CGT.UAH Informa: Unidad contra la represión

Ante los lamentables hechos que han ido aconteciendo desde que el pasado 17 de octubre unos ciudadanos (estudiantes, profesores, personal y estudiantes de la Universidad de Alcalá, etc.), ejercieran su derecho a la libertad de expresión y al  derecho de reunión (ver archivo adjunto), en unas jornadas de movilizaciones por la educación pública (huelga estudiantil y de la CEAPA, los día 16, 17 y 18 de octubre), en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, mostrando su rechazo a los recortes en general y en Educación en particular, y queriendo que los Inspectores que allí se reunían en el XII Congreso de Inspectores de Educación fueran conocedores de la gravedad de los recortes y de su incidencia en su futuro, desde CGT.UAH nos vemos en el deber de informar acerca del inmoral hostigamiento al que están siendo sometidas personas decentes cuyo único delito ha sido alzar su voz en defensa de la educación pública.

Esta protesta pacífica y ciudadana, que se extendió como asamblea permanente durante dos días y dos noches, se llevó a cabo por estudiantes y trabajadores, que permanecieron encerrados de forma pacífica y  sin ningún tipo de incidentes, hasta la mañana del día 19 de octubre, en la que finalizadas las jornadas de huelga, se dio por concluida dicha asamblea y tras recoger y limpiar el Salón de Actos del Instituto, le abandonaron  dejándolo incluso mejor que cuando llegaron (así lo ha reconocido el Centro). Además, es de reseñar que durante su permanencia, las chicas y chicos se portaron de manera ejemplar, no se interrumpieron la normal actividad del Instituto y fueron apoyados por multitud de personas que de forma desinteresada trajeron comida, bebida, sacos, mantas, esterillas, etc. Incluso los profesores del instituto hicieron un bote de dinero para sufragar su temporal estancia en el lugar.

Pues bien, tras esta noble demostración de solidaridad y empatía por parte de un nutrido grupo de jóvenes y no tan jóvenes, 5 estudiantes (3 de ellos menores de edad) y 2 trabajadores (uno de ellos, de nuestra Universidad y afiliado a CGT),  están siendo objeto de un acoso policial más propio de una época gris que creíamos haber dejado atrás. Estos ciudadanos que serena y solidariamente mostraron su oposición al plan Wert de recortes en la educación pública y contra el desmantelamiento de los bachilleratos artísticos, sufren desde entonces una ruin intimidación por parte de las extrañamente llamadas “Fuerzas del Orden”.

Algunos de ellos fueron identificados incluso en días posteriores al encierro cuando paseaban por la calle y otros, sin haber sido identificados, fueron llamados por teléfono para “invitarles” a pasarse por Comisaría a declarar. A los 3 menores, les visitaron en su propio domicilio para comunicarles lo mismo. ¿Cómo sabían que habían estado en el IES A. Machado? ¿Cómo conocían sus teléfonos móviles?  ¿Por qué los citaron para declarar si no fueron identificados por la policía en el transcurso de la protesta y algunos ni en días posteriores?

Allí en Comisaría, se les informó que estaban imputados por “desórdenes públicos” y “disturbios”, sin informar de quién o quiénes habían interpuesto la disparatada denuncia (de momento, se desconoce si la Dirección del Centro ha tenido algo que ver, esperamos impacientemente su pronunciamiento oficial pues aún no han declarado nada al respecto). Lógicamente, los injustamente imputados se acogieron a su derecho a no declarar y a hacerlo, en su caso, en un juzgado.

Desde CGT.UAH queremos manifestar que esta deshonrosa actuación policial pretende imponer la “doctrina del shock” o del miedo como se la conoce aquí, amedrentando a los ciudadanos que ellos consideren “peligrosos” para sus intereses, usando su miedo para que echen el freno en sus protestas, buscando con ello la desmovilización de los mismos y de sus familias, amigos, compañeros, etc, ya que  para los gobernantes de turno, el ideal de “buen ciudadano” es que acata con sumisión y obediencia sus mentiras y estafas sociales.

Ante la próxima e incompresible comparecencia en un Juzgado de los injustamente imputados, por haber ejercido el derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión recogidos ambos en la Constitución y ante la progresiva y deshonesta represión policial que estamos sufriendo la gente que pacíficamente protestamos en las calles de todo el país, desde nuestra sección sindical queremos denunciar públicamente el intento de criminalización hacia ciudadanas y ciudadanos corrientes, cuyo único delito es no ser ajenos a la terrible degradación de los servicios públicos, y en particular de la educación pública, considerando por nuestra parte que el verdadero delito lo están cometiendo los gobernantes postrados al dictado del capital. Repudiamos por tanto, el mezquino empeño por parte del Gobierno y su delegada en Madrid, de convertir toda resistencia pacífica por nuestros derechos cívicos en un problema de orden público, al estilo de los más rancios estados autoritarios.

