jueves, 4 de mayo de 2017

La situación económica y social y las prioridades del movimiento sindical



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El panorama mundial sigue caracterizado por la inestabilidad e incertidumbre. A la primera señal, que fue el Brexit, se ha unido las consecuencias económico-sociales y políticas de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump (relaciones con Rusia, China, Unión Europea, la guerra en Siria, Corea del Norte, las actividades contra los regímenes democráticos latinoamericanos, etc.).

El aumento del proteccionismo, el debilitamiento del multilateralismo en las relaciones económicas, los cambios en las relaciones internacionales, las guerras imperialistas, ya están teniendo efectos negativos sobre el crecimiento económico mundial, que no se había recuperado de la recesión y ahora ve cómo estos cambios políticos lo debilitan y lo hacen más frágil.

Esta situación se desarrolla a la vez que en Europa, hay elecciones en Holanda, donde ha ganado la derecha, Erdogan aprovecha los resultados del referéndum celebrado en un ambiente de dura represión para poner fin al proyecto de una Turquía democrática y laica, y establecer su autocracia; en Alemania habrá elecciones en septiembre y en este mes de mayo, tendrán lugar las elecciones presidenciales en Francia. (Cuando se escriben estas líneas aún no se ha votado en la primera vuelta).

Los posibles resultados reflejan un ascenso de la derecha conservadora y reaccionaria.

Aunque son procesos diferentes comparten un elemento común: son los efectos de una respuesta equivocada a un problema real.

El problema real es el deterioro generalizado en las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social en los países más desarrollados del mundo y la falta de una política de izquierda. Esta ausencia de una alternativa de izquierda es lo que provoca el ascenso de las fuerzas de extrema derecha, xenófobas y racistas.

Neoliberalismo, austeridad y recortes

Desde hace más de treinta años la hegemonía del neoliberalismo con sus políticas de austeridad y recortes sociales, con una reducción importante de los derechos de los trabajadores y una restricción de las libertades, han provocado un aumento enorme de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social en los países centrales del sistema capitalista.

Este malestar afecta de forma especial a la mayoría de los trabajadores, que han visto cómo se devalúan sus salarios, aumenta el desempleo, se debilita la estructura productiva de sus países, y se produce un enorme trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, aumentado las élites sus beneficios.

Todo esto agravado con un empeoramiento de las políticas públicas, porque la desfiscalización de las rentas del capital y sobre los grandes patrimonios provocó una pérdida de ingresos públicos que han debilitado las políticas del estado social.

Este malestar social no ha tenido respuesta desde las fuerzas social liberales, en especial desde las fuerzas políticas que se reclaman de la socialdemocracia, que en muchos casos cuando llegaron a los gobiernos aplicaron políticas económicas y laborales alejadas de las necesidades de las personas, que les habían votado.

De estos barros, procede el lodo del ascenso de las posiciones políticas de la derecha extrema y de la extrema derecha, que con mensajes tan simples como falsos intentan llegar a los gobiernos, cuando no gobernar directamente.

Los resultados de las elecciones francesas son muy importantes para el futuro de la democracia, y de los intereses generales de la mayoría social. El ascenso de la extrema derecha tiene efectos muy graves para el movimiento obrero.

La izquierda social y la izquierda política deben denunciar las posiciones de la derecha y ultraderecha, para hacer ver a la mayoría social, a los trabajadores, que detrás de su discurso contra la globalización, nacionalista y proteccionista se esconde una nueva y más peligrosa agresión a los derechos laborales, sociales y democráticos.

Derrotar a la derecha y a la extrema derecha es una necesidad pero no es suficiente.

Mientras no se acabe con las políticas de austeridad neoliberales, el riesgo del ascenso y consolidación de las fuerzas de la derecha extrema, va a seguir existiendo.

En los países de la Unión Europea urge cambiar la ruta fijada por la "troika" de Bruselas. Hay que cambiar las políticas de austeridad y la devaluación interior y apostar decididamente por el crecimiento económico y el empleo, a la vez que se impugnan las políticas presupuestarias y se modifica la arquitectura institucional de la UE y de la Zona euro. Esto significa que se debe modificar el Pacto por la Estabilidad y Crecimiento en base a alentar un modelo económico y social, en el que las políticas económicas y sociales y el trabajo con derechos sean las piezas básicas (salarios y pensiones dignas, empleo estable y de calidad, democracia plena,...) es decir, todo lo contrario de las políticas actuales que emanan de la Comisión Europea, que ha devaluado los salarios y ha reducido los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ha empobrecido a la mayoría social mientras se han enriquecido las élites, ha reducido al mínimo los sectores públicos sociales, y no ha dudado en cerrar la puerta a los refugiados, y culpabilizar a los inmigrantes, alineándose con las políticas xenófobas de algunos de los gobiernos ultrarreaccionarios que forman parte de la UE.

En España, si hacemos caso a la propaganda del Gobierno, estamos en el país de las maravillas, saliendo de la crisis y avanzando a velocidad de crucero en el crecimiento del empleo. El presidente del Gobierno y sus ministros ignoran que una cosa es la estadística y otra la cruda realidad que vivimos.

