miércoles, 24 de mayo de 2017

Desiderio Martin (CGT): “Creemos que lo público, en todas sus variantes, no puede estar basado en criterios mercantilistas”




Manuela Carmena no solo ha tenido posibilidad jurídica de revertir las privatizaciones de los servicios públicos de Madrid, sino que además se ha plegado a las condiciones de las grandes empresas que los gestionan

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado ante los medios de comunicación las últimas acciones que está llevando a cabo en defensa de lo Público.
Desiderio Martín, Secretario de Formación, junto a Miguel Ángel Garrido, abogado del Gabinete Jurídico de CGT, han explicado que la acción legal que se ha emprendido tiene el objetivo de conseguir toda la documentación de las empresas que gestionan los servicios de limpieza de Madrid, ya que lo público no puede regirse por criterios de rentabilidad económica para beneficios de unos pocos.
En este sentido, Martín Corral (CGT), ha comentado que el Ayuntamiento de Madrid ha preferido mantener los contratos con estas empresas, entre las que se encuentra la de Florentino Pérez, incumpliendo así una de sus promesas electorales por las que Carmena consiguió llegar al poder. Además, desde CGT han intentado mantener reuniones con Inés Sabanés, responsable de Medio Ambiente, sin éxito.
Para la CGT es importante mantener los empleos de todas las personas que trabajan actualmente en estas empresas, por ello otro de los objetivos que se persigue con estas acciones es que la plantilla pase a formar parte de la municipal, garantizándose a la ciudadanía el acceso a estos empleos en condiciones de igualdad.

Por su parte, Miguel Ángel Garrido, abogado del Gabinete Jurídico de CGT, explicó que estaban trabajando en dos líneas. La primera de ella ha sido la petición de los contratos mercantiles de las empresas que realizan estos servicios en el Ayuntamiento de Madrid, por entender que se están produciendo algunos incumplimientos en las condiciones laborales, y por otro lado también se va a dirigir un escrito al responsable del contrato por la gestión deficiente e irregular de este servicio.



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