Ante esta conducta claramente antidemocrática que cada día se va extendiendo más y más como un peligroso virus que pretende “modular y acotar” la libertad de expresión y de reunión, hacemos un llamamiento a toda la sociedad, a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, para que muestren su apoyo a los ciudadanos inaceptablemente perseguidos y para que denuncien cualquier actitud antisocial que observen en sus calles. Debemos evitar entre todos, la consolidación y propagación de este vergonzoso comportamiento propio de un estado opresor. Piensa que mañana puedes ser tú, o tus hijos, o tus hermanos… Recuerda: si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

 Para terminar, os emplazamos a apoyar cualquier acto de protesta ciudadana que de forma pacífica se lleve a cabo de cara a evitar este lamentable y despreciable atropello de derechos civiles. Os seguiremos informando.

Salud y un solidario abrazo.

 “Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad”.                                                                                          Diego Luis Córdoba

Libertad de expresión: en defensa del resto de derechos 

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, y junto al derecho de reunión, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados por gobiernos represivos que buscan impedir cambios, callando a otros. El derecho de reunión, inherente a la libertad de expresión y regulado en el Art. 21 de la Constitución, dice en su punto nº 1 que “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Este derecho es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad política y un derecho humano de primera generación. Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. En España, la libertad de expresión viene recogida en el Art. 20 de la CE, siendo uno de los derechos que dispone de más garantías jurídicas: recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, reserva de ley y aplicabilidad directa, procedimientos sumarios en la jurisdicción competente, difícil reforma del articulado en la Constitución, etc. Es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos y en los sistemas que se suponen democráticos. En sentido amplio, consiste en el derecho a manifestar libre y públicamente por cualquier medio una opinión, un pensamiento o proponer una acción, así como a ser protegido especialmente en el ejercicio de ese derecho frente a quienes de cualquier modo o manera puedan impedirlo, estableciéndose para tal fin procedimientos judiciales sumarios. NO es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones, libremente. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Este derecho básico tiene su raíz en la igualdad, algo que se está incumpliendo de forma sistemática. Los pensamientos, ideas, opiniones, como creación abstracta de la inteligencia humana abarcan también a los juicios de valor: creencias filosóficas, morales, culturales, sociales o políticas, etc. En una sociedad democrática el pensamiento es libre y no puede imponerse una verdad oficial. Esta libertad quedaría vacía de contenido si no se garantizase su ejercicio, entendido éste no como un derecho del ciudadano a que la Ley le provea de los medios materiales para que pueda difundir lo que expresa, sino como la no injerencia de los poderes públicos ante la posibilidad de acceder a los medios de comunicación o de expresarse en actos públicos. La Constitución española se refiere a su difusión mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (imprenta, medios audiovisuales, telemáticos, o cualesquiera otros existentes o que se inventen en el futuro), pero también incluye la posibilidad de ejercitar la libertad de expresión por cualquier otro tipo de lenguaje, como el corporal o el simbólico. Nunca debemos olvidar que los gobernantes de turno no son más que nuestros supuestos representantes (nosotros pagamos, nosotros mandamos), y por tanto, “es el pueblo el que puede censurar al gobierno y jamás el gobierno censurar al pueblo”, como sostenía el que fue 4º Presidente de los EEUU y considerado uno de los padres de la Constitución norteamericana, James Madison. En la triste actualidad en las que nos encontramos, estamos siendo testigos de un mandato claramente antidemocrático que pretende censurar un derecho básico. Refrescando la memoria, durante un mandato hay mandantes, los que confieren el encargo, y mandatarios, los que aceptan el encargo. Hay varios tipos de mandatos, pero el que nos ocupa, se refiere a un mandato con representación. Hay que tener en cuenta que la representación no es la esencia del mandato, sino que es llevar a cabo la voluntad del mandante o sea, el pueblo, y que eso no se está cumpliendo de forma sistemática y vergonzosa ni por los actuales mandantes, ni por los anteriores, cuya corrupción está aniquilando los valores y principios por los que se rige una verdadera democracia. El mandatario debe rendir cuentas acerca de la ejecución del mandato, se debe sujetar a las instrucciones recibidas del mandante, y en caso de que no haber recibido instrucciones concretas, actuará prudentemente como si se tratase de su propio negocio (en eso sí que lo cumplen pues se lucran como si fuera suyo). El mandante debe pagar la retribución convenida (nadie más que los mandatarios han convenido algo al respecto: ¿democracia?, que mantienen su “status” mientras que el citado mandante, sufre la miseria y desolación que dejan a su paso). Entre los modos de expiración del mandato o encargo están: agotamiento natural (naturalmente están agotando nuestra paciencia), vencimiento del plazo para el que se otorgo el mandato, por nulidad, por renuncia voluntaria del mandatario (algo inusual por lo “suculento” del puestecito), por interdicción del mandante o del mandatario, o por rescisión del contrato a causa del incumplimiento de una de las partes. Conclusión final: La censura ejercida inmoralmente por un estado opresor (mandatarios) contra la libertad de expresión o de reunión, es, además de completamente ilegal y perseguible judicialmente, un despreciable crimen de lesa humanidad. Es contrario a la justicia, a la razón y a la lógica más simple que un mandatario, que acepta un en-Cargo y que debe rendir cuentas acerca de la ejecución del mismo, censure, prohíba y persiga a los mandantes que les han puesto ahí para velar por los intereses del pueblo, y que hacen uso de su libertad de expresión y de reunión para defender derechos igualmente fundamentales. Estos derechos son absolutamente irrenunciables, pues hacerlo no sólo supondría una gravísima vulneración a la libertad, sino que estando acosados dichos derechos, lesionaría violentamente el resto de derechos fundamentales dando lugar a un sucio crimen de estado, a pesar de que la actual legislación afirme inmoralmente que “entra dentro de la legalidad”, neoliberales leyes promovidas por los mismos que llevan a cabo este excepcional estado de emergencia social, a lo que respondo: “No soy un hombre…, soy un pueblo”. “Hay quien se cree con el poder de subordinar, oprimir, obligar, discriminar, despreciar, marginar, intimidar, engañar ,insultar, menospreciar, subestimar, olvidar, maltratar...., y al mismo tiempo justificarse, enorgullecerse, adinerarse, ensancharse, alegrarse, quererse, subestimarse, elevarse, creerse, pavonearse, recomendarse, perdonarse, explicarse...,hay quien se cree juez , mucho antes de haberse juzgado”.