Modelo productivo

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido, con escaso peso de las actividades industriales, lo que nos condena a un empleo precario en lo contractual y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para generar el empleo necesario. El empleo que se crea es precario y temporal. Esto sumado a la devaluación salarial fomentada por las reformas laborales, hace que encontrar trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida digna y salir de la pobreza. Así mismo es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y reducción rápida del paro.

La creación de empleo se realiza, la mayor parte de las veces en los sectores menos productivos de la economía española que han caracterizado desde hace muchos años el modelo de crecimiento, con escasas evidencias de cambio hacia un modelo de mayor valor añadido.

La precariedad laboral, en sus diferentes formas, afecta a la mayoría de la población activa y se ha incrementado durante la crisis: tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, temporalidad en la contratación. En la primera fase de la crisis aumentó la precariedad y la desigualdad. La recesión y la larga crisis incrementó aún más los niveles de desigualdad y la pobreza laboral. La nueva etapa de crecimiento viene marcada por el incremento de la temporalidad.

El discurso economicista del Gobierno encubre que la reducción del paro se sustenta en un empleo de baja calidad y en la precarización de las condiciones de trabajo, efecto del incremento del poder discrecional de los empresarios que la reforma laboral ha puesto en sus manos, en el marco del contrato de trabajo. La mejora de la economía beneficia a las élites, no a la mayoría social de la ciudadanía.

El discurso del neoliberalismo vende que la desigualdad crea riqueza, lo que no deja de ser cierto, pero la genera para las élites, para los ricos.

El paro y la precariedad definen el mercado de trabajo español. La reducción de las cifras del paro, se está produciendo a costa de disparar de nuevo los niveles de precariedad laboral en un mercado de trabajo ya muy castigado tras años de despidos masivos, tasas de paro muy elevadas, devaluación salarial, aumento de la explotación laboral y de las horas extraordinarias no pagadas, ni compensadas,..

La creciente precariedad viene potenciada por la altísima precariedad en la contratación: aumento de la rotación contractual, incremento de los contratos temporales de muy escasa duración, peso creciente del contrato a tiempo parcial,..

Los datos en el tercer año de la recuperación, son peores que los registrados en los años de crecimiento previos a la recesión y a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, que ha precarizado más la contratación y el empleo. El empleo sigue lejos de recuperar los niveles perdidos en la crisis.

Aumenta la rotación laboral no solo en la contratación laboral , sino también en los contratos indefinidos.

El Gobierno en lugar de apostar por impulsar un nuevo modelo productivo, la inversión y el incremento de la productividad, sigue incentivando la rentabilidad empresarial a costa de reducir los salarios y los derechos laborales, subsidiando a las empresas y a las prácticas empresariales más precarias.

Por otro lado, casi la mitad de los parados registrados carecen de prestación y los que cuentan con una, es una prestación asistencial. La tasa de cobertura del desempleo está en mínimos y ha sufrido una brutal caída desde el año 2010. La duración de la crisis y la destrucción del empleo ha provocado el enquistamiento del paro de larga duración que afecta a la mayoría de la población parada, un descenso de la protección por desempleo y un empeoramiento de la calidad de las prestaciones.

Cambio estructural

Ante esta situación es necesario hacer cambiar la política económica del Gobierno hacia un giro que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. Se trata de sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido sin industria, empleo inestable y precario, y salarios bajos.

Para ello es necesario aumentar la inversión pública y orientarla hacia un cambio a una política industrial de alto contenido tecnológico, servicios de alto valor añadido, los servicios sociales a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, la economía verde, en general hacia un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro, que deben ser la base de un nuevo modelo.

Se debe impulsar la negociación colectiva y acabar con la precariedad del empleo, lo que exige derogar las reformas laborales. La creación de empleo de calidad y el aumento del poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones son los dos factores que más hacen consolidar el crecimiento económico y sus sustentabilidad, dada la reducción de la desigualdad que generan.

Por ello, el impulso de los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, y permitan una vida digna y garanticen la sostenibilidad de las pensiones, junto a la exigencia de una reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que han reducido la recaudación y han agravado los recortes, son demandas de actualidad del movimiento sindical.

Además, en esta salida de la recesión no se debe permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Para ello hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, mejorar el Salario Mínimo Interprofesional, promover un plan de choque por el Empleo, aumentar la protección social, implantar una Renta Mínima garantizada.

El Gobierno de Rajoy no cuenta con la mayoría parlamentaria, lo que le obliga a dialogar y negociar cualquier política que tenga que ver con la cuestión social, territorial y cualquier otra que deba ser refrendada por el Parlamento. Pero si el resultado del diálogo está condicionado y limitado por las políticas presupuestarias y las reformas que ha realizado el Gobierno en los últimos años, esto no puede conducir a buen puerto.

