¡Ahora es el momento!
El Tribunal de Justicia de la U€, en varias sentencias recientes, ha puesto en jaque a políticos, empresarios y
sindicatos, al respecto de Derechos Laborales violados y desposeídos de las personas asalariadas por las
legislaciones laborales del estado español.
Los dos derechos violados y desposeídos, tienen que ver con la desigualdad y la discriminación, tanto en el
momento de la contratación como en la indemnización a la finalización de los contratos.
El primer derecho violado por la legislación española viene de antiguo: ya el Estatuto de los Trabajadores
del año 80 permitía la contratación temporal, siempre que hubiera causa. La Reforma bestial del PSOE del
84 constituye la discriminación en origen a la hora de la contratación, descausalizando el contrato temporal
y permitiendo el masivo fraude de ley empresarial: cualquier contrato temporal (obra, servicio,
circunstancias de la producción, fomento empleo, etc., etc.) vale legalmente para trabajos que son
permanentes. Todas las Reformas Laborales a posteriori, no han hecho sino ahondar en esta ilegalidad e
injusticia para más del 92% de las personas que son contratadas de “forma temporal” a lo largo del año,
sobre una media de 15 millones de contratos anuales.
El Tribunal de Justicia de la U€, en el supuesto de una trabajadora contratada temporalmente durante
muchos años en la Administración Pública (Sanidad), considera que el estado español está violando el
derecho comunitario, al cubrir un puesto permanente, con un contrato temporal. La lectura es muy
sencilla, de sentido común y de justicia social: hacer trampas en las contrataciones no es sino una manera
violenta de rebajar los costes laborales y violar el derecho fundamental al empleo.
El segundo derecho violado, el pago de indemnizaciones menores a las personas asalariadas de manera
temporal, es tan antiguo como el Estatuto de los Trabajadores y las posteriores legislaciones, al igual que
en la contratación temporal en claro fraude de ley, lo que han hecho es hacer permanente la
DISCRIMINACIÓN y quebrar la igualdad de derechos de las personas asalariadas, para establecer la división
entre las personas trabajadoras y enfrentarlas unas contra otras.
El “negocio sucio para el empresariado, tanto público como privado”, es un chollo, ya que la evolución en
la contratación temporal fraudulenta es meteórica en ciertas fases de la economía patria. La última fase de la “estafa social” la encontramos en la evolución de la contratación desde el 2012: de 7,8 millones de
contratos en ese año, hemos pasado a 11,3 millones en el 2016 , solo en 7 meses.
Esta contratación, en más de un 92% es temporal, y la duración media de los contratos en caída libre: si en
el 2007se encontraba en 80,5 días, en el 2016 a julio, dicha duración media se encuentra en 50,9 días.
La precariedad es mucha, pero aún no ha tocado fondo: en el 2007 se firmaron en los siete primeros
meses del año 11 millones de contratos, pero teníamos una población ocupada de 17 millones y resulta
que, en los 7 primeros meses del 2016, se han firmado 11,3 millones de contratos y eso que la población
ocupada son casi 2 millones menos.
Y esta precariedad “normalizada”, se ha extendido como balsa de aceite en todos los sectores. Del sector
clásico de la construcción, cuando en el 2007 ocupaba a casi 3 millones de trabajadores (hombres sobre
todo) y más del 60% eran temporales, hemos pasado a una temporalidad/precariedad al sector clásico del
empleo “fijo”. La industria, donde la duración media de sus contratos se ha hundido: de una media de 160
días en esas fechas, a 57 días a julio 2016.
Sectores clásicos de explotación/precariedad como la Hostelería, han aumentado la intensidad del dolor y
la ausencia de derechos: si en los siete primeros meses del año 2007 se firmaron 1,05 millones de
contratos, teniendo ocupadas/empleadas 1,1 millones de personas asalariadas, en el mismo periodo de
2016, es decir, los siete primeros meses, se han suscrito 2,3 millones de contratos y su población ocupada
solamente es de 1,3 millones, es decir 200.000 más que en el 2007.
Inestabilidad, vulnerabilidad, precariedad, sobreexplotación… son todos elementos consustanciales para
el 90% de toda la nueva contratación y, a la vez, es la “base política” para que sinvergüenzas, corruptos y
la inmensa mayoría del empresariado, sigan cavando la tumba de los derechos laborales y políticos de la
mayoría social.
Ahora se trata de RECUPERAR estos Derechos: el Derecho a ser contratados y contratadas con contratos
fijos para puestos de trabajo permanentes, tanto en el mercado público, como en el privado, y el
Derecho a ser tratados y tratadas sin diferencias a la hora de indemnizar la pérdida del puesto de trabajo.
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