FIRMAS

LOS ABAJO FIRMANTES QUEREMOS CON NUESTRA FIRMA MOSTRAR NUESTRO TOTAL Y SENTIDO APOYO A L@S  BUENO@ CIUDADAN@S, ESTUDIANTES Y TRABAJADORES IMPUTADOS PRESUNTAMENTE POR FALTAR AL ORDEN PUBLICO POR LOS HECHOS SUCEDIDOS LOS DÍAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE EN ALCALÁ DE HENARES, EN LAS JORNADAS DE HUELGA ESTUDIANTIL, ASÍ COMO PARA DENUNCIAR LA CANALLESCA ACTUACIÓN DE LAS “FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD DEL ESTADO”, QUE  INCUMPLEN SU FUNCIÓN DE PROTEGER A LOS BUEN@S CIUDADAN@S, CUMPLIENDO LAS ORDENES DE REPRESIÓN DE TODA MOVILIZACIÓN FRENTE A LOS “MALOS GOBERNANTES”  QUE QUIEREN DESMANTELAR TODO LO PÚBLICO Y ELLO POR LO SIGUIENTE:

-          Todas las personas que allí estuvieron, imputadas y no imputadas, lo hicieron participando de las jornadas de Huelga estudiantil  y de la CEAPA convocadas en esas fechas.

-          En todo momento la actuación fue desde postulados pacifistas, optando por mantenerse en Asamblea permanente en el Salón de Actos del Instituto Antonio Machado de Alcalá de Henares dos días y dos noches como una forma de denuncia del brutal ataque que está sufriendo la Educación Pública.

-          No se interrumpió la actividad del centro,  y no existieron incidentes de ningún tipo, su comportamiento fue en todo momento ejemplar, abandonando el Salón de Actos el 19 de octubre a las 08:00 h de la mañana, dando por finalizadas las jornadas de movilizaciones y dejando el espacio del que se había estado haciendo uso de manera impecable (como ha reconocido la propia dirección del centro).

-          Esta opción por los métodos pacifistas ha caracterizado toda la movilización, a pesar de lo cuál el Instituto fue objeto de un absoluto “blindaje policial”,  y  parece ser que ante la imposibilidad con la que se encontraron las fuerzas de “orden y seguridad del estado” para hacer una intervención violenta (porque no tuvieron excusa alguna), han optado por utilizar la doctrina del shock” o del miedo como se la conoce aquí,  tratando de amedrentar, intimidar y estigmatizar como peligrosos a los  buen@s ciudadan@s pacíficamente movilizados (algunos menores de edad),  no para preservar el orden público sino para desmovilizar, represión selectiva, identificaciones días después de finalizadas las jornadas de movilización…. Buscando la desmovilización  no sólo de quienes imputan sino a todos los que se relacionan con ellos.

Por eso esta firma de apoyo que presto lo es en apoyo de los buenos ciudadanos, de los ciudadanos responsables que sin temor y pacíficamente se movilizaron para defender algo tan importante como la EDUCACIÓN. El buen ciudadano no es el ciudadano sumiso al poder, el ciudadano responsable es el que sin temor y pacíficamente se enfrenta al poder cuando este incumple su función de servicio público, la desobediencia es hoy un deber inexcusable del buen ciudadano.

Pido el archivo de las actuaciones y la libre absolución de los imputados, no es a los buen@s ciudadan@s a los que hay que imputar  y condenar es a los “malos gobernantes”.

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