El Gobierno del PP actúa como si siguiera siendo la fuerza mayoritaria, una muestra de esta forma es el Proyecto de los Presupuestos Generales presentados para este año, que no buscan resolver la profunda crisis del empleo, ni transformar el patrón de crecimiento actual. Los Presupuestos presentados por el Ministro de Hacienda siguen las orientaciones de la Comisión Europea y configuran un modelo de crecimiento financiado con más desigualdad y rebaja de la cohesión social para aumentar la rentabilidad empresarial. Los Presupuestos del Gobierno conllevan una negativa, injusta e innecesaria reducción de ingresos fiscales, una previsión de recaudación fiscal que parece poco creíble, y un aumento de la presión fiscal a los pensionistas, parados, personas dependientes y empleados públicos, congelándose el gasto público. La protección por desempleo, la inversión pública y en I+D+i siguen siendo las víctimas de la política del Gobierno. Los Presupuestos no priorizan el empleo, ni una economía más productiva, y siguen apostando por una insuficiente creación de empleo público y la no recuperación de la deuda social contraída. El Gobierno cuadra los Presupuestos a costa de los pensionistas, parados y empleados públicos y no atiende a las necesidades de las personas de nuestro país ni afronta los problemas reales de desempleo, pobreza y desigualdad. En este sentido, queda claro que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 deben rechazarse plenamente.

Movimiento sindical

Los sindicatos deben actuar en dos planos, de una parte, una estrategia de negociación, de otra, aprovechar la nueva composición del Parlamento, que debería servir para facilitar mayorías de la izquierda que fuercen los límites establecidos por el Presidente del Gobierno del PP, que en su discurso de investidura y en las últimas comparecencias ha declarado: "no renunciaré a las reformas que han funcionado".

Pero esta estrategia de negociación parlamentaria debe contar con el impulso de la movilización. El impulso de esta estrategia son las movilizaciones sindicales llevadas a cabo desde el mes de diciembre, febrero y marzo, que en un proceso sostenido y creciente en el tiempo deberán continuar. Sabemos que esta legislatura puede ofrecer nuevas oportunidades, pero también somos conscientes de la posibilidad de que los acuerdos políticos como ya ocurrió con el SMI invadan el Dialogo Social y suplanten a los interlocutores sociales, por esto, la importancia de fortalecer el proceso de acumulación de fuerzas en la izquierda social y política para acercarnos a conseguir el cambio de las políticas de austeridad.

Las prioridades de actuación del movimiento sindical en el periodo inmediato están claras: la batalla salarial en el ámbito de la negociación colectiva y con el Gobierno para conseguir la mejora del poder adquisitivo de los salarios; la lucha contra la contratación irregular y la precariedad laboral con iniciativas legales y planes de lucha; y la mejora de la protección de las personas sin ingresos como forma de combatir la pobreza y la exclusión.

La recuperación de las rentas salariales para mejorar la calidad de vida de las personas para combatir la pobreza y la desigualdad, y para dar solidez y consistencia a la recuperación económica, es lo que permitirá crecer más y mejor y generar empleo de calidad.

El modelo de capitalismo financiero, globalizado y desregularizado que sufrimos desde hace años implica también una desigual distribución de la riqueza, de apropiación de renta por parte de los empresarios. En las últimas décadas los salarios reales de la clase trabajadora no han crecido, lo que unido al incremento de la productividad, ha provocado una redistribución de la renta en contra de la mayoría social.

El impacto de los salarios bajos va más allá de su repercusión en el equilibro de las cuentas del sistema público de pensiones. También tiene efectos perniciosos en la recaudación fiscal, en los impuestos con los que se financia el gasto público.

La evolución de los salarios es determinante para el futuro del modelo social. El reparto primario de la renta entre salarios y beneficios empresariales determina la capacidad del Estado para hacer políticas que eviten la desigualdad social. Por esto quienes defienden la devaluación salarial son los partidarios de un Estado mínimo.

El crecimiento de los salarios es una opción de carácter estratégico que parte de un análisis de la realidad: la falta de crecimiento de los salarios es una de las razones fundamentales para entender la Gran recesión, los salarios reales a la baja y los aumentos de productividad provocaron el trasvase de las rentas del trabajo al capital, con efectos sobre el debilitamiento de la demanda interna y el aumento del endeudamiento de las familias; el aumento de los beneficios empresariales y las rentas del capital tienen su correlato en la hipertrofia de la industria financiera, que recorre el mundo a la caza de espacios de rentabilidad y de incrementar más sus beneficios, que en la economía real no encuentra.

Cuando la ciudadanía observa que los efectos de la recuperación de la economía no se trasladan a sus condiciones de vida, y que por el contrario, las políticas del Gobierno y de los empresarios solo sirven para incrementar la precariedad, la desigualdad y la exclusión social, es el tiempo de pasar a la ofensiva, impulsando la negociación con los empresarios y con el Gobierno, para conseguir la mejora del poder adquisitivo de los personas, la mejora de la protección a las personas sin ingresos para combatir la pobreza y la exclusión, y la defensa del sistema público de pensiones.

Ahora es el tiempo de recuperar derechos, de recuperar los salarios y las condiciones de trabajo arrebatadas, de que el crecimiento económico sirva para atender las necesidades de la mayoría social. La negociación colectiva, la iniciativa en el Parlamento, la propuesta y el impulso de la movilización es el trabajo a realizar.

Publicado en el Nº 306 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2017

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