y burócratas europeos sobre una parte muy importante del sistema financiero español. Nada menos que una gran parte de las antiguas Cajas de Ahorros. Lo que hasta ahora no habían conseguido, meter el pescuezo en el sistema financiero español, se lo acaba de regalar Rajoy. Y todo acabará privatizado y en manos de quién sabe. 

Y sobre todo, el rescate es dañino porque con un sector público más endeudado y una parte importante del sector financiero en manos extranjeras, las posibilidades de políticas que conduzcan a salir de la crisis se reducen aún más. Lo cual se traducirá en más paro, más recortes y más sufrimiento para la mayoría de la gente. 

Rescatar a la gente y al sector público

El rescate que se necesita es el de la gente y del sector público. Eso requiere, en primer lugar, aliviar la carga de la deuda hipotecaria originada por la vivienda principal, hasta reducirla a un porcentaje asumible de la renta y, eventualmente, aplazándola para las personas en paro. Y en segundo lugar denunciar la deuda pública ilegítima, es decir aquella contraída a consecuencia del rescate a los bancos, de los intereses excesivos pagados por la deuda y, en general, de toda aquella deuda que no esté justificada por un desfase entre los ingresos públicos y los gastos de inversión y mantenimiento de los servicios públicos. 

Estas medidas imprescindibles deben recaer sobre los acreedores. En el caso de la deuda pública se puede excluir a los ahorradores particulares y empresas no financieras que apenas llegan al 3,5%. Evidentemente, la devaluación de la deuda y de las hipotecas recaerá especialmente sobre la banca, pero no hay ninguna necesidad de rescatarla sino, por el contrario, de crear una banca pública adecuada a las necesidades reales de la economía y la sociedad españolas. De hecho, habría además que nacionalizar al menos el suelo urbano. 

Junto a lo anterior es necesario un aumento de la capacidad fiscal del Estado, es decir, de los impuestos. Aparte de las medidas que tradicionalmente se plantean de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, de la fiscalidad de los ingresos de capital y de la lucha contra el fraude, debe considerarse el aumento de la tributación de las rentas más altas de forma progresiva empezando a partir de los superiores a 30.000 euros anuales, lo que no llega al 20% de los declarantes. La mitad de los asalariados y asalariadas reciben un salario inferior a 19.000 euros al año y el salario medio está en 22.500 euros. También debe evaluarse la implantación un impuesto sobre los activos financieros de las empresas (financieras y no financieras).

Con estas medidas se puede financiar un plan de relanzamiento económico basado en la recuperación de los servicios públicos básicos y en un programa de empleo para todas las personas en paro. A partir de ahí, se puede hablar realmente de un rescate y enfrentar en mejores condiciones la reconversión del modelo productivo basada en las necesidades sociales, la recuperación del medio ambiente y el control democrático de la economía. 

¿Qué no es políticamente posible? Pues tendrá que serlo porque lo que no es posible es salvar a la banca y a la gente a la vez.